Aureliano Aguirre Cabrera
Expediente 1333/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 6 actuaciones registradas, la última del 12 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1333/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 12/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Aureliano Aguirre Cabrera
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
En la Ciudad de México, doce de enero de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede y tomando en consideración que la parte quejosa, que es a quien pudiera causarle perjuicio la sentencia dictada el veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno, en la que se determinó sobreseer en el presente juicio, no la recurrió dentro del plazo que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo; con fundamento en la fracción II, del artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que la citada sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA, por lo que, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Ahora bien, toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por El Consejo de la Judicatura Federal; se determina que este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis contenida en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo en cita, en relación con el numeral 8.1.2 ordinal 1, del Manual referido, pues se trata de un asunto sobreseído y además no se considera relevancia documental, toda vez que no se encuentra dentro de los supuestos que establece el artículo 15 del Acuerdo aludido así como el numeral 5.1 del referido Manual, esto es: 1) No es promovido por delitos contra la seguridad de la Nación, derecho internacional, humanidad, administración de justicia, ambiente y gestión ambiental; 2) No se trata de resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; 3) No es un asunto relativo a un conflicto laboral colectivo trascendente, ni versa sobre temas relativos al patrimonio histórico, arqueológico, artístico, y no es un asunto en materia agraria; 4) No es un asunto generado por los Plenos de Circuito y; 5) No se integró jurisprudencia o tesis aislada derivada del presente asunto, por parte de los Tribunales de Circuito. Por lo tanto, una vez que haya transcurrido el término de tres años a que se refiere el párrafo primero del artículo 21, del multicitado Acuerdo, contados a partir del presente archivo, dentro de los treinta días siguientes procédase a su destrucción. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Salvador Leyva Nava, con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
En Ciudad de México, a las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, hora y fecha señalados para la práctica de la audiencia constitucional, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario que autoriza y da fe, sin la comparecencia de las partes, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, declara abierta la audiencia en el juicio de amparo 1333/2021- VII. Acto seguido, el Secretario hace relación de las constancias que obran en autos, dando lectura de ellas, entre las que se encuentra la demanda de amparo promovida por Aureliano Aguirre Cabrera por propio derecho, con la admisión de demanda de garantías de veintiuno de septiembre dos mil veintiuno, con las constancias de emplazamiento a las partes y el informe justificados rendido por la autoridad responsable. Asimismo, CERTIFICA que transcurrió el plazo de quince días otorgado a la quejosa, el catorce de octubre del año en curso, a efecto de que manifestara si era su interés ampliar la demanda de amparo, toda vez que se le notificó el veinte de octubre de dos mil veintiuno, por lo que en términos de lo dispuesto en el artículo 31 fracción II, de la Ley de Amparo, dicha notificación surtió sus efectos el veintiuno siguiente, y el aludido plazo transcurrió del veintidós de octubre al quince de noviembre del presente año. Enseguida, el Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias que antecede, para todos los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo otorgado a la quejosa el catorce de octubre del año en curso, por el que se ordenó darle vista a la parte quejosa para que manifestara si a su interés legal convenía ampliar su demanda, sin que hubiese realizado manifestación alguna; en consecuencia, se tiene por precluido el derecho de la quejosa y se hace efectivo el apercibimiento ahí decretado, por lo que se tiene únicamente como autoridades responsables y actos reclamados los señalados en el capítulo respectivo de su demanda. A continuación, se abre el período probatorio y se informa al Juez, que la parte quejosa ofreció como pruebas las documentales que obran en autos, ofrecidas por ambas partes; así como la presuncional legal y humana y la instrumental de actuaciones ofrecidas por la parte quejosa. El Juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123, ambos de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas, exhibidas y admitidas las pruebas con las que se da cuenta, que se tienen por desahogadas dada su propia y especial naturaleza, las cuales serán valoradas en el momento de dictar la resolución correspondiente. En período de alegatos, el Secretario hace constar hace constar que ninguna de las partes los formuló y que el Fiscal Ejecutivo Titular adscrito no presentó la intervención ministerial que a su representación social compete. El Juez acuerda: Se tiene por desierto el periodo de alegatos para todos los efectos legales conducentes. Sin existir pruebas, diligencias o pedimento alguno, pendientes por desahogar, se tienen por celebradas las presentes etapas de la audiencia constitucional en términos de esta acta. V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto número 1333/2021-VII, promovido por Aurelio Aguirre Cabrera, por su propio derecho, contra actos del Director Ejecutivo de Recursos Humanos y Financieros de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México; y, R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, en la Oficialía de Partes de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, recibido el día hábil siguiente en este Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Aurelio Aguirre Cabrera, por su propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal en contra de la autoridad y por el acto que a continuación se precisa: La parte quejosa precisó como derechos que se infringieron en su perjuicio los reconocidos en el artículo 8, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, narró bajo protesta de decir verdad los antecedentes del caso e hizo valer los conceptos de violación que consideró pertinentes. SEGUNDO. Por auto de veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, se registró la demanda con el número 1333/2021-VII, se admitió, se requirió a la responsable su informe justificado, se dio al Fiscal Ejecutivo Titular adscrito, la vista que legalmente le corresponde y, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, una vez substanciado el juicio de amparo en todas sus etapas, se llevó a cabo al tenor del acta que antecede, que concluye con el dictado de esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O. PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, es legalmente competente para conocer de este juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 37, 107, fracción II, de la Ley de Amparo; y 52, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como, el punto primero, fracción I; punto segundo, fracción I, numeral 3; y, punto cuarto, fracción I, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, así como el artículo único del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal por el que se cambia la denominación de Distrito Federal por Ciudad de México en todo su cuerpo normativo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de febrero de dos mil dieciséis, toda vez que se reclama un acto, atribuido a diversas autoridades administrativas cuya residencia se encuentra en la Ciudad de México, ámbito material y territorial en el que este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Para efectos de determinar la certeza de los actos reclamados, con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se toma en consideración que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 40/2000, aplicada por analogía, estableció la obligación de que el juez de amparo analice la demanda de garantías en su integridad a efecto de determinar con exactitud la intención del promovente y precisar los actos materia de la litis constitucional, criterio cuyo rubro es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." (Novena Época, Registro: 192097, Instancia: Pleno, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de dos mil (2000), Materia Común, Página: 32) La jurisprudencia referida señala que la demanda de garantías es un todo y debe interpretarse en su integridad y si el quejoso designa de manera imprecisa o errónea el acto que combate, pero del análisis integral del escrito correspondiente, se advierte el error en que incurrió, lo correcto es que el Juez de Distrito lo corrija, a fin de que el gobernado no vea obstaculizado su acceso a la justicia. También, debe destacarse que la precisión de los actos reclamados debe realizarse sin tomar en cuenta los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad. Por lo anterior, del análisis integral de la demanda, se colige que el acto reclamado por la quejosa es: - La omisión de dar respuesta a su petición ingresada el veintiséis de abril de dos mil veintiuno. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto atribuido al Director Ejecutivo de Recursos Humanos y Financieros de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, no obstante que al momento de rendir su informe justificado haya negado el acto reclamado, toda vez que ya dio contestación a lo solicitado por la parte quejosa; sin embargo, al momento de la presentación de la demanda que dio origen al presente juicio de amparo, no había dado respuesta a la petición; por tanto, se tiene por cierto el acto que le fue atribuido. CUARTO. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. Previamente al estudio del fondo de la cuestión planteada, se deben analizar las causales de improcedencia que hagan valer las partes o aquéllas que se adviertan de oficio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de garantías tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo, que dice: "ARTÍCULO 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Ahora bien, respecto del acto reclamado consistente en la omisión de dar respuesta a su petición ingresada el veintiséis de abril de dos mil veintiuno, el suscrito considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del artículo transcrito, se advierte que el juicio de amparo será improcedente, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado por la parte quejosa. En ese sentido, resulta necesario mencionar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la jurisprudencia 2a./J. 59/99, que aparece publicada en la página 38 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de mil novecientos noventa y nueve, de la Novena Época, cuyo rubro y sinopsis son los siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De la jurisprudencia invocada se concluye que los efectos del acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho violado. En efecto, del análisis de los artículos 61, fracción XXI y 77, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal modo que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, de ahí que la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, de tal forma que la esfera jurídica del particular vuelve al estado que tenía antes de que se produjera su alteración por los actos de la autoridad que fueron reclamados en el juicio de amparo. Las anteriores consideraciones llevan a concluir que para que se actualice la causa de improcedencia consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se requiere de lo siguiente: 1) Un acto de autoridad que se estime lesivo de garantías y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra. 2) Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma definitiva, el que es materia del juicio de amparo. 3) O bien, de una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma concluyente, al acto que se reclama, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la promoción de la demanda de amparo. En este contexto, es pertinente relatar los antecedentes del acto reclamado: 1. El quejoso formuló la petición ingresada el veintiséis de abril de dos mil veintiuno, ante el Director Ejecutivo de Recurso Humanos y Finacieros de la Policia Auxiliar. 2. Ante la omisión de la autoridad de dar contestación a la petición de la parte quejosa, promovió juicio de amparo el diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, el cual por turno correspondió conocer a este Juzgado de Distrito, quien mediante auto del veintiuno siguiente, lo admitió y requirió el informe justificado a la autoridad responsable. 3. Por oficio con número de registro de promoción 19375 la autoridad responsable rindió su informe justificado y al mismo anexó copia certificada del oficio número PACDMX/DERHF/SRH/UDP/473/2021, de treinta de abril de dos mil veintiuno, del que se advierte que la autoridad responsable le hizo del conocimiento que en cuanto a su solicitud de regularización y actualizacion de pensión, es competencia de la Dirección de Prestaciones y Bienestar Social de la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, por lo que, tendría que dirigir su petición a dicha autoridad; en consecuencia, por auto de catorce de octubre de dos mil veintiuno, se dio vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su interés convenia ampliar su demanda de amparo; sin embargo, no amplió su demanda de amparo. Sirve por analogía a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 16/99, que prevé: INEJECUCIÓN. LA NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA DEL OFICIO MEDIANTE EL CUAL LA RESPONSABLE PRETENDE CUMPLIR CON LA SENTENCIA DE AMPARO, PUEDE REALIZARLA EL JUZGADOR, NO OBSTANTE QUE ESA NOTIFICACIÓN FORME PARTE DEL CUMPLIMIENTO. Si se concede el amparo para el efecto de que se dicte una resolución y se notifique la misma en forma personal a la parte quejosa, es obvio que el fallo protector sólo se acatará totalmente cuando la autoridad responsable haya ejecutado dichos actos. Sin embargo, como el fin último del juicio de garantías es que las sentencias constitucionales que conceden el amparo y la protección de la Justicia Federal se cumplan, puede el juzgador, una vez que la autoridad le envía la resolución, ordenar que ésta se le notifique en forma personal a la parte quejosa para los efectos legales consiguientes, pues con ello se evitan requerimientos y actuaciones judiciales innecesarias que entorpecen la administración de justicia y además, tal actuación es congruente con lo dispuesto por el artículo 111 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, que ordena que el juzgador que emitió la sentencia protectora, puede hacer cumplir la ejecutoria de que se trate dictando las órdenes necesarias para ello.(Registro No. 194481, Localización: Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, IX, Marzo de 1999, Página: 122) Lo anterior pone de manifiesto, que se actualiza la causa de improcedencia en comento, pues de las constancias remitidas por la autoridad señalada como responsable, específicamente de la copia certificada del oficio PACDMX/DERHF/SRH/UDP/473/2021, de treinta de abril de dos mil veintiuno; del que se advierte que la autoridad responsable le hizo del conocimiento que en cuanto a su solicitud de regularización y actualizacion de pensión, es competencia de la Dirección de Prestaciones y Bienestar Social de la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México; lo que revela que se subsanaron las violaciones en que había incurrido, por lo que este órgano jurisdiccional considera que se actualiza la causa de improcedencia en estudio, pues los efectos del acto reclamado en esta vía se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal modo que las cosas han vuelto al estado que tenía antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica de la quejosa. En las condiciones apuntadas, se estima colmada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, por lo que SOBRESEE EN EL JUICIO. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73 a 79 y 217 de la Ley de Amparo, así como los demás relativos y aplicables, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, por las razones expuestas en el último considerando de la presente sentencia. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Salvador Leyva Nava, con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
En la Ciudad de México, cinco de noviembre de dos mil veintiuno. Por recibido el oficio signado por la Directora de Amparos, en suplencia de la Coordinadora General de Administración, ambas de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, por medio del cual, en atención al requerimiento de veintidós de octubre del año en curso, informa las gestiones que se encuentra realizando para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos en su carácter de superior jerárquico y al efecto adjunta copia del oficio GJCDMX/CGJDH/DGJCISJP/DA/SAA/34478/2021-11, de uno de noviembre de la presente anualidad, por el cual conminó a la Directora General de Recursos Humanos de dicha dependencia, en su carácter de autoridad vinculada a cumplir el fallo protector. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se agregan a sus autos el oficio y anexo de mérito, tomando conocimiento de su contenido. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Juan de Dios García Munguía, con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Ciudad de México, a catorce de octubre de dos mil veintiuno. Por recibida la razón actuarial signada por el Auxiliar de Actuario adscrito a la Unidad de Notificadores Común a los Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, por medio de la cual manifiesta la imposibilidad que le asiste para notificar el oficio 27154/2021 de diez de septiembre de dos mil veintiuno, dirigido a la autoridad responsable señalada por la parte quejosa como "SECRETARIO DE SERVICIOS DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO", dado que dicha autoridad no existe con esa denominación en la Secretaría de Salud de la Ciudad de México; y la copia del oficio signado por el Jefe de Departamento de Área adscrito a la Oficina de la Abogada General, en representación del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Secretario de Salud, Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud y Director General de Epidemiología, todos de la Secretaría de Salud, a través del cual, solicita se notifique a la quejosa para que presente a los menores quejosos en el domicilio, día y hora que indica y con los requisitos que señala, para que se le aplique la segunda dosis de la vacuna Pfizer contra el virus SARS-CoV2 (enfermedad COVID-19); con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguense a sus autos tomando conocimiento de su contenido. Ahora bien, respecto a la razón de cuenta, atendiendo al acuerdo dictado en ésta misma fecha en el expediente principal relativo al presente incidente, se advierte que se requirió a la parte quejosa para que aclarara la denominación correcta de la autoridad responsable citada; en ese tenor, resérvese acordar lo conducente hasta en tanto, se desahogue el requerimiento en el cuaderno principal o fenezca el plazo. Por otro lado, en atención a lo solicitado por la autoridad oficiante y a efecto de evitar dilaciones procesales, con copia del oficio de cuenta, hágase del conocimiento de la parte quejosa, que deberá presentarse a las NUEVE HORAS DEL DÍA CUATRO DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, en la célula de vacunación que se encuentra dentro de las instalaciones del Centro de Estudios Superiores en Ciencias de la Salud, ubicado en Calzada de la Virgen, número 1800 (mil ochocientos), Coapa, Ex Ejido de San pablo Tepetlapan, alcaldía Coyoacán, código postal 04849 (cero cuatro mil ochocientos cuarenta y nueve), en esta ciudad, puerta uno, a fin de llevar a cabo la inoculación de los infantes contra el virus SARS-COV-2, con el biológico Pfizer-BioNTech, de su segunda dosis. Lo anterior bajo su más estricta responsabilidad, y con pleno conocimiento de la posibilidad de los efectos secundarios que puede provocar la vacuna, los que son un hecho notorio de conformidad con las publicaciones que ha emitido el Gobierno Federal. A efecto de que las autoridades sanitarias vacunen a los menores, requiérase a la parte quejosa para que el día indicado, exhiba el expediente de vacunación de la primera dosis de los menores quejosos *******. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Juan de Dios García Munguía, quien autoriza. Doy fe.
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