Aurelio Bahena Sánchez

Expediente 81/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero. 15 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
81/2021
Año
2021
Actuaciones
15
Última actuación
29/11/2021

Partes del expediente

  • Aurelio Bahena Sánchez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Iguala de la Independencia, Guerrero, veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el veintiocho de junio del año actual, en la que se negó el amparo promovido por****, por derecho propio; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación aplicable, se declara que dicho fallo ha causado ejecutoria; glósese el original del incidente de suspensión relativo y archívese el expediente como asunto concluido. En las relatadas condiciones, en términos del artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se provee lo siguiente: a) Este expediente es susceptible de depuración, toda vez que se negó el amparo al impetrante, así como el original del incidente de suspensión, toda vez que en este último se concedió la suspensión provisional y definitiva. b) Lo cual podrá efectuarse una vez transcurridos más de los tres años a que alude el artículo 21 del citado acuerdo, con relación al capítulo 7.1.1., del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. c) Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y colóquese en la carátula una tarjeta informativa en la que se asiente la fecha de este proveído, así como la data en que se remita materialmente al archivo. Una vez que este expediente cumpla seis meses de archivo como asunto concluido, procédase a la destrucción del duplicado del incidente de suspensión, en términos del artículo 20, fracción II, inciso a), del citado acuerdo. Finalmente, devuélvanse a las autoridades responsables Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada contra el Secuestro, con residencia en Chilpancingo, Guerrero y Juez de Control y Enjuiciamiento Penal con jurisdicción y competencia en los Distritos Judiciales de Hidalgo, Aldama y Alarcón, con residencia en esta ciudad, los tomos de pruebas y cuatro discos de audio y video que adjuntaron respectivamente a sus informes justificados, solicitándoles el acuse de recibo correspondiente. Notifíquese por lista electrónica y personalmente al impetrante en el lugar de su reclusión.Lo proveyó y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, en unión de M. Rubén Marroquín Serrano, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron este acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.

  2. Principal

    1. Iguala de la Independencia, Guerrero, treinta de junio de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos sin mayor pronunciamiento el oficio de cuenta signado por el Secretario de Acuerdos del Juzgado Mixto de Paz del Municipio de Pedro Ascencio Alquisiras, Guerrero, encargado del despacho por ministerio de ley, toda vez que mediante proveído del veinticinco de junio del año actual, devolvió diligenciado el despacho número 138/2021 (número de orden 356/2021). Notifíquese por lista electrónica.Lo proveyó y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, en unión de M. Rubén Marroquín Serrano, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron este acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.

  3. Principal

    1. V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 81/2021-I; y, R E S U L T A N D O I. *** *** *** , por derecho propio, por escrito presentado en este Juzgado Federal, el quince de abril de dos mil veintiuno, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Juez de Control y Enjuiciamiento Penal con sede en Iguala de la Independencia en los Distritos Judiciales de Hidalgo, Aldama y Alarcón, residente en esta ciudad y otra autoridad. II. Previo requerimiento, en auto del veintisiete de abril de dos mil veintiuno, este Juzgado Federal admitió la demanda; solicitó el informe con justificación a las autoridades responsables; dio la intervención legal al Representante Social de la Federación adscrito, y señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo en términos del acta que antecede; y. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. El Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Iguala de la Independencia, es legalmente competente para resolver este juicio de amparo, de conformidad con los artículos 37 de la Ley de Amparo; 49 y 60, fracción III de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que el acto reclamado se ejecutó dentro de la demarcación territorial de este órgano jurisdiccional, en la que se encuentra legalmente facultado para declarar el derecho al caso en particular. SEGUNDO. En términos de la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, los actos reclamados en la demanda de amparo se hacen consistir en el auto de vinculación a proceso del veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, emitido en la causa penal C-91/2020 por el delito de secuestro agravado, en agravio de la víctima de identidad reservada con iniciales A. B. R., así como la solicitud para dictar el mismo. TERCERO. La Jueza de Control y Enjuiciamiento Penal con residencia en esta ciudad y Jurisdicción y Competencia en los Distritos Judiciales de Hidalgo, Aldama y Alarcón, al rendir su informe justificado, aceptó la existencia de los actos que se le reclaman, por lo cual, se tienen por ciertos; esto con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Aunado a que así se advierte de las copias certificadas de la carpeta judicial C-91/2020 que remitió el juzgado responsable, en apoyo a su informe justificado; documentales que tienen valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2o. Misma consideración debe hacerse respecto al agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada contra el Secuestro, con residencia en Chilpancingo, pues aun y cuando negó el acto que se le imputa al rendir su informe con justificación, lo cierto es, que de las constancias que remitió se advierte la certeza del mismo. CUARTO. En virtud de que las partes no hicieron valer causal de improcedencia, y este juzgador no advierte de oficio que se actualice alguna de las previstas en el numeral 61 de la Ley de Amparo, resulta viable entrar al estudio del fondo del asunto, sin que este órgano de control tenga la obligación de analizar todas las que hipotéticamente prevé tal precepto. No se transcriben los motivos de disenso, sin que por ello deba considerarse incongruente o incompleta la presente sentencia, o que se violen las formalidades que rigen el juicio de amparo. En ellos se proponen diversos argumentos de manera genérica, por lo que se abordará lo relativo a los conceptos de violación, temáticamente, mismos que pueden sintetizarse en la forma siguiente: ? Vulneración a lo previsto en los artículos 14, 16 y 17 del Pacto Federal (principios audiencia, fundamentación y motivación y acceso a la justicia). ? Falta de valoración de los datos de prueba. Tocante al acto reclamado al agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada contra el Secuestro, con residencia en Chilpancingo, consistente en la solicitud para dictar el auto de vinculación a proceso dentro de la causa penal C-91/2020, por el delito de secuestro agravado en agravio de la víctima de identidad reservada con iniciales A. B. R., aun y cuando no vierte ningún motivo de disenso que combata frontalmente y solo refiera que existió violación al debido proceso, tema que se analizará de manera conjunta con el diverso -auto de vinculación a proceso de veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, emitido en el mismo proceso-. Ello con fundamento en lo previsto en el numeral 76 de la Ley de Amparo. Ahora, respecto a la solicitud del agente del ministerio público al órgano de control inicial, se vinculara a proceso al hoy justiciable, dicho funcionario público tiene esa facultad tal y como lo establece el artículo 131 del Código Nacional de Procedimientos Penales, de ahí que dicho representante social estuvo en lo correcto, aunado de que aportó diversos datos de prueba para robustecer su solicitud. En efecto, no hay que olvidar que entre otras facultades del representante social, ya sea a nivel federal o estatal, podrá solicitar que el Juez de control emita una orden de aprehensión. Así, una vez que el imputado se encuentra en presencia de la autoridad jurisdiccional, -como acontece en la especie-, se dará inicio a la audiencia inicial. Dicha diligencia tiene por objeto, en términos del artículo 307 del Código Nacional de Procedimientos Penales, informar al imputado sus derechos constitucionales y legales; se realizará el control de la detención; se dará el uso de la voz al Ministerio Público para que formule imputación; asimismo, el investigado tendrá oportunidad de declarar; se resolverá sobre la solicitud de vinculación a proceso -por parte del representante social- y medidas cautelares; y, finalmente, se definirá el plazo para el cierre de la investigación complementaria. Agotado el debate entre las partes, el Juez de control dictará auto de vinculación a proceso siempre que se encuentren satisfechos los requisitos previstos en los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en ese contexto, no asiste razón al amparista, de ahí que resulte infundado su motivo de disenso. Por otra parte, tocante al primero de los temas relativo a las manifestaciones en las que refiere el inconforme que se vulneró el derecho de debido proceso y falta de fundamentación, mismos que se analizarán de manera conjunta por su estrecha concordancia, son infundadas. Se arriba a la conclusión que antecede, toda vez que del artículo 14 constitucional, se desprende, entre otros, el derecho fundamental del debido proceso, cuyo contenido medular es que el proceso se encuentre "investido de las garantías que hagan posible la defensa de las partes". La finalidad del debido proceso es buscar que la actividad jurisdiccional sea un instrumento que haga prevalecer la verdad del caso, que surge de un verdadero debate contradictorio entre las partes; son varios los aspectos de este derecho fundamental y a continuación nos referiremos sólo a los que tienen relación directa con el proceso penal: a) Formalidades esenciales del procedimiento. Sin duda, este es el derecho fundamental procesal más desarrollado en nuestro país, considerando la aplicación que ha tenido el concepto de "formalidades esenciales del procedimiento", incluido en el segundo párrafo del artículo 14 constitucional. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que tales "formalidades" son las siguientes: 1. La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2. La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3. La oportunidad de alegar; y 4. El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. Ilustra lo anterior la jurisprudencia, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 396, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2005716, cuyo rubro es: "DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO." b) Derecho de defensa. Este derecho es un aspecto del debido proceso que pone de relieve la posibilidad de las partes para defenderse de la pretensión del contrario, el cual tiene una inmediata relación con el principio de contradicción, pues la efectiva defensa corresponde a su verdadera realización. El derecho de defensa en la materia penal, se ha definido como "facultad del imputado de intervenir en el procedimiento penal que se dirige en su contra para poner en evidencia la falta de fundamento de la pretensión punitiva estatal o de cualquier circunstancia que la excluya o atenúe". Resulta ilustrativa, en lo conducente, la tesis consultable en la página 2985, Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, del Tomo XXXII, Octubre de 2010, registro 163648, de rubro: "DERECHO DE DEFENSA. SU CONCEPTO, INTEGRACIÓN Y CONTENIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL)." Así, el derecho de defensa comprende en materia penal de diversos derechos específicos, previstos en el artículo 20, apartado A, entre ellos: 1. Derecho a la información, tanto del propio contenido de los derechos del imputado como de las actuaciones del procedimiento (fracciones III, VII y IX); 2. Asistencia de un abogado que garantice al detenido su defensa técnicamente adecuada desde el primer momento de la detención y a la confidencialidad entre él y dicho profesional (fracción IX); 3. Interrogación de testigos (fracciones IV y V); 4. Derecho a no autoincriminarse y a guardar silencio (fracción II). En ese tenor, en el caso concreto, de la carpeta de investigación de donde deriva el auto de vinculación a proceso reclamado, se advierte que, contrario a lo expuesto por el defensor del quejoso vía conceptos de violación, sí se cumplieron cabalmente y con validez las fases procesales relativas al juicio penal -formalidades esenciales del procedimiento-, ello de acuerdo con las constancias que integran el presente juicio constitucional, así como del contenido del disco versátil digital, de donde se puede justipreciar contundentemente que: I. Dentro de las actuaciones de la carpeta judicial C- 91/2020, del índice del Juzgado de Control y Enjuiciamiento Penal de los Distritos Judiciales de Hidalgo, Aldama y Alarcón, de esta ciudad, mediante oficio FGE/FECS/352/2021, del diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, emitido en la carpeta de investigación 120111200111070919, el agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada contra el Secuestro del Distrito Judicial de Hidalgo, con residencia en Iguala, Guerrero, solicitó al juzgado de control de referencia, fecha y hora para la celebración de la audiencia de formulación de imputación en contra de Aurelio Bahena Sánchez y otros, por la probabilidad de haber cometido el hecho delictuoso de secuestro agravado, en agravio de la víctima de identidad reservada con iniciales A. B. R. II. El dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, se llevó a cabo la individualización de las partes, verificó que los imputados conocieran sus derechos fundamentales dentro del proceso. III. Posteriormente, el agente del Ministerio Público formuló imputación a los imputados, se les concedió la oportunidad de declarar y el uso de su derecho, sin embargo, se abstuvieron de hacerlo, siendo asesorados -el quejoso por su defensor público, solicitando el representante social la vinculación a proceso de los incriminados, exponiendo los datos de prueba que estimó necesarios para ello, oportunidad en la que la defensa del hoy quejoso, asesoró a este último y pidió se resolviera su situación jurídica, en la duplicidad del plazo constitucional, por lo que se señaló nueva día y hora para la audiencia de vinculación del proceso. IV. El veintitrés de marzo pasado, tuvo verificativo la audiencia referida, en la que la juez de control, resolvió que los datos de prueba expuestos por el ministerio público, resultaban suficientes para vincular a proceso al coimputado Aurelio Bahena Sánchez, por la posible comisión del hecho delictuoso de secuestro agravado, previsto y sancionado en los artículos 9, fracción I, inciso a), 10m fracción I, incisos b) y c) de la Ley General para prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, reglamentaria de la fracción XXI del arábigo 73 constitucional, cometido en agravio de la víctima de identidad reservada con iniciales A. B. R. Bajo esas condiciones, es dable concluir que la autoridad judicial, además de tener en cuenta las formalidades esenciales del procedimiento, observó los derechos consagrados en el artículo 20, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en favor de toda persona imputada, por lo que puede colegirse fundadamente que la determinación que aquí se reclama deriva de un procedimiento en el que sí se cumplieron a cabalidad las formalidades exigidas por la norma para el caso de un proceso penal, respetándose con ello su derecho de audiencia que sobre el tema establece el numeral 14 de nuestra Carta Magna. Ilustra lo anterior la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 133, Tomo II, Diciembre de 1995, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 200234, cuyo rubro es: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO." Por otra parte, en su motivo de disenso, el quejoso refiere que se vulneran en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 16 constitucional. Al respecto, resulta indispensable puntualizar que para la emisión de un auto de vinculación a proceso como el que aquí se combate, la autoridad responsable debe sujetar su proceder -como en todo acto de molestia- a los lineamientos establecidos en el artículo 16 de nuestro Texto Supremo, en el sentido de que dicha resolución deberá ser emitida por una autoridad legalmente competente y de manera específica, en tratándose de una determinación, como en la especie sucede, además se deberá observar lo dispuesto en el artículo 19 constitucional; esto es, precisar el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. De lo anterior, se infiere que los requisitos constitucionales que deben ser observados para el pronunciamiento de un auto de vinculación a proceso son los siguientes: a) Requisitos de forma (artículo 16 constitucional), que son precisamente que la determinación sea emitida por escrito, por autoridad legalmente competente y que se funde y motive la causa legal del procedimiento; y b) Requisitos de fondo (artículo 19 constitucional), que corresponden al estudio de si los datos que arroja la investigación permiten establecer que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. En ese tenor, por razones de orden lógico y técnica jurídica procede analizar previamente si el juez de instancia, al pronunciar el auto de vinculación a proceso reclamado, cumple con los requisitos formales, precisamente la fundamentación y motivación exigidos por el artículo 16 en relación con lo previsto en el numeral 19, ambos de la Constitución; primigeniamente, pues de resultar insatisfechos aquellos, se haría innecesario el examen de esos motivos de inconformidad que se expresen en relación con el fondo de la cuestión planteada, porque serían objeto de estudio, en su caso, del nuevo acto que emitiese la autoridad responsable con motivo de esta sentencia de amparo. En esa tesitura, de las consideraciones expuestas, se evidencia la obligación que tienen las autoridades de fundar y motivar debidamente sus determinaciones; única forma por la cual el gobernado al conocer las causas específicas y concretas que originan la determinación correspondiente, está en aptitud de poder combatirlas; entendiéndose por lo primero -fundar-, que en la determinación pronunciada ha de expresarse, con precisión, el precepto o preceptos legales aplicables al caso y por lo segundo -motivación-, que también deben señalarse, con exactitud, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas, que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; según lo cual, quien lo emitió, llegó a la conclusión de que el acto reclamado se ajustó a las prevenciones de determinadas disposiciones legales; siendo necesario además que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas, es decir, que en el caso concreto se configure la hipótesis normativa. En la especie, de un ponderado análisis de la resolución de vinculación a proceso emitida por la juez responsable, se advierte que la autoridad responsable acató lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 16 constitucional, puesto que dicha resolución está correctamente fundada y motivada, ya que la juzgadora invocó los fundamentos de derecho que estimó aplicables al caso -artículo 19 del Pacto Federal, 316 y 317, del Código Nacional de Procedimientos Penales, 9, fracción I, inciso a), 10, fracción I, incisos b) y c), de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro-, tanto los que contienen la descripción del hecho considerado delictuoso atribuido al peticionario, como las relativas a la valoración de los datos de prueba; exponiendo además las causas, motivos o razones que tomó en consideración para estimar que los datos que arrojó la investigación permiten establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, en el caso, secuestro agravado y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión; advirtiendo quien aquí resuelve que efectivamente existe adecuación entre los fundamentos de derecho invocados y los motivos expuestos. Además, ésta resolución proviene de una autoridad judicial constitucional y jurisdiccionalmente competente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 104, fracción I, de nuestro Texto Supremo; 20, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Asimismo, como lo previene el artículo 16, párrafo primero de la Carta Magna, es claro que el auto de vinculación a proceso fue emitido por el juzgador responsable -además de la forma oral-, por escrito y en el documento correspondiente consta su nombre y firma. Así, con base en las consideraciones expuestas, debe decirse que, contrario a lo argumentado por el peticionario, no existe violación a los derechos fundamentales contenidos en el precitado el artículo 16 constitucional. Ahora, del artículo 19 del Pacto Federal, se desprende que en el auto de vinculación a proceso debe expresarse: a) El delito que se impute al acusado. b) El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución. c) Los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la norma señala como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Por su parte, el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece los requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso, el cual se dictará siempre y cuando concurran los siguientes lineamientos: I. Se haya formulado la imputación. II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar. III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo. IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. En la audiencia en la que se emitió el auto de vinculación a proceso, se advierte que el juzgado responsable actuó apegado al citado marco constitucional y legal, ya que una vez cerrado el debate después de haber escuchado a las partes, concediendo su derecho de réplica y contrarréplica en relación con los datos de prueba relatados y reseñados por el Ministerio Público, y en el caso específico, también por los incriminados y su defensa, procedió a valorar los datos de prueba expuestos de manera libre y lógica, en términos del artículo 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, los cuales consideró suficientes para declarar fundada la solicitud de la fiscalía, de vincular a proceso al imputado por su probable participación en la comisión del hecho delictuoso de secuestro agravado. Al respecto, los artículos 9, fracción I, inciso a), 10, fracción I, incisos b) y c), de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, contienen la descripción típica del hecho delictuoso que nos ocupa y que disponen: "Artículo 9. Al que prive de la libertad a otro se le aplicarán: I. De cuarenta a ochenta años de prisión y de mil a cuatro mil días multa, si la privación de la libertad se efectúa con el propósito de: a) Obtener, para sí o para un tercero, rescate o cualquier beneficio; (.)" "Artículo 10. Las penas a que se refiere el artículo 9 de la presente Ley, se agravarán: I. De cincuenta a noventa años de prisión y de cuatro mil a ocho mil días multa, si en la privación de la libertad concurre alguna o algunas de las circunstancias siguientes: (.) b) Que quienes la lleven a cabo obren en grupo de dos o más personas; c) Que se realice con violencia; (.)" Extremos que la juez responsable estimó colmados, y para ello tomó en cuenta las entrevistas realizadas a la víctima y las personas que ofreció la defensa e informe policial, en las se desprendía la conducta desplegada por el imputado, dado que siendo aproximadamente las veinte horas con cuarenta minutos del día seis de septiembre de dos mil diecinueve, en el domicilio particular de la víctima de identidad reservada con iniciales A. B. R., en la población de San Pedro Atengo, municipio de Pedro Asencio de Alquisiras, Guerrero, se encontraban con su esposo Carmelo Ocampo Osorio y su hija Adelina Ocampo Bahena, cuando dos sujetos encapuchados les indicaron que uno de los tres los tenía que acompañar, por lo que la víctima al temer que se llevaran a su hija decidió hacerlo ella. Que estuvo en cautiverio del seis al diez de septiembre de dos mil diecinueve, y en esta última data cuando la iban a liberar casi llegando a Taxco, Guerrero, los dos sujetos que la llevaban se descubrieron la cara, porque dijeron que podían toparse con el gobierno, por lo que reconoció a Salvador Bahena Sánchez, así como a Aurelio Bahena Sánchez, quien conducía el automóvil en el cual iban a bordo, según refirió la víctima. De igual manera de la entrevista de Adelina Ocampo Bahena, hija de la víctima, se desprende que al entregar el dinero del recate el diez de septiembre de dos mil diecinueve, al acercarse al automóvil en que venían los imputados reconoció a Aurelio Bahena Sánchez. Incluso la víctima el diez de marzo de dos mil veintiuno en la identificación de fotografía, acompañada de la asesora jurídica y de la policía ministerial del Estado cuando le pusieron a la vista diversas tomas fotográficas de varias personas con características similares, reconoció a Aurelio Bahena Sánchez, como uno de los sujetos que la liberaró, cuando se pagó su rescate, quien era el que iba manejando el automóvil cuando la trasladaron para liberarla. Hechos que la juez de control, de manera correcta estimó justificados con lo declarado por la víctima, aunado a que ésta y la testigo, señalaron sustancialmente que el ahora impetrante fue quien participó en el ilícito. Señaló con acierto la Juez de la causa que los incriminados probablemente habían participado en el ilícito que la ley señala como secuestro agravado, dado que había datos de prueba suficientes que incriminaban a los imputados. En ese contexto, es correcta la apreciación de la juzgadora de primer grado, dado que existen otros datos que permitieron comprobar lo manifestado por la víctima y la testigo, pues se corroboró la descripción que hicieron respecto a la participación del delito de las personas entre ellos el ahora justiciable, con lo que se colige que se encuentran acreditados los elementos que requiere la conducta, pues se corrobora la conducta desplegada por el imputado en la cual pudiera configurase el delito de secuestro agravado. De acuerdo con los datos de prueba, la juez de control, con apego a derecho, determinó que los datos son indicativos de que se cometió un hecho que la ley califica como delito, esto es, secuestro agravado y que probablemente fueron los imputados quienes cometieron ese hecho delictuoso, a título de autores materiales, tal como se indicó en la determinación combatida. Dado que el señalamiento directo de la víctima y la testigo en los que refieren esencialmente que Aurelio Bahena Sánchez, había participado en el ilícito, génesis del acto reclamado, pues lo reconocieron sin temor a equivocarse que era uno de los sujetos que desplegó su conducta con el fin de privar de la libertad de la víctima de identidad reservada con iniciales A. B. R., sin que la defensa de los imputados haya aportado algún dato o medio de prueba con el que pudiera decir lo contrario. Bajo la anterior línea argumentativa, la juez de control determinó legalmente que los datos de prueba aportados por la Fiscalía, apreciados de manera libre y lógica, son idóneos y pertinentes para justificar el hecho constitutivo del delito de secuestro agravado, previsto en los artículos 9, fracción I, inciso a), 10, fracción I, incisos b) y c), de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro; así como la probabilidad de que los imputados, entre ellos el aquí quejoso en su comisión, como autores materiales y de manera dolosa. Además, como lo determinó la juez responsable, hasta el presente estadio procesal no se advierte actualizada alguna causa de extinción de la acción penal o de excluyentes del delito. Bajo esta panorámica, se sostiene que, contrario a lo expresado por el justiciable, la autoridad responsable si realizó una ponderación de los datos de prueba, ello con independencia de que el imputado hoy quejoso manifieste que no esté demostrado el momento en que fue puesto a disposición del Juzgado de Control y Enjuiciamiento de esta ciudad, sin embargo, de las piezas procesales que obran en el tomo de pruebas, se corrobora del sello recepción del órgano de origen, que éste último recibió el oficio FECS/150/2021, a las veintidós horas con cincuenta y dos minutos, del diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, al hoy impetrante al juzgado natural de ahí que no asiste razón al inconforme. Luego, la determinación combatida no transgrede en perjuicio del impetrante el principio de presunción de inocencia y contradicción, en tanto que el Estado, a través de la investigación llevada a cabo por el agente del Ministerio Público, en cumplimiento a la exigencia que a su cargo impone el artículo 21 del Pacto Federal, mediante el contexto de los datos de prueba expuestos en el desarrollo de la audiencia inicial que culminó con la petición fundada de vincular a proceso al imputado, logró demostrar en estricto apego a las reglas exigidas tanto por la Constitución como por la ley procesal, bajo el estándar probatorio mínimo, la comisión del hecho delictivo, así como la probable participación Aurelio Bahena Sánchez, como coautor material. Ciertamente, la circunstancia de que los principios de presunción de inocencia, debido proceso legal y pro persona, no sólo estén consagrados en la Constitución Federal, sino también en los tratados internacionales, en el caso, en el artículo 8° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no significa que no pueda justificarse un auto de vinculación a proceso, o que todo acto de autoridad que afecte los intereses del imputado, como su libertad, trastoquen esos principios. Ello, porque si en los datos de prueba reseñados aportados por la fiscalía se desprenden hechos probados idóneos y pertinentes para establecer razonablemente la existencia del hecho delictivo, así como la probable participación del imputado, se obtiene que su afectación, se justifica por haberse cumplido los requisitos legales exigidos por el caso y con base en la normatividad aplicable, para que esa afectación quede enmarcada dentro de la legalidad. En efecto, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que se encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 360, Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2014800, cuyo rubro es: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL).". De igual manera, resulta aplicable la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal Del Segundo Circuito, consultable en la página 1512, del Tomo XXIII, Mayo de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 175111, cuyo rubro es: "DEBIDO PROCESO Y PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. NO SE TRANSGREDEN LA CONSTITUCIÓN NI LOS TRATADOS QUE RECONOCEN ESTOS PRINCIPIOS CUANDO LA AFECTACIÓN A LA LIBERTAD DEL QUEJOSO SE JUSTIFICA POR HABERSE CUMPLIDO LOS REQUISITOS LEGALES EXIGIDOS CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE.". Lo anterior no implica que se vulnere en detrimento del impetrante el principio de presunción de inocencia contenido en el artículo 20, Apartado B, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, según la cual éste es considerado inocente mientras no se haya establecido su responsabilidad penal mediante sentencia firme. En este caso, la acusación ministerial quedó acreditada con los datos de convicción que se allegaron a la carpeta judicial; además, como quedó establecido en esta resolución, se cumplieron las formalidades esenciales del procedimiento, se garantizó el derecho del justiciable a tener una adecuada defensa y, respecto de los datos de prueba aportados, se respetaron los principios procesales que rigen su incorporación al proceso y valoración legal; además de que los mismos se obtuvieron de manera lícita, y resultaron suficientes y conducentes para fundar el auto de vinculación a proceso que constituye el acto reclamado. En ese tenor, al menos hasta este estadio procesal, se demostró que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que el imputado, aquí quejoso lo cometió o participó en su comisión, pues no se aportaron durante la audiencia inicial ni durante la de vinculación a proceso, datos probatorios de descargo con eficacia desmostrativa que desvirtúen los datos incriminatorios respecto del peticionario, las cuales resultaron suficientes para que la Juez de Control tuviera por acreditado el hecho delictuoso de secuestro agravado. Resulta aplicable la jurisprudencia, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 546, Libro 31, Junio de 2016, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2011871, cuyo rubro es: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA. CONDICIONES PARA ESTIMAR QUE EXISTE PRUEBA DE CARGO SUFICIENTE PARA DESVIRTUARLA.". Ahora, respecto al tema de acceso a la justicia, las aseveraciones que realiza el inconforme son infundadas. Se arriba a la conclusión que antecede, porque conforme a los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 25 y 8º de la Declaración Universal de Derechos Humanos y Convención Americana sobre Derechos Humanos, se advierte que la tutela judicial efectiva se compone de los siguientes postulados: a) El derecho a la administración de justicia o garantía de tutela jurisdiccional es un derecho público subjetivo incorporado en la esfera jurídica de todo gobernado para que, dentro de los plazos previstos en la legislación aplicable, pueda acceder a tribunales independientes e imparciales a plantear su pretensión o defenderse de la demanda en su contra; b) Debe garantizarse al gobernado el acceso ante la autoridad jurisdiccional con atribuciones legales para resolver una cuestión concreta prevista en el sistema legal, es decir, todo aquel que tenga necesidad de que se le administre justicia tendrá plena seguridad de recibirla por los órganos jurisdiccionales permanentemente estatuidos, con antelación al conflicto, sin más condición que las formalidades necesarias, razonables y proporcionales al caso para lograr su trámite y resolución; y c) La implementación de los mecanismos necesarios y eficaces para desarrollar la posibilidad del recurso judicial que permita cristalizar la prerrogativa de defensa. Razón por la cual se puede concluir, el poder público no puede condicionar o impedir el acceso a la administración de justicia, lo cual debe entenderse en el sentido de que la ley aplicable no deberá imponer límites a ese derecho, aunque sí la previsión de formalidades esenciales para el desarrollo del proceso, por lo que además de la normativa, los órganos encargados de administrar justicia deben asumir una actitud de facilitadores del acceso a la jurisdicción -situación que en el caso aconteció-. Sin que lo anterior, implique la eliminación de toda formalidad ni constituye un presupuesto para pasar por alto las disposiciones legislativas, sino por el contrario, ajustarse a éstas y ponderar los derechos en juego, para que las partes en conflicto tengan la misma oportunidad de defensa, pues la tutela judicial efectiva debe entenderse como el mínimo de prerrogativas con las cuales cuentan los sujetos. Respalda lo mencionado en lo conducente, la tesis, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con Residencia en Guadalajara, Jalisco, visible en la página 1481, del Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 2, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 2000479, cuyo rubro es: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA LOGRAR LA EFICACIA DE ESE DERECHO HUMANO LOS JUZGADORES DEBEN DESARROLLAR LA POSIBILIDAD DEL RECURSO JUDICIAL." En ese contexto, es de considerarse que en la determinación reclamada no existe violación al acceso a la justicia, toda vez que la responsable realizó un análisis de los datos de prueba, estableciendo que el imputado probablemente había participado en el ilícito del que se ha dado noticia en párrafos precedentes, dado que la víctima de identidad reservada A. B. R., y la testigo señalaron a los imputados de manera directa, entre ellos el hoy impetrante quienes participaron en el ilícito. Además, el ahora impetrante estuvo asesorado por su defensor público y particular, el cual éste último planteó sus consideraciones lógicas jurídicas, del porqué estimaba que no se debía vincular a proceso a su defendido; empero, no quiere decir que la juzgadora tuviera que resolver en sentido diverso, pues la responsable hizo un estudio pormenorizado de los datos de prueba, y concluyó que probablemente el imputado había participado en el hecho delictuoso conocido por la ley como secuestro agravado previsto en el 9, fracción I, inciso a), 10, fracción I, incisos b) y c), de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro. Por otra parte respecto a las manifestaciones del impetrante en el sentido de que la juzgadora de origen no analizó las manifestaciones que su defensor hizo respecto a su detención, resultan infundadas. Se arriba a la conclusión que antecede, pues contrario a lo que refiere el amparista, la responsable si dio respuesta a lo referido por el abogado particular del imputado, ponderando que de acuerdo a los artículos 19 y 20 constitucionales respecto a cualquier determinación debe estar fundada y motivada, si bien se encontraba en una etapa distinta, no debía perderse de vista la característica del proceso penal, que es la oralidad; sin embargo, ello no implicaba que únicamente las partes realizaran argumentos sin justificarlos con algún dato o medio de prueba al iniciar la audiencia, de conformidad con el numeral 115 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Que con base al estándar que exige el artículo 19 constitucional y dado que los medios de pruebas contradictorios no pueden dar prevalencia una sobre otra, máxime que la defensa no había incorporado algún dato o medio de prueba con el que justificara las aseveraciones que realizó y de las cuales al ya estar en una etapa o momento procesal diverso, consideró que no era viable atender su solicitud con meros argumentos que no estuvieron concatenados con alguna probanza. Ello no obstante que hacía referencia de datos que obran en la carpeta de investigación, sin embargo, para conocer el contenido de los mismos, era importante y obligatorio de las partes que se incorporaran con base a la regla que exige el Código Nacional de Procedimientos Penales, y hasta ese momento se había hecho, de ahí que no era procedente la no vinculación a proceso de los imputados, además que se estaba en la etapa preliminar, aunado que los procesados había manifestado acogerse al plazo constitucional, el cual debe de resolverse por ser improrrogable para no vulnerar los derechos de los implicados. En ese contexto, si existen datos de prueba de los que se desprenden señalamientos firmes y directos de la participación del hoy peticionario en el ilícito que la ley señala como secuestro agravado y dado que para la vinculación a proceso de un imputado solamente se requiere un estándar mínimo probatorio, la juzgadora primigenia estuvo en lo correcto al resolver como lo hizo; de ahí que no asista razón al quejoso. Así, con base en las consideraciones expuestas, infundado como resultan el concepto de violación y al no advertirse violación a los derechos humanos, en perjuicio del impetrante, consagrados en los artículos 1°, 14, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y no advirtiéndose deficiencia de queja que suplir, ni violación manifiesta de la ley generadora de indefensión, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: Único. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a *** *** *** , a través de su defensor contra los actos que reclamó a la Jueza de Control y Enjuiciamiento Penal, con sede en Iguala, con Jurisdicción en el estado de Guerrero y Competencia en los Distritos Judiciales de Hidalgo, Aldama y Alarcón y otra autoridad, por los motivos precisados en el último considerando de este fallo. Notifíquese por lista electrónica y personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión. Lo resolvió y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, en unión de M. Rubén Marroquín Serrano, Secretario quien da fe. Doy fe.

  4. Principal

    1. Iguala de la Independencia, Guerrero, veinticinco de junio de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Secretario de Acuerdos del Juzgado Mixto de Paz del Municipio de Pedro Ascencio Alquisiras, Guerrero, encargado del despacho por ministerio de ley, mediante el cual devuelve el despacho número 138/2021 (número de orden 356/2021), del índice de este órgano de control, derivado del expediente en que se actúa. Acúsese el recibo de estilo y dése de baja la comunicación para efectos estadísticos. Por otra parte, del estado procesal que guardan las actuaciones, se aprecia que mediante proveído del dieciocho de junio del año actual, se reservó acordar lo conducente respecto al escrito signado por la aludida tercera interesada, hasta en tanto obrara en autos la comunicación oficial de cuenta, circunstancia que ya aconteció; y al efecto, se provee: Intégrese a las actuaciones el ocurso signado por la citada sujeto procesal; atento a su contenido, se le tiene apersonándose al presente asunto, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica y por autorizadas a las personas que menciona para los efectos que establece, en el entendido de que para el caso de ser en amplios términos deberán contar con el registro correspondiente. En ese contexto, como lo solicita conforme a lo dispuesto en los numerales 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídase a su costa, las copias a que hace alusión, previa toma de razón que de su entrega se deje en autos, y se autoriza para su recepción a las personas que refiere. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, en unión de M. Rubén Marroquín Serrano, secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron este acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.

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