Aureliano Pineda Sierra
Expediente 861/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 10 actuaciones registradas, la última del 6 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 861/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 06/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Aureliano Pineda Sierra
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los autos de los que se advierte que el veinticuatro de marzo de dos mil veinte, se resolvió tener por cumplido el fallo protector, determinación que se notificó a la parte quejosa, sin que interpusiera recurso de inconformidad en términos de los artículos 201, fracción I y 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo; en consecuencia, se tiene al gobernado CONSINTIENDO EL CUMPLIMIENTO de la sentencia. Con fundamento en el numeral 196, cuarto párrafo, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se ORDENA EL ARCHIVO del presente sumario como asunto totalmente concluido, previa anotación que se haga en el Libro de Gobierno. Notifíquese.
- Principal
De conformidad con lo establecido en Circulares SECNO/29/2020, SECNO/30/2020, SECNO/1/2021 y SECNO/4/2021, SECNO/6/2021, SECNO/8/2021, SECNO/9/2021 y SECNO/10/2021 emitidos por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos y en el Acuerdo General 13/2020, emitido por el Pleno, ambos del Consejo de la Judicatura Federal, los órganos del Poder Judicial de la Federación del Primer Circuito no realizaron funciones jurisdiccionales de manera normal del cinco de diciembre de dos mil veinte al diecisiete de febrero de dos mil veintiuno. Durante ese plazo, este juzgado solo conoció y dio trámite a asuntos de naturaleza urgente, ante el riesgo generado por la pandemia provocado por el virus SARS-CoV-2. Ahora bien, de conformidad con la Circular SECNO/10/2021 aludida, los plazos procesales deben reanudarse, en términos de lo dispuesto por el "Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura, relativo a la reanudación de plazos al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19". Por lo anterior, y atendiendo de manera puntual el esquema laboral establecido en el artículo 2 del Acuerdo General 21/2020 y las cargas de trabajo que tiene este juzgado, es que en este acuerdo se ordena reanudar el presente juicio; lo cual se realiza dentro del plazo previsto en la circular SCNO/15/2021, en relación con el artículo 2, fracciones II y VIII del Acuerdo General 21/2020, emitidos, respectivamente, por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos y el Pleno, ambos del Consejo de la Judicatura Federal. En ese sentido, visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que se encuentran todos los elementos para poder determinar si la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo se procede realizar el siguiente pronunciamiento: SENTENCIA DE AMPARO En sentencia de treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve se negó el amparo a la parte quejosa, sin embargo, el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en resolución dictada en sesión del dos de junio de dos mil veinte, en el amparo en revisión R.A. 536/2019, determinó lo siguiente: "PRIMERO. Se revoca la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Aureliano Pineda Sierra contra el acto y la autoridad precisados en el resultando primero de este fallo." En ese sentido, en estricto acatamiento a lo ordenado por la superioridad, en proveído de seis de octubre de dos mil veinte se requirió el cumplimiento a las autoridades responsables para los siguientes efectos: "Consecuentemente, en atención a lo expuesto en el presente considerando, lo procedente es revocar la sentencia recurrida, y conceder la protección constitucional solicitada, a efectos de que la Sala responsable realice lo siguiente: a) Deje insubsistente la sentencia reclamada; y b) En su lugar, emita otra en la que reitere las consideraciones que no fueron sujetas de estudio en el presente fallo y ordene a la autoridad demandada que, en cumplimiento a la sentencia de anulación, al realizar el cálculo de los incrementos a la pensión de la accionante en términos de lo establecido en artículo 57 de la Ley del Instituto vigente hasta el cuatro de enero de mil novecientos noventa y tres, debe respetar los pagos ya efectuados en los que el incremento a la pensión fue en mayor cuantía a la que le correspondía, con sustento en el principio non reformatio in peius. c) Al verificar el cumplimiento de las disposiciones anteriores, deberá realizar un estudio respecto a lo correcto o incorrecto de las cantidades que, en su caso, expresen cada una de las partes, respecto a la cuantificación de los incrementos y la cuota pensionaria que resulte, comprobando que se respeten los incrementos previamente reconocidos en favor del Pensionista." Por oficios recibidos el diecinueve de noviembre de dos mil veinte, registrados con los folios 15102 y 15105, la Magistrada Presidenta de la Sala Especializada en Materia del Juicio de Resolución Exclusiva de Fondo, Auxiliar Metropolitana y Auxiliar en Materia de Pensiones Civiles por el primero de ellos, informo a este órgano jurisdiccional que el seis de noviembre de dos mil veinte, en estricto acatamiento a la ejecutoria de amparo dejo insubsistente la sentencia interlocutoria reclamada de fecha quince de mayo de dos mil diecinueve y turno los autos a la instrucción correspondiente para que emitiera otro proyecto de sentencia. Asimismo, por el segundo de los mencionados, remitió copia certificada de la sentencia dictada el once de noviembre de dos mil veinte, en la cual se resolvió lo siguiente: " Ha resultado procedente y parcialmente fundada la instancia de queja interpuesta por el actor. Se deja sin efectos en oficio ****, de ocho de febrero de dos mil diecinueve, únicamente en la parte en que se concierne a la pensión por jubilación ****. Se concede a la autoridad responsable el plazo de VEINTE DIAS para que dé debido cumplimiento a la sentencia definitiva en los términos precisados en el presente fallo." Asimismo, de la lectura de la mencionada resolución se desprende que reitera las consideraciones que no fueron sujetas de estudio en el anterior fallo y ordenó a la autoridad demandada que, en cumplimiento a la sentencia de anulación, al realizar el cálculo de los incrementos a la pensión de la accionante en términos de lo establecido en artículo 57 de la Ley del Instituto vigente hasta el cuatro de enero de mil novecientos noventa y tres, respete los pagos ya efectuados en los que el incremento a la pensión fue en mayor cuantía a la que le correspondía, con sustento en el principio non reformatio in peius. Con base a lo anterior, se considera que se encuentran colmados los efectos del fallo protector; en virtud de lo antes expuesto. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se declara cumplida la sentencia de amparo que nos ocupa. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Por recibido el oficio signado por la Magistrada Presidenta de la Sala Especializada en Materia del Juicio de Resolución Exclusiva de Fondo, Auxiliar Metropolitana y Auxiliar en Materia de Pensiones Civiles, por medio del cual acusa de recibo el oficio ***, por el que se le comunicó la ejecutoria dictada en el amparo en revisión R.A. 536/2019, asimismo, solicita que se envíe el juicio de nulidad ***, a fin de estar en posibilidad de proveer lo conducente al cumplimiento de la sentencia de amparo. De lo anterior se toma conocimiento y se ordena remitir el juicio de nulidad *** de su índice, a fin de que pueda acatar el fallo constitucional, asimismo, se requiere el acuse de recibo correspondiente. En la inteligencia, que el plazo de diez días otorgado en el citado auto de seis de los cursantes, comenzará a correr una vez que la autoridad requerida se encuentre notificada del presente proveído y haya recibido las constancias que solicita. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, seis de octubre de dos mil veinte. De conformidad con lo establecido en los Acuerdos Generales 4/2020, 6/2020, 8/2020, 10/2020, 13/2020, 15/2020 y 18/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, se determinó que, se suspendieran las labores de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte, con excepción de los casos urgentes señalados en tales acuerdos. Lo anterior, tuvo como consecuencia la suspensión de plazos de manera provisional en el presente expediente. Ahora, mediante "Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura, relativo a la reanudación de plazos al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19" se ordenó el levantamiento de manera escalonada de todos los asuntos cuya tramitación quedó suspendida conforme a los lineamientos y razones expuestas en los Acuerdos Generales 4/2020, 6/2020, 8/2020, 10/2020, 13/2020, 15/2020 y 18/2020. Por lo anterior, y atendiendo de manera puntual el esquema laboral establecido en el artículo 2 del Acuerdo General 21/2020 y las cargas de trabajo que tiene este juzgado, es que en este acuerdo se ordena reanudar el trámite del presente expediente. Lo anterior se hace del conocimiento a la parte promovente para los efectos legales a que haya lugar, en el entendido de que los plazos establecidos en este juicio empezarán a correr a partir que se notifique el presente acuerdo, conforme a las reglas establecidas en los artículos 27, 28 y 30 de la Ley de Amparo. En ese orden, se recibe el oficio signado por el secretario Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, por el que remite, los autos del juicio en que se actúa, un legajo de prueba y el testimonio de la resolución dictada en sesión del dos de junio de dos mil veinte, en el amparo en revisión R.A. ***, mediante el cual determinó lo siguiente: "PRIMERO. Se revoca la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Aureliano Pineda Sierra contra el acto y la autoridad precisados en el resultando primero de este fallo." Se ordena acusar recibo a la superioridad a través del Módulo de Interconexión Tecnológica entre Órganos Jurisdiccionales. Comuníquese la resolución que antecede a las partes para los efectos legales a que haya lugar, glósese del cuaderno de antecedentes, únicamente las constancias originales y no así las copias simples por ser innecesarias. Infórmese a las partes que el Tribunal Colegiado de Circuito determinó conceder el amparo y la protección de la justicia federal, para los siguientes efectos: "Consecuentemente, en atención a lo expuesto en el presente considerando, lo procedente es revocar la sentencia recurrida, y conceder la protección constitucional solicitada, a efectos de que la Sala responsable realice lo siguiente: a) Deje insubsistente la sentencia reclamada; y b) En su lugar, emita otra en la que reitere las consideraciones que no fueron sujetas de estudio en el presente fallo y ordene a la autoridad demandada que, en cumplimiento a la sentencia de anulación, al realizar el cálculo de los incrementos a la pensión de la accionante en términos de lo establecido en artículo 57 de la Ley del Instituto vigente hasta el cuatro de enero de mil novecientos noventa y tres, debe respetar los pagos ya efectuados en los que el incremento a la pensión fue en mayor cuantía a la que le correspondía, con sustento en el principio non reformatio in peius. c) Al verificar el cumplimiento de las disposiciones anteriores, deberá realizar un estudio respecto a lo correcto o incorrecto de las cantidades que, en su caso, expresen cada una de las partes, respecto a la cuantificación de los incrementos y la cuota pensionaria que resulte, comprobando que se respeten los incrementos previamente reconocidos en favor del Pensionista." En ese sentido, en estricto acatamiento a lo ordenado por la superioridad; con fundamento en los artículos 192 y 197 de la Ley de Amparo, se requiere a la Sala Especializada en Materia del Juicio de Resolución Exclusiva de Fondo, Auxiliar Metropolitana y Auxiliar en Materia de Pensiones Civiles del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, para que dentro del término de DIEZ DÍAS, contado a partir del siguiente al que se le notifique este acuerdo, cumpla de forma inmediata y total con la determinación de la superioridad, en los siguientes términos: a) Deje insubsistente la sentencia reclamada; y b) En su lugar, emita otra en la que reitere las consideraciones que no fueron sujetas de estudio en el presente fallo y ordene a la autoridad demandada que, en cumplimiento a la sentencia de anulación, al realizar el cálculo de los incrementos a la pensión de la accionante en términos de lo establecido en artículo 57 de la Ley del Instituto vigente hasta el cuatro de enero de mil novecientos noventa y tres, debe respetar los pagos ya efectuados en los que el incremento a la pensión fue en mayor cuantía a la que le correspondía, con sustento en el principio non reformatio in peius. c) Al verificar el cumplimiento de las disposiciones anteriores, deberá realizar un estudio respecto a lo correcto o incorrecto de las cantidades que, en su caso, expresen cada una de las partes, respecto a la cuantificación de los incrementos y la cuota pensionaria que resulte, comprobando que se respeten los incrementos previamente reconocidos en favor del pensionista. Se apercibe a la autoridad responsable que en caso de omisión, se impondrá multa por el equivalente a CIEN VECES LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN vigente, en términos de los artículos 192 y 258, de la ley de la materia, conforme al Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Además, en caso de incumplir con lo ordenado y continuar actuando de manera contumaz con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, los autos serán remitidos al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en turno, por inejecución de sentencia, para los efectos precisados en la fracción XVI, del artículo 107, de la Constitución, es decir, para que el renuente sea separado de su cargo y consignado al juez de Distrito que corresponda. Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia P./J.54/2014 de la Décima Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo I, noviembre del 2014, página 19, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector Inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
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