Aurelio Gonzalez Luna y Otros.
Expediente 27/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen. 5 actuaciones registradas, la última del 27 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 27/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 27/04/2023
Partes del expediente
- Aurelio Gonzalez Luna y Otros.
- Secretaria del Trabajo y Prevision Social
- Jaime López Martinez
- Jaime López Martinez y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
MESA IV "... Ciudad del Carmen, Campeche, veintisiete de abril de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que parte quejosa interpusiera recurso de queja contra del auto de veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, transcurrió del seis al diez de marzo de dos mil veintitrés, sin que dentro de dicho plazo interpusiera el aludido medio de impugnación. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que el auto de veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, que tuvo por desechada de plano la demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales procedentes. Por otro lado, de la certificación secretarial de cuenta, se desprende que en este juicio de amparo no obran documentos originales exhibidos por las partes, por tanto, remítase al archivo definitivo como asunto concluido. En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que este juicio de amparo no es considerado de relevancia documental. Asimismo, transcurrido el plazo de veintisiete años contados a partir de la fecha en que se dicta este proveído, procédase a su destrucción, conforme a los artículos 21, inciso d), y 24 del referido Acuerdo General. En consecuencia, hágase constar su valoración en la carátula del expediente principal la leyenda "destruible", de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del citado Acuerdo General. Por consiguiente, efectúense las anotaciones correspondientes en el libro uno: de juicios de amparo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese por lista a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma José Elías Pacheco Martínez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, asistido de Aletza Vanessa Riofrio Martínez, Secretaria del Juzgado con quien actúa y da fe.
- Principal
NOTIFICACIÓN POR LISTA A parte quejosa (1) Aurelio González Luna y Jaime López Martínez, (2) Anania Ovando Almeida, (3) Álvaro Martínez Alvizo, (4) Ángel Robles Beltrán (5) Alejandro Hernández Luna, (6) Antonio Paulino Pérez, (7) Bernardo Alexandro Martínez García, (8) Carlos Vicente Zapata Riadeneyra, (9) Carlos Mario Pedrero Bolón, (10) Carlos Gamboa Rosas, (11) Ebodio Cruz Ramírez, (12) Edgar Gómez Montalvo, (13) Eusebio Vizuet Reyes, (14) Eliseo Flores Pérez, (15) Edgar Eduardo Rubio Ángel, (16) Eleaquin Pérez Arias, (17) Fernando Bravo Ramos, (18) Feliciano Salazar Felix, (19) Felipe López Zarate, (20) Floripe López Juárez, (21) Francisco Javier Contreras Medina, (22) Francisco Javier Larreta Tapia, (23) Guadalupe Sanlucas Hidalgo, (24) Israel Rodríguez González, (25) José Ángel Flores Ortiz, (26) Juan Antonio de la Cruz Arévalo, (27) Jesús Vázquez Guzmán, (28) Juan Antonio Castellano Ramos, (29) Jesús Gómez Maza, (30) Jorge Hernández López, (31) José Luis Méndez López, (32) Luis Enrique García de la Fuente, (33) Mauro Roqui Campos Mendoza, (34) Marco Antonio Carbonell García, (35) Miguel Ángel Torres, (36) Moisés Argenis Castellano Arjona, (37) Marco Antonio Lezcano Hernández, (38) Mariano Milla Andrade, (39) Noé Corsino Licea, (40) Néstor Francisco Fuentes Méndez, (41) Omar Mayo González, (42) Prissila Beatriz Maldonado Ferraez, (43) Octavio Ariel Sotomayor Navarro, (44) Roberto Tadeo González, (45) Rigoberto Muñoz Correa, (46) Rufino Martínez Rojas, (47) Rafael Andrés Martínez Gómez, (48) Viviana de Jesús Escobedo Pérez, (49) Vanessa España Paredez, (50) Roberto Romero Cebillo y (51) Pablo Maldonado Browm, TODA VEZ QUE NO ACUDIERON A LAS INSTALACIONES DE ESTE JUZGADO DE DISTRITO DENTRO DE LOS DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL AVISO FIJADO EN PUERTA EL VEINTISIETE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, PARA NOTIFICARSE PERSONALMENTE DEL PROVEÍDO DE VEINTICUATRO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, DICTADO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 27/2023, DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE CAMPECHE, CON RESIDENCIA EN CIUDAD DEL CARMEN, EL ACUERDO A NOTIFICAR SE TRANSCRIBE. MESA IV "... Ciudad del Carmen, Campeche, veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés. CUMPLIMIENTO DE PREVENCIÓN. Agréguese a los autos el escrito firmado electrónicamente por ***, apoderada legal de la parte quejosa, mediante el cual, desahoga en tiempo la prevención realizada en proveído de nueve de febrero de dos mil veintitrés. DESECHAMIENTO. Por ser cuestión de orden público y de estudio preferente a la admisión de una demanda, en primer lugar, se analizará si se actualiza alguna de las causales de improcedencia del juicio de amparo, previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Del precepto transcrito se advierte que si examinada la demanda de amparo, se encontrare causa manifiesta e indudable de improcedencia, se desechará de plano. Ahora, un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, es aquel del que no se tiene duda ni incertidumbre de su existencia, es decir, el juzgador tiene la plena certeza y convicción de que no podrá ser desvirtuado con algún otro medio probatorio, porque se encuentra debidamente probada y no a base a presunciones. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis aislada 2a. LXXI/2002, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVI, julio de 2002, página 448, Novena Época, que dice: DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por manifiesto lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por indudable, que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada. Así las cosas, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, a saber: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. De conformidad con el precepto legal transcrito, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. Por su parte, los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, establecen: Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. De acuerdo a lo establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo, el plazo genérico para presentar una demanda de amparo es de quince días, salvo que se esté en presencia de alguno de los casos de excepción previstos en dicho precepto, como sucede cuando se reclama una norma general autoaplicativa o el procedimiento de extradición, hipótesis en la que el plazo para presentar la demanda de amparo será de treinta días contados a partir del día de la entrada en vigor de la norma reclamada. Ahora, conforme al artículo 18 de la Ley de Amparo, el plazo para presentar una demanda de amparo, se computa conforme a las reglas siguientes: 1. A partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame. 2. A partir del día siguiente a aquél en que el quejoso haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. 3. A partir del día de la entrada en vigor de la norma general autoaplicativa. Sentada la premisa de que para la procedencia del ejercicio de la acción constitucional, se requiere que ésta se promueva dentro del plazo de quince días, contados a partir del siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley que rige el acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, se concluye que la demanda de amparo, resulta improcedente en términos de los artículos 17 y 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, por haberse promovido fuera del plazo de quince días, siguientes al día en que la parte quejosa manifestó tener conocimiento de la existencia de la norma impugnada, a saber, el treinta de noviembre de dos mil veintidós. En el caso que nos ocupa, el análisis de la demanda de amparo revela que si bien la apoderada legal de los quejosos señala como acto reclamado: la omisión de cumplir con lo estipulado en el artículo 700 de la Ley Federal del Trabajo a través de la Junta Especial Número 52 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, toda vez que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social es la responsable directa de las juntas federal de conciliación y arbitraje a nivel nacional. Sin embargo, la simple lectura de los conceptos de violación, deja en evidencia que el acto que realmente reclama la apoderada legal de los quejosos es el Acuerdo por el que se suprimen y determinan competencias territoriales de las Juntas Especiales de la Federal de Conciliación y Arbitraje que se indican, emitido por la Secretaria de Trabajo y Previsión Social, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de noviembre de dos mil veintidós, en vigor a partir del uno de diciembre de ese mismo año, de conformidad con su artículo primero transitorio, se suprimió la Junta Especial Número Cincuenta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Ciudad del Carmen, Campeche y se modificó la competencia de la Junta Especial Número Cuarenta y Ocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Campeche, con residencia en San Francisco de Campeche, para que los asuntos que se encontraran en trámite en la Junta Especial Número Cincuenta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Ciudad del Carmen, Campeche, se tramitaran en la Junta Especia Número Cuarenta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en San Francisco de Campeche, Campeche. Se afirma lo anterior, pues la apoderada legal de los quejosos refiere que con motivo de la emisión y entrada en vigor del Acuerdo por el que se suprimen y determinan competencias territoriales de las Juntas Especiales de la Federal de Conciliación y Arbitraje que se indican, la Secretaria de Trabajo y Previsión Social, como responsable directa de las Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje a Nivel Nacional, viola en perjuicio de sus representados lo establecido en el artículo 700 de la Ley Federal del Trabajo, pues no resulta aplicable que en este momento las Juntas sean suprimidas y junto ellas su competencia, ni que los asuntos se trasladen a la Junta Especial Número Cuarenta y Ocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Campeche, con residencia en San Francisco de Campeche, ya que con ello se generará retraso en la tramitación de los asuntos y se colocará en desventaja a los trabajadores al tener que tramitarse los asuntos en otra localidad por la falta de existencia de una Junta en Ciudad del Carmen, Campeche. Fijado lo anterior, es menester recordar que el Acuerdo por el que se suprimen y determinan competencias territoriales de las Juntas Especiales de la Federal de Conciliación y Arbitraje que se indican emitido por la Secretaria de Trabajo y Previsión Social, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el treinta de noviembre de dos mil veintidós. El aludido acuerdo entró en vigor el uno de diciembre de dos mil veintidós, de conformidad con su artículo primero transitorio, que dice: PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día 1° de diciembre de 2022. A través del mencionado Acuerdo se suprimió la Junta Especial Número Cincuenta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Ciudad del Carmen, Campeche y se modificó la competencia de la Junta Especial Número Cuarenta y Ocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Campeche, con residencia en San Francisco de Campeche, para que los asuntos que se encontraran en trámite en la Junta Especial Número Cincuenta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Ciudad del Carmen, Campeche, se tramitaran en la Junta Especia Número Cuarenta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en San Francisco de Campeche, Campeche. En esa medida, si el acuerdo reclamado entró en vigor a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, por tanto, el plazo de quince días con que contaban los quejosos para promover demanda de amparo en contra de dicho acuerdo, transcurrió a partir del día hábil siguiente al en que entró en vigor el mencionado Acuerdo, esto es, el dos de diciembre de dos mil veintidós y feneció el veintidós de diciembre de dos mil veintidós, con exclusión de los días tres, cuatro, diez, once, diecisiete y dieciocho de diciembre de dos mil veintidós, por ser inhábiles (sábados y domingos), en términos de artículo 19 de la Ley de Amparo. Por consiguiente, si la apoderada legal de los quejosos hasta el once de enero de dos mil veintitrés, promovió demanda de amparo en contra del Acuerdo por el que se suprimen y determinan competencias territoriales de las Juntas Especiales de la Federal de Conciliación y Arbitraje que se indican, resulta claro que, el plazo de quince días que tenía para ello, transcurrió en exceso, pues tuvo hasta el veintidós de diciembre de dos mil veintidós, para presentar su demanda de amparo. Cabe precisar que el Acuerdo por el que se suprimen y determinan competencias territoriales de las Juntas Especiales de la Federal de Conciliación y Arbitraje que se indican, no tiene el carácter de norma general autoaplicativa, por ende, no le resulta aplicable el plazo de treinta días previsto en el artículo 17, fracción I, de la Ley de Amparo. Se afirma lo anterior, en razón de que el Acuerdo por el que se suprimen y determinan competencias territoriales de las Juntas Especiales de la Federal de Conciliación y Arbitraje que se indican, en atención a su naturaleza, constituye un acto meramente administrativo tendente a orientar la operatividad y distribución de competencias de las Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje, para que se cumplan con los fines específicos que realiza la administración pública, esto es, se trata de una disposición emitida por un servidor público en la esfera administrativa, para el correcto funcionamiento de las Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje. Bajo esas consideraciones, no es posible confundir jurídicamente un acuerdo administrativo con una ley, pues tanto el uno como la otra son completamente diferentes en su origen, en su formación, y en sus fines. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis aislada de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen I, Tercera Parte, página 9, Sexta Época, intitulada: ACUERDOS ADMINISTRATIVOS Y LEYES, AMPARO CONTRA LOS. El artículo 22, fracción I, de la Ley de Amparo se refiere concretamente a los casos en que por la sola expedición de una ley, ésta sea reclamable en la vía de amparo. Para precisar la aplicación de éste precepto, es indispensable establecer la diferencia que existe entre una ley y un acuerdo administrativo. Al respecto, es bien sabido que la ley sólo la puede dictar el Poder Legislativo, obrando siempre dentro de su órbita constitucional y que para su elaboración y emisión tiene que satisfacer una serie de requisitos, cuyo cumplimiento completo reviste al acto legislativo del carácter de ley y le da su eficacia jurídica. En cambio, el acuerdo administrativo, referente siempre a casos particulares, sólo es la orden que dicta el superior jerárquico para que los inferiores, dentro de sus esferas respectivas, cumplan con los fines específicos que realiza la administración pública, por medio de sus órganos. En tales condiciones, no es posible confundir jurídicamente un acuerdo administrativo con una ley, pues tanto el uno como la otra son completamente diferentes en su origen, en su formación, y en sus fines. Asimismo, el hecho de que el Acuerdo por el que se suprimen y determinan competencias territoriales de las Juntas Especiales de la Federal de Conciliación y Arbitraje que se indican, se haya publicado en el Diario Oficial de la Federación no le otorga el carácter de disposición legislativa o de norma general autoaplicativa, en razón de que esa publicación únicamente tiene como finalidad dar difusión al Acuerdo administrativo emitido por la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, con la finalidad de que la población en general tenga conocimiento respecto a la supresión de la Junta Especial Número Cincuenta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Ciudad del Carmen, Campeche y modificación de la competencia de la Junta Especial Número Cuarenta y Ocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Campeche, con residencia en San Francisco de Campeche, para atender los asuntos que se encontraran en trámite en la Junta Especial Número Cincuenta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Ciudad del Carmen, Campeche. Por identidad jurídica substancial, resulta aplicable la tesis aislada del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 157-162, Sexta Parte, página 42, Séptima Época, intitulada: CIRCULARES. SU PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL NO LES OTORGA EL CARÁCTER DE DISPOSICIONES LEGISLATIVAS. Conforme a lo establecido por el artículo 82 del Código Fiscal, las circulares, por su propia naturaleza, no crean obligaciones ni derechos para los particulares, pues son documentos expedidos por los superiores jerárquicos, dando instrucciones a los inferiores sobre el régimen interior de las oficinas, sobre su funcionamiento con relación al público o para aclarar la aplicación de normas tributarias ya existentes. Por tanto, la circunstancia de que sean publicadas en el Diario Oficial, de ninguna manera les otorga el carácter de disposiciones legislativas. Por las razones expuestas, con fundamento en el artículo 113 en relación con el numeral 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, por causa manifiesta e indudable de improcedencia, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por ****, en su carácter de apoderada legal de (1) *** y ***, (2) ***, (3) ***, (4) *** (5) **** , (6) ****, (7) ****, (8) ****, (9) ****, (10) ***, (11) ***, (12) ***, (13) ***, (14) ***, (15) ***, (16) ****, (17) ****, (18) ****, (19) ****, (20) ****, (21) ****, (22) ***, (23) ***, (24) ***, (25) ***, (26) ***, (27) ****, (28) ***, (29) ****, (30) ****, (31) ****, (32) ***, (33) ****, (34) ****, (35) ***, (36) ****, (37) ***, (38) ***, (39) ***, (40) ***, (41) ***, (42) ***, (43) ****, (44) ***, (45) ***, (46) ***, (47) ***, (48) *]**, (49) ***, (50) ***y (51) ****. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma José Elías Pacheco Martínez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, asistido de Pedro Gonzalo Collantes Gutiérrez, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.
- Principal
MESA IV "... Ciudad del Carmen, Campeche, veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés. CUMPLIMIENTO DE PREVENCIÓN. Agréguese a los autos el escrito firmado electrónicamente por ***, apoderada legal de la parte quejosa, mediante el cual, desahoga en tiempo la prevención realizada en proveído de nueve de febrero de dos mil veintitrés. DESECHAMIENTO. Por ser cuestión de orden público y de estudio preferente a la admisión de una demanda, en primer lugar, se analizará si se actualiza alguna de las causales de improcedencia del juicio de amparo, previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Del precepto transcrito se advierte que si examinada la demanda de amparo, se encontrare causa manifiesta e indudable de improcedencia, se desechará de plano. Ahora, un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, es aquel del que no se tiene duda ni incertidumbre de su existencia, es decir, el juzgador tiene la plena certeza y convicción de que no podrá ser desvirtuado con algún otro medio probatorio, porque se encuentra debidamente probada y no a base a presunciones. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis aislada 2a. LXXI/2002, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVI, julio de 2002, página 448, Novena Época, que dice: DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por manifiesto lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por indudable, que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada. Así las cosas, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, a saber: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. De conformidad con el precepto legal transcrito, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. Por su parte, los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, establecen: Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. De acuerdo a lo establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo, el plazo genérico para presentar una demanda de amparo es de quince días, salvo que se esté en presencia de alguno de los casos de excepción previstos en dicho precepto, como sucede cuando se reclama una norma general autoaplicativa o el procedimiento de extradición, hipótesis en la que el plazo para presentar la demanda de amparo será de treinta días contados a partir del día de la entrada en vigor de la norma reclamada. Ahora, conforme al artículo 18 de la Ley de Amparo, el plazo para presentar una demanda de amparo, se computa conforme a las reglas siguientes: 1. A partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame. 2. A partir del día siguiente a aquél en que el quejoso haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. 3. A partir del día de la entrada en vigor de la norma general autoaplicativa. Sentada la premisa de que para la procedencia del ejercicio de la acción constitucional, se requiere que ésta se promueva dentro del plazo de quince días, contados a partir del siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley que rige el acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, se concluye que la demanda de amparo, resulta improcedente en términos de los artículos 17 y 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, por haberse promovido fuera del plazo de quince días, siguientes al día en que la parte quejosa manifestó tener conocimiento de la existencia de la norma impugnada, a saber, el treinta de noviembre de dos mil veintidós. En el caso que nos ocupa, el análisis de la demanda de amparo revela que si bien la apoderada legal de los quejosos señala como acto reclamado: la omisión de cumplir con lo estipulado en el artículo 700 de la Ley Federal del Trabajo a través de la Junta Especial Número 52 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, toda vez que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social es la responsable directa de las juntas federal de conciliación y arbitraje a nivel nacional. Sin embargo, la simple lectura de los conceptos de violación, deja en evidencia que el acto que realmente reclama la apoderada legal de los quejosos es el Acuerdo por el que se suprimen y determinan competencias territoriales de las Juntas Especiales de la Federal de Conciliación y Arbitraje que se indican, emitido por la Secretaria de Trabajo y Previsión Social, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de noviembre de dos mil veintidós, en vigor a partir del uno de diciembre de ese mismo año, de conformidad con su artículo primero transitorio, se suprimió la Junta Especial Número Cincuenta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Ciudad del Carmen, Campeche y se modificó la competencia de la Junta Especial Número Cuarenta y Ocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Campeche, con residencia en San Francisco de Campeche, para que los asuntos que se encontraran en trámite en la Junta Especial Número Cincuenta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Ciudad del Carmen, Campeche, se tramitaran en la Junta Especia Número Cuarenta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en San Francisco de Campeche, Campeche. Se afirma lo anterior, pues la apoderada legal de los quejosos refiere que con motivo de la emisión y entrada en vigor del Acuerdo por el que se suprimen y determinan competencias territoriales de las Juntas Especiales de la Federal de Conciliación y Arbitraje que se indican, la Secretaria de Trabajo y Previsión Social, como responsable directa de las Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje a Nivel Nacional, viola en perjuicio de sus representados lo establecido en el artículo 700 de la Ley Federal del Trabajo, pues no resulta aplicable que en este momento las Juntas sean suprimidas y junto ellas su competencia, ni que los asuntos se trasladen a la Junta Especial Número Cuarenta y Ocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Campeche, con residencia en San Francisco de Campeche, ya que con ello se generará retraso en la tramitación de los asuntos y se colocará en desventaja a los trabajadores al tener que tramitarse los asuntos en otra localidad por la falta de existencia de una Junta en Ciudad del Carmen, Campeche. Fijado lo anterior, es menester recordar que el Acuerdo por el que se suprimen y determinan competencias territoriales de las Juntas Especiales de la Federal de Conciliación y Arbitraje que se indican emitido por la Secretaria de Trabajo y Previsión Social, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el treinta de noviembre de dos mil veintidós. El aludido acuerdo entró en vigor el uno de diciembre de dos mil veintidós, de conformidad con su artículo primero transitorio, que dice: PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día 1° de diciembre de 2022. A través del mencionado Acuerdo se suprimió la Junta Especial Número Cincuenta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Ciudad del Carmen, Campeche y se modificó la competencia de la Junta Especial Número Cuarenta y Ocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Campeche, con residencia en San Francisco de Campeche, para que los asuntos que se encontraran en trámite en la Junta Especial Número Cincuenta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Ciudad del Carmen, Campeche, se tramitaran en la Junta Especia Número Cuarenta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en San Francisco de Campeche, Campeche. En esa medida, si el acuerdo reclamado entró en vigor a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, por tanto, el plazo de quince días con que contaban los quejosos para promover demanda de amparo en contra de dicho acuerdo, transcurrió a partir del día hábil siguiente al en que entró en vigor el mencionado Acuerdo, esto es, el dos de diciembre de dos mil veintidós y feneció el veintidós de diciembre de dos mil veintidós, con exclusión de los días tres, cuatro, diez, once, diecisiete y dieciocho de diciembre de dos mil veintidós, por ser inhábiles (sábados y domingos), en términos de artículo 19 de la Ley de Amparo. Por consiguiente, si la apoderada legal de los quejosos hasta el once de enero de dos mil veintitrés, promovió demanda de amparo en contra del Acuerdo por el que se suprimen y determinan competencias territoriales de las Juntas Especiales de la Federal de Conciliación y Arbitraje que se indican, resulta claro que, el plazo de quince días que tenía para ello, transcurrió en exceso, pues tuvo hasta el veintidós de diciembre de dos mil veintidós, para presentar su demanda de amparo. Cabe precisar que el Acuerdo por el que se suprimen y determinan competencias territoriales de las Juntas Especiales de la Federal de Conciliación y Arbitraje que se indican, no tiene el carácter de norma general autoaplicativa, por ende, no le resulta aplicable el plazo de treinta días previsto en el artículo 17, fracción I, de la Ley de Amparo. Se afirma lo anterior, en razón de que el Acuerdo por el que se suprimen y determinan competencias territoriales de las Juntas Especiales de la Federal de Conciliación y Arbitraje que se indican, en atención a su naturaleza, constituye un acto meramente administrativo tendente a orientar la operatividad y distribución de competencias de las Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje, para que se cumplan con los fines específicos que realiza la administración pública, esto es, se trata de una disposición emitida por un servidor público en la esfera administrativa, para el correcto funcionamiento de las Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje. Bajo esas consideraciones, no es posible confundir jurídicamente un acuerdo administrativo con una ley, pues tanto el uno como la otra son completamente diferentes en su origen, en su formación, y en sus fines. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis aislada de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen I, Tercera Parte, página 9, Sexta Época, intitulada: ACUERDOS ADMINISTRATIVOS Y LEYES, AMPARO CONTRA LOS. El artículo 22, fracción I, de la Ley de Amparo se refiere concretamente a los casos en que por la sola expedición de una ley, ésta sea reclamable en la vía de amparo. Para precisar la aplicación de éste precepto, es indispensable establecer la diferencia que existe entre una ley y un acuerdo administrativo. Al respecto, es bien sabido que la ley sólo la puede dictar el Poder Legislativo, obrando siempre dentro de su órbita constitucional y que para su elaboración y emisión tiene que satisfacer una serie de requisitos, cuyo cumplimiento completo reviste al acto legislativo del carácter de ley y le da su eficacia jurídica. En cambio, el acuerdo administrativo, referente siempre a casos particulares, sólo es la orden que dicta el superior jerárquico para que los inferiores, dentro de sus esferas respectivas, cumplan con los fines específicos que realiza la administración pública, por medio de sus órganos. En tales condiciones, no es posible confundir jurídicamente un acuerdo administrativo con una ley, pues tanto el uno como la otra son completamente diferentes en su origen, en su formación, y en sus fines. Asimismo, el hecho de que el Acuerdo por el que se suprimen y determinan competencias territoriales de las Juntas Especiales de la Federal de Conciliación y Arbitraje que se indican, se haya publicado en el Diario Oficial de la Federación no le otorga el carácter de disposición legislativa o de norma general autoaplicativa, en razón de que esa publicación únicamente tiene como finalidad dar difusión al Acuerdo administrativo emitido por la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, con la finalidad de que la población en general tenga conocimiento respecto a la supresión de la Junta Especial Número Cincuenta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Ciudad del Carmen, Campeche y modificación de la competencia de la Junta Especial Número Cuarenta y Ocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Campeche, con residencia en San Francisco de Campeche, para atender los asuntos que se encontraran en trámite en la Junta Especial Número Cincuenta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Ciudad del Carmen, Campeche. Por identidad jurídica substancial, resulta aplicable la tesis aislada del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 157-162, Sexta Parte, página 42, Séptima Época, intitulada: CIRCULARES. SU PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL NO LES OTORGA EL CARÁCTER DE DISPOSICIONES LEGISLATIVAS. Conforme a lo establecido por el artículo 82 del Código Fiscal, las circulares, por su propia naturaleza, no crean obligaciones ni derechos para los particulares, pues son documentos expedidos por los superiores jerárquicos, dando instrucciones a los inferiores sobre el régimen interior de las oficinas, sobre su funcionamiento con relación al público o para aclarar la aplicación de normas tributarias ya existentes. Por tanto, la circunstancia de que sean publicadas en el Diario Oficial, de ninguna manera les otorga el carácter de disposiciones legislativas. Por las razones expuestas, con fundamento en el artículo 113 en relación con el numeral 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, por causa manifiesta e indudable de improcedencia, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por ****, en su carácter de apoderada legal de (1) *** y ***, (2) ***, (3) ***, (4) *** (5) **** , (6) ****, (7) ****, (8) ****, (9) ****, (10) ***, (11) ***, (12) ***, (13) ***, (14) ***, (15) ***, (16) ****, (17) ****, (18) ****, (19) ****, (20) ****, (21) ****, (22) ***, (23) ***, (24) ***, (25) ***, (26) ***, (27) ****, (28) ***, (29) ****, (30) ****, (31) ****, (32) ***, (33) ****, (34) ****, (35) ***, (36) ****, (37) ***, (38) ***, (39) ***, (40) ***, (41) ***, (42) ***, (43) ****, (44) ***, (45) ***, (46) ***, (47) ***, (48) *]**, (49) ***, (50) ***y (51) ****. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma José Elías Pacheco Martínez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, asistido de Pedro Gonzalo Collantes Gutiérrez, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.
- Principal
Ciudad del Carmen, Campeche, nueve de febrero de dos mil veintitrés. RADICACIÓN. Vista la demanda de amparo promovida por Mercy Ossana Luna Guzmán, ostentándose con el carácter de apoderado legal de (1) Aurelio González Luna y Jaime López Martínez, (2) Anania Ovando Almeida, (3) Álvaro Martínez Alvizo, (4) Ángel Robles Beltrán (5) Alejandro Hernández Luna, (6) Antonio Paulino Pérez, (7) Bernardo Alexandro Martínez García, (8) Carlos Vicente Zapata Riadeneyra, (9) Carlos Mario Pedrero Bolón, (10) Carlos Gamboa Rosas, (11) Ebodio Cruz Ramírez, (12) Edgar Gómez Montalvo, (13) Eusebio Vizuet Reyes, (14) Eliseo Flores Pérez, (15) Edgar Eduardo Rubio Ángel, (16) Eleaquin Pérez Arias, (17) Fernando Bravo Ramos, (18) Feliciano Salazar Felix, (19) Felipe 11/03/23 12:51:39 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e1.7c Pedro Gonzalo Collantes Gutiérrez Juicio de amparo indirecto 27/2023-IV 3 López Zarate, (20) Floripe López Juárez, (21) Francisco Javier Contreras Medina, (22) Francisco Javier Larreta Tapia, (23) Guadalupe Sanlucas Hidalgo, (24) Israel Rodríguez González, (25) José Ángel Flores Ortiz, (26) Juan Antonio de la Cruz Arévalo, (27) Jesús Vázquez Guzmán, (28) Juan Antonio Castellano Ramos, (29) Jesús Gómez Maza, (30) Jorge Hernández López, (31) José Luis Méndez López, (32) Luis Enrique García de la Fuente, (33) Mauro Roqui Campos Mendoza, (34) Marco Antonio Carbonell García, (35) Miguel Ángel Torres, (36) Moisés Argenis Castellano Arjona, (37) Marco Antonio Lezcano Hernández, (38) Mariano Milla Andrade, (39) Noé Corsino Licea, (40) Néstor Francisco Fuentes Méndez, (41) Omar Mayo González, (42) Prissila Beatriz Maldonado Ferraez, (43) Octavio Ariel Sotomayor Navarro, (44) Roberto Tadeo González, (45) Rigoberto Muñoz Correa, (46) Rufino Martínez Rojas, (47) Rafael Andrés Martínez Gómez, (48) Viviana de Jesús Escobedo Pérez, (49) Vanessa España Paredez, (50) Roberto Romero Cebillo y (51) Pablo Maldonado Browm, contra actos de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, con sede en Ciudad de México, radíquese con el número de expediente 27/2023, intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y efectúense las anotaciones respectivas en dicho sistema y en el Libro de Gobierno. PREVENCIÓN. El artículo 114 de la Ley de Amparo, establece que el órgano jurisdiccional examinará el escrito de demanda y si advirtiere deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, mandará prevenir al promovente para que dentro del plazo de cinco días subsane las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda. En términos del artículo 10, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, la representación de quien comparece en nombre del quejoso se justificará en la misma forma que determine la ley que 11/03/23 12:51:39 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e1.7c Pedro Gonzalo Collantes Gutiérrez 4 rija la materia de la que emane el acto reclamado y cuando ésta no lo prevenga, se estará a lo dispuesto por el Código Federal de Procedimientos Civiles. Y, conforme al artículo 11, párrafo primero, de la Ley de Amparo, cuando quien comparezca en el juicio de amparo indirecto en nombre del quejoso o del tercero interesado afirme tener reconocida su representación ante la autoridad responsable, le será admitida siempre que lo acredite con las constancias respectivas, salvo en materia penal en la que bastará la afirmación en ese sentido. Ahora bien, el artículo 692, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo, establece que las partes podrán comparecer a juicio en forma directa o por conducto de apoderado legalmente autorizado. Y, tratándose de apoderado de persona física, la personalidad se acreditará con poder notarial o carta poder firmada por el otorgante y ante dos testigos, sin necesidad de ser ratificada ante el Tribunal. Ahora bien, de los documentos que anexa el promovente para acreditar la personalidad con la que se ostenta por cada uno de los directos agraviados, se advierte lo siguiente: 1. La carta poder donde aparece como otorgante Fernando Bravo Ramos, no está firmada por éste. 2. No se adjuntó la carta poder otorgada por Rafael Andrés Martínez Gómez. Y, si bien es cierto, se adjuntó una carta poder en la que aparece como otorgante Rafael Andrés Martínez, sin embargo, no se tiene la plena certeza de que el directo quejoso Rafael Andrés Martínez Gómez y Rafael Andrés Martínez, se trata de la misma persona. Por consiguiente, con fundamento en los artículos 114, fracciones I y 10, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, 11/03/23 12:51:39 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e1.7c Pedro Gonzalo Collantes Gutiérrez Juicio de amparo indirecto 27/2023-IV 5 requiérase a la parte quejosa para que dentro del plazo de cinco días, realice lo siguiente: Exhiba original o copia certificada del documento que acredite la personalidad con la que se ostenta para promover demanda de amparo en nombre y representación de los quejosos Fernando Bravo Ramos y Rafael Andrés Martínez Gómez. Se invoca en apoyo la jurisprudencia P./J. 43/96, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, julio de 1996, página 48, de rubro y texto siguientes: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTÁ ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARÁ LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Una nueva reflexión acerca de los dispositivos de la Ley de Amparo en torno al tema de la personalidad y de los criterios surgidos a lo largo de varias décadas sustentados, primero por el Tribunal Pleno, y luego por las Salas de esta Suprema Corte, conducen a que este órgano supremo abandone las tesis jurisprudenciales publicadas en la última compilación, Tomo VI (Materia Común), identificadas con los números 369 y 378, intituladas: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EXAMINARLA EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO, ES LEGAL" y "PODERES INSUFICIENTES POR OMISION DE REQUISITOS. AL DICTARSE LA SENTENCIA NO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO, SINO SOBRESEER", para adoptar el criterio de que al Juez de Distrito no le es dable examinar de oficio la personería del promovente en cualquier momento del juicio, sino al recibir la demanda, porque constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso, de cuyo resultado si está plenamente satisfecho ese requisito, el Juez lo debe hacer constar en el acuerdo admisorio; y, de no estarlo, lo estime como una irregularidad de la demanda que provoca prevenir al promovente, en términos del artículo 146 de la ley de la materia, para que satisfaga ese extremo dentro del plazo legal, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le tendrá por no interpuesta; proceder que independientemente de estar apoyado en la Ley de Amparo, obedece a los imperativos del precepto 17 constitucional y responde también a los principios de certidumbre jurídica, buena fe y economía procesal, en tanto impide el empleo estéril de recursos humanos y materiales en el trámite del juicio iniciado por quien carece de personalidad y evita los daños 11/03/23 12:51:39 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e1.7c Pedro Gonzalo Collantes Gutiérrez 6 graves ocasionados, tanto para el sistema de impartición de justicia como para las partes. La inobservancia de este criterio, origina que el tribunal revisor, si estima que no está comprobada la personalidad del promovente, ordene la reposición del procedimiento, según lo previene el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo." Se apercibe al promovente que de no cumplir con lo ordenado dentro del plazo concedido, con fundamento en el artículo 114, párrafo segundo, de la ley de amparo, se tendrá por no presentada la demanda únicamente por cuanto hace a los quejosos Fernando Bravo Ramos, y Rafael Andrés Martínez Gómez. Y, por lo que hace a los restantes quejosos se acordará lo que en derecho proceda. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones personales el ubicado en calle caracol, número 121 A, entre Avenida Paseo del Mar y calle Delfín, colonia Justo Sierra Méndez, Ciudad del Carmen, Campeche. CONSULTA DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Por otra parte, no ha lugar a consultar el expediente electrónico formado con motivo del presente asunto, toda vez que el nombre de usuario "ABOGADOS010914", no se encuentra en el módulo de autorizados del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para que el referido autorizado, tenga acceso al expediente electrónico y pueda consultarlo. AUTORIZADOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. Como lo solicita la parte quejosa, se tienen por autorizados con las amplias facultades del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Mario Rosado Coffin, Perla Rubí Hernández Francisco, Mariana Guadalupe Salazar Cabrera, Carlos Aldahir Chiguil Gómez e Italia Rodríguez Bernabé. 11/03/23 12:51:39 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e1.7c Pedro Gonzalo Collantes Gutiérrez Juicio de amparo indirecto 27/2023-IV 7 Autorización que se admite sin necesidad de que las personas autorizadas acrediten encontrarse legalmente autorizadas para ejercer la profesión de licenciados en derecho o abogado, pues este juicio de amparo es en materia laboral y los quejosos tienen el carácter de parte trabajadora. EXHORTO A TRAMITAR EL ASUNTO "EN LÍNEA". Con fundamento en el artículo 263 fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo; se exhorta a las partes para que continúen la tramitación del presente asunto, mediante el esquema de "juicio en línea"; para lo cual, deberán proporcionar su nombre de usuario, solicitar que las notificaciones subsecuentes se les realicen de manera electrónica y que tengan firma electrónica vigente. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA. Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los artículos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. En cumplimiento de lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 13, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, 11/03/23 12:51:39 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e1.7c Pedro Gonzalo Collantes Gutiérrez 8 estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. De conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
Quedan 1 actuación en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen · 2,040 expedientes
- Atilano del Jesus Landeros López552/2023
- Atilano Mora Ortega689/2023
- Atilano Pérez Pérez990/2022
- Atilano Potenciano Herrera1220/2023
- Audomaro Esquivel Correa249/2023
- Aurelia Flores Magaña1024/2023
- Aurelio Gonzalez Luna9/2023
- Aurelio Limon Pineda448/2023
- Aurelio Vazquez Mendez872/2023
- Aurora Sanchez Cruz1227/2022
- Aurora Zuñiga Méndez1029/2023
- Ausencio Hernandez Cuj126/2023