Aurelia Narmi Luján Jacinto y Otros.

Expediente 453/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
453/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
08/11/2019

Partes del expediente

  • Aurelia Narmi Luján Jacinto y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a los autos el oficio 25815/2019, signado por Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, mediante el cual informa que acepta la competencia declinada por este juzgado. En ese sentido, como no existen constancias pendientes de agregarse al presente expediente, con fundamento en los artículos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero, fracción I, y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese este cuaderno de antecedentes como definitivamente Concluido, previas las anotaciones en ,el libro de gobierno. Ahora, toda vez que en el Presente cuaderno de antecedentes no existen documentos originales exhibidos por las partes, y el mismo carece de relevancia documental e histórica, con fundamento en la fracción I, del punto vigésimo, del Acuerdo General 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia digitalización, depuración, y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurra el plazo de seis meses como se indica en dicho punto. Háganse, las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en la carátula dé este expediente.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el oficio con terminación 0274/2019, signado por la Jefa de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en San Bartolo Coyotepec, mediante el cual acusa recibo del oficio 051 de veinticinco de octubre de dos mil diecinueve, deducido del presente juicio de amparo; de lo que se toma nota para los efectos legales procedentes.

  3. Principal

    Vista la demanda de amparo que promueven Luján Jacinto Aurelia Narmi, Jacinto Rodríguez Elsa, Ramírez Arguelles Damián, Luján Díaz Tomasa y Luján Díaz Eleazar Felipe, contra actos del Ayuntamiento Constitucional de Pluma Hidalgo, Oaxaca y de otras autoridades; en consecuencia, regístrese en el libro de gobierno respectivo y fórmese el expediente de amparo con el número 453/2019, que le corresponde. Ahora, atendiendo a lo establecido en el artículo 3°, párrafos quinto y séptimo de la Ley de Amparo, y cumpliendo con el Acuerdo General Conjunto 1/2015, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, específicamente a lo previsto en sus artículos 90 y 92, se ordena la creación del expediente electrónico y la digitalización de las promociones, documentos, autos y resoluciones, para su debida integración. En el entendido que se instruye al Secretario (a) de Juzgado, al oficial administrativo, al actuario judicial y demás encargados de la digitalización de constancias, que llevan el trámite de este expediente, a supervisar y realizar la captura electrónica de los acuerdos y las resoluciones emitidas en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, documentos, diligencias y notificaciones que obren en el mismo. Cabe destacar que, no formarán parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 92, del acuerdo mencionado, el cual es del tenor siguiente: "Artículo 92. No formarán parte del expediente electrónico y, por ende, no deberán digitalizarse, las copias de traslado, las hojas en blanco, folders, micas o cualquier tipo de material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos, así como las copias presentadas como anexos por las partes, de los que se advierta que corresponden a actuaciones del propio Juzgado de Distrito o Tribunal de Circuito que evidentemente ya forman parte de los autos y los documentos anexos a los informes justificados que no resulten necesarios para sustentar una determinación judicial". Lo anterior, a fin de que tanto el expediente impreso como el electrónico coincidan y, una vez concluido el asunto, se realice la certificación correspondiente. Previo a la admisión de la demanda de amparo, por ser la competencia presupuesto procesal de orden público, previamente, se debe considerar, si en el caso, la demanda de amparo interpuesta por Luján Jacinto Aurelia Narmi, Jacinto Rodríguez Elsa, Ramírez Arguelles Damián, Luján Díaz Tomasa y Luján Díaz Eleazar Felipe, da motivo para que este órgano de control constitucional se avoque a su conocimiento, a fin de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, ya que de no hacerlo así, es inconcuso que se violarían las reglas fundamentales que norman al juicio de amparo. Lo anterior, con apoyo en la tesis número 1a. II/92, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, Mayo de 1992, visible en la foja 94, correspondiente a la Octava Época, sustentada por la anterior Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "COMPETENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ANALIZAR DE MANERA INTEGRAL EL CONTEXTO DE LA DEMANDA DE AMPARO, ASI COMO DE LOS DEMAS ELEMENTOS QUE SE ALLEGUEN A LA MISMA, PARA FIJAR SU. En materia de amparo, la competencia se finca primordialmente en tres factores: el territorio, la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado y la índole especial de la autoridad responsable. Así, para establecer su competencia el juez de Distrito no sólo debe atender al planteamiento hecho en la demanda de garantías, sino que es menester analizarla de manera integral como los demás elementos que se alleguen a la misma para desprender los datos que, razonablemente hagan posible conocer la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento del asunto. Ahora bien, una vez que el juzgador federal ante quien se promueve una demanda de garantías ha arribado a la conclusión de que no es competente para conocer de ella por cualquiera de las causas señaladas, es su obligación proveer en lo conducente de acuerdo con lo que la Ley de Amparo señala para ese efecto." Así las cosas, los artículos 37 párrafo primero, 38, párrafo primero y 48 párrafo primero, de la Ley de Amparo, establecen: Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." "Artículo 38. Es competente para conocer del juicio de amparo indirecto que se promueva contra los actos de un juez de distrito, otro del mismo distrito y especialización en su caso y, si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca." "Artículo 48 (párrafo primero). Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales." Conforme a las reglas de competencia establecidas en el artículo 37 de la Ley de Amparo, será competente para conocer de un juicio de amparo, el Juez de Distrito en cuya jurisdicción trate de ejecutarse el acto reclamado. En ese contexto, del análisis integral de la demanda de garantías, se advierte que las autoridades llamadas a juicio residen en el Municipio de Pluma Hidalgo, Oaxaca, lugar que conforme al Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en su punto cuarto, fracción XIII, párrafos primero y segundo, no se encuentra dentro del ámbito de competencia territorial de este Juzgado de Distrito, toda vez que únicamente señala. "XIII.- DECIMOTERCER CIRCUITO: Los juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en la ciudad del mismo nombre, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa, excepto en el distrito judicial en el que ejercen jurisdicción territorial los juzgados de Distrito con residencia en Salina Cruz." Los juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Asunción Ixtaltepec, Ciudad Ixtepec, Chahuites, El Barrio de la Soledad, El Espinal, Guevea de Humboldt, Juchitán de Zaragoza, Magdalena Tequisistlán, Magdalena Tlacotepec, Matías Romero, Reforma de Pineda, Salina Cruz, San Blas Atempa, San Dionisio del Mar, San Francisco del Mar, San Francisco Ixhuatán, San Juan Guichicovi, San Mateo del Mar, San Miguel Chimalapa, San Miguel del Puerto, San Miguel Tenango, San Pedro Comitancillo, San Pedro Huamelula, San Pedro Huilotepec, San Pedro Mixtepec (Distrito 22), San Pedro Pochutla, San Pedro Tapanatepec, Santa María Colotepec, Santa María Chimalapa, Santa María/; Guienagati, Santa María Huatulco, Santa María Jalapa del Marqués, Santa María Mixtequilla, Santa María Petapa, Santa María Tonameca, Santa María Totolapilla, Santa María Xadani, Santiago Astata, Santiago Lachiguirí, Santiago Laollaga, Santiago Niltepec, Santo Domingo Chihuitán, Santo Domingo Ingenio, Santo Domingo Petapa, Santo Domingo Tehuantepec, Santo Domingo Zanatepec y Unión Hidalgo." Por lo que este tribunal de amparo, estima que carece de competencia legal para conocer del asunto, ya que es evidente, que la ejecución de los actos reclamados, tendrá lugar en el Municipio de Pluma Hidalgo, Oaxaca, en virtud que como se advierte de la demanda de amparo, los quejosos manifestaron bajo protesta de decir verdad, en el apartado de antecedentes lo siguiente: "Somos originarios y vecinos del Municipio de Pluma Hidalgo, Oaxaca, tal y como lo acreditamos con la copia de nuestra credencial de elector. siendo este el motivo por el cual resentimos directamente las acciones que realiza el H. Ayuntamiento y el Presidente Municipal ambos del Municipio de Pluma Hidalgo, Oaxaca, máxime cuando se trata de acciones que afectan el medio ambiente en específico los Ríos Eureka y(sic) Hierba Buena, los cuales tienen su cauce en el territorio de nuestro municipio, puesto que nuestra comunidad está cerca de dichos ríos y nos beneficiamos de ellos, no solo como personas físicas, sino toda la comunidad. Con fecha veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, nos percatamos que se estaba haciendo el corte y escarbando parte de una de las calles de nuestra comunidad, observando que dichos cortes de pavimento provenían de una olla de drenaje que se encontraba sobre la misma calle y que pertenece a la obra de drenaje que está haciendo por parte del Municipio. Así, se establece que el acto que reclama la parte quejosa, se concretará dentro de la jurisdicción de las autoridades señaladas como responsables y quienes se encuentran fuera de la jurisdicción de este Juzgado. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia 53/2013, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 2004166, del tenor siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE. Del artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se advierte que la competencia para conocer de un juicio se surte a favor de los jueces de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de donde se sigue la preeminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo, pues el quejoso puede tener mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes y el juez de distrito lograr recabarlas con la eficacia debida. Ahora bien, si una orden de detención o aprehensión requiere de ejecución material, el juez competente para conocer de dicho acto es aquel que tiene jurisdicción donde se trata de ejecutar, lo cual puede ocurrir en cualquier lugar donde pueda localizarse a la persona contra la que se dirige la orden, por ejemplo, su propio domicilio. De ahí que, si en la demanda de amparo el quejoso asegura, bajo protesta de decir verdad, que en su domicilio se presentaron autoridades con la finalidad de ejecutar el acto reclamado, lugar que corresponde a la circunscripción territorial del juez de distrito ante quien se promueve la demanda, resulta inconcuso que, aun cuando aquél no realice el señalamiento expreso de que las autoridades ejecutoras tienen residencia en ese sitio, esto no implica que tal juzgador carezca de competencia para conocer del asunto, siempre que el quejoso, previa prevención hecha por el referido juzgador, aclare su demanda y haga el señalamiento condigno; prevención que es necesaria, ya que la regla también atañe a que se señalen autoridades ejecutoras en el domicilio para la competencia del juez, de lo contrario el solo domicilio es insuficiente para justificar su competencia. Lo anterior, en la inteligencia de que la conclusión apuntada no prejuzga sobre la competencia que pudiera corresponderle a diverso juzgador de amparo, si el impetrante no señala autoridades responsables con residencia en la jurisdicción del órgano ante quien promovió inicialmente o, a pesar de haberlo hecho, al desahogarse totalmente la audiencia constitucional, se obtenga que las autoridades responsables ejecutoras negaron el acto y el quejoso no desvirtuó dicha negativa. Esto es, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no modifica su criterio en el sentido de que el domicilio del quejoso no determina la competencia del juez de distrito, pues adoptar una postura contraria equivaldría a dejar al arbitrio del agraviado la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover, lo que aquí se pretende significar, es que las directrices para establecer la competencia del órgano jurisdiccional de amparo pueden apreciarse de una determinada manera en el momento de la presentación de la demanda, porque en ese instante procesal todavía no se realiza un pronunciamiento respecto de la certeza de los actos reclamados, o su vinculación con las autoridades señaladas como responsables". Así las cosas, ante la notoria incompetencia legal de este tribunal, para conocer de la demanda de garantías de que se trata; con apoyo en las reglas de competencia que prevén los artículos 37 y 48, párrafo primero, de la Ley de Amparo, este Juzgado declara carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo que promueven Luján Jacinto Aurelia Narmi, Jacinto Rodríguez Elsa, Ramírez Arguelles Damián, Luján Díaz Tomasa y Luján Díaz Eleazar Felipe, contra actos del Ayuntamiento Constitucional de Pluma Hidalgo, Oaxaca y de otras autoridades, y estima que la competencia se surte a favor del Juez de Distrito en el Estado de Oaxaca, en turno, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a quien desde luego se ordena remitir el original de la demanda de amparo de que se trata así como los anexos, para que proceda conforme a sus facultades legales, previa copia certificada que de la misma se deje en el presente expediente, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, y sea turnada al Juez de Distrito que corresponda, solicitándole el acuse de recibo respectivo. Sin que pase desapercibido para esta juzgadora, la circunstancia de que el Municipio de Pluma Hidalgo, Oaxaca, pertenece al distrito judicial de San Pedro Pochutla, Oaxaca, municipio que ejerce jurisdicción territorial este juzgado; empero, el citado Acuerdo General 3/3013, es claro y preciso en especificar que los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia actual en San Bartolo Coyotepec, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa, excepto en el distrito judicial en el que ejercen jurisdicción territorial los Juzgados de Distrito con residencia en Salina Cruz; que los juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los Municipios entre los cuales se encuentra San Pedro Pochutla, Oaxaca; empero, los actos reclamados no se están ejecutando en el Municipio de San Pedro Pochutla, Oaxaca, sino en un municipio diverso que es Pluma Hidalgo, Oaxaca. Que es de conocimiento general, que los Juzgados del Fuero Común del Estado de Oaxaca, conforme a sus reglamentos expedidos por el Consejo de la Judicatura del Estado, y su Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, especialmente los artículos 34 y 35 , regulan su ámbito de competencia territorial, pues tienen establecido diversos distritos judiciales, en distintos municipios del Estado de Oaxaca, para su mejor organización; sin embargo, dichos reglamentos y Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, no es aplicable para definir competencia territorial, tratándose de Juzgados Federales; dado que éstos se regulan conforme al Acuerdo General 13/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Por consiguiente, con fundamento en los artículos 37, párrafo tercero, y 48 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional declara carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo de mérito. Como los quejosos señalan los estrados de este Juzgado para recibir notificaciones, y el artículo 29 de la Ley de Amparo, regula las notificaciones por lista que se publican en los estrados del Juzgado; por consiguiente, como lo piden, las notificaciones que le correspondan en el presente asunto, aún las de carácter personal, hágansele mediante lista de acuerdos. Asimismo, téngaseles por autorizados para oír y recibir notificaciones a las personas que para tal efecto mencionan. Con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, atendiendo la petición de la parte quejosa, se tiene como su representante común a LUJÁN DÍAZ ELEAZAR FELIPE, lo anterior, sin perjuicio que a petición de los quejosos sea substituida por otro. Finalmente, hágase saber a las partes que la sentencia ejecutoria y demás resoluciones públicas que se dicten en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, de acuerdo al procedimiento de acceso a la información y tomando en cuenta lo previsto en el artículo 8, primer párrafo, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que establece criterios, procedimientos y órganos para garantizar el acceso a la información en posesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Consejo de la Judicatura Federal, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, que dice: "Si las partes ejercen en cualquier instancia seguida ante la Suprema Corte, el Consejo o los órganos jurisdiccionales el derecho que les confiere el artículo 8 de la Ley para oponerse a la publicación de sus datos personales, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos, tomando en cuenta, si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en la fracción IV del artículo 13 de la Ley; de ser así, a la versión pública de la sentencia ejecutoria, de las demás resoluciones públicas y, en su caso, de los documentos contenidos en el expediente que no sean reservados o confidenciales, se suprimirán los datos personales de las partes, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el respectivo órgano jurisdiccional."; por tanto, las partes pueden ejercer en cualquier instancia seguida ante la Suprema Corte, el Consejo o los órganos jurisdiccionales, el derecho que les confiere el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para oponerse a que se publiquen sus datos personales, cuando se presente solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, para que sea tomado en consideración por la Unidad Administrativa que lo tenga bajo su resguardo, y en su caso, determine si tal oposición puede o no surtir efectos. En la inteligencia que, aún cuando las partes no ejerzan la oposición a que se refiere el artículo 8° para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para que se hagan públicas las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que éstas puedan contener, procurando que dicha supresión de datos no impida dar a conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca · 4,618 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano