Audelin de la Cruz Cruz y Otros.
Expediente 35/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 26 actuaciones registradas, la última del 6 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 35/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 26
- Última actuación
- 06/06/2022
Partes del expediente
- Audelin de la Cruz Cruz y Otros.
- Rogelio de la Cruz Cruz y Otros.
- Marco Antonio Ramos López y Otros.
- Rogelio de la Cruz Cruz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 26.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; seis de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se aprecia que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días que prevé el primer párrafo del artículo 202 de la Ley de Amparo, para que la partes, quejosa y tercero interesada manifestaran su inconformidad contra la determinación de cuatro de mayo de dos mil veintidós, que declaró cumplida la ejecutoria de amparo; en consecuencia, se tiene por consentido dicho acuerdo, toda vez que no se inconformaron. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); ARCHÍVESE el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena: 1. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I, inciso b, del artículo 18, del citado Acuerdo General, al ser un juicio que concedió el amparo. Es de precisar que el presente asunto, no se considera de relevancia documental, ya que no se encuentra dentro de los supuestos a que alude el artículo 15, del acuerdo citado en líneas que anteceden. 2. Depurar el cuaderno original del incidente de suspensión, derivado del presente juicio de amparo, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I, inciso a), del artículo 18, del citado Acuerdo General Conjunto, al haberse concedido la suspensión definitiva de los actos reclamados. 3. Una vez cumplido el término de tres años a partir de esta fecha, como dispone el penúltimo párrafo del citado artículo 18, este órgano jurisdiccional, dentro de los noventa días siguientes, deberá depurar el presente expediente, así como el cuaderno original del incidente de suspensión, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente depurado. 4. Destruir el duplicado del cuaderno incidental, en términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a), del citado acuerdo general; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. 5. Transferir el expediente principal y el cuaderno original del incidente de suspensión, una vez terminado el proceso de depuración, al Centro Archivístico Judicial, tal como lo dispone el último párrafo del artículo 18, del acuerdo en comento. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. Notifíquese.
- Incidental
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; seis de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se aprecia que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días que prevé el primer párrafo del artículo 202 de la Ley de Amparo, para que la partes, quejosa y tercero interesada manifestaran su inconformidad contra la determinación de cuatro de mayo de dos mil veintidós, que declaró cumplida la ejecutoria de amparo; en consecuencia, se tiene por consentido dicho acuerdo, toda vez que no se inconformaron. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); ARCHÍVESE el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena: 1. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I, inciso b, del artículo 18, del citado Acuerdo General, al ser un juicio que concedió el amparo. Es de precisar que el presente asunto, no se considera de relevancia documental, ya que no se encuentra dentro de los supuestos a que alude el artículo 15, del acuerdo citado en líneas que anteceden. 2. Depurar el cuaderno original del incidente de suspensión, derivado del presente juicio de amparo, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I, inciso a), del artículo 18, del citado Acuerdo General Conjunto, al haberse concedido la suspensión definitiva de los actos reclamados. 3. Una vez cumplido el término de tres años a partir de esta fecha, como dispone el penúltimo párrafo del citado artículo 18, este órgano jurisdiccional, dentro de los noventa días siguientes, deberá depurar el presente expediente, así como el cuaderno original del incidente de suspensión, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente depurado. 4. Destruir el duplicado del cuaderno incidental, en términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a), del citado acuerdo general; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. 5. Transferir el expediente principal y el cuaderno original del incidente de suspensión, una vez terminado el proceso de depuración, al Centro Archivístico Judicial, tal como lo dispone el último párrafo del artículo 18, del acuerdo en comento. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, cuatro de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término concedido a las partes en proveído de veintiuno de abril de dos mil veintidós, para que manifestaran lo que a su derecho conviniera en relación con el cumplimiento que la autoridad responsable adujó haber dado al fallo constitucional pronunciado en el presente juicio; por lo que es procedente dictar la resolución a que refiere el artículo 196 de la Ley de Amparo; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Antecedentes. Previo al análisis de las constancias que obran en autos relativas al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, resulta necesario destacar los acontecimientos que se enlistan a continuación: El dieciocho de marzo de dos mil veintidós, se dictó resolución definitiva en la que se concedió el amparo solicitado por la parte quejosa. Toda vez que la sentencia no fue recurrida, por auto de siete de abril de dos mil veintidós, causó ejecutoria, y se requirió a la autoridad obligada que diera cumplimiento al fallo constitucional. Por oficio 3420/2022, de dieciocho de abril de dos mil veintidós, la responsable 1.Juez de Control, Región Uno, de los Distritos Judiciales de Chiapa, Cintalapa y Tuxtla, con sede en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, remitió disco versátil digital (DVD), que contiene audio y video de las audiencias inicial y su continuación, de doce y dieciocho de abril de dos mil veintidós, así como copia certificada de la constancia escrita respectiva, emitida en la exhorto penal ***, de su índice, con las que adujó haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Luego, el veintiuno de abril de la presente anualidad, se ordenó dar vista a la partes, quejosa y tercero interesada, con las constancias referidas, para que dentro del término de tres días expresaran lo que a su derecho conviniera; la cual fue desahogada únicamente por los quejosos ***. SEGUNDO. Efectos de la ejecutoria de amparo. Conforme al texto de la ejecutoria de amparo, la protección de la Justicia Federal se otorgó para que la autoridad responsable realizara lo siguiente: "a) Deje insubsistente el auto de vinculación a proceso de dos de enero de dos mil veintidós, dictado en el exhorto ***, derivado de la causa penal *** del índice del Juzgado de Control, Región Tres, de los Distritos Judiciales de Pichucalco y Simojovel, con residencia en Pichucalco, Chiapas; b) Reponga el procedimiento hasta la audiencia inicial, con la finalidad de subsanar las violaciones procesales destacadas en el presente fallo constitucional; y, c) Hecho lo anterior, con plenitud de jurisdicción, resuelva de nueva cuenta la situación jurídica de los quejosos. d) Lo anterior, en el entendido de que la reposición deberá ser realizada ante un Juez de Control distinto del que emitió el auto de vinculación combatido. (.)" TERCERO. Análisis de cumplimiento. Una vez precisado lo anterior, se procede al examen de las constancias que en copias certificadas remitió la autoridad responsable, las cuales adquieren valor probatorio pleno en términos de lo previsto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, acorde con su artículo 2. Al respecto, cabe precisar que las videograbaciones en formato digital de las audiencias orales y públicas celebradas en causas penales de corte acusatorio, adquieren el carácter de documentales públicas lato sensu, para efectos de su valoración en el juicio de amparo. Es aplicable, la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia, de rubro "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL". Ahora, una vez comparados los efectos de la concesión de amparo con el cumplimiento que dio la responsable, se advierte que la ejecutoria se encuentra cumplida, como se aprecia del siguiente cuadro: EL AMPARO SE CONCEDIÓ PARA QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE REALIZARA LO SIGUIENTE: ACTUACIONES REALIZADAS POR LA RESPONSABLE CON MOTIVO DEL AMPARO CONCEDIDO: a) Deje insubsistente el auto de vinculación a proceso de dos de enero de dos mil veintidós, dictado en el exhorto ***, derivado de la causa penal ***, del índice del Juzgado de Control, Región Tres, de los Distritos Judiciales de Pichucalco y Simojovel, con residencia en Pichucalco, Chiapas. En lo atinente el efecto precisado en este inciso de la ejecutoria de amparo, sí lo realizó, lo que se corrobora con la audiencia inicial de doce de abril de la presente anualidad, específicamente a las doce horas con veintitrés segundos (08:50), tal como consta en el disco compacto de audio y video, del que se advierte que dejó insubsistente el auto de vinculación a proceso de dos de enero de dos mil veintidós, dictado en el exhorto ***, derivado de la causa penal ***, del índice del Juzgado de Control, Región Tres, de los Distritos Judiciales de Pichucalco y Simojovel, con residencia en Pichucalco, Chiapas. (Efecto precisado en el inciso "a" cumplido). b) Reponga el procedimiento hasta la audiencia inicial, con la finalidad de subsanar las violaciones procesales destacadas en el presente fallo constitucional. Al respecto, el juez responsable repuso el procedimiento hasta la audiencia inicial, con la finalidad de subsanar las violaciones destacadas en la ejecutoria de amparo (09:59). Luego, en uso de la voz, la Fiscal del Ministerio Público, formuló imputación en contra de los quejosos ***, por el hecho que la ley señala como delito de abigeato agravado, cometido en agravio de ***, de hechos ocurridos en el rancho denominado la ***, haciéndoles del conocimiento el nombre de las personas que depusieron en su contra. Formulada la imputación, y una vez que los inconformes tuvieron la oportunidad de contestar el cargo, previo cuestionamiento del juez responsable al respecto, éstos se reservaron el derecho de hacerlo (21:11 a 22:20). Posteriormente la Fiscal del Ministerio Público solicitó la vinculación a proceso de los peticionarios, señalando los datos de prueba contenidos en la indagatoria con los cuales a su consideración, resultaron suficientes para acreditar la existencia del hecho delictivo y la probabilidad de que los imputados intervinieron en su comisión, consistentes en: - Comparecencia de la víctima ***, de once de agosto de dos mil veintiuno. - Comparecencia de ***, de once de agosto de dos mil veintiuno. - Comparecencia de ***, de once de agosto de dos mil veintiuno. - Constancia de fierro marcador de doce de agosto de dos mil veintiuno, suscrito por ***, Secretario Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Reforma, Chiapas. - Informe pericial en materia de avalúo intrínseco con número de oficio ***, de dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, firmado por ***, perito adscrito a la Subdirección de Servicio Periciales Zona Norte. - Informe pericial en materia de Criminalística de Campo, croquis ilustrativo y fotografía de lugar de los hechos ubicado en el ***, con número de oficio *** al ***, de diez de septiembre de dos mil veintiuno, suscrito por ***, perito adscrito a la Subdirección de Servicio Periciales Zona Norte. - Declaración de ***, de veintiséis de diciembre de dos mil veintiuno. De los datos de prueba el Fiscal del Ministerio Público precisó los datos relevantes que a su consideración se desprendió de cada uno de ellos, y la pertinencia, idoneidad y suficiencia de los mismos para establecer razonablemente la existencia del hecho delictivo que la ley señala como delito de abigeato agravado, así como la probable participación de los imputados; es decir, expuso las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que estimó pertinentes para concluir que tales exigencias se cumplieron. Concluida la intervención del fiscal, el juez responsable preguntó a los quejosos si era su deseo que se resolviera su situación jurídica en esa audiencia, dentro del plazo de setenta y dos horas, o bien, si solicitaba la ampliación de dicho plazo por otro igual, a lo que los peticionarios respondieron, luego de que le fuera permitido consultarlo con su defensor, que solicitaban que su situación jurídica fuera resuelta dentro del término de ampliación constitucional de ciento cuarenta y cuatro horas (52:00 a 52:52) Atento a lo anterior, el juez responsable señaló dentro del término ampliado las diez horas del dieciocho de abril de dos mil veintidós, para efectos de llevar a cabo la continuación de la audiencia inicial. De igual forma, impuso a los imputados como medida cautelar prisión preventiva oficiosa. En ese tenor, a consideración de este órgano jurisdiccional, el efecto b) de la ejecutoria de amparo se encuentra cumplido, toda vez que el Ministerio Público solicitó la vinculación a proceso después de formulada la imputación y de que los imputados tuvieron oportunidad de contestar el cargo, pero de manera previa a que se acogieran al plazo constitucional ampliado al que alude el artículo 19 constitucional para que se resolviera su situación jurídica, y la audiencia inicial se llevó a cabo por un juez de control diverso a quienes presidieron la audiencia inicial veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno (Juez de Control ***, y la de su continuación de dos de enero de dos mil veintidós (Juez de Control ***). (Efecto precisado en el inciso "b" cumplido). c) Hecho lo anterior, con plenitud de jurisdicción, resuelva de nueva cuenta la situación jurídica de los quejosos. Previo debate entre las partes, así como el desahogo de medios de pruebas ofrecidos por los imputados, en la continuación de la audiencia inicial de dieciocho de abril de dos mil veintidós, el juez responsable, con plenitud de jurisdicción, dictó auto de vinculación a proceso en contra de los imputados ***, por el hecho que la ley señala como delito de abigeato agravado, cometido en agravio del menor ***. Finalmente, tomando en consideración que el hecho delictivo atribuido a los inculpados, les impuso como medida cautelar prisión preventiva oficiosa, y el plazo de un mes como plazo de investigación complementaria. (Efecto precisado en el inciso "c" cumplido). d) Lo anterior, en el entendido de que la reposición deberá ser realizada ante un Juez de Control distinto del que emitió el auto de vinculación combatido. Al respecto, si se llevó a cabo, ya que las audiencias inicial y su continuación, de doce y dieciocho de abril de la presente anualidad, fueron presididas por el Juez de Control ***, quien resulta ser uno distinto a quienes presidieron la audiencia inicial veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno (Juez de Control ***), y la de su continuación de dos de enero de dos mil veintidós (Juez de Control ***). En consecuencia, la sentencia constitucional fue cumplida por la autoridad responsable 1. Juez de Control, Región Uno, de los Distritos Judiciales de Chiapa, Cintalapa y Tuxtla, con residencia en Cintalapa, Chiapas. Por lo antes expuesto y de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional determina: Único: La autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo de dieciocho de marzo de dos mil veintidós, en forma total, sin excesos ni defectos, al considerar que acató el núcleo esencial de la misma. Sin que obste a lo anterior, las manifestaciones vertidas por los quejosos ***, por escrito recibido en la oficialía de partes el dos de mayo de dos mil veintidós, en el que manifestaron que la responsable no dio cumplimiento a la sentencia concesoria de amparo toda vez que no fundó ni motivó su determinación, pues no expuso los motivos y razonamientos por los cuales consideró que se actualizó el hecho que la ley señala como el delito de abigeato agravado, ni por qué consideró que eran probables responsables de su comisión, además, que no valoró los datos de prueba con los cuales la fiscalía sustento su vinculación, ni los argumentos alegados en la continuación de la audiencia inicial, ya que las investigaciones realizadas por el fiscal resultaban inverosímiles y por tanto carecían de elementos suficientes para el dictado de la vinculación a proceso. Al respecto, debe precisarse que en la sentencia de amparo de dieciocho de marzo de dos mil veintidós, se determinó que el auto de vinculación a proceso no cumplió con los requisitos formales consistentes en: c) Que se haya formulado la imputación y otorgado al imputado la oportunidad para declarar; y, d) Que el Ministerio Público haya solicitado expresamente la vinculación a proceso. Lo anterior, ya que en relación al primero, la audiencia inicial de veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno, fue presidida por el Juez de Control ***, en la que los quejosos solicitaron la ampliación del plazo constitucional para la resolución de su situación jurídica, incluso antes de que el Ministerio Público solicitara la vinculación a proceso, y la de continuación de dos de enero de dos mil veintidós, fue presidida por el diverso Juez de Control ***, quien sustituyó a su homólogo en razón de encontrarse de vacaciones; y respecto al segundo, ya que la solicitud de vinculación a proceso no se realizó previamente al momento en que los imputados se acogieron al plazo constitucional ampliado, por lo que no se satisfizo la exigencia relativa al momento en el que el Ministerio Público debía solicitar la vinculación a proceso, con lo que se vulneró se derecho de adecuada defensa prevista en el artículo 20 constitucional, ordenándose corregir dichos vicios del procedimiento, por lo que en la ejecutoria de amparo no se analizó el diverso requisito de motivación y fundamentación, al advertirse dichas violaciones al procedimiento. Asimismo, en la ejecutoria de amparo se determinó que el juez responsable autoridad responsable con plenitud de jurisdicción, debía resolver de nueva cuenta la situación jurídica de los quejosos, de ahí que si de acuerdo a la ponderación de los hechos que se pusieron a su consideración y por los cuales el Ministerio Público solicitó su vinculación a proceso, estimó que debía imponerse como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa, dicha circunstancia se encuentra implícita en la facultad para resolver con plenitud de jurisdicción, aunado a que como tal, la medida cautelar no fue materia del presente juicio de amparo; de ahí que, este juzgado no se encuentre en aptitud de analizar la legalidad de la misma. En ese tenor, se dejan a salvo los derechos de los quejosos de mérito para hacer valer el medio de defensa que a su consideración estimen pertinente. Vista: Para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes. Notifíquese.
- Principal
CON APOYO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE CUATRO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS, QUE DICE: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, cuatro de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término concedido a las partes en proveído de veintiuno de abril de dos mil veintidós, para que manifestaran lo que a su derecho conviniera en relación con el cumplimiento que la autoridad responsable adujó haber dado al fallo constitucional pronunciado en el presente juicio; por lo que es procedente dictar la resolución a que refiere el artículo 196 de la Ley de Amparo; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Antecedentes. Previo al análisis de las constancias que obran en autos relativas al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, resulta necesario destacar los acontecimientos que se enlistan a continuación: El dieciocho de marzo de dos mil veintidós, se dictó resolución definitiva en la que se concedió el amparo solicitado por la parte quejosa. Toda vez que la sentencia no fue recurrida, por auto de siete de abril de dos mil veintidós, causó ejecutoria, y se requirió a la autoridad obligada que diera cumplimiento al fallo constitucional. Por oficio 3420/2022, de dieciocho de abril de dos mil veintidós, la responsable 1.Juez de Control, Región Uno, de los Distritos Judiciales de Chiapa, Cintalapa y Tuxtla, con sede en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, remitió disco versátil digital (DVD), que contiene audio y video de las audiencias inicial y su continuación, de doce y dieciocho de abril de dos mil veintidós, así como copia certificada de la constancia escrita respectiva, emitida en la exhorto penal ***, de su índice, con las que adujó haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Luego, el veintiuno de abril de la presente anualidad, se ordenó dar vista a la partes, quejosa y tercero interesada, con las constancias referidas, para que dentro del término de tres días expresaran lo que a su derecho conviniera; la cual fue desahogada únicamente por los quejosos ***. SEGUNDO. Efectos de la ejecutoria de amparo. Conforme al texto de la ejecutoria de amparo, la protección de la Justicia Federal se otorgó para que la autoridad responsable realizara lo siguiente: "a) Deje insubsistente el auto de vinculación a proceso de dos de enero de dos mil veintidós, dictado en el exhorto ***, derivado de la causa penal *** del índice del Juzgado de Control, Región Tres, de los Distritos Judiciales de Pichucalco y Simojovel, con residencia en Pichucalco, Chiapas; b) Reponga el procedimiento hasta la audiencia inicial, con la finalidad de subsanar las violaciones procesales destacadas en el presente fallo constitucional; y, c) Hecho lo anterior, con plenitud de jurisdicción, resuelva de nueva cuenta la situación jurídica de los quejosos. d) Lo anterior, en el entendido de que la reposición deberá ser realizada ante un Juez de Control distinto del que emitió el auto de vinculación combatido. (.)" TERCERO. Análisis de cumplimiento. Una vez precisado lo anterior, se procede al examen de las constancias que en copias certificadas remitió la autoridad responsable, las cuales adquieren valor probatorio pleno en términos de lo previsto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, acorde con su artículo 2. Al respecto, cabe precisar que las videograbaciones en formato digital de las audiencias orales y públicas celebradas en causas penales de corte acusatorio, adquieren el carácter de documentales públicas lato sensu, para efectos de su valoración en el juicio de amparo. Es aplicable, la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia, de rubro "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL". Ahora, una vez comparados los efectos de la concesión de amparo con el cumplimiento que dio la responsable, se advierte que la ejecutoria se encuentra cumplida, como se aprecia del siguiente cuadro: EL AMPARO SE CONCEDIÓ PARA QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE REALIZARA LO SIGUIENTE: ACTUACIONES REALIZADAS POR LA RESPONSABLE CON MOTIVO DEL AMPARO CONCEDIDO: a) Deje insubsistente el auto de vinculación a proceso de dos de enero de dos mil veintidós, dictado en el exhorto ***, derivado de la causa penal ***, del índice del Juzgado de Control, Región Tres, de los Distritos Judiciales de Pichucalco y Simojovel, con residencia en Pichucalco, Chiapas. En lo atinente el efecto precisado en este inciso de la ejecutoria de amparo, sí lo realizó, lo que se corrobora con la audiencia inicial de doce de abril de la presente anualidad, específicamente a las doce horas con veintitrés segundos (08:50), tal como consta en el disco compacto de audio y video, del que se advierte que dejó insubsistente el auto de vinculación a proceso de dos de enero de dos mil veintidós, dictado en el exhorto ***, derivado de la causa penal ***, del índice del Juzgado de Control, Región Tres, de los Distritos Judiciales de Pichucalco y Simojovel, con residencia en Pichucalco, Chiapas. (Efecto precisado en el inciso "a" cumplido). b) Reponga el procedimiento hasta la audiencia inicial, con la finalidad de subsanar las violaciones procesales destacadas en el presente fallo constitucional. Al respecto, el juez responsable repuso el procedimiento hasta la audiencia inicial, con la finalidad de subsanar las violaciones destacadas en la ejecutoria de amparo (09:59). Luego, en uso de la voz, la Fiscal del Ministerio Público, formuló imputación en contra de los quejosos ***, por el hecho que la ley señala como delito de abigeato agravado, cometido en agravio de ***, de hechos ocurridos en el rancho denominado la ***, haciéndoles del conocimiento el nombre de las personas que depusieron en su contra. Formulada la imputación, y una vez que los inconformes tuvieron la oportunidad de contestar el cargo, previo cuestionamiento del juez responsable al respecto, éstos se reservaron el derecho de hacerlo (21:11 a 22:20). Posteriormente la Fiscal del Ministerio Público solicitó la vinculación a proceso de los peticionarios, señalando los datos de prueba contenidos en la indagatoria con los cuales a su consideración, resultaron suficientes para acreditar la existencia del hecho delictivo y la probabilidad de que los imputados intervinieron en su comisión, consistentes en: - Comparecencia de la víctima ***, de once de agosto de dos mil veintiuno. - Comparecencia de ***, de once de agosto de dos mil veintiuno. - Comparecencia de ***, de once de agosto de dos mil veintiuno. - Constancia de fierro marcador de doce de agosto de dos mil veintiuno, suscrito por ***, Secretario Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Reforma, Chiapas. - Informe pericial en materia de avalúo intrínseco con número de oficio ***, de dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, firmado por ***, perito adscrito a la Subdirección de Servicio Periciales Zona Norte. - Informe pericial en materia de Criminalística de Campo, croquis ilustrativo y fotografía de lugar de los hechos ubicado en el ***, con número de oficio *** al ***, de diez de septiembre de dos mil veintiuno, suscrito por ***, perito adscrito a la Subdirección de Servicio Periciales Zona Norte. - Declaración de ***, de veintiséis de diciembre de dos mil veintiuno. De los datos de prueba el Fiscal del Ministerio Público precisó los datos relevantes que a su consideración se desprendió de cada uno de ellos, y la pertinencia, idoneidad y suficiencia de los mismos para establecer razonablemente la existencia del hecho delictivo que la ley señala como delito de abigeato agravado, así como la probable participación de los imputados; es decir, expuso las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que estimó pertinentes para concluir que tales exigencias se cumplieron. Concluida la intervención del fiscal, el juez responsable preguntó a los quejosos si era su deseo que se resolviera su situación jurídica en esa audiencia, dentro del plazo de setenta y dos horas, o bien, si solicitaba la ampliación de dicho plazo por otro igual, a lo que los peticionarios respondieron, luego de que le fuera permitido consultarlo con su defensor, que solicitaban que su situación jurídica fuera resuelta dentro del término de ampliación constitucional de ciento cuarenta y cuatro horas (52:00 a 52:52) Atento a lo anterior, el juez responsable señaló dentro del término ampliado las diez horas del dieciocho de abril de dos mil veintidós, para efectos de llevar a cabo la continuación de la audiencia inicial. De igual forma, impuso a los imputados como medida cautelar prisión preventiva oficiosa. En ese tenor, a consideración de este órgano jurisdiccional, el efecto b) de la ejecutoria de amparo se encuentra cumplido, toda vez que el Ministerio Público solicitó la vinculación a proceso después de formulada la imputación y de que los imputados tuvieron oportunidad de contestar el cargo, pero de manera previa a que se acogieran al plazo constitucional ampliado al que alude el artículo 19 constitucional para que se resolviera su situación jurídica, y la audiencia inicial se llevó a cabo por un juez de control diverso a quienes presidieron la audiencia inicial veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno (Juez de Control ***, y la de su continuación de dos de enero de dos mil veintidós (Juez de Control ***). (Efecto precisado en el inciso "b" cumplido). c) Hecho lo anterior, con plenitud de jurisdicción, resuelva de nueva cuenta la situación jurídica de los quejosos. Previo debate entre las partes, así como el desahogo de medios de pruebas ofrecidos por los imputados, en la continuación de la audiencia inicial de dieciocho de abril de dos mil veintidós, el juez responsable, con plenitud de jurisdicción, dictó auto de vinculación a proceso en contra de los imputados ***, por el hecho que la ley señala como delito de abigeato agravado, cometido en agravio del menor ***. Finalmente, tomando en consideración que el hecho delictivo atribuido a los inculpados, les impuso como medida cautelar prisión preventiva oficiosa, y el plazo de un mes como plazo de investigación complementaria. (Efecto precisado en el inciso "c" cumplido). d) Lo anterior, en el entendido de que la reposición deberá ser realizada ante un Juez de Control distinto del que emitió el auto de vinculación combatido. Al respecto, si se llevó a cabo, ya que las audiencias inicial y su continuación, de doce y dieciocho de abril de la presente anualidad, fueron presididas por el Juez de Control ***, quien resulta ser uno distinto a quienes presidieron la audiencia inicial veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno (Juez de Control ***), y la de su continuación de dos de enero de dos mil veintidós (Juez de Control ***). En consecuencia, la sentencia constitucional fue cumplida por la autoridad responsable 1. Juez de Control, Región Uno, de los Distritos Judiciales de Chiapa, Cintalapa y Tuxtla, con residencia en Cintalapa, Chiapas. Por lo antes expuesto y de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional determina: Único: La autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo de dieciocho de marzo de dos mil veintidós, en forma total, sin excesos ni defectos, al considerar que acató el núcleo esencial de la misma. Sin que obste a lo anterior, las manifestaciones vertidas por los quejosos ***, por escrito recibido en la oficialía de partes el dos de mayo de dos mil veintidós, en el que manifestaron que la responsable no dio cumplimiento a la sentencia concesoria de amparo toda vez que no fundó ni motivó su determinación, pues no expuso los motivos y razonamientos por los cuales consideró que se actualizó el hecho que la ley señala como el delito de abigeato agravado, ni por qué consideró que eran probables responsables de su comisión, además, que no valoró los datos de prueba con los cuales la fiscalía sustento su vinculación, ni los argumentos alegados en la continuación de la audiencia inicial, ya que las investigaciones realizadas por el fiscal resultaban inverosímiles y por tanto carecían de elementos suficientes para el dictado de la vinculación a proceso. Al respecto, debe precisarse que en la sentencia de amparo de dieciocho de marzo de dos mil veintidós, se determinó que el auto de vinculación a proceso no cumplió con los requisitos formales consistentes en: c) Que se haya formulado la imputación y otorgado al imputado la oportunidad para declarar; y, d) Que el Ministerio Público haya solicitado expresamente la vinculación a proceso. Lo anterior, ya que en relación al primero, la audiencia inicial de veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno, fue presidida por el Juez de Control ***, en la que los quejosos solicitaron la ampliación del plazo constitucional para la resolución de su situación jurídica, incluso antes de que el Ministerio Público solicitara la vinculación a proceso, y la de continuación de dos de enero de dos mil veintidós, fue presidida por el diverso Juez de Control ***, quien sustituyó a su homólogo en razón de encontrarse de vacaciones; y respecto al segundo, ya que la solicitud de vinculación a proceso no se realizó previamente al momento en que los imputados se acogieron al plazo constitucional ampliado, por lo que no se satisfizo la exigencia relativa al momento en el que el Ministerio Público debía solicitar la vinculación a proceso, con lo que se vulneró se derecho de adecuada defensa prevista en el artículo 20 constitucional, ordenándose corregir dichos vicios del procedimiento, por lo que en la ejecutoria de amparo no se analizó el diverso requisito de motivación y fundamentación, al advertirse dichas violaciones al procedimiento. Asimismo, en la ejecutoria de amparo se determinó que el juez responsable autoridad responsable con plenitud de jurisdicción, debía resolver de nueva cuenta la situación jurídica de los quejosos, de ahí que si de acuerdo a la ponderación de los hechos que se pusieron a su consideración y por los cuales el Ministerio Público solicitó su vinculación a proceso, estimó que debía imponerse como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa, dicha circunstancia se encuentra implícita en la facultad para resolver con plenitud de jurisdicción, aunado a que como tal, la medida cautelar no fue materia del presente juicio de amparo; de ahí que, este juzgado no se encuentre en aptitud de analizar la legalidad de la misma. En ese tenor, se dejan a salvo los derechos de los quejosos de mérito para hacer valer el medio de defensa que a su consideración estimen pertinente. Vista: Para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes. Notifíquese.
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