Auditoría Superior de la Federación y Otros.

Expediente 497/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
497/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
17/09/2021

Partes del expediente

  • Auditoría Superior de la Federación y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, con sede en la Ciudad de México. Atento a su contenido, téngase a la autoridad oficiante remitiendo la literalidad de la resolución de dos de septiembre de dos mil veintiuno, dictada dentro del conflicto competencial ***, de su estadística, en el que determinó que el Juzgado Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, por razón de territorio, es competente para conocer del juicio de amparo promovido por la Auditoría Superior de la Federación. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); ARCHÍVESE el presente cuaderno de antecedentes como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena: En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena: 1. Destruir el presente cuaderno de antecedentes, ya que se actualiza la hipótesis prevista por el artículo 20, fracción I, inciso a, del citado Acuerdo General; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. 2. Una vez cumplido el término a que se refiere el punto anterior, este órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal como lo dispone el penúltimo párrafo del citado artículo 20. 3. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente. Notifíquese.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, uno de septiembre de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio remitido vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes por el Juzgado Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, por el cual informa que insiste en declararse legalmente incompetente para conocer de la demanda que dio origen al presente juicio y remitió los autos al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en turno, para que resuelva respecto a la contienda de competencia suscitada. De lo anterior este órgano jurisdiccional toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar, en el entendido de que por auto de veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, se tuvo al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, con sede en la Ciudad de México, informando la radicación del conflicto competencial. Notifíquese.

  3. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veinticinco de agosto de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio remitido vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), por la Secretaria del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, con sede en la Ciudad de México, a través del cual, informa que se avocó al conocimiento del conflicto competencial suscitado entre el Juzgado Séptimo de Distrito der Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, y el Juzgado Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, derivado del juicio de amparo 457/2021-III, promovido por ***, en su carácter de ***, radicándolo con el número ***. Circunstancia de la cual este juzgado toma conocimiento para los efectos conducentes. Notifíquese.

  4. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintiséis de julio de dos mil veintiuno. Por recibido el oficio y anexos de cuenta, remitidos por el Secretario del Juzgado Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, a través del cual, remite el original del juicio de amparo ***, promovido por ***, en su carácter de Director General Jurídico de la ***. NO SE ACEPTA COMPETENCIA Ahora, de la demanda de amparo se advierte que el quejoso ***, en su carácter de Director General Jurídico de la ***, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y actos siguientes: 1. Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Unidad Quinta del Sistema Procesal Penal Inquisitivo-Mixto de la Fiscalía General de la República en el Estado de Chiapas, Licenciado ***. 2. Agente del Ministerio Público de la Federación, Encargada de la Unidad Quinta del Sistema Procesal Penal Inquisitivo-Mixto de la Fiscalía General de la República en el Estado de Chiapas, Licenciada ***. De quienes reclamó:  La omisión de recabar la opinión de la Auditoría Superior de la Federación previo a la formulación de la consulta contenida en la determinación de no ejercicio de acción penal por obstáculo material insuperable de diez de julio de dos mil veinte.  La emisión de la formulación de la consulta contenida en la determinación de no ejercicio de acción penal por obstáculo material insuperable de diez de julio de dos mil veinte.  La omisión de notificar personal y oportunamente a la Auditoría Superior de la Federación la Formulación de la consulta contenida en la determinación de no ejercicio de la acción penal por obstáculo material insuperable de diez de julio de dos mil veinte.  La notificación de catorce de junio de dos mil veintiuno, realizada vía correo electrónico a la Dirección General Jurídica de la Auditoria Superior de la Federación del oficio 179/2021 de catorce de junio de dos mil veintiuno. Ahora bien, resulta menester aludir al contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, que en materia de competencia en razón de territorio establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". Del contenido de los citados preceptos se desprenden tres hipótesis en torno a la competencia territorial de los jueces de distrito, respecto del conocimiento de un juicio de amparo, las que para una mejor comprensión se puntualizan a continuación: a) La primera, dispone que cuando conforme a las prescripciones de la ley de la materia sean competentes los jueces de distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. Lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquéllos que después de su emisión, por su índole, requiere de ejecución. b) La segunda, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye un matiz a la primera, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia se establece que en el caso de que el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un Distrito o haya comenzado a ejecutarse en uno de ellos y siga ejecutándose en otro, entonces, cualquiera de los jueces federales de esas jurisdicciones ante el que se presente la demanda, esto es, el que haya prevenido en el conocimiento del asunto, será el competente para conocer de la demanda de amparo. c) En el tercer supuesto, se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de garantías no requiera de ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Estas tres reglas permiten determinar a qué juez de distrito le corresponde la competencia para conocer de un determinado asunto, atendiendo al hecho de que el acto requiera o no una ejecución material, lo que se traduce en competencia territorial, pero en atención a los efectos de ejecución material del acto reclamado o la inejecución material del mismo. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la tesis 3a. XLIX/93 , sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "COMPETENCIA EN UN JUICIO DE AMPARO EN QUE LOS ACTOS RECLAMADOS DEBEN EJECUTARSE EN DIVERSOS DISTRITOS. CORRESPONDE AL JUEZ ANTE EL QUE SE PRESENTA LA DEMANDA". Así, para determinar la competencia en el caso concreto, hay que atender estos aspectos: i. Primero, verificar si el acto reclamado tiene o no ejecución material. ii. Segundo, de ser afirmativo lo anterior, el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. iii. Tercero, si el acto no requiere ejecución material, atender al lugar donde se haya presentado la demanda. En este punto de análisis, es necesario reiterar que de la demanda de amparo se advierte que el impetrante de amparo reclama: a) La omisión de recabar la opinión de la Auditoría Superior de la Federación previo a la formulación de la consulta contenida en la determinación de no ejercicio de acción penal por obstáculo material insuperable de diez de julio de dos mil veinte. b) La emisión de la formulación de la consulta contenida en la determinación de no ejercicio de acción penal por obstáculo material insuperable de diez de julio de dos mil veinte. c) La omisión de notificar personal y oportunamente a la Auditoría Superior de la Federación la Formulación de la consulta contenida en la determinación de no ejercicio de la acción penal por obstáculo material insuperable de diez de julio de dos mil veinte. d) La notificación de catorce de junio de dos mil veintiuno, realizada vía correo electrónico a la Dirección General Jurídica de la Auditoria Superior de la Federación del oficio 179/2021 de catorce de junio de dos mil veintiuno. De los autos del juicio de amparo ***, se advierte que el Juzgado Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, determinó carecer de competencia legal para conocer y resolver sobre la demanda de amparo promovida por ***, en su carácter de Director General Jurídico de la ***, al margen de las siguientes consideraciones: "(.) En ese contexto, se advierte que la averiguación previa ***, donde derivan los actos reclamados se encuentra radicada ante el Agente del Ministerio de la Federación, Titular de la Unidad Quinta del Sistema Procesal Penal Inquisitivo-Mixto de la Fiscalía General de la República en el Estado de Chiapas, por tanto, el Juez de Distrito competente para conocer de la demanda y resolver lo que en derecho corresponda es aquel en donde se está ejecutando la afectación a los derechos fundamentales de la parte quejosa, lo cual acontece en el lugar en donde se encuentra radicada dicha indagatoria, esto es, en Chiapas. Máxime que en la especie la parte quejosa no señala alguna autoridad con residencia en esta ciudad, toda vez que de su demanda de amparo se advierte que las responsables señaladas tienen su residencia en Chiapas. Al respecto, no pasa inadvertido que en el escrito inicial de la demanda de amparo la parte quejosa manifestara que la notificación debió realizarse de manera personal en el domicilio ubicado en esta ciudad señalado en el citado libelo. Sin embargo, atendiendo a que los actos reclamados en el presente controvertido son la consulta del no ejercicio de la acción penal de, la averiguación previa atribuida a servidores públicos adscritos a la Fiscalía General de la República en Chiapas, el lugar de notificación del acto reclamado no tiene el alcance de fijar la competencia para conocer del asunto. Lo anterior, dado que el lugar en donde se encuentra radicada la indagatoria referida es precisamente donde tienen su principal impacto y repercusión los efectos del acto reclamado. En tal virtud, debe concluirse que corresponde conocer del presente juicio al Juez de Distrito en cuya jurisdicción residan los agentes del Ministerio Público responsables encargados de la integración de la indagatoria de marras. (.)". En ese sentido, se advierte que el órgano declinante justificó sustancialmente su incompetencia aduciendo que el Juez de Distrito competente para conocer de la demanda y resolver lo que en derecho corresponda en aquel en donde se está ejecutando la afectación a los derechos fundamentales de la parte quejosa, lo que en el caso acontece en el lugar donde se encuentra radicada la averiguación previa ***. No obstante lo anterior, este órgano de control constitucional no comparte el criterio adoptado por la autoridad federal oficiante, por los motivos y fundamentos que a continuación se expresan. Resulta necesario precisar que los actos omisivos, por su naturaleza, carecen de principios de ejecución, ya que se caracterizan porque la autoridad se abstiene de actuar; es decir, se rehúsa a hacer algo. En ese sentido, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contracción de tesis 389/2013 entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiando del Décimo Noveno Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Amdministrativa del Séptimo Circuito, el siete de febrero de dos mil catorce, dio origen al a jurisprudencia 1a./J.17/2014 (10a.), de rubro "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA ACTOS QUE NO REQUIERAN DE EJECUCIÓN MATERIAL. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA RELATIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 37, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)", de cuya ejecutoria, en lo que interesa se advierte lo siguiente: "(.) En atención a las ideas desarrolladas, es factible concluir que el precepto legal analizado debe interpretarse de manera literal, pues debe tomarse en cuenta que el antecedente legislativo más cercano del precepto normativo analizado, es el numeral 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, cuyo párrafo último establecía que cuando se señalaba como acto reclamado un acto carente de ejecución material, el Juez competente legalmente para conocer y resolver el asunto, era aquel con jurisdicción en donde residía la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Posteriormente, las dos iniciativas con las cuales comenzó el proceso legislativo que a la postre culminó con la nueva Ley de Amparo, presentadas, por una parte, por los senadores Jesús Murillo Karam y Alejandro Zapata Perogordo; y por otra, por Tomás Torres Mercado; propusieron en ese orden, que en la hipótesis de impugnación de actos de la naturaleza referida en el párrafo precedente, el Juez competente para resolver el conflicto sería aquel en cuya jurisdicción residiera la autoridad responsable; y que el Juez competente sería el que tuviera jurisdicción en el lugar de residencia de la parte quejosa. Sin embargo, cuando ambas iniciativas fueron examinadas por las Comisiones Unidas de Justicia, Gobernación y Estudios Legislativos, inclusive para elaborar los artículos del dictamen, su estructura y contenido, así como para la discusión, modificación y adición de las propuestas contenidas en el dictamen; fue formulado el artículo 37 de la Ley de Amparo, en los términos en los cuales se aprobó, sin expresar algún argumento mediante el cual se explicara el cambio de redacción del precepto normativo, en relación con el texto de la norma establecida en esas iniciativas, en cuyos términos finalmente fue aprobado. Por consiguiente, es posible arribar a la conclusión de que la intención del creador de la norma quedó plasmada claramente en el precepto normativo estudiado; de ahí que, con independencia de las primeras propuestas contenidas en las iniciativas de que se trata, el texto del artículo 37 de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, debe aplicarse conforme a la letra contenida en el precepto, sin emplear algún método sistemático, teleológico o lógico, o algún otro para desentrañar su sentido y alcance, esto es, para conocer la verdadera intención de su creador. Lo anterior tiene justificación también en que, al aplicarse textualmente el precepto analizado, se evita en gran medida la existencia de conflictos competenciales, lográndose de ese modo una mejor operatividad efectiva y eficiente de los derechos humanos de acceso expedito a la administración de justicia y de audiencia, los cuales implican la posibilidad de que los justiciables puedan acudir a la tutela jurisdiccional con el mínimo de obstáculos para ser oídos en su defensa, cumpliendo siempre los requisitos constitucionales y legales de procedencia; así como la prontitud en la emisión de la determinación jurisdiccional a través de la cual se soluciona el pleito sometido a la jurisdicción de los Jueces; en el entendido de que al realizarse esa interpretación de la norma legislativa, no pueden dejarse de considerar aquellos aspectos competenciales relacionados con la materia del conflicto, el turno, grado y vía, así como la jurisdicción auxiliar, prevista en el artículo 159 de la Ley de Amparo. En suma, de conformidad con los derechos humanos de audiencia y acceso a la justicia pronta y expedita, previstos en los artículos 14, párrafo segundo y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y al diverso 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; se concluye que el texto del artículo 37 de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, debe aplicarse de manera estricta a su texto, sin emplear algún método sistemático, teleológico o lógico para desentrañar su sentido y alcance, pues en la condiciones anotadas, la intención del legislador quedó plasmada con toda claridad en el contenido de la norma. Por tanto, en la hipótesis de impugnación de actos carentes de ejecución material, el Juez competente para resolver el conflicto es aquel en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. (.)". De lo anterior, se advierte que para la interpretación del último párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo en vigor, no debe emplearse algún método sistemático, teleológico o lógico o algún otro, para desentrañar su sentido y alcance, por el contrario el mismo debe aplicarse conforme a la letra contenida en dicho precepto legal. No obstante, con el objeto de determinar la competencia por territorio del Juez de Distrito para conocer del juicio de amparo, no es suficiente establecer que en el presente asunto la afectación a los derechos fundamentales de la parte quejosa acontece en el lugar donde se encuentra radicada la causa penal ***. Ello es así, toda vez que se reputa necesario razonar si conforme a la naturaleza de los actos reclamados requieren o no de ejecución material, y para poder establecerlo, deben considerarse los efectos que produce objetiva y jurídicamente en el derecho sustantivo alegado. En el asunto que nos ocupa, por lo que hace a los actos que se reclaman consistentes en las omisiones de las responsables de a) recabar la opinión de la quejosa previo a la formulación de la consulta contenida en la determinación de no ejercicio de la acción penal por obstáculo material insuperable de diez de julio de dos mil veinte, así como c) de notificar la formulación de la consulta contenida en dicha resolución, debe decirse que a consideración de este juzgado, éstos no tienen efecto distinto de la inhibición de la autoridad de actuar y, por tanto, tampoco requieren de ejecución material alguna, sin que sea factible considerar la posibilidad de que dichas omisiones tengan efectos positivos si se otorga a la parte quejosa el amparo solicitado. Orienta lo anterior, por las razones que informa la tesis V.2o.P.A.12 P (10a.) , sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, de rubro "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA. AL NO REQUERIR EJECUCIÓN MATERIAL, SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA". Tocante al diverso acto que por esta vía se reclama, consistente en b) la consulta contenida en la determinación de no ejercicio de acción penal por obstáculo material insuperable de diez de julio de dos mil veinte, a consideración de este juzgado, no puede reputarse como un acto de ejecución material sino como uno meramente declarativo, en tanto que sus efectos no trascienden al mundo fáctico, es decir, no modifican el estado de las cosas en la esfera física, sino solo en el ámbito de lo formal, en el sentido que no es factible continuar con la integración de la indagatoria de origen. Ello es así, ya que dicho acto no conlleva la realización de una obligación de hacer o dar, sino, como se dijo, un pronunciamiento meramente declarativo que ocasiona que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran; razón por la que dicho acto reclamado, per se, no requiere de una actuación posterior que los complemente y, por tanto, carecen de ejecución material, lo cual finca competencia al Juzgado de Distrito que previno en el conocimiento del asunto, de conformidad con el tercer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, que establece que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el órgano en cuya jurisdicción se presentó la demanda. Es aplicable, por el espíritu que informa, la jurisprudencia VII.2o.T. J/63 K (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, de encabezado. "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS QUE POR SU NATURALEZA NO REQUIEREN EJECUCIÓN MATERIAL PARA SURTIR SUS EFECTOS. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO EN EL CONOCIMIENTO DEL ASUNTO". Por lo que hace al acto impugnado consistente en d) la notificación de catorce de junio de dos mil veintiuno, realizada vía correo electrónico a la Dirección General Jurídica de la Auditoria Superior de la Federación del oficio 179/2021 de catorce de junio de dos mil veintiuno, si tiene ejecución material. Al respecto, es importante indicar que si en la demanda de amparo se señalan una pluralidad de actos reclamados, entre los cuales se encuentra uno que deben tener ejecución material, así como otro que no la requiere, son competentes para conocer del asunto, en su integridad, tanto el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde se ejecutó el acto reclamado, como aquel en cuya jurisdicción se presentó la demanda, respecto del acto reclamado que no requiere ejecución material. Ante la falta de regulación expresa para ese tipo de supuestos, en el artículo 37 de la Ley de Amparo (pluralidad de actos), en observancia del principio pro persona, contenido en el artículo 1, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esa Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia, y al encontrarse involucrado en la especie el derecho humano de acceso a la justicia, reconocido en el diverso numeral 17 de la referida carta magna, se concluye que la competencia se surte en favor del juez en cuya jurisdicción se presentó la demanda, porque de acuerdo con el sentido y alcance del derecho humano mencionado, la circunstancia de que el quejoso haya presentado su escrito ante la autoridad de amparo con competencia en uno de los territorios relacionados con el asunto, permite presumir fundadamente que ese juzgador federal es el de más fácil acceso material para dicho justiciable, respecto del otro, dado que el promovente optó por acudir ante él y no con el otro. Es aplicable, la tesis I.16o.A.9 K (10a.) , sustentada por el Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de encabezado "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO SE SEÑALE UNA PLURALIDAD DE ACTOS RECLAMADOS, ENTRE LOS CUALES SE ENCUENTRE UNO QUE DEBA TENER EJECUCIÓN MATERIAL, QUE INCLUSO YA SE EJECUTÓ, ASÍ COMO OTROS QUE NO LA REQUIERAN, SE SURTE EN FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA". En ese orden de ideas, al reclamarse actos que no tienen ejecución material, corresponde conocer de la demanda al Juzgado Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, por ser ante quien se presentó la demanda de amparo. En las relatadas condiciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 48, párrafo segundo, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, infórmese al Juzgado Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, que este órgano jurisdiccional no acepta la competencia planteada para conocer del juicio de amparo ***, de su índice; por tanto, devuélvase el citado expediente a la autoridad oficiante, para que decida si insiste o no en declinar el conocimiento de este asunto; solicitando de la manera más atenta, que en su oportunidad envíe el correspondiente acuse de recibo y la manifestación de lo proveído sobre el particular. Sin que pase desapercibido que el Juez Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, declinó competencia en favor del Juzgado de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Chiapas, con residencia en Cintalapa de Figueroa, en turno, sin embargo, atendiendo lo dispuesto en la fracción I del artículo 45 del Acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, y de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal, con residencia en Cintalapa de Figueroa, turnó el asunto que nos ocupa de manera aleatoria a los órganos jurisdiccionales con sede en Tuxtla Gutiérrez, y Cintalapa de Figueroa, Chiapas, quienes ejercen jurisdicción en San Cristóbal de las Casas, Chiapas (lugar donde se encuentra radicada la averiguación previa ***, al no existir antecedente alguno en los Juzgados de Distrito con sede en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, y atendiendo a la naturaleza del asunto, de conformidad con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y fórmese el cuaderno de antecedentes. DOMICILIOS Y AUTORIZADOS Téngase al promovente señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones el que indica en su escrito de demanda. En ese sentido, en atención a lo dispuesto por los artículos 55 y 57 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se ordena que las notificaciones al promovente en el presente juicio de amparo se realicen vía electrónica, debiendo observar las reglas establecidas en los dispositivos 30 y 31 de la ley de la materia. Asimismo, con apoyo en los artículos 34, 35, 36 y 37 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se autoriza al promovente, con los nombres de usuario ***/, para la consulta de este expediente y notificaciones electrónicas, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en la dirección electrónica http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Login, debiendo corroborar sus credenciales de acceso. De igual forma, en términos de los numerales citados, se autoriza a la parte quejosa, con los nombres de usuario ***, para la consulta de este expediente. Por tanto, se instruye a la Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y a los fedatarios de la adscripción para el efecto de que en el ámbito de sus atribuciones, den cumplimiento a lo ordenado en los párrafos que anteceden. Asimismo con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tienen por autorizados en términos amplios a ***, ya que cuentan con cédulas profesionales registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, y en términos restringidos del citado numeral a ***, ya que no cuentan con sus cédulas profesionales registradas en dicho sistema, en el entendido que una vez que cumplan con tal requisito, podrán solicitar que se acuerde lo conducente; asimismo, con sustento en el numeral 24, párrafo segundo de la norma jurídica invocada, como autorizados para oír y recibir notificaciones, por así haberlo solicitado expresamente la parte quejosa. Con apoyo con lo dispuesto por el artículo 5, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, tómese conocimiento de los números telefónicos que proporciona el promovente, para en su caso, brindar atención, respecto de comunicaciones no procesales. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. Además, hágase del conocimiento del fedatario de la adscripción, que para el caso de que tenga a bien de realizar alguna notificación personal, deberá tomar las medidas necesarias y suficientes para evitar el contacto físico, siguiendo el Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por coronavirus (COVID-19), para Notificadores y Defensores Públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones, emitido por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, de la Secretaría Ejecutiva de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, y empleando el equipo de protección proporcionado para ello. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS El artículo 122 de la Ley de Amparo dispone que los documentos pueden ser objetados por las partes y que éstos no podrán devolverse hasta que precluya el derecho a ello o mientras no se haya resuelto definitivamente el juicio (artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles). En consecuencia se niega la devolución de los documentos que en su caso exhiban las partes, hasta el momento que la ley lo permita. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza la reproducción de las constancias que obren en el presente expediente mediante el uso de medios electrónicos de reproducción portátil, bastando en cada caso la solicitud verbal de la parte interesada y sin requerir que recaiga proveído al respecto; sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto. Es ilustrativa la tesis I.3o.C.725 C del Tercer Tribunal Colegiado en materia civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Materia Civil, página 2847, registro 167640, de rubro: REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los arábigos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Además, en cumplimiento a lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Así también, de conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA" Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 28 del referido Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes para que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea"; esto es, privilegiando el uso de medios electrónicos y en su caso, los que se encuentran a su disposición a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese.

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