Aurelio Casas Sánchez

Expediente 1019/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 10 actuaciones registradas, la última del 18 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1019/2020
Año
2020
Actuaciones
10
Última actuación
18/02/2022

Partes del expediente

  • Aurelio Casas Sánchez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    En la Ciudad de México, dieciocho de febrero de dos mil veintidós. Por recibido el oficio de cuenta signado por el Magistrado Presidente y la Secretaria de Acuerdos, ambos de la Décima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a través del cual acusan el recibo correspondiente del diverso oficio por el que se le comunicó el contenido del proveído de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, en el que se desechó la ampliación de demanda y se sobreseyó el presente asunto fuera de audiencia; con apoyo en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se agrega a los autos, tomando conocimiento de su contenido. Por otro lado, vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los autos de los que se advierte que han transcurrido los plazos que señalan los artículos 86, 97, fracción I, inciso a), 98 y 99 de la Ley de Amparo, para recurrir el proveído de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, sin que a la quejosa que es a quien pudiera causarle perjuicio lo hubiese hecho, en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, para todos los efectos legales procedentes se declara que HA CAUSADO ESTADO EL AUTO DE DIECINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Ahora bien, toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, archívese como asunto total y definitivamente concluido. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por El Consejo de la Judicatura Federal; se determina que este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis contenida en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo en cita, en relación con el numeral 8.1.2 ordinal 1, del Manual referido, pues se trata de un asunto sobreseído y además no se considera de relevancia documental, toda vez que no se encuentra dentro de los supuestos que establece el artículo 15 del Acuerdo aludido así como el numeral 5.1 del referido Manual, esto es: 1) No es promovido por delitos contra la seguridad de la Nación, derecho internacional, humanidad, administración de justicia, ambiente y gestión ambiental; 2) No se trata de resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; 3) No es un asunto relativo a un conflicto laboral colectivo trascendente, ni versa sobre temas relativos al patrimonio histórico, arqueológico, artístico, y no es un asunto en materia agraria; 4) No es un asunto generado por los Plenos de Circuito y; 5) No se integró jurisprudencia o tesis aislada derivada del presente asunto, por parte de los Tribunales de Circuito. Por lo tanto, una vez que haya transcurrido el término de tres años a que se refiere el párrafo primero del artículo 21, del multicitado Acuerdo, contados a partir del presente archivo, dentro de los treinta días siguientes procédase a su destrucción. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Juan de Dios García Munguía, con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad de México, a diecinueve de octubre de dos mil veintiuno. Por recibido el escrito signado por el quejoso, por medio del cual, en atención a la vista formulada mediante proveído de veintitrés de septiembre del año en curso, pretende ampliar su demanda, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a sus autos tomando conocimiento de su contenido. En ese sentido, del examen integral que ordena el artículo 113 de la Ley de Amparo, resulta necesario analizar si es procedente o no la ampliación de demanda en cuestión, para estar en aptitud legal de proveer lo que en derecho corresponda sobre su admisión o desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. El artículo en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda de garantías es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Lo anterior tiene apoyo en la tesis 2a. LXXI/2002,de rubro: DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. (Registro 186605; Novena Época, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; XVI, Julio de 2002, página 448) En principio, y previo a determinar la causa de notoria improcedencia que en el caso se actualiza, es importante destacar que el estudio que se realiza se efectúa en términos de la jurisprudencia 40/2000, aplicada por analogía, la cual es de rubro y datos de localización siguiente: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. (Registro: 192097, Novena Época, Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de 2000, página 32). De lo anterior, se desprenden diversos lineamientos que rigen el desechamiento de una demanda, los cuales son: a) Que debe encontrarse un motivo de improcedencia del juicio constitucional; b) Tal motivo debe ser manifiesto, es decir, advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo; y, c) También debe ser indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Ahora bien, del análisis integral al escrito de ampliación se advierte que el promovente señala como acto reclamado y autoridad responsable, los siguientes: "AUTORIDADES RESPONSABLES: Se señala como autoridad responsable Décima Sala JUAN DE DIOS GARCIA MUNGUIA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.61.af 25/01/24 10:35:32 TRÁMITE 3 JUICIO DE AMPARO P- 1019/2020- I ??????????????? Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa actuando en forma Colegiada, por ser quien emite el acto reclamado, que a continuación se señala. ACTO RECLAMADO: Se señala como nuevo acto reclamado Acuerdo de fecha 05 DE AGOSTO DE 2021 emitido por la Décima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; mismo que fue notificado a la parte quejosa mediante Boletín Jurisdiccional con fecha 16 DE AGOSTO DE 2021, surtiendo sus efectos al tercer día hábil siguiente, motivos por los que se considera que la instancia constitucional es oportuna. Precisado lo anterior, se advierte que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, primer párrafo, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. El presupuesto procesal señalado, tiene como fin, el hecho de que el agraviado haya consentido el acto que estima lesivo de garantías, al no haber promovido el juicio constitucional en el término de quince días -que en el caso es en el que nos ocupa por no encontrarse en los otros supuestos de excepción- a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena JUAN DE DIOS GARCIA MUNGUIA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.61.af 25/01/24 10:35:32 de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Asimismo, el artículo 18 de la Ley de Amparo señala: Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. El precepto legal trascrito establece las distintas hipótesis de cómputo para el término de la presentación de la demanda de amparo, a saber: a) a partir de aquél al en que haya surtido efectos la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo reclamado; b) a partir de aquél al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; y c) a partir de aquél al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. De su interpretación puede advertirse que se hacen tres distinciones para el cómputo del plazo de quince días dentro de los cuales se debe presentar la demanda de amparo. Además, los supuestos mencionados, son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación JUAN DE DIOS GARCIA MUNGUIA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.61.af 25/01/24 10:35:32 TRÁMITE 5 JUICIO DE AMPARO P- 1019/2020- I ??????????????? alguno y, por tanto, es claro que la intención del legislador, fue la de establecer que el inicio del cómputo para la promoción del juicio de garantías fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de aquellos supuestos; por ello, no debe soslayarse la idoneidad de cada supuesto y la posición de la parte quejosa respecto del acto reclamado. El legislador tuvo la intención de establecer que el inicio del cómputo para promover la demanda de amparo, fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de esas hipótesis, por lo que no cabe duda que el creador de la ley distinguió entre un supuesto y otro, porque de lo contrario habría bastado señalar que el término empezaría a contar a partir del día siguiente al en que el quejoso se enterara por cualquier medio del acto reclamado. Por tanto, como se establecen tres distintas hipótesis, siempre se debe considerar, para estimar a partir de cuándo empieza a correr el término para la presentación de la demanda de amparo, la posición del quejoso respecto del acto que reclame, toda vez que puede darse el caso de que se actualice la notificación, el conocimiento o la ejecución, para que el agraviado se haga sabedor del acto reclamado, por lo que el problema se presenta cuando la notificación del acto reclamado al quejoso o el conocimiento que éste tenga de aquél, son dos medios indistintos que sirven de punto de partida para el cómputo respectivo, que obviamente deben ser idóneos para cada caso determinado, porque no es lo mismo la notificación de un acto que tener conocimiento de él o de su ejecución, en virtud de que aquélla es una actuación procesal que requiere formalidades y produce el conocimiento del acto, mientras que el propio JUAN DE DIOS GARCIA MUNGUIA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.61.af 25/01/24 10:35:32 conocimiento, no siempre proviene de una notificación, por lo que se está en casos diversos, pues al establecerse la notificación, la ley se refiere a los procedimientos en que existe ese medio legal de dar a conocer determinada resolución, así como a las personas que siendo partes en tales procedimientos pueden ser notificadas. En cambio, el conocimiento de la resolución o de su ejecución, se refiere a los diversos procedimientos en donde no se establece la notificación, así como a las personas que no hayan sido partes en un procedimiento contencioso, porque aun cuando lo previera la ley, al no haber sido partes, no podrían ser notificadas. En ese orden de ideas, los supuestos segundo y tercero del numeral transcrito, entrañan una confesión de la existencia y conocimiento de un acto o de su ejecución que transgrede derechos públicos subjetivos del gobernado. En esa tesitura, cabe precisar que lo que el impetrante de garantías pretende combatir mediante ampliación de demanda es el acuerdo de cinco de agosto de dos mil veintiuno, dictado dentro del juicio de nulidad 25696/18-17-10-1 por la Décima Sala Regional metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el cual se declaró cumplido su fallo anulatorio, y con el cual este juzgado dio vista por auto de veintitrés de septiembre del año en curso, para tales efectos; sin embargo, de acuerdo con las manifestaciones vertidas por el propio quejoso en el escrito de mérito, se advierte que el multicitado acuerdo le fue notificado mediante boletín jurisdiccional el dieciséis de agosto de dos mil veintiuno. En ese orden de ideas, es inconcuso, que a la fecha JUAN DE DIOS GARCIA MUNGUIA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.61.af 25/01/24 10:35:32 TRÁMITE 7 JUICIO DE AMPARO P- 1019/2020- I ??????????????? de presentación de la presente ampliación de demanda en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, a saber, catorce de octubre de dos mil veintiuno, el término de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, ha transcurrido en exceso. Lo anterior, toda vez que en términos del párrafo cuarto de artículo 65 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, las notificaciones realizadas por boletín jurisdiccional, surtirán sus efectos al tercer día hábil siguiente a aquél en que se haya realizado la publicación, luego si ésta se efectuó el dieciséis de agosto del año en curso, surtió efectos el diecinueve de siguiente y el termino aludido transcurrió del veinte de agosto al nueve de septiembre de dos mil veintiuno, previo descuento de los días veintiuno, veintidós, veintiocho y veintinueve de agosto, así como cuatro y cinco de septiembre del año en curso, en términos de lo previsto en el artículo 19 de la ley de la materia. Sin que sea óbice a lo anterior que mediante proveído de veintitrés de septiembre de la presente anualidad, se haya dado vista al quejoso para ampliar su demanda en relación con dicho acto, ya que por un lado, no se contaba con sus constancias de notificación, y por otro, ello no implica la ampliación del plazo a que alude el artículo 17 de la Ley de Amparo. Consecuentemente, a la fecha de presentación de la ampliación de demanda, el plazo de quince días con que contaba ya había fenecido, por lo tanto, es evidente que su presentación fue realizada de manera extemporánea, por lo que resulta notoriamente improcedente. JUAN DE DIOS GARCIA MUNGUIA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.61.af 25/01/24 10:35:32 En esas condiciones, con fundamento en el artículo 61, fracción XIV, en relación con el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede DESECHAR LA AMPLIACIÓN DE DEMANDA de garantías promovida por Aurelio Casas Sánchez, por propio derecho. Derivado de la anterior determinación, este juzgado estima que, en el presente asunto, se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia, cuyo estudio es de orden público y preferente; por lo tanto, procede a su estudio al tenor de las siguientes consideraciones: En principio, debe aclararse que el legislador previó la posibilidad de que durante la sustanciación del juicio de amparo pudiera actualizarse alguna causa de improcedencia de las establecidas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, según se desprende del contexto del artículo 63, fracción V, de la misma ley, que establece: Artículo 63.- El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior. [.] Del precepto inserto, se desprende que puede decretarse el sobreseimiento dentro de un juicio de amparo cuando durante su sustanciación, sobrevenga un motivo de improcedencia, mismo que deberá ser manifiesto e indudable en estricto apego al diverso precepto legal 113 de la misma Ley. En efecto, de acuerdo con el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, interpretado de forma armónica, es claro que el Juez de Distrito puede determinar la improcedencia del juicio, siempre que encontrare un motivo manifiesto e indudable; JUAN DE DIOS GARCIA MUNGUIA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.61.af 25/01/24 10:35:32 TRÁMITE 9 JUICIO DE AMPARO P- 1019/2020- I ??????????????? consiguientemente, a efecto de que pueda decretarse el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional en términos del artículo 63, fracción V, en alusión, es inconcuso que el motivo de improcedencia que hubiere sobrevenido debe colmar estas características. Robustece lo anterior, por las razones que le rigen, la Jurisprudencia P./J. 128/2001, cuyo rubro expresamente impone: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa. (Registro: 188643, Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Octubre de 2001, página 803) Entendiéndose por estos elementos, de forma respectiva, que el motivo sea patente y absolutamente claro y que pueda advertirse el contexto de la demanda, así como de los documentos que se encuentren glosados en el expediente formado con motivo de ésta y, que se tiene la certeza plena de que esa circunstancia que motivó la improcedencia no puede variar en modo alguno durante la secuela del juicio. JUAN DE DIOS GARCIA MUNGUIA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.61.af 25/01/24 10:35:32 En ese orden de ideas, del estudio integral del escrito inicial de demanda, se advierte que el quejoso señaló como autoridades y actos reclamados, los siguientes: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES: Se señala con tal carácter a: - Se señala con tal carácter a los Magistrados integrantes de la Décima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa actuando en forma Colegiada. IV. ACTO QUE SE RECLAMA. Lo es la Sentencia Interlocutoria de Queja por Defecto de fecha 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020, dictada en el juicio de nulidad número 25696/18- 17-10-1; Resolución que fue notificada por medio de Boletín Jurisdiccional en fecha 07 DE OCTUBRE DE 2020, surtiendo sus efectos el tercer día habil siguiente, motivos por los que se considera que la instancia constitucional es oportuna." Sentado lo anterior, este Juzgado de Distrito considera que en los presentes autos se actualiza una causa de improcedencia por lo que a dicho acto se refiere, la cual reúne las características exigibles para que se dicte el sobreseimiento aún fuera de la audiencia, pues al ser este motivo manifiesto e indudable, es innecesario esperar hasta ese momento procesal (audiencia constitucional) para ello, aun cuando en el caso pudiera estar transcurriendo el plazo de vista de los informes justificados o estuviera transcurriendo un plazo a alguna de las partes; estimar lo contrario, indefectiblemente dilataría el dictado de la determinación que en derecho corresponde al presente juicio, colmando de forma ociosa los plazos, en razón de que con ningún elemento probatorio, ni consideración alguna respecto de los informes justificados, podría desvirtuarse el motivo de improcedencia que se actualiza en el particular. Por el contrario, se contravendría el espíritu del derecho fundamental de acceso a la justicia previsto en el JUAN DE DIOS GARCIA MUNGUIA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.61.af 25/01/24 10:35:32 TRÁMITE 11 JUICIO DE AMPARO P- 1019/2020- I ??????????????? artículo 17 del Pacto Federal, pues a nada práctico conduciría esperar el transcurso de los plazos, así como a la celebración de la audiencia constitucional, si el resultado sería exactamente el mismo, en razón de que la causa de improcedencia no depende de tales asertos, por lo cual, sólo se generarían en el justiciable falsas expectativas de derecho, de forma injustificada. Es aplicable a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto dice: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. (Registro: 184572, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, página 386.) Así como la jurisprudencia II.2o.P. J/23, que a la letra JUAN DE DIOS GARCIA MUNGUIA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.61.af 25/01/24 10:35:32 expresa: SOBRESEIMIENTO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO SIN TRANSGREDIR LOS ARTÍCULOS 76, 77, 78 Y 80 DE LA LEY DE AMPARO, AL ACTUALIZARSE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA Y, EN CONSECUENCIA, OMITIR ENTRAR AL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO. La actuación del Juez Federal por la que decreta el sobreseimiento en el juicio fuera de audiencia, no transgrede los artículos 76, 77, 78 y 80 de la Ley de Amparo, pues es indudable que con independencia de que aprecie el acto reclamado tal como aparece acreditado ante la responsable, como lo establece esencialmente el artículo 78 en cita (lo que ni siquiera puede estar a discusión), ello no impide la actualización de las causales de improcedencia. Lo anterior, en virtud de que el contenido del diverso artículo 76 recoge el principio de relatividad de las sentencias, de manera que cuando en él se establece que: "Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los individuos particulares o de las personas morales, privadas u oficiales que lo hubiesen solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere ...", no se impone una obligación de conceder el amparo sino la limitación de que el pronunciamiento se emita, en su caso, sólo respecto del directo quejoso; en cambio, en el artículo 77 de la ley de la materia, se enuncian los requisitos que deben contener las sentencias, tales como la fijación del acto reclamado, los fundamentos en que se apoye el sobreseimiento, o bien, la declaración o no de inconstitucionalidad, y los puntos resolutivos en los que se concrete con claridad y precisión el acto o actos por los que se sobresea, conceda o niegue el amparo, lo cual, de ninguna manera se trastoca por el hecho de que el sentido del fallo sea precisamente el sobreseimiento en el que la posibilidad de hacerlo encuentra incluso fundamento formal. Finalmente, en el artículo 80 se establece el objeto o finalidad de las sentencias en que se conceda el amparo, hipótesis que no se actualiza precisamente ante el sentido de una resolución en la que legalmente se decreta el sobreseimiento en el juicio, por lo que es evidente que ninguno de los preceptos aludidos se ve afectado, en virtud de que se resuelva el sobreseimiento sin abordar el fondo del asunto. (Registro: 173878, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Noviembre de JUAN DE DIOS GARCIA MUNGUIA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.61.af 25/01/24 10:35:32 TRÁMITE 13 JUICIO DE AMPARO P- 1019/2020- I ??????????????? 2006, página 991) Precisado lo anterior, se advierte que en el presente asunto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que prevé: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica." El precepto transcrito dispone que el juicio de amparo no procede cuando se reclaman actos derivados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando ha habido cambio de situación jurídica en ese procedimiento, de tal manera que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en el procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Es decir, la causa de improcedencia que se analiza radica, esencialmente, en la irreparabilidad de las violaciones cometidas, cuya posible enmienda (en el evento de entrar al fondo de la litis constitucional y conceder el amparo), pudiera afectar la situación creada con un acto procesalmente posterior al reclamado en el juicio de amparo. En efecto, la frase "nueva situación jurídica", no alude exclusivamente a un mero aspecto cronológico, JUAN DE DIOS GARCIA MUNGUIA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.61.af 25/01/24 10:35:32 sino fundamentalmente a las etapas en que normalmente se va desenvolviendo un proceso. Así, la causa de improcedencia denominada cambio de situación jurídica, se actualiza cuando existen los siguientes elementos: a) Un procedimiento judicial o procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; b) Un acto dentro de ese procedimiento, susceptible de ser reclamado en el juicio de amparo, por afectar un derecho sustantivo; c) Un acto posterior, emitido en el mismo procedimiento judicial o procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, con el cual, incluso se vuelva a afectar ese derecho sustantivo, creando una nueva situación jurídica; y d) Autonomía de las situaciones jurídicas generadas por los dos actos indicados, de modo que aun cuando desaparezca la primera, pueda subsistir la segunda. Resulta aplicable a lo anterior, por analogía la Jurisprudencia siguiente: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA ESA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTIÓ EN UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y CON POSTERIORIDAD SE ACREDITA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DICTÓ AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS O MÉRITOS PARA PROCESAR. Si en el juicio de amparo en que se reclama la orden de aprehensión prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se acredita que posteriormente el órgano jurisdiccional dictó auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, se actualiza la causa de improcedencia JUAN DE DIOS GARCIA MUNGUIA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.61.af 25/01/24 10:35:32 TRÁMITE 15 JUICIO DE AMPARO P- 1019/2020- I ??????????????? prevista en el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, por cambio de la situación jurídica del inculpado, en virtud de que la detención motivada por dicha orden se sustituye jurídica y procesalmente por el indicado auto, quedando tanto su nueva situación como el asunto, supeditados a las facultades que los artículos 21 y 102 constitucionales le confieren al Agente del Ministerio Público dentro de la averiguación previa, y no a las del órgano jurisdiccional. Así, dicho cambio de situación jurídica hace que se consideren consumadas de modo irreparable las violaciones atribuidas a la orden de aprehensión y, por ende, no puede analizarse su constitucionalidad sin afectar el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, pues en el supuesto de declarar la inconstitucionalidad de aquélla para dejarla sin efectos, se soslayaría la nueva situación jurídica del quejoso. Además, en el caso no se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley citada, ya que el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar no pone fin al proceso penal, pues conforme al artículo 167 del Código Federal de Procedimientos Penales el Ministerio Público puede allegarse de datos nuevos y suficientes para proceder contra el inculpado y reanudar el proceso en su contra, de manera que si los efectos de la orden de aprehensión reclamada en el juicio de amparo no son destruidos en forma total e incondicional, no opera la causa de improcedencia por cesación de efectos." (Registro digital: 171841, Instancia: Primera Sala Novena Época, Materia(s): Penal, Tesis: 1a./J. 95/2007, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Agosto de 2007, página 50) página Luego, de las constancias que obran agregadas en autos, se advierte lo siguiente: ? El acto reclamado consiste en la sentencia interlocutoria de queja por defecto de treinta de septiembre de dos mil veinte, dictada en el juicio de nulidad número 25696/18-17-10-1 del índice de la Décima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. ? Mediante oficio recibido en éste juzgado el doce de JUAN DE DIOS GARCIA MUNGUIA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.61.af 25/01/24 10:35:32 agosto de dos mil veintiuno, la Magistrada Presidente y Secretaria de Acuerdos, ambas de la Décima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, remitieron, copia certificada del proveído dictado el cinco de agosto de dos mil veintiuno, en el juicio de nulidad 25696/18-17- 10-1 de su índice, en el que declaró cumplido el fallo anulatorio, documental con la cual mediante auto de doce de agosto de dos mil veintiuno, se dio vista a la quejosa para que manifestara lo que a su interés legal conviniera, sin que haya realizado manifestación alguna al respecto. En tales condiciones, con independencia del sentido de la resolución emitida, lo objetivamente cierto es que el cinco de agosto de dos mil veintiuno, se emitió el acuerdo en el juicio de nulidad 25696/18-17-10-1, en el que la Sala responsable se pronunció respecto del cumplimiento dado a la sentencia de nulidad, resolviendo que su sentencia se encontraba cumplida, por lo que tal determinación superó procesalmente a la sentencia interlocutoria de queja por defecto (acto inicialmente reclamado), pues constituye la última resolución en la etapa de ejecución de sentencia, en contra de la que resultó improcedente el juicio de amparo, sobre la base de las consideraciones expuestas en la primera parte de este acuerdo. Por lo anterior, es que se estima que hubo un cambio de situación jurídica en el juicio de origen, de ahí que no puede analizarse la constitucionalidad de la interlocutoria sin afectar este último acuerdo que es el que rige el estatus de la sentencia anulatoria. En tales condiciones, se sobresee en el juicio, con JUAN DE DIOS GARCIA MUNGUIA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.61.af 25/01/24 10:35:32 TRÁMITE 17 JUICIO DE AMPARO P- 1019/2020- I ??????????????? fundamento en los artículos 61, fracción XVII y 63, fracción V, de la Ley de Amparo. En razón de lo anterior, este Juzgado de Distrito deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Consiguientemente, también se deja insubsistente cualquier requerimiento que se hubiere formulado a cualquiera de las partes en el presente juicio de amparo. No obstaculiza la consideración anterior, la circunstancia de que aún no se haya celebrado la audiencia constitucional en el presente asunto, toda vez que como se ha expuesto con antelación, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 63, fracción V, de la ley de la materia, cuando durante la tramitación del juicio se actualice alguna causa de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, el órgano de control constitucional puede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia, en armonía y respecto al derecho fundamental de acceso a la justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Juan de Dios García Munguía, quien autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad de México, a veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal de autos, se advierte que el quejoso señaló como acto reclamado en su escrito inicial de demanda, la resolución interlocutoria de treinta de septiembre de dos mil veinte, recaída al recurso de queja por defecto interpuesto en el juicio de nulidad 25696/18- 17-10-1, el índice de la Décima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; sin embargo, durante la secuela del presente juicio, la Sala de origen informó que por acuerdo de cinco de agosto pasado, declaró cumplido su fallo anulatorio. Expuesto lo anterior, es preciso traer a cuenta la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN EL AMPARO. OPERA EN FAVOR DE JUBILADOS Y PENSIONADOS, CONFORME AL MARCO DE DERECHOS HUMANOS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y AL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN VII, DE LA LEY DE LA MATERIA, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013. El artículo 1o., segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige que las normas relativas a derechos humanos se interpreten de conformidad con la propia Norma Fundamental y con los tratados internacionales de los que México es parte, de forma que se favorezca ampliamente a las personas. En ese sentido, el legislador reformó el juicio de amparo con la intención de convertirlo en un mecanismo más eficaz para evitar o corregir los abusos del poder público que lesionan o vulneran los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Federal, para beneficiar notoriamente a determinados sectores de la población que pudieran estar en situación de desventaja o vulnerabilidad social. De ahí que el artículo 79, fracción VII, de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, que autoriza la suplencia de la queja deficiente en favor de quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para su defensa en el juicio, opere respecto de jubilados y pensionados, derivado de la evidente desventaja económica y física que tienen para defenderse, por lo que no es dable otorgarles condiciones de igualdad dentro de un procedimiento judicial, pues sería injusto darles el mismo trato que a quienes poseen recursos económicos suficientes para defenderse por sí mismos, ya que por la carencia de éstos o la imposibilidad física para trasladarse no pueden autodefenderse o pagar una defensa adecuada, tomando en consideración que las cantidades que reciben por concepto de jubilación o pensión, en muchas ocasiones no corresponden al salario que percibían cuando laboraban. (Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital: 2008449, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época, Materias(s): Común, Administrativa, Tesis: I.3o.A. J/1 (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 15, Febrero de 2015, Tomo III, página 2394, Tipo: Jurisprudencia) En ese tenor, y considerando que la materia del juicio contencioso de origen versa sobre la resolución negativa ficta respecto del incremento de la pensión que percibe el aquí quejoso, en observancia a la jurisprudencia transcrita y a fin de evitar alguna violación procesal, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 17, 108 y 111, de la Ley de Amparo, con copia del oficio registrado con el número de promoción 12820 y su anexo consistente en el referido acuerdo de cinco de agosto del año en curso, córrase traslado al quejoso y requiérasele para que dentro del plazo de QUINCE DÍAS, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste por escrito y bajo protesta de decir verdad, si a su interés legal conviene ampliar su demanda respecto del acuerdo citado por el que la Sala de origen declaró cumplida su sentencia de nulidad; en el entendido que de ser así, deberá de ampliar su demanda, cumpliendo con los requisitos que establecen los artículos 108 y 110 de la Ley de Amparo, apercibido que de no desahogar lo requerido, únicamente se tendrá como acto reclamado y autoridad responsable los señalados de manera destacada en su demanda inicial. Sirve de apoyo la jurisprudencia número 149/2006, la cual es del rubro siguiente: DEMANDA DE AMPARO. EL QUEJOSO PUEDE AMPLIARLA PARA IMPUGNAR LA RESPUESTA DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, DURANTE LA TRAMITACIÓN DE UN JUICIO DE GARANTÍAS PROMOVIDO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN. (Época: Novena Época, Registro: 174107, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Octubre de 2006, Materia(s): Administrativa, Tesis: 2a./J. 149/2006, Página: 334). Así como la Jurisprudencia 1a./J. 136/2011 (9a.), en lo conducente, del siguiente rubro: INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA EXISTENCIA DE UN NUEVO ACTO VINCULADO A LA OMISIÓN RECLAMADA POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICAR PERSONALMENTE AL QUEJOSO SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE SI LO ESTIMA CONVENIENTE AMPLÍE SU DEMANDA. (Registro: 160116, Décima Época, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 1, Materia Común, página: 801). Importa destacar que el requerimiento que antecede únicamente podrá ser desahogado por el quejoso, no así por las personas que autorice en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo. Apoya a la anterior determinación la jurisprudencia 1a./J. 37/2011, de rubro: AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN LOS TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. CARECE DE ATRIBUCIONES PARA AMPLIAR LA DEMANDA. (Registro: 161909, Novena Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXXIII, Junio de 2011, Página: 68, Materia: Común). Así como la Jurisprudencia 1a./J. 50/2014 (10a.), del siguiente rubro y texto: AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. (Registro: 2007285, Décima Época, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 9, Agosto de 2014, Tomo I; Materia Común, página: 210). En estas circunstancias, procede diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose como nueva fecha para que tenga verificativo, las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Atendiendo a las cargas de trabajo se cita la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AUDIENCIA EN EL AMPARO. QUEJA INFUNDADA CONTRA EL SEÑALAMIENTO DE ELLA FUERA DEL TÉRMINO LEGAL". (Registro: 328587, Quinta Época, Instancia Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Fuente: semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo LXVI, Página: 495). Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa Aurelio Casas Sánchez, en el domicilio ubicado en la Avenida Xola número ciento ochenta y uno (181), Despacho trescientos cuatro (304), Colonia Álamos, Alcaldía Benito Juárez, código postal cero tres mil cuatrocientos, Ciudad de México. Así lo proveyó y firma el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Juan de Dios García Munguía, quien autoriza. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad de México, a dos de septiembre de dos mil veintiuno. Se tiene por recibido el escrito signado por el quejoso, por medio del cual, en atención a la vista concedida en auto de doce de agosto del año en curso, realiza diversas manifestaciones en torno a los proveídos de cinco y nueve de agosto del año en curso, dictados en el juicio de nulidad 25696/18-17-10-1, del índice de la Décima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda, tomando conocimiento de su contenido para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Juan de Dios García Munguía, quien autoriza. Doy fe.

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