Augusto Alvarado Hernández

Expediente 156/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
156/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
15/05/2018

Partes del expediente

  • Augusto Alvarado Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la primera certificación secretarial de cuenta, y dado que la parte quejosa no impugnó el proveído de veintiséis de abril de dos mil dieciocho (fojas 43-46), mediante el cual se desechó de plano la demanda de amparo, dentro del plazo que para tal efecto establece el artículo 98 de la Ley de Amparo en vigor; con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que dicho auto queda firme para los efectos legales consiguientes. Como no existen constancias pendientes de agregarse al presente expediente, con fundamento en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, archívese este expediente como definitivamente concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno. Por otra parte, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé el artículo vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo general citado; asimismo, se destaca que en el presente expediente no existen documentos ofrecidos por la parte quejosa, considerados como originales por el punto segundo, fracción XVIII, del referido Acuerdo General Conjuntos 1/2009, esto es, que contengan un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro; por consiguiente, transcurridos más de cinco años a partir de la fecha de que se dicta este acuerdo, es susceptible de destrucción, por encuadrar en el supuesto previsto en el artículo vigésimo primero, fracción I, del Capítulo V, del citado Acuerdo General 1/2009. Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el escrito del quejoso Augusto Alvarado Hernández, mediante el cual cumple con el requerimiento formulado en proveído de diecisiete de abril de dos mil dieciocho (fojas 39-40). Ahora, antes de admitir la demanda de amparo, es menester verificar que no exista motivo manifiesto e indudable de improcedencia, como lo dispone el artículo 113 de la Ley de Amparo. En la especie, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama los proveídos de doce y quince de marzo de dos mil dieciocho, dictados en el juicio ejecutivo mercantil 246/2017, del índice del Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Juchitán, Oaxaca, por los que, el citado juez ordenó girar oficio al delegado de la Policía Vial Estatal, con sede en Ciudad Ixtepec, Oaxaca, para que realice la liberación del vehículo de motor marca Chevrolet, color Blanco, Chevrolet Aveo, con número de placas de circulación TLE-1600, del estado de Oaxaca, con número de serie 3G1TA5AF6DL182959, por diferir este último número de serie con el que corresponde al vehículo embargado el catorce de noviembre de dos mil diecisiete, por la actuaria adscrita a dicho juzgado, en el juicio ejecutivo mercantil de que se trata, y con el segundo auto, la autoridad responsable especifica el nombre de la persona a quien debe entregársele dicho vehículo. Así, para determinar si el juicio de amparo es procedente o no, hay que acudir a lo dispuesto en los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 107, fracción V, y 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, los cuales en su orden disponen: .. Los primeros preceptos transcritos, interpretados en sentido contrario, conducen a sostener que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos en el juicio cuyos efectos no sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Aunado a lo anterior, cabe señalar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 37/2014 , sostuvo que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte", que con esa aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Asimismo, el mencionado Tribunal Pleno estableció que esa interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. En ese orden se concluye que los actos de imposible reparación son aquellos que afectan derechos sustantivos, como la libertad, la posesión jurídica, la propiedad, etcétera, tutelados por los derechos humanos, imposible de restituir incluso ni en el caso de que el interesado obtenga sentencia favorable en el procedimiento jurisdiccional de que se trate. En ese sentido, teniendo en cuenta esas directrices, no debe perderse de vista que contra las violaciones cometidas en un procedimiento, por regla general, es procedente el amparo directo, siempre y cuando aquéllas afecten las defensas de la parte quejosa, trascendiendo al resultado del fallo y, como excepción, se reitera, procede el amparo indirecto, por lo que cuando los actos en el juicio no sean de imposible reparación, no puede sostenerse que afecten de manera irremediable algún derecho sustantivo, sino que tan sólo hacen surgir la posibilidad de que ello ocurra al momento de resolverse la controversia, en la medida en que influyan o sean tomados en cuenta para que el resultado del fallo sea adverso a los intereses de la parte afectada. Con esas bases, como se anticipó, en la especie, se actualiza la causa de improcedencia antes referida, dado que la parte quejosa señala como acto reclamado, lo siguiente:.. De la transcripción anterior y de la lectura integral de la demanda, se advierte que el acto reclamado consistente en los proveídos de doce y quince de marzo de dos mil dieciocho, dictados en el juicio ejecutivo mercantil 246/2017, del índice del Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Juchitán, Oaxaca, por los que, el citado juez ordenó girar oficio al delegado de la Policía Vial Estatal, con sede en Ciudad Ixtepec, Oaxaca, para que realice la liberación del vehículo de motor marca Chevrolet, color Blanco, Chevrolet Aveo, con número de placas de circulación TLE-1600, del estado de Oaxaca, con número de serie 3G1TA5AF6DL182959, por diferir este último número de serie con el que corresponde al vehículo embargado el catorce de noviembre de dos mil diecisiete, por la actuaria adscrita a dicho juzgado, en el juicio ejecutivo mercantil de que se trata, y con el segundo auto, la autoridad responsable especifica el nombre de la persona a quien debe entregársele dicho vehículo; determinaciones que no producen un perjuicio de imposible reparación a la parte quejosa para los efectos del juicio de amparo, sino que, en su caso, sólo constituyen una violación intraprocesal que afecta sus derechos adjetivos que, por ahora, no es posible determinar si trascenderá al resultado del fallo definitivo que llegare a dictar el juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Juchitán, Oaxaca, en el juicio ejecutivo mercantil 246/2017, pues ello dependerá del sentido favorable o desfavorable de este. En efecto, es evidente que el acto que se pretende combatir en esta instancia constitucional sólo produce efectos meramente intraprocesales, mas no causan un perjuicio ni afectación directa e inmediata a los derechos sustantivos (como la vida, la libertad, la integridad personal, la libertad de tránsito, la propiedad o la posesión) de la parte inconforme; por tanto, no se encuentra en alguna de las hipótesis a que se contrae el artículo 107, fracción III, inciso b), Constitucional en relación con el diverso numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al no causar un daño de imposible reparación a la parte quejosa en atención al concepto de irreparabilidad que ha quedado expuesto, pues la sentencia que se emita en los autos del juicio natural, incluso le puede resultar favorable en ese sentido y aun en el caso de serle adversa, puede inconformarse contra dicha resolución a través de los medios de impugnación que la ley le otorga. Los criterios invocados, resultan aplicables al caso en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece, dado que no se opone a ésta . Consecuentemente, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, por lo que en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, por notoriamente improcedente SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de que se trata.

  3. Principal

    Agréguese a los autos el escrito de AUGUSTO ALVARADO HERNÁNDEZ, contra actos del juez Primero de lo Civil de Juchitán, Oaxaca, y otra autoridad; en consecuencia, fórmese y regístrese el expediente con el número 156/2018, que le corresponde. Ahora bien, como se advierten omisiones en la demanda de amparo de que se trata, a fin de proveer lo que conforme a derecho proceda respecto de su admisión, con fundamento en los artículos 114, fracción II, en relación con el 108, fracción V, 110, primer párrafo, de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa para que dentro del plazo de cinco días, por escrito que formará parte integrante de su demanda de amparo, bajo protesta de decir verdad, con el número de copias suficientes, una para cada una de las autoridades que señala como responsables, una para el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado, una para cada uno de los terceros interesados que señala, y dos más para el incidente de suspensión respectivo, aclare su demanda en los siguientes términos: 1. Señale cuándo tuvo conocimiento de cada uno de los actos reclamados; lo anterior, a efecto de que esta autoridad se encuentre en posibilidad de acordar lo procedente respecto a la demanda que promueve. Apercíbase a la parte quejosa que de no cumplir con el requerimiento que en este auto se le formula, o de no exhibir las copias requeridas de su escrito aclaratorio, dentro del plazo que se le ha concedido, se tendrá por no presentada su demanda de amparo, de conformidad con lo establecido en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo vigente. Criterio jurisprudencial aplicable al caso, conforme a lo estipulado en el artículo SEXTO Transitorio de la Ley de Amparo vigente, en lo que no se oponga a la misma. Como el quejoso señala los estrados de este juzgado, como domicilio para oír y recibir notificaciones, y los artículos 26, fracción III, y 29, de la Ley de Amparo, regulan las notificaciones por lista que se publican en este juzgado; por consiguiente, por ser esa la voluntad del quejoso y estar ajustada a derecho, como lo pide, las notificaciones que le correspondan en este asunto, aún las de carácter personal, hágansele mediante lista de acuerdos. Asimismo, se tienen por autorizados únicamente para recibir notificaciones e imponerse de autos a las personas que menciona, toda vez que en esos términos los autoriza.

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