Audrey Correa Ponce
Expediente 1032/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 14 actuaciones registradas, la última del 19 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1032/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 19/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Audrey Correa Ponce
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Morelia, Michoacán, a diecinueve de septiembre de dos mil veintidós. SE ORDENA ARCHIVO FÍSICO Visto el estado que guardan los presentes autos, específicamente la certificación de cuenta, se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE En ese orden de ideas, tomando en consideración que el presente juicio no se considera de relevancia documental, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el expediente en que se actúa, encuadra en la hipótesis contenida en el artículo 21, inciso a) del aludido acuerdo, en razón de haberse sobreseído en este juicio. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Se estima que el cuaderno original incidental, es SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, en razón de haberse negado la suspensión provisional y definitiva, por lo que una vez transcurridos tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio, así como el original del incidente de suspensión. DUPLICADO DE INCIDENTE En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, el cual será contado a partir de esta propia fecha. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, actuando con Luis Felipe Sánchez Luna, secretario que autoriza. Doy fe.-
- Principal
Morelia, Michoacán, veinte de julio de dos mil veintidós. SE DECLARA QUE LA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. Vista la certificación que antecede, así como el estado procesal de autos de los que se advierte que a la fecha ha fenecido el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, que es a quien perjudica el sentido de la resolución, haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, en la que se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, promovido por Audrey Correa Ponce, por sí y en cuanto a representante de sus menores hijos con iniciales L.A.C. y L.A.C.; en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA dicha resolución, para todos los efectos legales procedentes. Realícense las anotaciones en el libro de gobierno respectivo; y, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido. SE ORDENA DEVOLVER CONSTANCIAS A SU LUGAR DE ORIGEN. Devuélvase al Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de Maravatio, Michoacán, las copias certificadas relativas al juicio especial oral 45/2021, que remitió en apoyo de su informe justificado; solicitándole el acuse de recibo correspondiente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza. Doy fe.
- Principal
V I S T O S para dictar sentencia, los autos que integran el juicio de amparo número 1032/2021-IX, promovido por Audrey Correa Ponce, por sí y en cuanto representante de sus menores hijos con iniciales L.A.C. y L.A.C., contra actos del Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Maravatio, Michoacán; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Mediante escrito depositado el veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, turnado en esa data a este Juzgado Tercero de Distrito, Audrey Correa Ponce, por sí y en cuanto representante de sus menores hijos con iniciales L.A.C. y L.A.C., compareció a solicitar el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos del Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Maravatio, Michoacán, en los términos siguientes: "ACTO RECLAMADO.- Lo hago consistir en la resolución de fecha 06 seis de octubre de 2021, dictada por el Juez Segundo Civil, del Distrito Judicial de Maravatio, Michoacán, dentro del juicio especial oral familiar 45/2021, en el que de manera totalmente ilegal, viola el derecho humano de los menores a una vida libre de violencia, al haber dictado un ilegal auto mediante el cual autoriza convivencia entre los menores de iniciales L. y L.A.C. con los señores María Arellano Vega y Raúl Acuña González, siendo que se encuentra vigente una medida de restricción a favor de la actora y de los menores.". En ese ocurso, la promovente formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos humanos vulnerados los contenidos en los artículos 1°, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión y trámite. En proveído de veintisiete del mes y año anotados, este órgano jurisdiccional admitió a trámite la demanda bajo el expediente 1032/2021-IX, requirió a la autoridad responsable sobre su informe con justificación y dio intervención al Agente del Ministerio Público de la adscripción. Además, toda vez que en el presente asunto se encuentran inmiscuidos los derechos de menores, a fin de garantizar sus intereses, se determinó designarles un representante especial nombrado por la Delegación Regional de la Defensoría Pública, quien aceptó y protestó el cargo conferido en el presente expediente. En auto de nueve de diciembre de dos mil veintiuno, se comunicó a las partes que a partir del uno del mes y año anotados, el que ahora resuelve funge como titular de este órgano jurisdiccional, en cumplimiento a lo ordenado en el oficio SEADS/1089/2021 y el diverso SEADS/1205/2021 remitido en alcance, suscritos por el encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en términos de los artículos 118 y 146 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. El diez siguiente se determinó reconocer como terceros interesados en este juicio a María Arellano Vega y Raúl Acuña González, agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Segundo en Materia Civil de Maravatio, Michoacán y Rosalinda Ocaña García, asesora jurídica regional de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, tutora en el juicio de origen de los menores de edad de iniciales L.A.C. y L.A.C; quienes fueron debidamente emplazados. Finalmente, el catorce de marzo de dos mil veintidós, tuvo lugar la audiencia constitucional correspondiente que se celebró al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o., fracción I, 37 y 107, fracción III, de la Ley de Amparo, y los diversos 49 y 60, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, alusivo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Toda vez que este órgano federal tiene competencia mixta y se impugna un acto con efectos declarativos emitido por una autoridad jurisdiccional del orden civil que reside dentro del ámbito territorial en el que se tiene jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Se procede a la fijación del acto reclamado, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y con apoyo además en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.". De igual forma, se invoca la jurisprudencia 40/2000 del contenido y datos que enseguida se anotan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". En ese tenor, del análisis integral de la demanda de amparo y demás constancias allegadas a este sumario, se advierte que el acto reclamado es el siguiente: El auto de seis de octubre de dos mil veintiuno, dictado en el juicio especial oral familiar 45/2021, promovido por María Arellano Vega y Raúl Acuña González, aquí terceros interesados, en contra de Audrey Correa Ponce, aquí quejosa; proveído en el que se decretó la convivencia provisional de los menores de iniciales L.A.C. y L.A.C., con los actores -abuelos paternos- toda vez que se consideró que éstos son aptos para ello en beneficio del sano desarrollo de los infantes. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Contra lo referido por el Ministerio Público Federal adscrito en su pedimento, es cierto el acto reclamado, dado que así lo manifestó en su informe justificado el juez responsable. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto.". Además, la certeza de que se habla se corrobora con las diversas constancias del juicio 45/2021, del índice del juzgado responsable, en donde obra el auto de seis de octubre de dos mil veintiuno, que se reclama en este juicio constitucional. Documentales públicas que se valoran en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2°, al haber sido compulsadas por un fedatario judicial en ejercicio de sus funciones. CUARTO. Antecedentes. A fin de contextualizar el presente asunto, se destacan los siguientes que se desprenden de las constancias que el juez responsable adjuntó como sustento de su informe: 1. María Arellano Vega y Raúl Acuña González, promovieron demanda en la vía especial oral familiar en contra de Audrey Correa Ponce, de quien medularmente reclamaron la convivencia con los menores de iniciales L.A.C. y L.A.C. Ello porque son abuelos de los infantes y desde que ocurrió una separación entre Audrey Correa Ponce y su hijo Raúl Acuña Arellano, no han podido convivir con ellos. 2. De ese ocurso correspondió conocer, por razón de turno, al Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Maravatio, el que lo radicó bajo el expediente número 45/2021, y la admitió a trámite para ordenar emplazar a la parte reo. 3. La demandada dio oportuna contestación a la incoada en su contra, negó las prestaciones solicitadas y refirió que existía la diversa controversia familiar número 733/2018, del índice del Juzgado Trigésimo Noveno Familiar de la Ciudad de México, en la que existía una orden de restricción vigente para que el padre no se acercara a sus hijos y la propia accionante ahora demandada. 4. En escrito de veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, la parte actora solicitó la convivencia provisional con los menores, la que podría ser de manera asistida en las instalaciones del DIF municipal de Contepec, Michoacán. 5. Previo a acordar en cuanto al fondo de esa petición, el veintisiete siguiente el juez civil otorgó vista a la contraparte para que manifestara lo que en su derecho correspondiera. 6. Así, el seis de octubre de dos mil veintiuno, se determinó la convivencia de manera supervisada de los actores María Arellano Vega y Raúl Acuña González, y los menores de iniciales L.A.C. y L.A.C., los días martes y jueves de las quince a las dieciséis horas, por un periodo de tres meses, en las instalaciones del DIF municipal; ello a partir del doce de octubre del año en comento. El juez civil justificó esa decisión en el derecho de los menores para convivir con su padre y abuelos, y en las valoraciones psicológicas practicadas a estos últimos, de las que coligió que los mencionados abuelos paternos son aptos para convivir con los menores y favorecer a su sano desarrollo; por lo que tomó todas las providencias necesarias para que se concretara en sus términos. Dicha resolución es la reclamada en este juicio constitucional. QUINTO. Causales de improcedencia. Se impone analizar la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, en términos de lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En la especie, este juzgador estima que en la especie se actualiza una causal de improcedencia prevista la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud de un cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica.". Por regla general, la causa de improcedencia relativa al cambio de situación jurídica, se produce cuando concurren los siguientes supuestos: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial o administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica y, por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; y, d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. De manera que por el cambio de situación jurídica resultan consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas, por no poderse decidir en el procedimiento, sin afectar la nueva situación jurídica. Sustenta lo anterior la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "CAMBIO DE SITUACION JURIDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional.". En el caso, se recuerda que el acto reclamado consiste en auto de seis de octubre de dos mil veintiuno, dictado en el juicio especial oral familiar 45/2021, promovido por María Arellano Vega y Raúl Acuña González, en contra de Audrey Correa Ponce; proveído en el que se decretó la convivencia provisional de los menores de iniciales L.A.C. y L.A.C., con los actores -abuelos paternos- toda vez que se consideró que éstos son aptos para ello en beneficio del sano desarrollo de los infantes. No obstante, mediante auto de treinta de mayo del año en curso, se tuvieron por recibidas diversas constancias relativas al controvertido de origen, que fueron remitidas vía correo electrónico. Documentales a las que se les concede pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2°. De manera trascendente, de ellas se obtiene que el catorce de diciembre de dos mil veintiuno, se dictó sentencia en el controvertido de origen que dilucidó la contienda en lo principal, pues en ésta se concedió a los actores aquí quejosos, el derecho a ver y convivir con los menores; y fijó un régimen para tal efecto. Además, que en el toca de apelación I-28/2022, mediante resolución de veintitrés de mayo de dos mil veintidós, la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia, confirmó la sentencia de mérito. En esta medida, con dichos pronunciamientos es evidente que las violaciones que constituyen el acto reclamado en este juicio, quedaron consumadas irreparablemente, de tal suerte que no puede decidirse sobre ellas, sin afectar la nueva situación jurídica que crea la sentencia dictada y confirmada en autos, pues ésta es la que ahora vincula a las partes que litigaron en la contienda. Por lo antes expuesto, con fundamento en la fracción XVII, del artículo 61, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo. Como apoyo se cita la tesis siguiente: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LOS JUECES DE DISTRITO ESTÁN FACULTADOS PARA DECRETARLO VALORANDO PRUEBAS DOCUMENTALES APORTADAS CON POSTERIORIDAD A LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL DE LAS QUE APAREZCA PROBADA O SOBREVENGA UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Es cierto que las pruebas documentales en el juicio de amparo deben ofrecerse y desahogarse, por regla general, a más tardar en la audiencia constitucional prevista en el artículo 155 de la Ley de Amparo, de manera que las exhibidas con posterioridad a su celebración no podrán tomarse en cuenta, pues de hacerlo se vulneraría la unidad jurídica de dicha actuación procesal, concebida como una secuencia en la cual se ofrecen y desahogan pruebas, se oyen los alegatos y se dicta la sentencia, además de que se menoscabaría el principio de igualdad entre las partes, pues la recepción de pruebas a uno de los contendientes fuera de dicha diligencia implicaría dejar en estado de indefensión a su contraparte, quien sólo puede objetarlas dentro de dicho acto procesal; empero, esta regla general no opera cuando se acredite alguno de los supuestos de sobreseimiento previstos en el artículo 74 de la Ley de Amparo con pruebas documentales exhibidas con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional, pues en este caso, dicho precepto legal no hace limitación alguna, por lo que el juzgador se encuentra facultado para sobreseer en el juicio valorando tales pruebas cuando aparezca probada o sobrevenga una causa de improcedencia.". En tales condiciones, toda vez que el sobreseimiento decretado constituye un acto procesal que termina la instancia por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado, no procede el análisis de los conceptos de violación, pues esto impide el examen de constitucionalidad del acto reclamado. Tiene aplicación al caso, la tesis de jurisprudencia V.2o. J/15, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, que dice: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. La resolución en que se decreta el sobreseimiento en el juicio, constituye un acto procesal que termina la instancia por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado. Así, no causa agravio la sentencia que no se ocupa de examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que tal cuestión constituye el problema de fondo planteado.". Los criterios que anteceden se invocan aun cuando hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido del mismo, no se opone a lo que la ley de la materia aplicable dispone en cuanto al tema de las mismas; ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en Vigor. Finalmente es innecesario que este juzgado se pronuncie sobre los efectos formales por el afectado principal, pues no forman parte de la litis, ni proponen una causa de improcedencia. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además, en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo vigente, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Audrey Correa Ponce, por sí y en cuanto representante de sus menores hijos con iniciales L.A.C. y L.A.C., contra el acto y autoridad que quedaron precisadas, por los motivos expuestos en el último considerando de esta ejecutoria. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza, hasta el día de hoy treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, en que las labores del juzgado lo permitieron. Doy fe.
- Principal
POR LISTA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA, LA SIGUIENTE RESOLUCION: V I S T O S para dictar sentencia, los autos que integran el juicio de amparo número 1032/2021-IX, promovido por Audrey Correa Ponce, por sí y en cuanto representante de sus menores hijos con iniciales L.A.C. y L.A.C., contra actos del Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Maravatio, Michoacán; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Mediante escrito depositado el veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, turnado en esa data a este Juzgado Tercero de Distrito, Audrey Correa Ponce, por sí y en cuanto representante de sus menores hijos con iniciales L.A.C. y L.A.C., compareció a solicitar el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos del Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Maravatio, Michoacán, en los términos siguientes: "ACTO RECLAMADO.- Lo hago consistir en la resolución de fecha 06 seis de octubre de 2021, dictada por el Juez Segundo Civil, del Distrito Judicial de Maravatio, Michoacán, dentro del juicio especial oral familiar 45/2021, en el que de manera totalmente ilegal, viola el derecho humano de los menores a una vida libre de violencia, al haber dictado un ilegal auto mediante el cual autoriza convivencia entre los menores de iniciales L. y L.A.C. con los señores María Arellano Vega y Raúl Acuña González, siendo que se encuentra vigente una medida de restricción a favor de la actora y de los menores.". En ese ocurso, la promovente formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos humanos vulnerados los contenidos en los artículos 1°, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión y trámite. En proveído de veintisiete del mes y año anotados, este órgano jurisdiccional admitió a trámite la demanda bajo el expediente 1032/2021-IX, requirió a la autoridad responsable sobre su informe con justificación y dio intervención al Agente del Ministerio Público de la adscripción. Además, toda vez que en el presente asunto se encuentran inmiscuidos los derechos de menores, a fin de garantizar sus intereses, se determinó designarles un representante especial nombrado por la Delegación Regional de la Defensoría Pública, quien aceptó y protestó el cargo conferido en el presente expediente. En auto de nueve de diciembre de dos mil veintiuno, se comunicó a las partes que a partir del uno del mes y año anotados, el que ahora resuelve funge como titular de este órgano jurisdiccional, en cumplimiento a lo ordenado en el oficio SEADS/1089/2021 y el diverso SEADS/1205/2021 remitido en alcance, suscritos por el encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en términos de los artículos 118 y 146 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. El diez siguiente se determinó reconocer como terceros interesados en este juicio a María Arellano Vega y Raúl Acuña González, agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Segundo en Materia Civil de Maravatio, Michoacán y Rosalinda Ocaña García, asesora jurídica regional de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, tutora en el juicio de origen de los menores de edad de iniciales L.A.C. y L.A.C; quienes fueron debidamente emplazados. Finalmente, el catorce de marzo de dos mil veintidós, tuvo lugar la audiencia constitucional correspondiente que se celebró al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o., fracción I, 37 y 107, fracción III, de la Ley de Amparo, y los diversos 49 y 60, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, alusivo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Toda vez que este órgano federal tiene competencia mixta y se impugna un acto con efectos declarativos emitido por una autoridad jurisdiccional del orden civil que reside dentro del ámbito territorial en el que se tiene jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Se procede a la fijación del acto reclamado, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y con apoyo además en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.". De igual forma, se invoca la jurisprudencia 40/2000 del contenido y datos que enseguida se anotan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". En ese tenor, del análisis integral de la demanda de amparo y demás constancias allegadas a este sumario, se advierte que el acto reclamado es el siguiente: El auto de seis de octubre de dos mil veintiuno, dictado en el juicio especial oral familiar 45/2021, promovido por María Arellano Vega y Raúl Acuña González, aquí terceros interesados, en contra de Audrey Correa Ponce, aquí quejosa; proveído en el que se decretó la convivencia provisional de los menores de iniciales L.A.C. y L.A.C., con los actores -abuelos paternos- toda vez que se consideró que éstos son aptos para ello en beneficio del sano desarrollo de los infantes. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Contra lo referido por el Ministerio Público Federal adscrito en su pedimento, es cierto el acto reclamado, dado que así lo manifestó en su informe justificado el juez responsable. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto.". Además, la certeza de que se habla se corrobora con las diversas constancias del juicio 45/2021, del índice del juzgado responsable, en donde obra el auto de seis de octubre de dos mil veintiuno, que se reclama en este juicio constitucional. Documentales públicas que se valoran en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2°, al haber sido compulsadas por un fedatario judicial en ejercicio de sus funciones. CUARTO. Antecedentes. A fin de contextualizar el presente asunto, se destacan los siguientes que se desprenden de las constancias que el juez responsable adjuntó como sustento de su informe: 1. María Arellano Vega y Raúl Acuña González, promovieron demanda en la vía especial oral familiar en contra de Audrey Correa Ponce, de quien medularmente reclamaron la convivencia con los menores de iniciales L.A.C. y L.A.C. Ello porque son abuelos de los infantes y desde que ocurrió una separación entre Audrey Correa Ponce y su hijo Raúl Acuña Arellano, no han podido convivir con ellos. 2. De ese ocurso correspondió conocer, por razón de turno, al Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Maravatio, el que lo radicó bajo el expediente número 45/2021, y la admitió a trámite para ordenar emplazar a la parte reo. 3. La demandada dio oportuna contestación a la incoada en su contra, negó las prestaciones solicitadas y refirió que existía la diversa controversia familiar número 733/2018, del índice del Juzgado Trigésimo Noveno Familiar de la Ciudad de México, en la que existía una orden de restricción vigente para que el padre no se acercara a sus hijos y la propia accionante ahora demandada. 4. En escrito de veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, la parte actora solicitó la convivencia provisional con los menores, la que podría ser de manera asistida en las instalaciones del DIF municipal de Contepec, Michoacán. 5. Previo a acordar en cuanto al fondo de esa petición, el veintisiete siguiente el juez civil otorgó vista a la contraparte para que manifestara lo que en su derecho correspondiera. 6. Así, el seis de octubre de dos mil veintiuno, se determinó la convivencia de manera supervisada de los actores María Arellano Vega y Raúl Acuña González, y los menores de iniciales L.A.C. y L.A.C., los días martes y jueves de las quince a las dieciséis horas, por un periodo de tres meses, en las instalaciones del DIF municipal; ello a partir del doce de octubre del año en comento. El juez civil justificó esa decisión en el derecho de los menores para convivir con su padre y abuelos, y en las valoraciones psicológicas practicadas a estos últimos, de las que coligió que los mencionados abuelos paternos son aptos para convivir con los menores y favorecer a su sano desarrollo; por lo que tomó todas las providencias necesarias para que se concretara en sus términos. Dicha resolución es la reclamada en este juicio constitucional. QUINTO. Causales de improcedencia. Se impone analizar la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, en términos de lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En la especie, este juzgador estima que en la especie se actualiza una causal de improcedencia prevista la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud de un cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica.". Por regla general, la causa de improcedencia relativa al cambio de situación jurídica, se produce cuando concurren los siguientes supuestos: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial o administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica y, por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; y, d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. De manera que por el cambio de situación jurídica resultan consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas, por no poderse decidir en el procedimiento, sin afectar la nueva situación jurídica. Sustenta lo anterior la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "CAMBIO DE SITUACION JURIDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional.". En el caso, se recuerda que el acto reclamado consiste en auto de seis de octubre de dos mil veintiuno, dictado en el juicio especial oral familiar 45/2021, promovido por María Arellano Vega y Raúl Acuña González, en contra de Audrey Correa Ponce; proveído en el que se decretó la convivencia provisional de los menores de iniciales L.A.C. y L.A.C., con los actores -abuelos paternos- toda vez que se consideró que éstos son aptos para ello en beneficio del sano desarrollo de los infantes. No obstante, mediante auto de treinta de mayo del año en curso, se tuvieron por recibidas diversas constancias relativas al controvertido de origen, que fueron remitidas vía correo electrónico. Documentales a las que se les concede pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2°. De manera trascendente, de ellas se obtiene que el catorce de diciembre de dos mil veintiuno, se dictó sentencia en el controvertido de origen que dilucidó la contienda en lo principal, pues en ésta se concedió a los actores aquí quejosos, el derecho a ver y convivir con los menores; y fijó un régimen para tal efecto. Además, que en el toca de apelación I-28/2022, mediante resolución de veintitrés de mayo de dos mil veintidós, la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia, confirmó la sentencia de mérito. En esta medida, con dichos pronunciamientos es evidente que las violaciones que constituyen el acto reclamado en este juicio, quedaron consumadas irreparablemente, de tal suerte que no puede decidirse sobre ellas, sin afectar la nueva situación jurídica que crea la sentencia dictada y confirmada en autos, pues ésta es la que ahora vincula a las partes que litigaron en la contienda. Por lo antes expuesto, con fundamento en la fracción XVII, del artículo 61, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo. Como apoyo se cita la tesis siguiente: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LOS JUECES DE DISTRITO ESTÁN FACULTADOS PARA DECRETARLO VALORANDO PRUEBAS DOCUMENTALES APORTADAS CON POSTERIORIDAD A LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL DE LAS QUE APAREZCA PROBADA O SOBREVENGA UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Es cierto que las pruebas documentales en el juicio de amparo deben ofrecerse y desahogarse, por regla general, a más tardar en la audiencia constitucional prevista en el artículo 155 de la Ley de Amparo, de manera que las exhibidas con posterioridad a su celebración no podrán tomarse en cuenta, pues de hacerlo se vulneraría la unidad jurídica de dicha actuación procesal, concebida como una secuencia en la cual se ofrecen y desahogan pruebas, se oyen los alegatos y se dicta la sentencia, además de que se menoscabaría el principio de igualdad entre las partes, pues la recepción de pruebas a uno de los contendientes fuera de dicha diligencia implicaría dejar en estado de indefensión a su contraparte, quien sólo puede objetarlas dentro de dicho acto procesal; empero, esta regla general no opera cuando se acredite alguno de los supuestos de sobreseimiento previstos en el artículo 74 de la Ley de Amparo con pruebas documentales exhibidas con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional, pues en este caso, dicho precepto legal no hace limitación alguna, por lo que el juzgador se encuentra facultado para sobreseer en el juicio valorando tales pruebas cuando aparezca probada o sobrevenga una causa de improcedencia.". En tales condiciones, toda vez que el sobreseimiento decretado constituye un acto procesal que termina la instancia por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado, no procede el análisis de los conceptos de violación, pues esto impide el examen de constitucionalidad del acto reclamado. Tiene aplicación al caso, la tesis de jurisprudencia V.2o. J/15, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, que dice: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. La resolución en que se decreta el sobreseimiento en el juicio, constituye un acto procesal que termina la instancia por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado. Así, no causa agravio la sentencia que no se ocupa de examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que tal cuestión constituye el problema de fondo planteado.". Los criterios que anteceden se invocan aun cuando hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido del mismo, no se opone a lo que la ley de la materia aplicable dispone en cuanto al tema de las mismas; ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en Vigor. Finalmente es innecesario que este juzgado se pronuncie sobre los efectos formales por el afectado principal, pues no forman parte de la litis, ni proponen una causa de improcedencia. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además, en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo vigente, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Audrey Correa Ponce, por sí y en cuanto representante de sus menores hijos con iniciales L.A.C. y L.A.C., contra el acto y autoridad que quedaron precisadas, por los motivos expuestos en el último considerando de esta ejecutoria. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza, hasta el día de hoy treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, en que las labores del juzgado lo permitieron. Doy fe.
Quedan 10 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · 7,288 expedientes
- Atenógenes Cruz García658/2018
- Atzimba Adilene Adame Reyes y Otros.106/2021
- Audelino Manuel Abarca Calvillo745/2023
- Audiel Galindo Torres1188/2017
- Auditoria Superior de Michoacán804/2017
- Auditoria Superior del Estado de Michoacán964/2016
- Audrey Correa Ponce285/2023
- Augusto Cervantes Cisneros1270/2023
- Aurelia García Morales118/2019
- Aurelio Escamilla Meza482/2018
- Aurelio García García528/2019
- Aurelio Oliveros Paramo684/2020