Arturo Todd García
Expediente 305/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero. 11 actuaciones registradas, la última del 28 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 305/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 28/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Arturo Todd García
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Iguala de la Independencia, Guerrero, veintiocho de febrero de dos mil veintidós. Téngase a la empresa de mensajería denominada Estafeta, devolviendo el sobre que contiene el oficio 535/2022 dirigido a la Magistrada de la Sala Penal Unitaria del Sistema Penal Acusatorio y Oral con jurisdicción y competencia en los Distritos Judiciales de Mina y Cuauhtémoc, residente en Coyuca de Catalán, Guerrero, del que se observa una anotación de imposibilidad para su entrega; atento a lo anterior, reenvíese el citado comunicado por conducto del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, en unión de Wendali Montserrat Navarro Ramírez, Secretaria quien certifica que las promociones que en su caso generaron este acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
Iguala de la Independencia, Guerrero, diecinueve de enero de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el treinta de diciembre de dos mil veintiuno, en la que se negó la protección de la justicia federal en el juicio de amparo promovido por Arturo Todd García, por derecho propio; por tanto, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación aplicable, se declara que dicho fallo ha causado ejecutoria; archívese el expediente como asunto concluido. En las relatadas condiciones, en términos del artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se provee lo siguiente: a) Este expediente es susceptible de depuración, toda vez que se negó el amparo y protección de la Justicia Federal. b) Lo cual podrá efectuarse una vez transcurridos más de los tres años a que alude el artículo 18 del citado acuerdo. c) Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y colóquese en la carátula una tarjeta informativa en la que se asiente la fecha de este proveído, así como la data en que se remita materialmente al archivo. Por otra parte, sin que pase inadvertido para el suscrito que a la fecha no se ha podido notificar la sentencia definitiva a las autoridades responsables; sin embargo, no resulta viable hacerlo toda vez que, como ya se dijo, se negó el amparo y protección de la Justicia Federal en el sumario constitucional en el que se actúa, de ahí que a nada práctico conduciría hacerle del conocimiento a las mismas, pues en el caso resultaría ilógico que interpusieran recurso de revisión en contra del fallo emitido en este asunto, dado que no tienen legitimación para ello. Finalmente, devuélvase a la Sala Penal Unitaria del Sistema Penal Acusatorio, con jurisdicción y competencia en los Distritos Judiciales de Mina y Cuauhtémoc, y residencia en Coyuca de Catalán, Guerrero, dos tomos de pruebas y un disco compacto que adjuntó a su informe justificado, solicitándole el acuse de recibo correspondiente. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Wendali Montserrat Navarro Ramírez, Secretaria del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, Encargada del Despacho conforme a lo dispuesto por el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, durante las vacaciones del titular, autorizado en sesión de trece de diciembre de dos mil veintiuno, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, según consta en el oficio CCJ/ST/5354/2021, suscrito electrónicamente por la Secretaria Técnica de dicha comisión, en unión de M. Rubén Marroquín Serrano, Secretario quien certifica que las promociones que en su caso generaron este acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
AMPARO INDIRECTO 305/2021-II En Iguala de la Independencia, Guerrero, a las diez horas del treinta de diciembre de dos mil veintiuno, hora y día señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 305/2021-II, promovido por ******, por derecho propio, el Juez José Álvaro Vargas Ornelas, Titular del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, en unión de Carlos René Hernández Maza, Secretario adscrito con quien actúa procede a su verificativo. Acto seguido, el Secretario hace una relación de los autos y, en obvio de repeticiones innecesarias, reproduce todas y cada una de las constancias que obran en este expediente. El Juez acuerda: Téngase por hecha la anterior relación para los efectos legales a que haya lugar. Abierto el período probatorio, el Secretario da cuenta con las documentales que allegó la responsable y el quejoso y la tercera interesada no ofertaron medio de convicción alguno. El Juez acuerda: Se tiene a la sala responsable ofreciendo pruebas, las cuales se desahogan por su propia y especial naturaleza, y por perdido el derecho de los restantes para hacerlo. Abierto el período de alegatos, el Secretario hace constar que las partes no los formularon. El Juez acuerda: téngase por perdido el derecho de las partes para formularlos con posterioridad, por lo que se cierra dicho periodo. Sin diligencias pendientes por practicar, se dio por concluida esta audiencia, de la que se realiza acta para constancia legal. A continuación se pasa a dictar la sentencia correspondiente. Doy fe. V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 305/2021-II; y, R E S U L T A N D O I. *****, por derecho propio, en escrito presentado el dieciocho de noviembre del año en curso, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Iguala de la Independencia, que por razón de turno se remitió a este órgano de control al día siguiente, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra un acto de la Magistrada de la Sala Penal Unitaria del Sistema Penal Acusatorio, con jurisdicción y competencia en los Distritos Judiciales de Mina y Cuauhtémoc, con residencia en Coyuca de Catalán, y otra autoridad. II. En auto del veintitrés de noviembre del año en curso, este Juzgado Federal admitió la demanda; solicitó los informes con justificación a las autoridades responsables; ordenó el emplazamiento de la tercera interesada; dio la intervención legal al Representante Social de la Federación adscrito, y señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. El Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Iguala de la Independencia, es legalmente competente para resolver este juicio de amparo, de conformidad con los artículos 37 de la Ley de Amparo; 49 y 56, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que el acto reclamado se ejecutó dentro de la demarcación territorial de este órgano jurisdiccional, en la que se encuentra legalmente facultado para declarar el derecho al caso en particular. SEGUNDO. En términos de la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, el acto reclamado en la demanda de amparo se hace consistir en la resolución del veintinueve de octubre del presente año, dictada en la carpeta de apelación *****, por la Magistrada de la Sala Penal Unitaria del Sistema Penal Acusatorio, con jurisdicción y competencia en los Distritos Judiciales de Mina y Cuauhtémoc, con residencia en Coyuca de Catalán. TERCERO. La Magistrada de la Sala Penal Unitaria del Sistema Penal Acusatorio, con jurisdicción y competencia en los Distritos Judiciales de Mina y Cuauhtémoc, con residencia en Coyuca de Catalán, al rendir su informe justificado, aceptó la existencia del acto que se le reclama por lo cual se tiene por cierto; esto con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Aunado a que así se advierte de las copias certificadas de la la carpeta de apelación *****, que remitió la magistrada responsable, en apoyo a su informe justificado; documental que tienen valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Asimismo, deben tenerse por ciertos los actos que se reclaman de la Juez de Control adscrita al Juzgado de Control y Enjuiciamiento Penal del Estado, con Jurisdicción y Competencia en Mina y Cuauhtémoc, no obstante que los negó al rendir su informe justificado, ya que al tener el carácter de ejecutora, ante la certeza de la existencia del acto reclamado a la ordenadora, con aquél carácter deberá cumplir con lo que se le ordene, por lo que tal negativa está desvirtuada con las copias certificadas de la carpeta de apelación *****, que remitió la magistrada responsable, en apoyo a su informe justificado que por tener el carácter de actuaciones judiciales, se les concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página cincuenta y seis, del Semanario Judicial de la Federación, octava época, tomo III, segunda parte, enero-junio de mil novecientos ochenta y nueve, correspondiente a los Tribunales Colegiados de Circuito, cuyo rubro dice: "ACTO RECLAMADO NEGADO POR LAS AUTORIDADES EJECUTORAS Y EMITIDO POR LA AUTORIDAD ORDENADORA, DEBE TENERSE POR CIERTO". CUARTO. En virtud de que las partes no hicieron valer causal de improcedencia, y este juzgador no advierte de oficio que se actualice alguna de las previstas en el numeral 61 de la Ley de Amparo, resulta viable entrar al estudio del fondo del asunto, sin que este órgano de control tenga la obligación de analizar todas las que hipotéticamente prevé tal precepto. No se transcriben los conceptos de violación, sin que por ello deba considerarse incongruente o incompleta la presente sentencia o que se violen las formalidades que rigen el juicio de amparo. El quejoso expone en esencia que la autoridad responsable al emitir la resolución que constituye el acto reclamado violó en su perjuicio las garantías constitucionales de seguridad jurídica, debido proceso, impartición de justicia e igualdad procesal. Lo anterior dado que en términos del artículo 192 del Código Nacional de Procedimientos Penales le correspondía poder acceder a la suspensión condicional del proceso al haber cumplido con todos los requisitos que dispone dicho numeral como que la media aritmética de la pena de prisión del delito por el que se le dictó auto de vinculación a proceso no excede de cinco años; no hubo oposición fundada de la víctima u ofendida, del Ministerio Público, ni del asesor jurídico. Que el delito por el que se le vinculó a proceso se encuentra establecido en el artículo 198 del Código Penal del Estado, cuya media aritmética es de tres años por lo que debió proceder la suspensión condicional del proceso que fue solicitada y al no haber sido así fueron violados en su perjuicio los artículos 192, 193, 194 y 195 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Que el artículo 192 del Código Nacional de Procedimientos Penales no indica los delitos que podrán ser materia de solicitud de suspensión condicional del proceso, y que el único parámetro que se establece es que la media aritmética no exceda de cinco años, por lo que solicitó se generara la audiencia respectiva para el debate de esa solución alterna del proceso, que le fue negada desde la juez de origen y confirmada por la sala responsable. Que con el otorgamiento de la suspensión condicional del proceso no se viola ningún derecho de la víctima. También se duele de la ilegal aplicación de la tesis con registro digital 2022701 cuyo rubro es: "SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO. ES FUNDADA LA OPOSICIÓN DE LA VÍCTIMA A SU PROCEDENCIA, SI EL PLAN DE LA REPARACIÓN DEL DAÑO PROPUESTO POR EL IMPUTADO Y SU DEFENSA, NO INCLUYE EL RECONOCIMIENTO Y LA ACEPTACIÓN DE LOS HECHOS DELICTIVOS, CON LA FINALIDAD DE SALVAGUARDAR SU DERECHO A CONOCER LA VERDAD Y QUE SE LE RESTITUYA SU DIGNIDAD HUMANA." La ilegal argumentación o fundamentación al señalar que si bien cumplía con el plan de reparación del daño pecuniario, pero no con el plan integral de reparación del daño, así como que la juez de origen fue acertada al haber aplicado el artículo 204 del Código Penal del Estado y que en términos de dicho numeral existía una prohibición de una solución alterna lo que contraviene la supremacía constitucional contemplada en el artículo 133 de la Carta Magna al aplicar una ley local por encima de una federal. Son infundados los conceptos de violación. El artículo 192 del Código Nacional de Procedimientos Penales en que el quejoso apoyó su solicitud de suspensión condicional del proceso, por haber cumplido con todos los requisitos que dispone dicho numeral, entre otros que la media aritmética de la pena de prisión del delito por el que se le dictó auto de vinculación a proceso no exceda de cinco años; que no hubo oposición fundada de la víctima u ofendida, del Ministerio Público, ni del asesor jurídico, dispone lo siguiente: "Artículo 192. Procedencia La suspensión condicional del proceso, a solicitud del imputado o del Ministerio Público con acuerdo de aquél, procederá en los casos en que se cubran los requisitos siguientes: I. Que el auto de vinculación a proceso del imputado se haya dictado por un delito cuya media aritmética de la pena de prisión no exceda de cinco años; II. Que no exista oposición fundada de la víctima y ofendido, y III. Que hayan transcurrido dos años desde el cumplimiento o cinco años desde el incumplimiento, de una suspensión condicional anterior, en su caso. Lo señalado en la fracción III del presente artículo, no procederá cuando el imputado haya sido absuelto en dicho procedimiento. La suspensión condicional será improcedente para las hipótesis previstas en las fracciones I, II y III del párrafo séptimo del artículo 167 del presente Código." Asimismo, cabe señalar que el propio numeral 191 del código invocado señala una definición de la suspensión condicional del proceso en los términos siguientes: "Por suspensión condicional del proceso deberá entenderse el planteamiento formulado por el Ministerio Público o por el imputado, el cual contendrá un plan detallado sobre el pago de la reparación del daño y el sometimiento del imputado a una o varias de las condiciones que refiere este Capítulo, que garanticen una efectiva tutela de los derechos de la víctima u ofendido y que en caso de cumplirse, pueda dar lugar a la extinción de la acción penal." Por otra parte, efectivamente el delito de violencia familiar equiparada por el que se le vinculó a proceso se encuentra establecido en el artículo 198 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Guerrero, cuyo texto a continuación se transcribe: "Artículo 198. Violencia familiar A quien teniendo la calidad de cónyuge, concubina o concubinario, pariente consanguíneo en línea recta ascendente o descendente sin limitación de grado, pariente colateral consanguíneo o afín hasta el cuarto grado, adoptante o adoptado, maltrate física o psicoemocionalmente a un miembro de la familia, o cuando exista alienación parental, se le impondrán de uno a cinco años de prisión, pérdida de los derechos que tenga respecto de la víctima por el doble del término de la pena de prisión impuesta, incluidos los de carácter sucesorio y prohibición de ir a un lugar determinado o residir en él. Se entiende por Alienación Parental la manipulación o inducción que un progenitor realiza hacia su hijo, mediante la desaprobación o crítica tendiente a producir en el menor rechazo, rencor, odio, miedo o desprecio hacia el otro progenitor. Este delito se perseguirá de oficio." En ese tenor se plasma el contenido del numeral 204 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Guerrero a continuación: "Artículo 204. Disposiciones comunes para los delitos previstos en este Título. Al sujeto activo se le aplicarán, además, medidas reeducativas, integrales, especializadas y gratuitas, conforme a los programas establecidos al efecto. Serán perseguibles de oficio y no podrán ser sometidos a la mediación o proceso alternativo de solución. En caso de reincidencia, la pena mínima y máxima se aumentará hasta una mitad." (Lo resaltado es propio) Ahora, la sala responsable para determinar que el quejoso no es sujeto del beneficio de la suspensión condicional del proceso apoyó su resolución en el artículo 204 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Guerrero, bajo el argumento medular de que existe prohibición para acceder al beneficio de que se habla en consideración que para delitos como el de violencia equiparada (por el que se dictó auto de vinculación al proceso al solicitante de amparo), no resulta aplicable proceso alternativo de solución ni mediación e incluso le dijo por parte de la sala penal responsable que los requisitos de procedencia no eran discutibles. La aseveración que realizó la Magistrada de la Sala Penal Unitaria del Sistema Penal Acusatorio, con jurisdicción y competencia en los Distritos Judiciales de Mina y Cuauhtémoc, con residencia en Coyuca de Catalán, resultó acertada pues efectivamente en el artículo 204 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Guerrero, se observa que tratándose de delitos cometidos en contra de un integrante de la familia y delitos por discriminación contra la dignidad de las personas son perseguibles de oficio y no podrán ser sometidos a la mediación o proceso alternativo de solución. Tampoco resulta obstáculo para arribar a la anterior determinación el hecho que el quejoso argumente que una ley local no puede estar sobre una de carácter federal dado que precisamente se trata de legislaciones sustantiva y adjetiva por lo que la primera contiene los delitos y sanciones por su comisión y el segundo la tramitación, por lo que no existe vulneración alguna del artículo 133 constitucional en contra del quejoso. En relación a la tesis cuyo número de registro proporciona resulta que se invocó en apoyo de la resolución combatida pero los argumentos que expone ya fueron considerados en esta resolución, además que la misma hace referencia a aspectos relacionados con una oposición fundada de la víctima y se le invocó en apoyo a los razonamientos de la sala que fueron expuestos al emitir su fallo. Por lo expuesto es que adversamente a como lo señala el quejoso, la autoridad responsable al dictar la determinación que constituye el acto reclamado no violó en su perjuicio los derechos de seguridad jurídica, debido proceso, impartición de justicia e igualdad procesal. Consecuentemente, al no resultar transgresor de derechos humanos el acto reclamado y, sin que se advierta motivo para suplir la queja deficiente, acorde a lo dispuesto por el artículo 79 fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo; se niega el amparo y la protección de la Justicia Federal a *****, contra el acto reclamado consistente en la resolución del veintinueve de octubre del presente año, dictada en la carpeta de apelación *****, por la Magistrada de la Sala Penal Unitaria del Sistema Penal Acusatorio, con jurisdicción y competencia en los Distritos Judiciales de Mina y Cuauhtémoc, con residencia en Coyuca de Catalán. Al haberse negado el amparo y protección de la Justicia Federal respecto de los actos reclamados a la autoridad ordenadora, igual pronunciamiento debe hacerse con relación a los actos atribuidos a la ejecutora Juez de Control adscrita al Juzgado de Control y Enjuiciamiento Penal del Estado, con Jurisdicción y Competencia en Mina y Cuauhtémoc. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 105, consultable en el Apéndice al Semanario judicial de la Federación 1917-1995, tomo VI, Materia Común, página 68 de rubro siguiente: "AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGACIÓN DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS". Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: Único. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a *****, contra el acto que reclamó a la Magistrada de la Sala Penal Unitaria del Sistema Penal Acusatorio, con jurisdicción y competencia en los Distritos Judiciales de Mina y Cuauhtémoc, con residencia en Coyuca de Catalán y otra autoridad, por los motivos precisados en el último considerando de este fallo. Notifíquese por lista electrónica. Así lo resolvió y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, en unión de Carlos René Hernández Maza, Secretario quien da fe. Doy fe.
- Principal
Iguala de la Independencia, Guerrero, veintidós de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, se advierte que está prevista para hoy la celebración de la audiencia constitucional y se encuentra transcurriendo el plazo que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, a efecto de que las partes se impongan del contenido del informe justificado rendido por la Magistrada de la Sala Penal Unitaria del Sistema Penal Acusatorio, con jurisdicción y competencia en los Distritos Judiciales de Mina y Cuauhtémoc, y residencia en Coyuca de Catalán, Guerrero. Por tanto a fin de dar oportunidad a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia de ley y se señalan para su verificativo las diez horas del treinta de diciembre de dos mil veintiuno. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, en unión de Wendali Montserrat Navarro Ramírez, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron este acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.
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