Audomaro Esquivel Correa
Expediente 249/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen. 8 actuaciones registradas, la última del 4 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 249/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 04/08/2023
Partes del expediente
- Audomaro Esquivel Correa
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
MESA I..."Ciudad del Carmen, Campeche, cuatro de agosto de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa, interpusiera recurso de revisión contra el auto de treinta de junio de dos mil veintitrés, transcurrió del cuatro al diecisiete de julio de dos mil veintitrés, con exclusión de los días ocho, nueve, quince y dieciséis de julio del año en curso, por ser inhábiles (sábados y domingos) en términos de artículo 19 de la Ley de Amparo, sin que dentro de dicho plazo interpusieran el aludido medio de impugnación. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que el auto de treinta de junio de dos mil veintitrés, que sobreseyó el presente juicio de amparo fuera de audiencia, HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales procedentes. Por otro lado, de la certificación secretarial de cuenta se desprende que en este juicio de amparo no obran documentos originales exhibidos por las partes, por tanto, remítase al archivo definitivo como asunto concluido. En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que este juicio de amparo no es considerado de relevancia documental. Asimismo, transcurrido el plazo de tres años contados a partir de la fecha en que se dicta este proveído, procédase a su destrucción, conforme a los artículos 20, fracción I y 3 del referido Acuerdo General. Realícense las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De igual forma, hágase constar la valoración documental en la carátula del expediente principal, mediante la leyenda "destruible", de conformidad con lo dispuesto por el artículo 34 del citado Acuerdo General. Notifíquese por lista a las partes.
- Principal
MESA I..."Ciudad del Carmen, Campeche, treinta de junio de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos los oficios *** y *** de la Presidenta de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en Carmen, mediante los cuales, con el primero realiza la aclaración respecto de las constancias de emplazamiento y notificación del acuerdo de veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, a las demandadas en el juicio laboral ***, asimismo, remite copia certificada de dichas documentales. Con la segunda de las misivas informa que la persona moral ****, no forma parte de la litis en el juicio laboral ****. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley Amparo, se tienen como pruebas de la Presidenta de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en Carmen, las siguientes: I. Copia certificada del acuerdo de veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, dictado en el expediente laboral ***. II. Copia certificada del citatorio y la constancia de notificación realizada al apoderado legal de ****, del acuerdo de veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, dictado en el expediente laboral ***. III. Copia certificada del citatorio y la constancia de notificación realizada al apoderado legal de ****, del acuerdo de veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, dictado en el expediente laboral ***. IV. Copia certificada del citatorio y la constancia de notificación realizada al apoderado legal de ****, del acuerdo de veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, dictado en el expediente laboral ***. V. Copia certificada de la constancia de notificación realizada a ****, del acuerdo de veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, dictado en el expediente laboral ***. VI. Copia certificada del citatorio y la constancia de notificación realizada al apoderado legal de ****, del acuerdo de veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, dictado en el expediente laboral ***. En ese sentido, es menester de este juzgador precisar que en el caso que nos ocupa ***, mediante escrito presentado el diez de marzo de dos mil veintitrés, promovió demanda de amparo contra los actos y autoridades siguientes: a) De la Presidenta de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en Carmen, le reclamó la negativa de proveer lo necesario para que se celebre la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, en el expediente laboral ***. b) Al Actuario de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en Carmen, le reclamó la negativa de realizar las notificaciones correspondientes al acuerdo donde se señala fecha y hora de la audiencia dentro del expediente ***. Ahora bien, el artículo 62 de la Ley de Amparo, establece que las causas de improcedencia deben analizarse de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Mientras que, el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede, entre otros supuestos, cuando durante el juicio apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. Por otra parte, es criterio preponderante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la existencia del acto reclamado debe relacionarse con la fecha en que se presenta la demanda de amparo. El anterior criterio se contiene en la jurisprudencia 2a./J. 3/94, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Núm. 79, Julio de 1994, página 15, Octava Época, intitulada: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." Ahora bien, la Presidenta de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en Carmen, en su informe justificado manifestó que es cierto el acto reclamado, toda vez que en acuerdo de veinticuatro de febrero del año en curso, regularizó el procedimiento, señalando las trece horas del cuatro de octubre de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, lo anterior, en razón de que no se había notificado a las demandadas ****, ****, ***, ***, ***, por lo que ordenó su notificación en los domicilios correspondientes. Sin embargo, del contenido de su propio informe y de las constancias que acompañó al mismo, consistentes en copia certificada del acuerdo de veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, dictado en el juicio laboral ***, con valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ya que tienen la naturaleza de documentos públicos en razón de que fue expedida por un servidor público en ejercicio de sus funciones, se advierte plenamente la inexistencia del acto reclamado, pues la autoridad responsable proveyó lo necesario respecto al señalamiento de la fecha y hora de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones y a la notificación de las demandadas restantes. Por tal motivo, es jurídicamente correcto no tener por ciertos los actos reclamados. Al respecto, resulta aplicable a contrario sensu, la tesis aislada de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 91-96 Tercera Parte, Página 7, Séptima Época, que dice: "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE TENERSE POR CIERTA, AUN CUANDO LA NIEGUEN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, SI DEL INFORME RESULTA LO CONTRARIO. Aun cuando las autoridades responsables en sus informes justificados nieguen el acto reclamado, si de los propios informes surgen datos que contradigan su negativa, no es de tomársele en cuenta, debiendo darse por cierto el acto reclamado." Bajo ese contexto, si el diez de marzo de dos mil veintitrés, el quejoso ****, promovió demanda de amparo contra actos de la Presidenta de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en Carmen, a quien le reclamó la negativa de proveer lo necesario para que se celebre la audiencia de conciliación, demanda y excepciones dentro del expediente ***. Y, de las constancias remitidas por la Presidenta de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en Carmen, se advierte de forma clara y manifiesta que el veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, así como se ordenó notificar a las demandadas ****, ****, ***, *** y ***. Por tanto, resulta evidente que en la fecha de presentación de la demanda de amparo, a saber, el diez de marzo de dos mil veintitrés, la negativa reclamada a la autoridad, no existía. Por consiguiente, al estar claramente demostrado que es inexistente el acto reclamado a la Presidenta de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en Carmen, consistente en la negativa de proveer lo necesario para que se celebre la audiencia de conciliación, demanda y excepciones dentro del expediente ***, en relación a la fecha de la presentación de la demanda, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se decreta el SOBRESEIMIENTO fuera de audiencia en este juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis aislada XIII.1o.P.T.4 K (10a.), del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 69, agosto de 2019, Tomo IV, página 4648, Décima Época, intitulada: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, SI EL QUEJOSO, AUN CON LAS PRUEBAS QUE PUDIERA OFRECER, NO PODRÍA DESVIRTUAR QUE, A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE SU DEMANDA, ERA INEXISTENTE EL ACTO RECLAMADO. Conforme a la fracción IV del precepto mencionado, en el juicio de amparo el sobreseimiento procede cuando: 1) de las constancias de autos aparezca claramente demostrado que no existe el acto reclamado; o, 2) cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. Ahora, si bien, por regla general, el quejoso debe esperarse a la celebración de la audiencia constitucional para que pueda probar la existencia del acto reclamado, lo cierto es que si éste promovió un incidente no especificado para que se dejara sin efecto la orden de aprehensión librada en su contra, y el Juez de la causa, por auto dictado en la misma fecha en que se le realizó la petición, determinó que no había lugar a tramitar el incidente solicitado, y se lo notificó inmediatamente a aquél por estrados; no obstante, el quejoso promovió el juicio de amparo reclamando la falta de acuerdo a su escrito de referencia, es factible concluir que se actualiza una excepción a la regla general indicada. Ello es así, porque en el particular se estima actualizada la hipótesis del inciso 1) (de autos se advierte claramente que no existe el acto reclamado), pues como puede apreciarse, la falta de acuerdo a la petición planteada por el quejoso era inexistente desde antes de la presentación de la demanda, lo que conlleva que en el particular no tenga razón de ser el medio de control constitucional, ya que pretender analizar un acto que de manera evidente e incontrovertible era inexistente al momento de instar el juicio de amparo, resulta por demás ocioso y contrario al principio de celeridad procesal, contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En estas condiciones, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo antes de la celebración de la audiencia constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la ley de la materia, porque para determinarlo resulta imperante que la inutilidad de la acción de amparo se actualice fehacientemente, que no pueda desvirtuarse aun cuando las partes ofrezcan pruebas, es decir, su materialización debe ser tal, que ningún medio de convicción pueda hacer patente su inconstitucionalidad; circunstancia que, en el caso, se surte a plenitud, pues independientemente de la naturaleza y cantidad de pruebas que el quejoso pudiera ofrecer, no podría desvirtuar que, a la fecha de la presentación de su demanda, era inexistente el acto reclamado." Por otra parte, respecto al acto reclamado al Actuario de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en Carmen, consistente en la negativa de realizar las notificaciones correspondientes al acuerdo donde se señala fecha y hora de la audiencia dentro del expediente ***, es menester mencionar que el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, establece que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede, entre otros supuestos, cuando durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el artículo 61 de ese mismo ordenamiento legal. Asimismo, el precepto 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. A partir de lo anterior, se concluye que si de las constancias de autos se advierte que cesaron los efectos del acto reclamado, debe decretarse el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional. Estimar lo contrario, traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que iría contra el espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Bajo ese contexto, cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los amparos en revisión 3387/97, 393/98, 363/98, 2685/98 y 348/99, sostuvo que para que exista cesación de efectos del acto reclamado, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario, además, que sus efectos queden destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiese otorgado el amparo, es decir, como si se hubiese restituido al quejoso en el pleno goce del derecho violado, de tal manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ejecutorias que dieron lugar a la jurisprudencia 2a./J. 59/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, junio de 1999, página 38, Novena Época, intitulada: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Ahora bien, la autoridad responsable Presidenta de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en Carmen, mediante oficios *** y ***, hizo del conocimiento de este juzgador, bajo protesta de decir verdad, lo siguiente: 1. Que el veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, se notificó el acuerdo de veinticuatro de febrero del año en curso a ****, *** y ***. 2. Que el veintinueve de marzo de dos mil veintitrés se notificó el acuerdo de veinticuatro de febrero del año en curso a *** y a ****, sin embargo, esta última no forma parte de la litis. 3. Que ****, ***, **** y ****, fueron notificados por estrados en el acuerdo de veinticuatro de febrero del año en curso. 4. Que ***, no forma parte de la litis. Para corroborar su dicho, la autoridad responsable anexó copias certificadas de lo siguiente: I. Copia certificada del acuerdo de veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, dictado en el expediente laboral ***. II. Copia certificada del citatorio y la constancia de notificación realizada al apoderado legal de ****, del acuerdo de veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, dictado en el expediente laboral ***. III. Copia certificada del citatorio y la constancia de notificación realizada al apoderado legal de ****, del acuerdo de veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, dictado en el expediente laboral ***. IV. Copia certificada del citatorio y la constancia de notificación realizada al apoderado legal de ***, del acuerdo de veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, dictado en el expediente laboral ***. V. Copia certificada de la constancia de notificación realizada a ****, del acuerdo de veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, dictado en el expediente laboral ***. VI. Copia certificada del citatorio y la constancia de notificación realizada al apoderado legal de ****, del acuerdo de veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, dictado en el expediente laboral ***. Copias certificadas a las que se les confiere valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ya que tienen la naturaleza de documento público en razón de que fueron expedidas por servidor público en ejercicio de sus funciones, cuenta con signos exteriores que les da esa calidad, como son el nombre, cargo y firma del servidor público que las expidió, así como el sello del Departamento de Pensiones Subdelegación Ciudad del Carmen de la Delegación Estatal en Campeche del Instituto Mexicano del Seguro Social. Asimismo, del contenido del acuerdo de veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, se advierte que la codemandada en el juicio laboral de origen ****, compareció a la audiencia por conducto de ****. Bajo ese contexto, si el diez de marzo de dos mil veintitrés, el quejoso ***, promovió demanda de amparo contra actos del Actuario de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en Carmen a quien le reclamó la negativa de realizar las notificaciones correspondientes al acuerdo donde se señala fecha y hora de la audiencia dentro del expediente ***. Y, de las constancias remitidas por la Presidenta de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en Carmen, se advierte de forma clara y manifiesta que el veinticuatro de febrero y el veintisiete y veintinueve de marzo de dos mil veintitrés, la autoridad responsable notificó a las partes el acuerdo de veinticuatro de febrero del año en curso, dictado en el expediente laboral ***, en el que se señala fecha y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. Resulta evidente que han cesado los efectos del acto reclamado, pues desaparecieron los motivos que concreta y específicamente originaron la solicitud del amparo y protección de la justicia federal, porque las cosas volvieron a constituirse en una situación idéntica a la que imperaba antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si los actos reclamados no hubieran invadido la esfera jurídica del particular, ya que resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por las razones expuestas, por haber sobrevenido causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 63, fracción V, de ese mismo ordenamiento legal, se decreta el SOBRESEIMIENTO fuera de audiencia en este juicio de amparo, respecto al acto reclamado al Actuario de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en Carmen, consistente en la negativa de realizar las notificaciones correspondientes al acuerdo donde se señala fecha y hora de la audiencia dentro del expediente ***. Derivado de lo anterior, se deja sin efectos la celebración de la constitucional, programada para las NUEVE HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL TRES DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Háganse las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente a la parte quejosa y a la Agente Público de la Federación adscrita; y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma José Elías Pacheco Martínez, juez Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, ante Aletza Vanessa Riofrio Martínez, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe.
- Principal
MESA I "... Ciudad del Carmen, Campeche, doce de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos, el oficio S.A./1436/2023, de la Presidenta de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en Carmen, con residencia en Ciudad del Carmen, mediante el cual, remite diversas constancias relativas al juicio laboral 465/2019. En consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, con las constancias remitidas por la autoridad responsable, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. 26/04/24 13:59:23 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.03.0a.6d ALETZA VANESSA RIOFRIO MARTINEZ 2 De conformidad con el artículo 119 de la Ley Amparo, se tiene como prueba de la autoridad responsable la documental que adjuntó a su informe justificado, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia constitucional y en ese acto se tenga por recibida, aunque no exista gestión expresa del interesado. En consecuencia, a fin de que transcurra el plazo de ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del informe justificado rendido, se difiere la audiencia constitucional programada para las nueve horas con treinta y cinco minutos del día de hoy y en su lugar se señalan las NUEVE HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL TRES DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su desahogo. Notifíquese por lista a las partes. Así lo acordó y firma José Elías Pacheco Martínez, juez Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, ante Aletza Vanessa Riofrio Martínez, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe.
- Principal
MESA I "... Ciudad del Carmen, Campeche, treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio ***, de la Presidenta de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Campeche, con sede en Ciudad del Carmen; mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento de nueve de mayo del año en curso, remite diversas constancias relativas al expediente laboral ***. En consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el oficio de cuenta y las constancias remitidas, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. De conformidad con el artículo 119 de la Ley Amparo, se tiene como prueba de la autoridad responsable las copias certificadas que adjuntó a su informe justificado, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional y en ese acto se tengan por recibidas, aunque no exista gestión expresa del interesado. Notifíquese por lista a las partes. Así lo acordó y firma José Elías Pacheco Martínez, juez Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, ante Aletza Vanessa Riofrio Martínez, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe.
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