Audrey Correa Ponce
Expediente 285/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 17 actuaciones registradas, la última del 19 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 285/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 19/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Audrey Correa Ponce
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Morelia, Michoacán, diecinueve de julio de dos mil veintitrés. SE DECLARA QUE LA SENTENCIA DE AMPARO HA CAUSADO EJECUTORIA Visto el estado procesal que guardan los autos de los que se advierte, se obtiene que a la fecha ha fenecido el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de veinticinco de mayo del año en curso, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la quejosa ********************; en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO Cabe precisar que la concesión del amparo fue para el efecto siguiente: " 1.Deje insubsistente el auto de veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, dictado en el juicio especial oral familiar ********************; y, 2.En su lugar, dicte otro en el que siguiendo los lineamientos expuestos en esta sentencia, establezca las medidas necesarias para el desahogo de la valoración psicológica, tales como instruir a la psicóloga respectiva para que grabe la sesión con los menores, con los medios a su alcance, lo anterior tomando en consideración la guía de preparación establecida en el Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a niños, niñas y adolescentes expedido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, privilegiando su interés superior. REQUERIMIENTO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Requiérase a la autoridad responsable, para que en términos del artículo 192, párrafo segundo de la Ley de Amparo, dentro del término de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente auto, informe sobre el cumplimiento dado al fallo protector, remitiendo copia certificada que acredite tal cumplimiento. APERCIBIMIENTO Se apercibe a dicha autoridad que de no cumplir con lo anterior en el plazo señalado, se le impondrá multa equivalente de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir el día siguiente, en relación con los artículos 238 y 260, fracción II de la ley de la materia; y si aun así son omisas, se dará inicio al procedimiento previsto en el diverso ordinal 193 de la ley en aplicación. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Esperanza Fuentes Reyes, secretaria que autoriza. Doy fe.
- Principal
. V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo número II-285/2023, promovido por Audrey Correa Ponce, por su propio derecho y en representación de sus menores hijos de iniciales L.A.C y L.A.C., contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de Maravatío, Michoacán; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado el ocho de marzo de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, y remitido por arzón de turno en esa fecha a este Juzgado Tercero de Distrito del Estado de Michoacán, Audrey Correa Ponce, por su propio derecho y en representación de sus menores hijos de iniciales L.A.C y L.A.C., promovió demanda de amparo indirecto contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de Maravatío, Michoacán. SEGUNDO. DERECHOS HUMANOS QUE SE ESTIMAN VIOLADOS. En la propia demanda de amparo, la parte quejosa precisó como violados en su perjuicio los derechos humanos protegidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. Previa aclaración del escrito inicial de demanda, por auto de treinta de marzo de dos mil veintitrés, se admitió la demanda de garantías registrada bajo el número II-285/2023; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se emplazó a la parte tercero interesada; al estar involucrados los derechos de menores de edad se designó representante especial; se dio la intervención que legalmente le compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; finalmente, tuvo verificativo la audiencia constitucional en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. LEY DE AMPARO APLICABLE. Es necesario precisar que la resolución que se dicte dentro del presente asunto, se hará aplicando la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente (artículo Primero Transitorio), toda vez que la demanda de garantías fue presentada con posterioridad a su entrada en vigor. No obstante, cabe precisar que para resolver el presente juicio es factible invocar criterios de jurisprudencia que hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues su contenido no se opone a lo que la ley de la materia dispone en cuanto al tema de las mismas, ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece. SEGUNDO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en la ciudad de Morelia, es legalmente competente por materia, grado y territorio para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción III, de la Constitución General de la República, en relación con el 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo; 48, en relación con el 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en términos del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito. Ello por tratarse de una demanda de amparo promovida contra actos de naturaleza familiar provenientes de autoridad judicial residente en la circunscripción territorial donde ejerce jurisdicción y competencia mixta este juzgado. TERCERO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que prevé que las sentencias que se dicten en los juicios de garantías, deben contener ".La fijación clara y precisa del acto reclamado;."; es necesario precisar los actos reclamados que se desprenden del estudio y análisis en conjunto de la demanda de garantías y de las constancias que integran el presente sumario. Siendo así que del análisis integral de la demanda de amparo, se aprecia que la parte quejosa reclama del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de Maravatío, Michoacán, lo siguiente: El auto de veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, dictado en el juicio especial oral familiar 45/2021, mediante el cual se determinó que no había lugar a autorizar la grabación de la sesión en la que se pretende realizar la valoración psicológica de los menores involucrados. CUARTO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Contra lo referido por el Ministerio Público de la federación adscrito a este juzgado en su pedimento, del contenido del informe justificado rendido por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de Maravatío, Michoacán, se advierte que acepta la existencia del acto reclamado, a cuyo efecto remitió copia certificada de las constancias relativas al juicio de origen. Documental a la que se concede pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo estatuye su numeral 2º, por tratarse, en la especie, de copia certificada de actuaciones llevadas a cabo por funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones, los cuales, con arreglo a la ley, gozan de fe pública. QUINTO. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. No se transcribirán los conceptos de violación, por las razones que así lo informa la jurisprudencia 2ª./J58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." SEXTO. ESTUDIO DE FONDO. Los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa resultan fundados. En este punto es preciso señalar que de conformidad con el artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo, opera la suplencia de la queja deficiente, ya que en el caso materia del presente asunto acuden como quejosos y se encuentran en disputa los intereses de menores de edad, por lo que quien suscribe considera que se afecta el orden y desarrollo de la familia. Además, atendiendo a que existe jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone la obligación de los jueces y magistrados de suplir en forma total la queja deficiente cuando esté de por medio, directa o indirectamente, la afectación de un menor de edad o de un incapaz, sin que para ello sea determinante la naturaleza de los derechos de familiares que estén en controversia o el carácter de quién o quiénes promuevan el juicio de amparo. Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación reiteradamente ha destacado la importancia de tomar en cuenta el interés superior del niño, que implica, entre otras cosas, considerar aspectos relativos a garantizar y proteger su desarrollo y el ejercicio pleno de sus derechos, como criterios rectores para la elaboración de normas y su aplicación en todos los órdenes relativos a la vida del niño, de conformidad con lo establecido en el texto constitucional y la Convención sobre los Derechos del Niño. Lo anterior quiere decir que, con independencia de quién comparezca a solicitar la protección constitucional, tratándose de controversias susceptibles de afectar a la familia y en especial a menores e incapaces, constituye obligación de los juzgadores de amparo, velar y garantizar en todo momento la protección más amplia, a fin de proteger dichos intereses. En efecto, tratándose de menores, el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone la obligación del Estado Mexicano de garantizar la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo. Incluso, a nivel internacional, la Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo 3º, establece al respecto lo siguiente: "Artículo 3. 1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. 2. Los Estados partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas. 3. Los Estados partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión adecuada". Sustenta lo antes considerado, la jurisprudencia 25/2012 de la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, cuyo rubro y texto son: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONCEPTO. En términos de los artículos 4o., párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por México y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991; y 3, 4, 6 y 7 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, los tribunales, en todas las medidas que tomen relacionadas con los menores, deben atender primordialmente al interés superior del niño; concepto que interpretó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (cuya competencia contenciosa aceptó el Estado Mexicano el 16 de diciembre de 1998) de la siguiente manera: "la expresión 'interés superior del niño' ... implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño". Por ello, aunque a esta instancia comparece a solicitar el amparo Audrey Correa Ponce, madre de los menores involucrados, contra el auto de veintitrés de febrero de dos mil veintitrés; por las razones asentadas anteriormente, este juzgador emprenderá el estudio de las actuaciones desplegadas por la autoridad responsable, de conformidad con el artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo. Apoya lo expuesto la jurisprudencia 1a./J. 191/2005 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Mayo de 2006, pág. 167, Novena Época, registro 175053: "MENORES DE EDAD O INCAPACES. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN TODA SU AMPLITUD, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE. La suplencia de la queja es una institución cuya observancia deben respetar los Jueces y Magistrados Federales; suplencia que debe ser total, es decir, no se limita a una sola instancia, ni a conceptos de violación y agravios, pues el alcance de la misma comprende desde el escrito inicial de demanda de garantías, hasta el periodo de ejecución de la sentencia en caso de concederse el amparo. Dicha suplencia opera invariablemente cuando esté de por medio, directa o indirectamente, la afectación de la esfera jurídica de un menor de edad o de un incapaz, sin que para ello sea determinante la naturaleza de los derechos familiares que estén en controversia o el carácter de quien o quiénes promuevan el juicio de amparo o, en su caso, el recurso de revisión, ello atendiendo a la circunstancia de que el interés jurídico en las controversias susceptibles de afectar a la familia y en especial a menores e incapaces, no corresponde exclusivamente a los padres, sino a la sociedad, quien tiene interés en que la situación de los hijos quede definida para asegurar la protección del interés superior del menor de edad o del incapaz. Se afirma lo anterior, considerando la teleología de las normas referidas a la suplencia de la queja, a los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como a los compromisos internacionales suscritos por el Estado mexicano, que buscan proteger en toda su amplitud los intereses de menores de edad e incapaces, aplicando siempre en su beneficio la suplencia de la deficiencia de la queja, la que debe operar desde la demanda (el escrito) hasta la ejecución de sentencia, incluyendo omisiones en la demanda, insuficiencia de conceptos de violación y de agravios, recabación oficiosa de pruebas, esto es, en todos los actos que integran el desarrollo del juicio, para con ello lograr el bienestar del menor de edad o del incapaz." Entonces, tratándose de menores de edad existe, en principio, la presunción legal de que lo más benéfico para su desarrollo físico-emocional y su estabilidad psicológica es la convivencia con sus familiares, por tanto, basados en el respeto a su dignidad, sin que puedan impedirse, sin justa causa, las relaciones personales entre el menor y sus ascendientes y que, conforme a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, como lo previenen los artículos 19, 22 y 23 tienen derecho a la identidad, certeza jurídica y familia, esto es, a vivir y crecer en el seno de una familia, conocer a sus progenitores y a mantener relaciones personales y contacto directo con ellos, aún en el caso de estar separados, salvo si ello es contrario a su interés superior. En el caso, es dable destacar que, la autoridad responsable, con la emisión del acto reclamado, transgrede el interés superior de los menores de identidad reservada. Como ya se precisó, es obligación del juez de origen velar por la convivencia de los menores con sus ascendientes, dicha decisión judicial tiene como base el interés del menor por encima de cualquier otro, y compete a los juzgadores de lo familiar tomar en cuenta dicho interés al momento de pronunciarse sobre cuestiones relativas a la guarda y custodia y al régimen de convivencia entre ascendientes y progenitores. Por tanto, es necesario que el menor sea escuchado para que exprese su libre opinión sobre con quién de sus padres quiere vivir, y si quiere convivir con el otro progenitor e, incluso, con sus ascendientes, según corresponda. Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se desprende que dentro del juicio especial oral familiar 45/2021, que sobre convivencia promueven los abuelos paternos de los menores, aquí terceros interesados, se advierten los siguientes antecedentes: Por auto de veintinueve de agosto de dos mil veintidós, se decretó la convivencia de los menores, aquí quejosos, con sus abuelos paternos, las cuales serían los días martes de cada quince días, en un horario de cuatro a cinco de la tarde, en las instalaciones del Sistema DIF de Contepec, Michoacán, supervisadas por los integrantes de dicha oficina (foja 91 y 92 de autos). Mediante oficio presentado el tres de noviembre de dos mil veintidós, la Directora del DIF Municipal de Contepec, Michoacán, transcribió el reporte de las convivencias emitido por la psicóloga asignada al caso, en el que destaca su "punto de vista" señalando, en esencia, que no existe alienación parental por parte de la madre de los menores, ya que ha manifestado disposición para las convivencias; que son los menores los que aducen constantemente que no quieren quedarse a solas con los abuelos y, por tanto, sugirió la suspensión de las convivencias al no ser algo saludable para los menores, destacando que están siendo emocionalmente dañados (foja 93 a 95 de autos). En mérito de ello, por auto de siete de noviembre de dos mil veintidós, se dio vista a los interesados para que manifestaran lo que a su interés conviniera (foja 97 de autos). Mediante auto de quince de noviembre de dos mil veintidós, el juez responsable ordenó la valoración psicológica de los menores, a fin de contar con mayores elementos que le permitieran tomar una decisión referente a la convivencia decretada, esto es, para determinar si la convivencia les ocasiona algún daño a los adolescentes y si es conveniente que continúe en los términos decretados. Ello en atención a que el juzgador advirtió que la psicóloga Nidia Ochoa Medina había emitido opiniones personales que no están avaladas por algún estudio psicológico, además de haber externado su opinión a favor de la madre de los menores y en contra de la abuela paterna, por lo que consideró que no puede generar una opinión imparcial (foja 137 de autos). Posteriormente, mediante escrito presentado el veinte de febrero de dos mil veintitrés, la apoderada de la parte quejosa solicitó al juez autorizara la grabación de audio de la sesión relativa a la valoración psicológica de los menores, a fin de que ellos se sintieran seguros y cómodos durante su desarrollo, además de que lo expresado por ellos fuera valorado por la psicóloga, petición que dijo fue externada por los menores (foja 117 y 118 de autos). Por auto de veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, el juez determinó: ".no ha lugar a autorizar que la valoración psicológica ordenada a los menores involucrados en este asunto se realice en los términos que solicita, esto es, grabar la sesión que se lleve a cabo con los menores, toda vez que la persona indicada para llevar a cabo dicha valoración es la profesionista en psicología, misma que de acuerdo a las herramientas propias de su profesión emitirá el dictamen correspondiente, ya que lo ordenado en autos, como se ha dicho, es una valoración psicológica de los menores, no así una confesión por parte de estos." (foja 119 de autos). Siendo dicha determinación la que constituye materia de reclamo en esta instancia constitucional. Ahora, de lo anterior se advierte que la autoridad responsable, al emitir el acuerdo reclamado, determinó que no había lugar a que la sesión en la que habría de realizarse la valoración psicológica de los menores fuera audiograbada, toda vez que sería la profesionista en psicología, quien de acuerdo a sus herramientas, habría de emitir el dictamen respectivo, además de señalar que se trata de una valoración, no así de una confesión por parte de los menores. Sin embargo, tanto en el proveído de quince de noviembre de dos mil veintidós (en el que se ordenó la valoración psicológica), como en el diverso de veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, el juez responsable omitió pronunciarse respecto a las providencias que habrían de tomarse para el desarrollo de la valoración psicológica, es decir, no refirió acerca de la pertinencia de audiograbar la sesión para aclarar los términos de lo que pretende conversar y valorar con los adolescentes; tampoco señaló la manera en que se asentará lo manifestado en la diligencia de mérito. Ello al margen de que se trate de una valoración psicológica en la que la experta deberá hacer uso de las herramientas propias de su profesión para emitir su dictamen, pues es importante destacar que en el presente asunto se han puesto en controversia los derechos fundamentales de los menores, en específico, el derecho a tener un desarrollo pleno dentro de un ambiente de bienestar familiar y social, así como a gozar de buena salud física y emocional. Bajo ese contexto, es relevante destacar que la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicó el Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a niñas, niños y adolescentes. En dicho protocolo, que sirve como criterio orientador, se reconoce a la infancia y adolescencia como un grupo diferente al de las personas adultas, dadas las características estructurales propias de la persona; ello porque los menores tienen características cognitivas y emocionales diferentes a las de los adultos y, en particular, entre cada uno de ellos, por lo cual se les debe otorgar un trato diferenciado. También destaca que al momento en que un menor participa en un procedimiento judicial, las diferencias estructurales se ponen en evidencia, pues el trato y lenguaje que se utiliza es ajeno al infantil, lo que les resulta intimidante. Ello demanda la adecuación del procedimiento a sus necesidades, mediante el desarrollo de acciones especiales para lograr que el niño, niña o adolescente comprenda el escenario en que participa, pueda expresarse libremente y quienes imparten justicia puedan comprender su expresión. Por ende, en ese documento se sistematizan las prácticas mínimas necesarias que garantizan los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, en particular aquellos relacionados con el acceso a la justicia, cuando éstos se encuentran involucrados un proceso judicial. Estas prácticas tienen como soporte diversos ordenamientos jurídicos que conforman el sistema legal interno e internacional; en especial, los sistemas Universal e Interamericano de Derechos Humanos constituidos por los diversos instrumentos internacionales que deben ser analizados como elementos compatibles entre sí. Apoya lo expuesto la tesis con registro 2006882, que dice: "PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA QUIENES IMPARTEN JUSTICIA EN CASOS QUE INVOLUCREN NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EMITIDO POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. NO ES VINCULANTE Y POR TANTO NO TIENE VALOR NORMATIVO PARA FUNDAR UNA DECISIÓN JURISDICCIONAL, PERO CONSTITUYE UNA HERRAMIENTA PARA QUIENES EJERCEN DICHA FUNCIÓN. Diversos organismos internacionales, como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, han emitido diversas directrices sobre la justicia en asuntos concernientes a niños, dirigidas especialmente a casos en los que los niños han sido víctimas o testigos de delitos, las cuales tienen por objeto reducir o evitar, en la medida de lo posible, la victimización secundaria. Algunas de esas recomendaciones han sido acogidas por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en el Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren Niñas, Niños y Adolescentes, señalando al respecto que sobre las pruebas periciales existen algunas directrices relacionadas con su registro, repetición y valoración que deben considerarse. Así, aunque ese protocolo no es vinculante y por tanto no tiene valor normativo para fundar una decisión jurisdiccional, sí constituye una herramienta para los juzgadores, pues a la luz de los compromisos adquiridos por el Estado Mexicano en materia de derechos humanos, que se refieren a niñas, niños y adolescentes, establece prácticas para el acceso a la justicia, fundadas en el respeto a los derechos de ese grupo vulnerable, lo cual es trascendente, pues no se puede negar que la forma de realizar las entrevistas al menor puede ser crucial para obtener una respuesta que sea más apegada a la realidad; que deben evitarse las preguntas cerradas y repetirse las preguntas lo menos posible, para impedir que se vicien las respuestas. Asimismo, en los casos en los que haya indicios de maltrato infantil, violencia familiar, incluso abuso sexual o conflictos emocionales derivados de divorcios conflictivos, los lineamientos citados persiguen una doble finalidad: a) obtener un testimonio de calidad y conocer con un mayor grado de certeza lo que piensa o siente el menor; y, b) evitar, en la medida de lo posible, revictimizarlo." En otro aspecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el interés superior de los menores debe preponderarse en cualquier decisión sobre su guarda y custodia, y sus necesidades de convivencia con sus familiares; esto es, el interés del menor constituye el límite y punto de referencia último. En el presente asunto, como se dijo se involucran derechos fundamentales de menores de edad, ya que el acto reclamado surgió en un procedimiento privilegiado de derecho de visita o convivencia, en el que se argumentan cuestiones relativas a la necesidad de satisfacer el derecho de los menores a tener un desarrollo físico, intelectual y emocionalmente estable. En concreto, se reclama el auto que dictó la responsable, por el que negó la posibilidad de que la sesión en la que habría de realizarse la valoración psicológica de los menores fuera audiograbada. Ahora bien, debe destacarse que el desahogo de cualquier entrevista de los menores, constituye un acto de imposible reparación que de afectarse en alguna forma, no sería susceptible de resarcir en sentencia, incluso siendo favorable a ellos, pues podría causarles un daño irremediable a su salud mental y emocional. Por ello, el máximo tribunal del país ha sostenido que la sola posibilidad de que se cause un perjuicio que no es posible repararse mediante la sentencia definitiva, aunque ésta garantice sus derechos de la mejor manera posible, produce una afectación imposible de repararse. Esto nos conduce a considerar que la valoración psicológica de los menores, en torno a cuestiones que afectan su normal desarrollo, es un acto de imposible reparación susceptible de reclamarse en amparo indirecto. Lo que supone la obligación del Estado para adoptar medidas reforzadas, ante la posibilidad de que en su desahogo se les cause un daño a su salud mental. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis siguiente: "PRUEBA PSICOLÓGICA A CARGO DE LOS MENORES. SU ADMISIÓN Y DESAHOGO CONSTITUYEN UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN Y, POR TANTO, EN SU CONTRA PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Debe hacerse extensivo el criterio sostenido por esta Primera Sala en la Contradicción de Tesis 130/2005, de la cual emanó la jurisprudencia de rubro: "PRUEBA TESTIMONIAL A CARGO DE LOS MENORES HIJOS EN EL JUICIO DE DIVORCIO NECESARIO DE SUS PADRES. SU ADMISIÓN Y DESAHOGO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN Y, POR TANTO, EN SU CONTRA PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.", a las sentencias de segunda instancia que ordenan la reposición del procedimiento para el efecto de que se admitan y desahoguen pruebas psicológicas a cargo de menores en juicios de guarda y custodia y patria potestad. En efecto, conforme a tal criterio el derecho a la salud mental de los niños es un derecho fundamental protegido por el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por la Convención sobre los Derechos del Niño, el cual debe ser interpretado de acuerdo al interés superior del niño que supone medidas de protección reforzadas a cargo del Estado. Lo anterior supone que cualquier acto dentro de juicio que pudiera afectar su salud mental debe considerarse como de imposible reparación, por lo que no es necesario que se acredite que las pruebas psicológicas ocasionarán una afectación a la salud mental de los menores para que se considere un acto de imposible reparación, sino que la sola posibilidad de causar un daño de esa naturaleza genera la procedencia del amparo por la vía indirecta. Ahora bien, el que se considere a las pruebas psicológicas un acto de imposible reparación, no quiere decir que estén proscritas sino que es posible controvertir su pertinencia a través del amparo indirecto." En este caso, aun cuando la autoridad responsable, al ordenar la valoración psicológica de los menores y, posteriormente, negarse a que la sesión relativa fuera audiograbada, señaló que la valoración se verificaría por una experta en psicología de acuerdo a las herramientas propias de su profesión, omitió pronunciarse respecto a las providencias que tomaría para el desarrollo de la entrevista, es decir, no refirió acerca de la pertinencia de que dicha sesión fuera audiograbada, para aclarar los términos de lo que pretende conversar con los menores, para que a éstos les resulte más sencillo de comprender y continuar la conversación; tampoco señaló la manera en que se asentará lo manifestado en la diligencia de mérito. Aunado a ello, omitió establecer las medidas a observar a fin de procurar el bienestar de los menores en su participación, asegurándose que su salud mental estaría protegida en todo momento, lo anterior de conformidad con el Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren a niñas, niños y adolescentes, emitido por nuestro alto tribunal de la Nación. En ese contexto, la responsable debía garantizar la protección más amplia en favor de los menores, es decir, adoptar las medidas correspondientes a fin de garantizar su integridad física y psicológica, ya que precisamente por ser menores de edad, es preponderante que exista su voluntad en su participación, la cual según, se señaló en el juicio de origen, está condicionada a que la sesión sea audiograbada, a fin de que se valore de manera adecuada sus manifestaciones (foja 117 y 118 de autos), circunstancia también fue señalada en el oficio DIF/37/03/2023, suscrito por la titular adscrita al área de Psicología del DIF Municipal de Maravatío, Michoacán, en el que informó que los menores acudieron a la valoración psicológica acompañados de la apoderada de la parte quejosa, quien solicitó la audiograbación del desarrollo de la sesión y, al ser negada, se retiró en compañía de los menores (foja 151 de autos). Aunado a ello, las medidas adoptadas servirán para evitar temor, confusión o se provoque cualquier daño psicológico ante una actividad que no es común para los menores, a fin de facilitar su comunicación libre y espontánea durante el desarrollo de la valoración. Estas medidas son las que se han establecido en el Protocolo de Actuación para quienes imparten Justicia en casos que afecten a niñas, niños y adolescentes; que si bien dicho instrumento normativo no es de cumplimiento obligatorio, esto es, no tiene valor normativo para fundar una decisión jurisdiccional, sí constituye una herramienta para los juzgadores, que debe tomarse en cuenta, sobre todo en la forma de realizar las entrevistas y valoraciones de los menores, pues a la luz de los compromisos adquiridos por el Estado Mexicano en materia de derechos humanos, que se refieren a niñas, niños y adolescentes, establece prácticas para el acceso a la justicia, fundadas en el respeto a los derechos de ese grupo vulnerable, lo cual es trascendente, pues no se puede negar que la forma en que se desahoguen las diligencias con los menores puede ser crucial para obtener una respuesta que sea más apegada a la realidad, aunado a que debe quedar constancia de su contenido para acreditar que se realizó con apego al respeto del interés superior del menor. Lo anterior al margen de que se trate de una valoración psicológica y no así una entrevista, confesión o testimonial, ya que el hecho de audiograbar sus declaraciones también tiene como objetivo limitar el número de entrevistas personales y valoraciones psicológicas, otorgándoles el mismo valor probatorio que aquellas vertidas en forma directa, para que el mismo material audiograbado pueda ser valorado posteriormente por otros profesionistas, así como evitar repeticiones futuras y la posible revictimización de los menores. Lo cual sin duda tiende a proteger el interés superior de los menores, pues no sólo basta que el juzgador recabe las pruebas pertinentes e idóneas en el juicio, como bien lo hizo el juez responsable, sino que en su desahogo se debe reducir al mínimo el posible daño que pueda producirse. Máxime si se tiene en consideración que, posiblemente, de ello dependa la voluntad de los menores en su participación. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad jurídica esencial, las siguientes tesis: "PRUEBA TESTIMONIAL A CARGO DE MENORES. DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 274 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, NO ESTÁ PROSCRITA CUANDO SE OFRECE EN UN JUICIO DEL ORDEN FAMILIAR EN QUE SE DEBATE SOBRE SU GUARDA Y CUSTODIA, EMPERO PARA SU DESAHOGO SE DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LOS INSTRUMENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES RESPECTIVOS. El artículo 274 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California establece, en lo que interesa, que con el fin de conocer la verdad sobre los puntos controvertidos, el juzgador puede valerse de cualquier persona, sin más limitación que esa prueba no esté prohibida por la ley ni sea contraria a la moral. Esta disposición, en principio, lleva a estimar que no está proscrita la prueba testimonial a cargo de menores, ofrecida en un juicio del orden familiar donde se debate sobre su guarda y custodia, lo que se corrobora en cuanto a que debe garantizarse a éstos la formación de un juicio propio, así como de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que les afecten, además de tomar en cuenta sus opiniones en función de su edad y madurez, con el fin de otorgar oportunidad de que se les escuche sin presión alguna; tales circunstancias se advierten cuando el Juez de Distrito, al ejercer el control constitucional y convencional, al aplicar el principio de interpretación conforme en sentido amplio, armoniza lo dispuesto por los artículos 4o. constitucional, 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño, el Consejo Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas en la 36a. Sesión Plenaria y el Manual sobre la justicia en asuntos concernientes a los niños víctimas y testigos de delitos, para uso de profesionales y encargados de la formulación de políticas; sin embargo, antes de proveer sobre la admisión de dicha probanza, el Juez natural debe ordenar la práctica de un examen psicológico para estar en condiciones de no causar un daño a la salud mental del menor con el desahogo de la testimonial a su cargo, aparte, debe observarse lo que señalan los ordenamientos citados, entre otros, los siguientes requisitos: los menores deben ser asistidos por profesionales expertos en la materia, quienes los guiarán durante el desarrollo de la diligencia, explicándoles la importancia de su participación en el proceso y el alcance de que ésta sea completa y veraz; familiarizarlos con el procedimiento antes de su comparecencia; tratar de que su participación se desarrolle en salas especialmente acondicionadas para ellos; supervisar el desahogo de los interrogatorios y especialmente en aquellos casos en que existan contrainterrogatorios; protegerlos de cualquier signo de intimidación y vigilar el lenguaje utilizado; desahogar las diligencias en un ambiente informal, adoptando las medidas pertinentes al efecto; limitar su permanencia en el tribunal y el número de preguntas que se le puedan hacer, así como establecer descansos; asegurar que no se agoten, se vean afectados de alguna otra manera o se les altere indebidamente; programar su asistencia en atención a su vida cotidiana, evitando interferir en horas de escuela o audiencias en horas tardías; grabar sus declaraciones para limitar el número de entrevistas personales, otorgándoles el mismo valor probatorio que aquellas vertidas en forma directa, para así evitar repeticiones futuras; cuando resulte necesario, implementar las medidas de seguridad pertinentes para evitar el contacto con las partes. Reglas que sin duda buscan proteger el interés superior de los infantes, pues no sólo basta que el juzgador recabe las pruebas pertinentes e idóneas en el juicio, sino que en su desahogo se debe reducir al mínimo el posible daño que puedan producirse a éstos." "DERECHO DE LOS MENORES DE EDAD A PARTICIPAR EN LOS PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES QUE AFECTEN SU ESFERA JURÍDICA. LINEAMIENTOS PARA SU EJERCICIO. Las niñas y los niños, como titulares de derechos humanos, ejercen sus derechos progresivamente, a medida que desarrollan un mayor nivel de autonomía, lo que se denomina "adquisición progresiva de la autonomía de los niños", lo cual conlleva que actúen durante su primera infancia por conducto de otras personas -idealmente, de sus familiares-. Así, el derecho de las niñas y los niños a participar en procedimientos jurisdiccionales que puedan afectar su esfera jurídica se ejerce, también, progresivamente, sin que su ejercicio dependa de una edad que pueda predeterminarse en una regla fija, incluso de índole legal, ni aplicarse en forma generalizada a todos los menores de edad, sino que el grado de autonomía debe analizarse en cada caso. Ahora bien, la participación de los niños en procedimientos jurisdiccionales reviste una doble finalidad, pues, al reconocerlos como sujetos de derecho, logra el efectivo ejercicio de sus derechos y, a la vez, se permite que el juzgador se allegue de todos los elementos que necesite para forjar su convicción respecto de un determinado asunto, lo que resulta fundamental para una debida tutela del interés superior de la infancia. En este sentido, los lineamientos que deben observarse para la participación de niñas y niños dentro de cualquier procedimiento jurisdiccional que pueda afectar su esfera jurídica son: (1) para la admisión de la prueba debe considerarse que: (a) la edad biológica de los niños no es el criterio determinante para llegar a una decisión respecto a su participación dentro de un procedimiento jurisdiccional, sino su madurez, es decir, su capacidad de comprender el asunto, sus consecuencias y de formarse un juicio o criterio propio; (b) debe evitarse la práctica desconsiderada del ejercicio de este derecho; y, (c) debe evitarse entrevistar a los niños en más ocasiones de las necesarias; (2) para preparar la entrevista en la que participarán, se requiere que sean informados en un lenguaje accesible y amigable sobre el procedimiento y su derecho a participar, y que se garantice que su participación es voluntaria; (3) para el desahogo de la prueba, la declaración o testimonio del niño debe llevarse a cabo en una diligencia seguida en forma de entrevista o conversación, la cual debe cumplir con los siguientes requisitos: (a) es conveniente que previamente a la entrevista el juzgador se reúna con un especialista en temas de niñez, ya sea psiquiatra o psicólogo, para aclarar los términos de lo que se pretende conversar con el niño, para que a éste le resulte más sencillo de comprender y continuar la conversación; (b) la entrevista debe desarrollarse, en la medida de lo posible, en un lugar que no represente un ambiente hostil para los intereses del niño, esto es, donde pueda sentirse respetado y seguro para expresar libremente sus opiniones; (c) además de estar presentes el juzgador o funcionario que tome la decisión, durante la diligencia deben comparecer el especialista en temas de niñez que se haya reunido con el juzgador y, siempre que el niño lo solicite o se estime conveniente para proteger su superior interés, una persona de su confianza, siempre que ello no genere un conflicto de intereses; (d) en la medida de lo posible, debe registrarse la declaración o testimonio de las niñas y niños íntegramente, ya sea mediante la transcripción de toda la diligencia o con los medios tecnológicos al alcance del juzgado o tribunal que permitan el registro del audio; (4) los niños deben intervenir directamente en las entrevistas, sin que ello implique que no puedan tener representación durante el juicio, la cual recaerá en quienes legalmente estén llamados a ejercerla, salvo que se genere un conflicto de intereses, en cuyo caso debe analizarse la necesidad de nombrar un tutor interino; y (5) debe consultarse a los niños sobre la confidencialidad de sus declaraciones, aunque la decisión final sea del juzgador, para evitarles algún conflicto que pueda afectar su salud mental o, en general, su bienestar. Finalmente, es importante enfatizar que en cada una de estas medidas siempre debe tenerse en cuenta el interés superior de la infancia por lo que no debe adoptarse alguna determinación que implique perjuicio para los niños, más allá de los efectos normales inherentes a su participación dentro del procedimiento jurisdiccional." "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. OBLIGACIONES QUE, PARA SU PROTECCIÓN, DERIVAN PARA EL ESTADO MEXICANO, TRATÁNDOSE DE PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en observancia a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, considera que la obligación del Estado de proteger el interés superior de los menores durante cualquier procedimiento en el cual estén involucrados implica, entre otras cuestiones, los siguientes débitos: (I) suministrar la información e implementar los procedimientos adecuados adaptándolos a sus necesidades particulares, garantizando que cuenten con asistencia letrada y de otra índole en todo momento, de acuerdo con sus necesidades; (II) asegurar, especialmente en los casos en que hayan sido víctimas de delitos como abusos sexuales u otras formas de maltrato, que su derecho a ser escuchados se ejerza garantizando su plena protección, vigilando que el personal esté capacitado para atenderlos y que las salas de entrevistas representen un entorno seguro y no intimidatorio, hostil, insensible o inadecuado; y, (III) procurar que no sean interrogados en más ocasiones que las necesarias para evitar, en la medida de lo posible, su revictimización o un impacto traumático." En este contexto, si se satisfacen en lo que resulta conducente y aplicable al desahogo de la valoración psicológica, las prácticas descritas en el Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a niñas, niños y adolescentes, será posible proteger a los menores de ser revictimizados y/o padecer cualquier tipo de daños en su salud mental, asegurándoles un desarrollo cognitivo, emocional y moral dentro de un ambiente de bienestar. Por lo tanto, el acuerdo reclamado de veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, en el que se determinó que no había lugar a audiograbar la sesión relativa a la valoración de los menores por parte de la psicóloga, resulta indebidamente fundado y motivado, puesto que omite establecer las medidas necesarias para salvaguardar los derechos de los menores, al tenor de lo ya señalado en la presente sentencia. Por tanto, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado, para el efecto de que el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de Maravatío, Michoacán, realice lo siguiente: Deje insubsistente el auto de veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, dictado en el juicio especial oral familiar 45/2021; y, En su lugar, dicte otro en el que siguiendo los lineamientos expuestos en esta sentencia, establezca las medidas necesarias para el desahogo de la valoración psicológica, tales como instruir a la psicóloga respectiva para que grabe la sesión con los menores, con los medios a su alcance, lo anterior tomando en consideración la guía de preparación establecida en el Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a niños, niñas y adolescentes expedido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, privilegiando su interés superior. Dado el sentido del fallo, resulta innecesario pronunciarse en torno a los alegatos vertidos por las partes, máxime que no forman parte de la Litis. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Audrey Correa Ponce, por su propio derecho y en representación de sus menores hijos de iniciales L.A.C y L.A.C., contra el acto reclamado al Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de Maravatío, Michoacán, para los efectos señalados en el último considerando del presente fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza y da fe, hoy veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, en que las labores del juzgado lo permitieron.- Doy fe.
- Principal
POR LISTA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA, LA SIGUIENTE RESOLUCION: V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo número II-285/2023, promovido por Audrey Correa Ponce, por su propio derecho y en representación de sus menores hijos de iniciales L.A.C y L.A.C., contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de Maravatío, Michoacán; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado el ocho de marzo de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, y remitido por arzón de turno en esa fecha a este Juzgado Tercero de Distrito del Estado de Michoacán, Audrey Correa Ponce, por su propio derecho y en representación de sus menores hijos de iniciales L.A.C y L.A.C., promovió demanda de amparo indirecto contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de Maravatío, Michoacán. SEGUNDO. DERECHOS HUMANOS QUE SE ESTIMAN VIOLADOS. En la propia demanda de amparo, la parte quejosa precisó como violados en su perjuicio los derechos humanos protegidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. Previa aclaración del escrito inicial de demanda, por auto de treinta de marzo de dos mil veintitrés, se admitió la demanda de garantías registrada bajo el número II-285/2023; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se emplazó a la parte tercero interesada; al estar involucrados los derechos de menores de edad se designó representante especial; se dio la intervención que legalmente le compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; finalmente, tuvo verificativo la audiencia constitucional en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. LEY DE AMPARO APLICABLE. Es necesario precisar que la resolución que se dicte dentro del presente asunto, se hará aplicando la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente (artículo Primero Transitorio), toda vez que la demanda de garantías fue presentada con posterioridad a su entrada en vigor. No obstante, cabe precisar que para resolver el presente juicio es factible invocar criterios de jurisprudencia que hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues su contenido no se opone a lo que la ley de la materia dispone en cuanto al tema de las mismas, ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece. SEGUNDO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en la ciudad de Morelia, es legalmente competente por materia, grado y territorio para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción III, de la Constitución General de la República, en relación con el 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo; 48, en relación con el 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en términos del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito. Ello por tratarse de una demanda de amparo promovida contra actos de naturaleza familiar provenientes de autoridad judicial residente en la circunscripción territorial donde ejerce jurisdicción y competencia mixta este juzgado. TERCERO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que prevé que las sentencias que se dicten en los juicios de garantías, deben contener ".La fijación clara y precisa del acto reclamado;."; es necesario precisar los actos reclamados que se desprenden del estudio y análisis en conjunto de la demanda de garantías y de las constancias que integran el presente sumario. Siendo así que del análisis integral de la demanda de amparo, se aprecia que la parte quejosa reclama del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de Maravatío, Michoacán, lo siguiente: El auto de veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, dictado en el juicio especial oral familiar 45/2021, mediante el cual se determinó que no había lugar a autorizar la grabación de la sesión en la que se pretende realizar la valoración psicológica de los menores involucrados. CUARTO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Contra lo referido por el Ministerio Público de la federación adscrito a este juzgado en su pedimento, del contenido del informe justificado rendido por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de Maravatío, Michoacán, se advierte que acepta la existencia del acto reclamado, a cuyo efecto remitió copia certificada de las constancias relativas al juicio de origen. Documental a la que se concede pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo estatuye su numeral 2º, por tratarse, en la especie, de copia certificada de actuaciones llevadas a cabo por funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones, los cuales, con arreglo a la ley, gozan de fe pública. QUINTO. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. No se transcribirán los conceptos de violación, por las razones que así lo informa la jurisprudencia 2ª./J58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." SEXTO. ESTUDIO DE FONDO. Los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa resultan fundados. En este punto es preciso señalar que de conformidad con el artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo, opera la suplencia de la queja deficiente, ya que en el caso materia del presente asunto acuden como quejosos y se encuentran en disputa los intereses de menores de edad, por lo que quien suscribe considera que se afecta el orden y desarrollo de la familia. Además, atendiendo a que existe jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone la obligación de los jueces y magistrados de suplir en forma total la queja deficiente cuando esté de por medio, directa o indirectamente, la afectación de un menor de edad o de un incapaz, sin que para ello sea determinante la naturaleza de los derechos de familiares que estén en controversia o el carácter de quién o quiénes promuevan el juicio de amparo. Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación reiteradamente ha destacado la importancia de tomar en cuenta el interés superior del niño, que implica, entre otras cosas, considerar aspectos relativos a garantizar y proteger su desarrollo y el ejercicio pleno de sus derechos, como criterios rectores para la elaboración de normas y su aplicación en todos los órdenes relativos a la vida del niño, de conformidad con lo establecido en el texto constitucional y la Convención sobre los Derechos del Niño. Lo anterior quiere decir que, con independencia de quién comparezca a solicitar la protección constitucional, tratándose de controversias susceptibles de afectar a la familia y en especial a menores e incapaces, constituye obligación de los juzgadores de amparo, velar y garantizar en todo momento la protección más amplia, a fin de proteger dichos intereses. En efecto, tratándose de menores, el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone la obligación del Estado Mexicano de garantizar la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo. Incluso, a nivel internacional, la Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo 3º, establece al respecto lo siguiente: "Artículo 3. 1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. 2. Los Estados partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas. 3. Los Estados partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión adecuada". Sustenta lo antes considerado, la jurisprudencia 25/2012 de la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, cuyo rubro y texto son: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONCEPTO. En términos de los artículos 4o., párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por México y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991; y 3, 4, 6 y 7 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, los tribunales, en todas las medidas que tomen relacionadas con los menores, deben atender primordialmente al interés superior del niño; concepto que interpretó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (cuya competencia contenciosa aceptó el Estado Mexicano el 16 de diciembre de 1998) de la siguiente manera: "la expresión 'interés superior del niño' ... implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño". Por ello, aunque a esta instancia comparece a solicitar el amparo Audrey Correa Ponce, madre de los menores involucrados, contra el auto de veintitrés de febrero de dos mil veintitrés; por las razones asentadas anteriormente, este juzgador emprenderá el estudio de las actuaciones desplegadas por la autoridad responsable, de conformidad con el artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo. Apoya lo expuesto la jurisprudencia 1a./J. 191/2005 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Mayo de 2006, pág. 167, Novena Época, registro 175053: "MENORES DE EDAD O INCAPACES. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN TODA SU AMPLITUD, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE. La suplencia de la queja es una institución cuya observancia deben respetar los Jueces y Magistrados Federales; suplencia que debe ser total, es decir, no se limita a una sola instancia, ni a conceptos de violación y agravios, pues el alcance de la misma comprende desde el escrito inicial de demanda de garantías, hasta el periodo de ejecución de la sentencia en caso de concederse el amparo. Dicha suplencia opera invariablemente cuando esté de por medio, directa o indirectamente, la afectación de la esfera jurídica de un menor de edad o de un incapaz, sin que para ello sea determinante la naturaleza de los derechos familiares que estén en controversia o el carácter de quien o quiénes promuevan el juicio de amparo o, en su caso, el recurso de revisión, ello atendiendo a la circunstancia de que el interés jurídico en las controversias susceptibles de afectar a la familia y en especial a menores e incapaces, no corresponde exclusivamente a los padres, sino a la sociedad, quien tiene interés en que la situación de los hijos quede definida para asegurar la protección del interés superior del menor de edad o del incapaz. Se afirma lo anterior, considerando la teleología de las normas referidas a la suplencia de la queja, a los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como a los compromisos internacionales suscritos por el Estado mexicano, que buscan proteger en toda su amplitud los intereses de menores de edad e incapaces, aplicando siempre en su beneficio la suplencia de la deficiencia de la queja, la que debe operar desde la demanda (el escrito) hasta la ejecución de sentencia, incluyendo omisiones en la demanda, insuficiencia de conceptos de violación y de agravios, recabación oficiosa de pruebas, esto es, en todos los actos que integran el desarrollo del juicio, para con ello lograr el bienestar del menor de edad o del incapaz." Entonces, tratándose de menores de edad existe, en principio, la presunción legal de que lo más benéfico para su desarrollo físico-emocional y su estabilidad psicológica es la convivencia con sus familiares, por tanto, basados en el respeto a su dignidad, sin que puedan impedirse, sin justa causa, las relaciones personales entre el menor y sus ascendientes y que, conforme a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, como lo previenen los artículos 19, 22 y 23 tienen derecho a la identidad, certeza jurídica y familia, esto es, a vivir y crecer en el seno de una familia, conocer a sus progenitores y a mantener relaciones personales y contacto directo con ellos, aún en el caso de estar separados, salvo si ello es contrario a su interés superior. En el caso, es dable destacar que, la autoridad responsable, con la emisión del acto reclamado, transgrede el interés superior de los menores de identidad reservada. Como ya se precisó, es obligación del juez de origen velar por la convivencia de los menores con sus ascendientes, dicha decisión judicial tiene como base el interés del menor por encima de cualquier otro, y compete a los juzgadores de lo familiar tomar en cuenta dicho interés al momento de pronunciarse sobre cuestiones relativas a la guarda y custodia y al régimen de convivencia entre ascendientes y progenitores. Por tanto, es necesario que el menor sea escuchado para que exprese su libre opinión sobre con quién de sus padres quiere vivir, y si quiere convivir con el otro progenitor e, incluso, con sus ascendientes, según corresponda. Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se desprende que dentro del juicio especial oral familiar 45/2021, que sobre convivencia promueven los abuelos paternos de los menores, aquí terceros interesados, se advierten los siguientes antecedentes: Por auto de veintinueve de agosto de dos mil veintidós, se decretó la convivencia de los menores, aquí quejosos, con sus abuelos paternos, las cuales serían los días martes de cada quince días, en un horario de cuatro a cinco de la tarde, en las instalaciones del Sistema DIF de Contepec, Michoacán, supervisadas por los integrantes de dicha oficina (foja 91 y 92 de autos). Mediante oficio presentado el tres de noviembre de dos mil veintidós, la Directora del DIF Municipal de Contepec, Michoacán, transcribió el reporte de las convivencias emitido por la psicóloga asignada al caso, en el que destaca su "punto de vista" señalando, en esencia, que no existe alienación parental por parte de la madre de los menores, ya que ha manifestado disposición para las convivencias; que son los menores los que aducen constantemente que no quieren quedarse a solas con los abuelos y, por tanto, sugirió la suspensión de las convivencias al no ser algo saludable para los menores, destacando que están siendo emocionalmente dañados (foja 93 a 95 de autos). En mérito de ello, por auto de siete de noviembre de dos mil veintidós, se dio vista a los interesados para que manifestaran lo que a su interés conviniera (foja 97 de autos). Mediante auto de quince de noviembre de dos mil veintidós, el juez responsable ordenó la valoración psicológica de los menores, a fin de contar con mayores elementos que le permitieran tomar una decisión referente a la convivencia decretada, esto es, para determinar si la convivencia les ocasiona algún daño a los adolescentes y si es conveniente que continúe en los términos decretados. Ello en atención a que el juzgador advirtió que la psicóloga Nidia Ochoa Medina había emitido opiniones personales que no están avaladas por algún estudio psicológico, además de haber externado su opinión a favor de la madre de los menores y en contra de la abuela paterna, por lo que consideró que no puede generar una opinión imparcial (foja 137 de autos). Posteriormente, mediante escrito presentado el veinte de febrero de dos mil veintitrés, la apoderada de la parte quejosa solicitó al juez autorizara la grabación de audio de la sesión relativa a la valoración psicológica de los menores, a fin de que ellos se sintieran seguros y cómodos durante su desarrollo, además de que lo expresado por ellos fuera valorado por la psicóloga, petición que dijo fue externada por los menores (foja 117 y 118 de autos). Por auto de veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, el juez determinó: ".no ha lugar a autorizar que la valoración psicológica ordenada a los menores involucrados en este asunto se realice en los términos que solicita, esto es, grabar la sesión que se lleve a cabo con los menores, toda vez que la persona indicada para llevar a cabo dicha valoración es la profesionista en psicología, misma que de acuerdo a las herramientas propias de su profesión emitirá el dictamen correspondiente, ya que lo ordenado en autos, como se ha dicho, es una valoración psicológica de los menores, no así una confesión por parte de estos." (foja 119 de autos). Siendo dicha determinación la que constituye materia de reclamo en esta instancia constitucional. Ahora, de lo anterior se advierte que la autoridad responsable, al emitir el acuerdo reclamado, determinó que no había lugar a que la sesión en la que habría de realizarse la valoración psicológica de los menores fuera audiograbada, toda vez que sería la profesionista en psicología, quien de acuerdo a sus herramientas, habría de emitir el dictamen respectivo, además de señalar que se trata de una valoración, no así de una confesión por parte de los menores. Sin embargo, tanto en el proveído de quince de noviembre de dos mil veintidós (en el que se ordenó la valoración psicológica), como en el diverso de veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, el juez responsable omitió pronunciarse respecto a las providencias que habrían de tomarse para el desarrollo de la valoración psicológica, es decir, no refirió acerca de la pertinencia de audiograbar la sesión para aclarar los términos de lo que pretende conversar y valorar con los adolescentes; tampoco señaló la manera en que se asentará lo manifestado en la diligencia de mérito. Ello al margen de que se trate de una valoración psicológica en la que la experta deberá hacer uso de las herramientas propias de su profesión para emitir su dictamen, pues es importante destacar que en el presente asunto se han puesto en controversia los derechos fundamentales de los menores, en específico, el derecho a tener un desarrollo pleno dentro de un ambiente de bienestar familiar y social, así como a gozar de buena salud física y emocional. Bajo ese contexto, es relevante destacar que la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicó el Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a niñas, niños y adolescentes. En dicho protocolo, que sirve como criterio orientador, se reconoce a la infancia y adolescencia como un grupo diferente al de las personas adultas, dadas las características estructurales propias de la persona; ello porque los menores tienen características cognitivas y emocionales diferentes a las de los adultos y, en particular, entre cada uno de ellos, por lo cual se les debe otorgar un trato diferenciado. También destaca que al momento en que un menor participa en un procedimiento judicial, las diferencias estructurales se ponen en evidencia, pues el trato y lenguaje que se utiliza es ajeno al infantil, lo que les resulta intimidante. Ello demanda la adecuación del procedimiento a sus necesidades, mediante el desarrollo de acciones especiales para lograr que el niño, niña o adolescente comprenda el escenario en que participa, pueda expresarse libremente y quienes imparten justicia puedan comprender su expresión. Por ende, en ese documento se sistematizan las prácticas mínimas necesarias que garantizan los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, en particular aquellos relacionados con el acceso a la justicia, cuando éstos se encuentran involucrados un proceso judicial. Estas prácticas tienen como soporte diversos ordenamientos jurídicos que conforman el sistema legal interno e internacional; en especial, los sistemas Universal e Interamericano de Derechos Humanos constituidos por los diversos instrumentos internacionales que deben ser analizados como elementos compatibles entre sí. Apoya lo expuesto la tesis con registro 2006882, que dice: "PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA QUIENES IMPARTEN JUSTICIA EN CASOS QUE INVOLUCREN NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EMITIDO POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. NO ES VINCULANTE Y POR TANTO NO TIENE VALOR NORMATIVO PARA FUNDAR UNA DECISIÓN JURISDICCIONAL, PERO CONSTITUYE UNA HERRAMIENTA PARA QUIENES EJERCEN DICHA FUNCIÓN. Diversos organismos internacionales, como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, han emitido diversas directrices sobre la justicia en asuntos concernientes a niños, dirigidas especialmente a casos en los que los niños han sido víctimas o testigos de delitos, las cuales tienen por objeto reducir o evitar, en la medida de lo posible, la victimización secundaria. Algunas de esas recomendaciones han sido acogidas por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en el Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren Niñas, Niños y Adolescentes, señalando al respecto que sobre las pruebas periciales existen algunas directrices relacionadas con su registro, repetición y valoración que deben considerarse. Así, aunque ese protocolo no es vinculante y por tanto no tiene valor normativo para fundar una decisión jurisdiccional, sí constituye una herramienta para los juzgadores, pues a la luz de los compromisos adquiridos por el Estado Mexicano en materia de derechos humanos, que se refieren a niñas, niños y adolescentes, establece prácticas para el acceso a la justicia, fundadas en el respeto a los derechos de ese grupo vulnerable, lo cual es trascendente, pues no se puede negar que la forma de realizar las entrevistas al menor puede ser crucial para obtener una respuesta que sea más apegada a la realidad; que deben evitarse las preguntas cerradas y repetirse las preguntas lo menos posible, para impedir que se vicien las respuestas. Asimismo, en los casos en los que haya indicios de maltrato infantil, violencia familiar, incluso abuso sexual o conflictos emocionales derivados de divorcios conflictivos, los lineamientos citados persiguen una doble finalidad: a) obtener un testimonio de calidad y conocer con un mayor grado de certeza lo que piensa o siente el menor; y, b) evitar, en la medida de lo posible, revictimizarlo." En otro aspecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el interés superior de los menores debe preponderarse en cualquier decisión sobre su guarda y custodia, y sus necesidades de convivencia con sus familiares; esto es, el interés del menor constituye el límite y punto de referencia último. En el presente asunto, como se dijo se involucran derechos fundamentales de menores de edad, ya que el acto reclamado surgió en un procedimiento privilegiado de derecho de visita o convivencia, en el que se argumentan cuestiones relativas a la necesidad de satisfacer el derecho de los menores a tener un desarrollo físico, intelectual y emocionalmente estable. En concreto, se reclama el auto que dictó la responsable, por el que negó la posibilidad de que la sesión en la que habría de realizarse la valoración psicológica de los menores fuera audiograbada. Ahora bien, debe destacarse que el desahogo de cualquier entrevista de los menores, constituye un acto de imposible reparación que de afectarse en alguna forma, no sería susceptible de resarcir en sentencia, incluso siendo favorable a ellos, pues podría causarles un daño irremediable a su salud mental y emocional. Por ello, el máximo tribunal del país ha sostenido que la sola posibilidad de que se cause un perjuicio que no es posible repararse mediante la sentencia definitiva, aunque ésta garantice sus derechos de la mejor manera posible, produce una afectación imposible de repararse. Esto nos conduce a considerar que la valoración psicológica de los menores, en torno a cuestiones que afectan su normal desarrollo, es un acto de imposible reparación susceptible de reclamarse en amparo indirecto. Lo que supone la obligación del Estado para adoptar medidas reforzadas, ante la posibilidad de que en su desahogo se les cause un daño a su salud mental. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis siguiente: "PRUEBA PSICOLÓGICA A CARGO DE LOS MENORES. SU ADMISIÓN Y DESAHOGO CONSTITUYEN UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN Y, POR TANTO, EN SU CONTRA PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Debe hacerse extensivo el criterio sostenido por esta Primera Sala en la Contradicción de Tesis 130/2005, de la cual emanó la jurisprudencia de rubro: "PRUEBA TESTIMONIAL A CARGO DE LOS MENORES HIJOS EN EL JUICIO DE DIVORCIO NECESARIO DE SUS PADRES. SU ADMISIÓN Y DESAHOGO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN Y, POR TANTO, EN SU CONTRA PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.", a las sentencias de segunda instancia que ordenan la reposición del procedimiento para el efecto de que se admitan y desahoguen pruebas psicológicas a cargo de menores en juicios de guarda y custodia y patria potestad. En efecto, conforme a tal criterio el derecho a la salud mental de los niños es un derecho fundamental protegido por el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por la Convención sobre los Derechos del Niño, el cual debe ser interpretado de acuerdo al interés superior del niño que supone medidas de protección reforzadas a cargo del Estado. Lo anterior supone que cualquier acto dentro de juicio que pudiera afectar su salud mental debe considerarse como de imposible reparación, por lo que no es necesario que se acredite que las pruebas psicológicas ocasionarán una afectación a la salud mental de los menores para que se considere un acto de imposible reparación, sino que la sola posibilidad de causar un daño de esa naturaleza genera la procedencia del amparo por la vía indirecta. Ahora bien, el que se considere a las pruebas psicológicas un acto de imposible reparación, no quiere decir que estén proscritas sino que es posible controvertir su pertinencia a través del amparo indirecto." En este caso, aun cuando la autoridad responsable, al ordenar la valoración psicológica de los menores y, posteriormente, negarse a que la sesión relativa fuera audiograbada, señaló que la valoración se verificaría por una experta en psicología de acuerdo a las herramientas propias de su profesión, omitió pronunciarse respecto a las providencias que tomaría para el desarrollo de la entrevista, es decir, no refirió acerca de la pertinencia de que dicha sesión fuera audiograbada, para aclarar los términos de lo que pretende conversar con los menores, para que a éstos les resulte más sencillo de comprender y continuar la conversación; tampoco señaló la manera en que se asentará lo manifestado en la diligencia de mérito. Aunado a ello, omitió establecer las medidas a observar a fin de procurar el bienestar de los menores en su participación, asegurándose que su salud mental estaría protegida en todo momento, lo anterior de conformidad con el Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren a niñas, niños y adolescentes, emitido por nuestro alto tribunal de la Nación. En ese contexto, la responsable debía garantizar la protección más amplia en favor de los menores, es decir, adoptar las medidas correspondientes a fin de garantizar su integridad física y psicológica, ya que precisamente por ser menores de edad, es preponderante que exista su voluntad en su participación, la cual según, se señaló en el juicio de origen, está condicionada a que la sesión sea audiograbada, a fin de que se valore de manera adecuada sus manifestaciones (foja 117 y 118 de autos), circunstancia también fue señalada en el oficio DIF/37/03/2023, suscrito por la titular adscrita al área de Psicología del DIF Municipal de Maravatío, Michoacán, en el que informó que los menores acudieron a la valoración psicológica acompañados de la apoderada de la parte quejosa, quien solicitó la audiograbación del desarrollo de la sesión y, al ser negada, se retiró en compañía de los menores (foja 151 de autos). Aunado a ello, las medidas adoptadas servirán para evitar temor, confusión o se provoque cualquier daño psicológico ante una actividad que no es común para los menores, a fin de facilitar su comunicación libre y espontánea durante el desarrollo de la valoración. Estas medidas son las que se han establecido en el Protocolo de Actuación para quienes imparten Justicia en casos que afecten a niñas, niños y adolescentes; que si bien dicho instrumento normativo no es de cumplimiento obligatorio, esto es, no tiene valor normativo para fundar una decisión jurisdiccional, sí constituye una herramienta para los juzgadores, que debe tomarse en cuenta, sobre todo en la forma de realizar las entrevistas y valoraciones de los menores, pues a la luz de los compromisos adquiridos por el Estado Mexicano en materia de derechos humanos, que se refieren a niñas, niños y adolescentes, establece prácticas para el acceso a la justicia, fundadas en el respeto a los derechos de ese grupo vulnerable, lo cual es trascendente, pues no se puede negar que la forma en que se desahoguen las diligencias con los menores puede ser crucial para obtener una respuesta que sea más apegada a la realidad, aunado a que debe quedar constancia de su contenido para acreditar que se realizó con apego al respeto del interés superior del menor. Lo anterior al margen de que se trate de una valoración psicológica y no así una entrevista, confesión o testimonial, ya que el hecho de audiograbar sus declaraciones también tiene como objetivo limitar el número de entrevistas personales y valoraciones psicológicas, otorgándoles el mismo valor probatorio que aquellas vertidas en forma directa, para que el mismo material audiograbado pueda ser valorado posteriormente por otros profesionistas, así como evitar repeticiones futuras y la posible revictimización de los menores. Lo cual sin duda tiende a proteger el interés superior de los menores, pues no sólo basta que el juzgador recabe las pruebas pertinentes e idóneas en el juicio, como bien lo hizo el juez responsable, sino que en su desahogo se debe reducir al mínimo el posible daño que pueda producirse. Máxime si se tiene en consideración que, posiblemente, de ello dependa la voluntad de los menores en su participación. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad jurídica esencial, las siguientes tesis: "PRUEBA TESTIMONIAL A CARGO DE MENORES. DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 274 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, NO ESTÁ PROSCRITA CUANDO SE OFRECE EN UN JUICIO DEL ORDEN FAMILIAR EN QUE SE DEBATE SOBRE SU GUARDA Y CUSTODIA, EMPERO PARA SU DESAHOGO SE DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LOS INSTRUMENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES RESPECTIVOS. El artículo 274 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California establece, en lo que interesa, que con el fin de conocer la verdad sobre los puntos controvertidos, el juzgador puede valerse de cualquier persona, sin más limitación que esa prueba no esté prohibida por la ley ni sea contraria a la moral. Esta disposición, en principio, lleva a estimar que no está proscrita la prueba testimonial a cargo de menores, ofrecida en un juicio del orden familiar donde se debate sobre su guarda y custodia, lo que se corrobora en cuanto a que debe garantizarse a éstos la formación de un juicio propio, así como de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que les afecten, además de tomar en cuenta sus opiniones en función de su edad y madurez, con el fin de otorgar oportunidad de que se les escuche sin presión alguna; tales circunstancias se advierten cuando el Juez de Distrito, al ejercer el control constitucional y convencional, al aplicar el principio de interpretación conforme en sentido amplio, armoniza lo dispuesto por los artículos 4o. constitucional, 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño, el Consejo Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas en la 36a. Sesión Plenaria y el Manual sobre la justicia en asuntos concernientes a los niños víctimas y testigos de delitos, para uso de profesionales y encargados de la formulación de políticas; sin embargo, antes de proveer sobre la admisión de dicha probanza, el Juez natural debe ordenar la práctica de un examen psicológico para estar en condiciones de no causar un daño a la salud mental del menor con el desahogo de la testimonial a su cargo, aparte, debe observarse lo que señalan los ordenamientos citados, entre otros, los siguientes requisitos: los menores deben ser asistidos por profesionales expertos en la materia, quienes los guiarán durante el desarrollo de la diligencia, explicándoles la importancia de su participación en el proceso y el alcance de que ésta sea completa y veraz; familiarizarlos con el procedimiento antes de su comparecencia; tratar de que su participación se desarrolle en salas especialmente acondicionadas para ellos; supervisar el desahogo de los interrogatorios y especialmente en aquellos casos en que existan contrainterrogatorios; protegerlos de cualquier signo de intimidación y vigilar el lenguaje utilizado; desahogar las diligencias en un ambiente informal, adoptando las medidas pertinentes al efecto; limitar su permanencia en el tribunal y el número de preguntas que se le puedan hacer, así como establecer descansos; asegurar que no se agoten, se vean afectados de alguna otra manera o se les altere indebidamente; programar su asistencia en atención a su vida cotidiana, evitando interferir en horas de escuela o audiencias en horas tardías; grabar sus declaraciones para limitar el número de entrevistas personales, otorgándoles el mismo valor probatorio que aquellas vertidas en forma directa, para así evitar repeticiones futuras; cuando resulte necesario, implementar las medidas de seguridad pertinentes para evitar el contacto con las partes. Reglas que sin duda buscan proteger el interés superior de los infantes, pues no sólo basta que el juzgador recabe las pruebas pertinentes e idóneas en el juicio, sino que en su desahogo se debe reducir al mínimo el posible daño que puedan producirse a éstos." "DERECHO DE LOS MENORES DE EDAD A PARTICIPAR EN LOS PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES QUE AFECTEN SU ESFERA JURÍDICA. LINEAMIENTOS PARA SU EJERCICIO. Las niñas y los niños, como titulares de derechos humanos, ejercen sus derechos progresivamente, a medida que desarrollan un mayor nivel de autonomía, lo que se denomina "adquisición progresiva de la autonomía de los niños", lo cual conlleva que actúen durante su primera infancia por conducto de otras personas -idealmente, de sus familiares-. Así, el derecho de las niñas y los niños a participar en procedimientos jurisdiccionales que puedan afectar su esfera jurídica se ejerce, también, progresivamente, sin que su ejercicio dependa de una edad que pueda predeterminarse en una regla fija, incluso de índole legal, ni aplicarse en forma generalizada a todos los menores de edad, sino que el grado de autonomía debe analizarse en cada caso. Ahora bien, la participación de los niños en procedimientos jurisdiccionales reviste una doble finalidad, pues, al reconocerlos como sujetos de derecho, logra el efectivo ejercicio de sus derechos y, a la vez, se permite que el juzgador se allegue de todos los elementos que necesite para forjar su convicción respecto de un determinado asunto, lo que resulta fundamental para una debida tutela del interés superior de la infancia. En este sentido, los lineamientos que deben observarse para la participación de niñas y niños dentro de cualquier procedimiento jurisdiccional que pueda afectar su esfera jurídica son: (1) para la admisión de la prueba debe considerarse que: (a) la edad biológica de los niños no es el criterio determinante para llegar a una decisión respecto a su participación dentro de un procedimiento jurisdiccional, sino su madurez, es decir, su capacidad de comprender el asunto, sus consecuencias y de formarse un juicio o criterio propio; (b) debe evitarse la práctica desconsiderada del ejercicio de este derecho; y, (c) debe evitarse entrevistar a los niños en más ocasiones de las necesarias; (2) para preparar la entrevista en la que participarán, se requiere que sean informados en un lenguaje accesible y amigable sobre el procedimiento y su derecho a participar, y que se garantice que su participación es voluntaria; (3) para el desahogo de la prueba, la declaración o testimonio del niño debe llevarse a cabo en una diligencia seguida en forma de entrevista o conversación, la cual debe cumplir con los siguientes requisitos: (a) es conveniente que previamente a la entrevista el juzgador se reúna con un especialista en temas de niñez, ya sea psiquiatra o psicólogo, para aclarar los términos de lo que se pretende conversar con el niño, para que a éste le resulte más sencillo de comprender y continuar la conversación; (b) la entrevista debe desarrollarse, en la medida de lo posible, en un lugar que no represente un ambiente hostil para los intereses del niño, esto es, donde pueda sentirse respetado y seguro para expresar libremente sus opiniones; (c) además de estar presentes el juzgador o funcionario que tome la decisión, durante la diligencia deben comparecer el especialista en temas de niñez que se haya reunido con el juzgador y, siempre que el niño lo solicite o se estime conveniente para proteger su superior interés, una persona de su confianza, siempre que ello no genere un conflicto de intereses; (d) en la medida de lo posible, debe registrarse la declaración o testimonio de las niñas y niños íntegramente, ya sea mediante la transcripción de toda la diligencia o con los medios tecnológicos al alcance del juzgado o tribunal que permitan el registro del audio; (4) los niños deben intervenir directamente en las entrevistas, sin que ello implique que no puedan tener representación durante el juicio, la cual recaerá en quienes legalmente estén llamados a ejercerla, salvo que se genere un conflicto de intereses, en cuyo caso debe analizarse la necesidad de nombrar un tutor interino; y (5) debe consultarse a los niños sobre la confidencialidad de sus declaraciones, aunque la decisión final sea del juzgador, para evitarles algún conflicto que pueda afectar su salud mental o, en general, su bienestar. Finalmente, es importante enfatizar que en cada una de estas medidas siempre debe tenerse en cuenta el interés superior de la infancia por lo que no debe adoptarse alguna determinación que implique perjuicio para los niños, más allá de los efectos normales inherentes a su participación dentro del procedimiento jurisdiccional." "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. OBLIGACIONES QUE, PARA SU PROTECCIÓN, DERIVAN PARA EL ESTADO MEXICANO, TRATÁNDOSE DE PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en observancia a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, considera que la obligación del Estado de proteger el interés superior de los menores durante cualquier procedimiento en el cual estén involucrados implica, entre otras cuestiones, los siguientes débitos: (I) suministrar la información e implementar los procedimientos adecuados adaptándolos a sus necesidades particulares, garantizando que cuenten con asistencia letrada y de otra índole en todo momento, de acuerdo con sus necesidades; (II) asegurar, especialmente en los casos en que hayan sido víctimas de delitos como abusos sexuales u otras formas de maltrato, que su derecho a ser escuchados se ejerza garantizando su plena protección, vigilando que el personal esté capacitado para atenderlos y que las salas de entrevistas representen un entorno seguro y no intimidatorio, hostil, insensible o inadecuado; y, (III) procurar que no sean interrogados en más ocasiones que las necesarias para evitar, en la medida de lo posible, su revictimización o un impacto traumático." En este contexto, si se satisfacen en lo que resulta conducente y aplicable al desahogo de la valoración psicológica, las prácticas descritas en el Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a niñas, niños y adolescentes, será posible proteger a los menores de ser revictimizados y/o padecer cualquier tipo de daños en su salud mental, asegurándoles un desarrollo cognitivo, emocional y moral dentro de un ambiente de bienestar. Por lo tanto, el acuerdo reclamado de veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, en el que se determinó que no había lugar a audiograbar la sesión relativa a la valoración de los menores por parte de la psicóloga, resulta indebidamente fundado y motivado, puesto que omite establecer las medidas necesarias para salvaguardar los derechos de los menores, al tenor de lo ya señalado en la presente sentencia. Por tanto, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado, para el efecto de que el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de Maravatío, Michoacán, realice lo siguiente: Deje insubsistente el auto de veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, dictado en el juicio especial oral familiar 45/2021; y, En su lugar, dicte otro en el que siguiendo los lineamientos expuestos en esta sentencia, establezca las medidas necesarias para el desahogo de la valoración psicológica, tales como instruir a la psicóloga respectiva para que grabe la sesión con los menores, con los medios a su alcance, lo anterior tomando en consideración la guía de preparación establecida en el Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a niños, niñas y adolescentes expedido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, privilegiando su interés superior. Dado el sentido del fallo, resulta innecesario pronunciarse en torno a los alegatos vertidos por las partes, máxime que no forman parte de la Litis. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Audrey Correa Ponce, por su propio derecho y en representación de sus menores hijos de iniciales L.A.C y L.A.C., contra el acto reclamado al Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de Maravatío, Michoacán, para los efectos señalados en el último considerando del presente fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza y da fe, hoy veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, en que las labores del juzgado lo permitieron.- Doy fe.
- Principal
Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, declara abierta la audiencia: Secretaria dé cuenta por favor. LA SECRETARIA: Juicio de amparo 285/2023 promovido por Audrey Correa Ponce por sí y en representación de los menores adolescentes de iniciales L.A.C. y L.A.C., contra actos del Juez Segundo Civil del Distrito Judicial de Maravatío, Michoacán, se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que dentro del presente juicio de amparo tiene reconocido el carácter de tercero interesado María Arellano Vega y Raúl Acuña González, quienes se encuentran debidamente emplazados, como se advierte de las constancias. (constancias 167 vuelta y 175) Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede. LA SECRETARIA: Se da cuenta con el informe justificado rendido por: Juez Segundo Civil del Distrito Judicial de Maravatío, Michoacán. (foja 59)) EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tuvo por rendido el informe de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretaria dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. LA SECRETARIA: Se hace constar que tanto la parte quejosa como la autoridad responsable ofrecieron diversas pruebas documentales, las cuales obran agregadas en autos (fojas 10 a 17 y 61 a 119); mismas que en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, se tuvieron por admitidas y desahogadas en atención a su propia y especial naturaleza. Al no existir más pruebas alguna que desahogar, se pasa al período de alegatos. LA SECRETARIA: Se hace constar que los formuló el Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a este Juzgado de Distrito, a través de su pedimento número 170/2023, presentado el veintiuno de abril del año en curso, ante la Oficialía de Partes de este Juzgado, así como el representante legal de los menores quejosos, designado por este juzgado. (fojas 159 a 160 y 177 a 182) EL JUEZ: Ténganse por formulados los alegatos de referencia en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo vigente. Con lo anterior, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a engrosar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión.JUEZ TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO. OMAR ALEJANDRO ELIZALDE HERRERA SECRETARIA DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO. ESPERANZA FUENTES REYES
Quedan 13 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · 7,288 expedientes
- Atzimba Adilene Adame Reyes y Otros.106/2021
- Audelino Manuel Abarca Calvillo745/2023
- Audiel Galindo Torres1188/2017
- Auditoria Superior de Michoacán804/2017
- Auditoria Superior del Estado de Michoacán964/2016
- Audrey Correa Ponce1032/2021
- Augusto Cervantes Cisneros1270/2023
- Aurelia García Morales118/2019
- Aurelio Escamilla Meza482/2018
- Aurelio García García528/2019
- Aurelio Oliveros Paramo684/2020
- Aurelio Posadas Morales y Otros.724/2017