Auditor Especial del Gasto Federalizado
Expediente 103/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 8 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 103/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 08/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Auditor Especial del Gasto Federalizado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Morelia, Michoacán, ocho de julio de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, téngase al Director General Jurídico de la Auditoría Superior de la Federación en cuanto Delegado del Auditor Especial del Gasto Federalizado interponiendo recurso de revisión adhesiva. En consecuencia, con apoyo en el artículo 82 de la Ley de Amparo, se le tiene presentando recurso de adhesión a la revisión interpuesta por la parte quejosa, misma que fue admitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, registrándolo con el número 73/2021. Por lo tanto, remítase el recurso original de cuenta al tribunal de alzada en cita, a fin de que provea lo conducente, previa copia certificada que del mismo se deje en autos para debida constancia legal. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades respectivas. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
VISTOS los autos para dictar sentencia dentro del juicio de amparo 103/2020, promovido por Stefany Berenice Carreón Reyes, por su propio derecho; y, RESULTANDO Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el treinta y uno de enero de dos mil veinte, (fojas 1-38), ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, Stefany Berenice Carreón Reyes, por su propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Auditor Especial del Gasto Federalizado de la Auditoría Superior de la Federación, con residencia en la Ciudad de México y de otras autoridades. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Segundo. Desechamiento, admisión y trámite. Por razón de turno, le correspondió conocer a este juzgado de Distrito; en auto de treinta y uno de enero del año pasado (foja 21) se ordenó su registro con el número 103/2020 y se desechó la demanda al considerar que el acto reclamado por la quejosa no era de aquellos considerados como de imposible reparación dentro del procedimiento administrativo correspondiente. Inconforme con la determinación que este órgano jurisdiccional asumió, mediante ocurso presentado el diecisiete de febrero siguiente (foja 30), la quejosa interpuso recurso de queja en contra del auto de desechamiento; medio de impugnación del que conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, quien lo registró en su índice con el número QA 45/2020 y el cual fue resuelto mediante ejecutoria de veinte de mayo de dos mil veinte (foja 46), declarándose fundado, revocando el auto de desechamiento y ordenando la admisión de la demanda. Por ello, en auto de veinte de septiembre del año pasado (foja 82) se admitió a trámite, se dio vista al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción la intervención legal que le compete y se solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación. Luego, seguido el juicio por sus cauces legales, en auto de diecisiete de noviembre de dos mil veinte (foja 135) se fijaron las once horas con cuarenta minutos del seis de enero de dos mil veintiuno, la cual, en esa propia data se llevó a cabo, con el resultado consignado en el acta que antecede; y, CONSIDERANDOS Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 y sus modificaciones, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que la auditoría que dio origen a los actos reclamados se llevó a cabo en el ámbito territorial donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión del acto reclamado. Conforme a lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se analizará la certeza o inexistencia de los actos reclamados, previa fijación de los mismos. Al respecto resulta aplicable la tesis aislada P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 255 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Abril de 2004, Materia Común, Novena Época, registro 181810, del siguiente contenido y rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese sentido, apreciada íntegramente la demanda, se advierte que la quejosa Stefany Berenice Carreón Reyes, reclama a las autoridades siguientes, de conformidad con lo determinado por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, al resolver la queja administrativa 45/2020, los actos siguientes: Autoridades responsables: Auditor Especial del Gasto Federalizado de la Auditoría Superior de la Federación; Director General de Responsabilidades a los Recursos Federales en Estados y Municipios de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior de la Federación; Director General de Seguimiento "A" adscrito a la Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e Investigación de la Auditoría Superior de la Federación; y, Director de Responsabilidades a los Recursos Federales en Estados y Municipios "D" adscrito a la Dirección General de Responsabilidades a los Recursos Federales en Estados y Municipios de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior de la Federación. Todos con residencia en la Ciudad de México. Actos reclamados: La omisión de citar a la quejosa al procedimiento de cuenta pública 2014, practicada al Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, en la auditoria 771; La omisión de notificarle algún pliego de observaciones derivado de ese procedimiento de cuenta pública; y, La omisión de otorgarle la oportunidad de solventar pliego alguno de observaciones derivado de dicha fiscalización. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia, P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 32 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, abril de 2000, Materia Común, Novena Época, registro 192097, del siguiente rubro y contenido: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Tercero. Inexistencia de los actos reclamados. No son ciertos los actos atribuidos al Director General de Responsabilidades a los Recursos Federales en Estados y Municipios de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior de la Federación y al Director General de Seguimiento "A" adscrito a la Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e Investigación de la Auditoría Superior de la Federación, ambos con residencia en la Ciudad de México, pues así lo manifestaron al rendir su informe justificado (fojas 119 y 123), sin que la quejosa desvirtuara dicha negativa. En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados atribuido a las autoridades responsables mencionadas, se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo y, por tanto, con apoyo en dicho precepto, procede sobreseer en el juicio de amparo. Es aplicable la jurisprudencia VI.2o. J/20, visible en la página seiscientos veintisiete del tomo IV, segunda parte-2 del Semanario Judicial de la Federación de julio a diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, materia común, octava época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, del rubro: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." Cuarto. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados al Auditor Especial de Gasto Federalizado de la Auditoría Superior de la Federación y al Director de Responsabilidades a los Recursos Federales en Estados y Municipios "D" adscrito a la Dirección General de Responsabilidades a los Recursos Federales en Estados y Municipios de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior de la Federación, toda vez que así lo manifestaron al rendir su informe justificado (fojas 96 y 127). Es aplicable al caso, la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publicó en el Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice 2000, al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, registro 917812, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Así como la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 391, Tomo XIV, Julio de 1994, Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, Octava Época, Registro 211004, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe". Certeza que se corrobora con las constancias que exhibió la primera de las responsables, consistentes en copia certificada del expediente técnico para el fincamiento de responsabilidades resarcitorias por la falta de solventación del pliego de observaciones, en el cual obra el proceso de fiscalización, el pliego de observaciones y el dictamen técnico reclamado. Probanzas que tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°, y que permiten tener por acreditados los actos reclamados. Quinto. Análisis de las causales de improcedencia. Determinada la certeza del acto reclamado, procede examinar la procedencia del juicio de amparo, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia deben estudiarse preferentemente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. Lo anterior, con apoyo en la jurisprudencia 814 emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible a fojas 553, tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Octava Época, Materia Común, que dispone: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." No afectación a derechos sustantivos. Falta de interés Ausencia de conceptos de violación Al respecto el Director de Responsabilidades a los Recursos Federales en Estados y Municipios "D" adscrito a la Dirección General de Responsabilidades a los Recursos Federales en Estados y Municipios de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior de la Federación, aduce que respecto del acto reclamado consistente en el oficio citatorio DGRRFEM-D-0293/20, por virtud del cual se citó a la quejosa al procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias número DGRRFEM/D/06/2019/14/203, procede el sobreseimiento del juicio al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción III, inciso b), aplicado en contrario sensu, ya que configura un acto intraprocesal que no afecta materialmente derechos sustantivos de la quejosa, pues no se trata de un acto definitivo (foja 127, reverso). De la misma forma, la citada responsable aduce que el oficio DGRRFEM-D-0293/20, por virtud del cual se citó a la quejosa al procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias número DGRRFEM/D/06/2019/14/203, no constituye resolución alguna que pueda deparar perjuicio alguno a la esfera de la peticionaria del amparo y por ende, a sus intereses jurídicos o legítimos, en términos del artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo (foja 128). Igualmente, esa autoridad aduce que debe decretarse el sobreseimiento del juicio, conforme a lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 108, fracción VIII, de la Ley de Amparo, ya que la quejosa fue omisa en expresar conceptos de violación respecto del acto reclamado consistente en el oficio DGRRFEM-D-0293/20, por virtud del cual se citó a la quejosa al procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias número DGRRFEM/D/06/2019/14/203 (foja 128 reverso). Causales las tres, que procede desestimar conforme a lo resuelto por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, dentro de la queja administrativa 45/2020, en el sentido que, el contenido del oficio citatorio DGRRFEM-D-0293/20, no es el acto reclamado, sino los actos previos que le dieron origen, esto es, lo actuado en el proceso de auditoría 771 con título Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad de los Servicios de Salud, que con motivo de la revisión de la Cuenta Pública 2014 se realizaron al Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Finalmente, dado que no existen más causas de improcedencia que las partes hayan hecho valer y este juzgador tampoco advierte de manera oficiosa, la existencia de alguna, procede que se emprenda el estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados. Sexto. Estudio de fondo. Los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, en obvio de repeticiones innecesarias y por no existir artículo expreso en la Ley de Amparo que obligue a su transcripción en la sentencia. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 830 del Tomo XXXI, Mayo de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACION O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCION. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Así la quejosa argumenta que las autoridades responsables vulneran su derecho de audiencia, de debido proceso, legalidad, de acceso efectivo a la justicia y de defensa, previstos en los artículos 1º, 14, 16 y 17 de la Constitución General de la República, así como los preceptos 8º y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. Lo anterior, toda vez que previo a instaurarle el procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias número DGRRFEM/D/06/2019/14/203, debieron haberle formulado un pliego de observaciones en lo particular y en lo personal en su contra; notificarle dicho pliego; previo dictamen y declaratoria de no solventación, determinar que no había solventado ese pliego de observaciones y hasta entonces, instruir el Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias. Asimismo, aduce que, suponiendo sin conceder que fuera legal instrumentar el procedimiento para el fincamiento responsabilidades resarcitorias DGRRFEM/D/06/2019/14/203, con base en el dictamen técnico de no solventación, éste debió hacérsele saber de forma previa, para que en su contra ejercitar su derecho de impugnación previsto en el artículo 69 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. Además, alega que la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, en sus artículos 39 y 57, exige como requisito para que se inicie el procedimiento para fincamiento de responsabilidades resarcitorias, que se cite al presunto responsable; que se le notifique personalmente con una anticipación no menor a siete días ni mayor a quince días, a la fecha de la celebración de la audiencia; que la audiencia se celebre en el lugar, día y hora señalado; y, que se otorgue al presunto responsable la posibilidad de ofrecer pruebas en esa audiencia, así como de formular alegatos. Por ende, que si en el Dictamen Técnico DGS-"A"I/DTNS/036/2019, el Director General de Seguimiento "A" no precisó ni señaló ninguna responsabilidad ni daño patrimonial atribuible a la quejosa, a fin que se le instruyera el procedimiento para el fincamiento de responsabilidades resarcitorias, entonces debió fincarse la responsabilidad respectiva únicamente en contra de la entidad auditada. Que lo anterior le causa agravio en la medida que la tramitación del proceso de fiscalización sin que se le hayan respetado las formalidades esenciales ni las garantías del debido proceso y de audiencia, constituye una violación a sus derechos sustantivos, al controvertir sus garantías constitucionales de certeza jurídica y de acceso efectivo a la justicia. Argumentos que todos, estudiados en su conjunto resultan infundados. Lo anterior, de acuerdo a la jurisprudencia VI.2o.C. J/304, definida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, febrero de 2009, página 1677, cuyo rubro y texto son: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PROCEDE SU ANÁLISIS DE MANERA INDIVIDUAL, CONJUNTA O POR GRUPOS Y EN EL ORDEN PROPUESTO O EN UNO DIVERSO. El artículo 79 de la Ley de Amparo previene que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Tribunales Colegiados de Circuito y los Juzgados de Distrito pueden realizar el examen conjunto de los conceptos de violación o agravios, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, empero no impone la obligación al juzgador de garantías de seguir el orden propuesto por el quejoso o recurrente en su escrito de inconformidad, sino que la única condición que establece el referido precepto es que se analicen todos los puntos materia de debate, lo cual puede hacerse de manera individual, conjunta o por grupos, en el propio orden de su exposición o en uno diverso." Para estimar lo anterior, resulta necesario precisar el contenido de algunos preceptos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, aplicable al proceso de auditoría 771 con título Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad de los Servicios de Salud, que con motivo de la revisión de la Cuenta Pública 2014 se realizaron al Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, en virtud que era la que tenía vigencia en el momento en el que inició ese procedimiento de fiscalización. Lo anterior, conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia 2a./J. 108/2017 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2014977, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 45, Agosto de 2017 Tomo II, Página 1154, Materias(s): Administrativa, Décima Época, que dispone: "PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD RESARCITORIA. PARA DETERMINAR LA LEGISLACIÓN APLICABLE PARA SU TRÁMITE Y RESOLUCIÓN, DEBE ATENDERSE AL MOMENTO EN QUE INICIA LA ETAPA DE REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA. La Ley de Fiscalización Superior de la Federación estuvo vigente hasta el 29 de mayo de 2009, fecha en que fue abrogada por la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, la cual entró en vigor el 30 de mayo siguiente, previendo que los asuntos que se encontraran en trámite o en proceso en la Auditoría Superior de la Federación tendrían que concluirse conforme a las disposiciones de aquélla. Ahora bien, la revisión y fiscalización de la cuenta pública y el procedimiento de responsabilidad resarcitoria persiguen finalidades distintas, pues en aquélla se investigan y detectan las irregularidades que permitan presumir la existencia de hechos o conductas que produzcan daños o perjuicios, mientras que en éste se determina la responsabilidad; sin embargo, no pueden desvincularse como si se tratara de dos procedimientos autónomos, pues para que la Auditoría Superior de la Federación inicie el procedimiento de responsabilidad resarcitoria se requiere necesariamente que la revisión de la cuenta pública evidencie irregularidades que permitan presumir la existencia de hechos o conductas que produzcan daños o perjuicios. Además, los efectos jurídicos de la revisión y fiscalización de la cuenta pública no concluyen con el dictamen técnico de observaciones en el que se advierta la existencia de irregularidades, sino que se producen hasta en tanto la Auditoría Superior de la Federación inicie el procedimiento de responsabilidad resarcitoria; por ello, debe entenderse que aún se encuentra en trámite. Por tanto, la legislación aplicada por la Auditoría Superior de la Federación en la época en la que se practicaron la revisión y fiscalización de la cuenta pública es la aplicable para iniciar el procedimiento de responsabilidad resarcitoria, pues las irregularidades evidenciadas por la revisión y fiscalización se efectuaron bajo su vigencia y continúan produciendo sus efectos jurídicos hasta el inicio del procedimiento." Así, los artículos 1º, 2º, fracciones I, IX y XVIII, 3º, 4º, 12 y 37 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, disponen: "Artículo 1.- La presente Ley es de orden público y tiene por objeto reglamentar los artículos 74, fracciones II y VI, y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de revisión y fiscalización de la Cuenta Pública. La fiscalización de la Cuenta Pública comprende la revisión de los ingresos, los egresos, incluyendo subsidios, transferencias y donativos, fondos, los gastos fiscales y la deuda pública; del manejo, la custodia y la aplicación de recursos públicos federales, con excepción de las participaciones federales, así como de la demás información financiera, contable, patrimonial, presupuestaria y programática que las entidades fiscalizadas deban incluir en dicho documento, conforme a las disposiciones aplicables. La fiscalización de la Cuenta Pública tiene el objeto de evaluar los resultados de la gestión financiera de las entidades fiscalizadas; comprobar si se observó lo dispuesto en el Presupuesto, la Ley de Ingresos y demás disposiciones legales aplicables, así como la práctica de auditorías sobre el desempeño para verificar el cumplimiento de los objetivos y las metas de los programas federales, conforme a las normas y principios de posterioridad, anualidad, legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad. Artículo 2.- Para efectos de esta Ley, se entenderá por: I. Auditoría Superior de la Federación: la Entidad de Fiscalización Superior de la Federación a que hacen referencia los artículos 74, fracciones II y VI, y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; (.) IX. Entidades fiscalizadas: los Poderes de la Unión, los entes públicos federales y los órganos jurisdiccionales que no formen parte del Poder Judicial de la Federación; las entidades federativas, los municipios y los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal que administren o ejerzan recursos públicos federales; incluyendo a sus respectivas dependencias y entidades paraestatales y paramunicipales; las entidades de interés público distintas a los partidos políticos; los mandantes, mandatarios, fideicomitentes, fiduciarios, fideicomisarios o cualquier otra figura jurídica análoga, así como los mandatos, fondos o fideicomisos públicos o privados cuando hayan recibido por cualquier título, recursos públicos federales, no obstante que no sean considerados entidades paraestatales por la ley de la materia y aún cuando pertenezcan al sector privado o social y, en general, cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, que haya captado, recaudado, administrado, manejado o ejercido recursos públicos federales, incluidas aquellas personas morales de derecho privado que tengan autorización para expedir recibos deducibles de impuestos por donaciones destinadas para el cumplimiento de sus fines; (.) XVIII. Servidores públicos: los señalados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, así como los considerados como tales por las constituciones de los estados, el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y demás leyes de las entidades federativas, que tengan a su cargo la administración o ejercicio de recursos públicos federales o ambos, y (.) Artículo 3.- La revisión de la Cuenta Pública está a cargo de la Cámara, la cual se apoya para tal efecto en la Auditoría Superior de la Federación, misma que tiene a su cargo la fiscalización de dicha Cuenta. La Auditoría Superior de la Federación tiene autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, de conformidad con lo establecido en esta Ley. Artículo 4.- La fiscalización de la Cuenta Pública que realiza la Auditoría Superior de la Federación se lleva a cabo de manera posterior al término de cada ejercicio fiscal; tiene carácter externo y por lo tanto se efectúa de manera independiente y autónoma de cualquier otra forma de control o fiscalización que realicen las instancias de control competentes. Artículo 12.- La fiscalización de la Cuenta Pública tiene por objeto: I. Evaluar los resultados de la gestión financiera: a) Si se cumplió con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de sistemas de registro y contabilidad gubernamental; contratación de servicios, obra pública, adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles; almacenes y demás activos; recursos materiales, y demás normatividad aplicable al ejercicio del gasto público; b) Si la captación, recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación de recursos federales, incluyendo subsidios, transferencias y donativos, y si los actos, contratos, convenios, mandatos, fondos, fideicomisos, prestación de servicios públicos, operaciones o cualquier acto que las entidades fiscalizadas, celebren o realicen, relacionados con el ejercicio del gasto público federal, se ajustaron a la legalidad, y si no han causado daños o perjuicios, o ambos, en contra de la Hacienda Pública Federal o, en su caso, del patrimonio de los entes públicos federales o de las entidades paraestatales federales; II. Comprobar si el ejercicio de la Ley de Ingresos y el Presupuesto se ha ajustado a los criterios señalados en los mismos: a) Si las cantidades correspondientes a los ingresos y a los egresos, se ajustaron o corresponden a los conceptos y a las partidas respectivas; b) Si los programas y su ejecución se ajustaron a los términos y montos aprobados en el Presupuesto; c) Si los recursos provenientes de financiamientos se obtuvieron en los términos autorizados y se aplicaron con la periodicidad y forma establecidas por las leyes y demás disposiciones aplicables, y si se cumplieron los compromisos adquiridos en los actos respectivos; III. Verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas: a) Realizar auditorías del desempeño de los programas, verificando la eficiencia, la eficacia y la economía de los mismos y su efecto o la consecuencia en las condiciones sociales, económicas y en su caso, regionales del país durante el periodo que se evalúe; b) Si se cumplieron las metas de los indicadores aprobados en el Presupuesto y si dicho cumplimiento tiene relación con el Plan Nacional de Desarrollo y los programas sectoriales, y IV. Determinar las responsabilidades a que haya lugar y la imposición de multas y sanciones resarcitorias correspondientes en los términos de esta Ley. Artículo 37.- La Auditoría Superior de la Federación fiscalizará directamente los recursos federales que administren o ejerzan las entidades federativas, los municipios y los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, con excepción de las participaciones federales; asimismo, fiscalizará directamente los recursos federales que se destinen y se ejerzan por cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, y los transferidos a fideicomisos, mandatos, fondos o cualquier otra figura jurídica, de conformidad con los procedimientos establecidos en otras leyes y sin perjuicio de la competencia de otras autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema financiero. Para el cumplimiento de las atribuciones establecidas en el párrafo anterior y en términos de la fracción XIX del artículo 15 de la presente Ley, la Auditoría Superior de la Federación podrá celebrar convenios con los gobiernos de las entidades federativas, legislaturas locales, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y las entidades de fiscalización superior, con el objeto de que colaboren con aquélla en la verificación de la aplicación correcta de los recursos federales recibidos por dichos órdenes de gobierno, conforme a los lineamientos técnicos que señale la Auditoría Superior de la Federación. Dichos lineamientos tendrán por objeto mejorar la fiscalización de los recursos federales que se ejerzan por las entidades federativas, por los municipios y por los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, incluyendo a sus administraciones públicas paraestatales y paramunicipales. Los lineamientos comprenderán además, la verificación del desempeño y la comprobación de la aplicación adecuada de los recursos que reciban las personas físicas o morales, públicas o privadas, en concepto de subsidios, donativos y transferencias otorgados por las entidades federativas, los municipios y los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal con cargo a recursos federales. La Auditoría Superior de la Federación establecerá los sujetos, objetivos, alcance y procedimientos de las auditorías y estructura de los informes de auditoría a practicar sobre los recursos federales entregados a entidades federativas, municipios y los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, para asegurar una rendición de cuentas oportuna, clara, imparcial y transparente. El conjunto de los términos acordados con las entidades de fiscalización de las entidades federativas no podrán ser inferiores a los determinados en la ley. En el caso de que las entidades de fiscalización superior de las entidades federativas detecten irregularidades que afecten el patrimonio de la hacienda pública federal, deberán hacerlo del conocimiento inmediato de la Auditoría Superior de la Federación, para que en términos de la presente Ley inicie la responsabilidad resarcitoria correspondiente y promueva las responsabilidades civiles, penales, políticas y administrativas a las que haya lugar. La Auditoría Superior de la Federación verificará que las entidades fiscalizadas lleven el control y registro contable, patrimonial y presupuestario de los recursos de la Federación que les sean transferidos y asignados, de acuerdo con las disposiciones aplicables. De la transcripción de los anteriores numerales, se advierte que corresponde a la Auditoría Superior de la Federación, la Revisión de la Cuenta Pública, que comprende la ingresos, los egresos, incluyendo subsidios, transferencias y donativos, fondos, los gastos fiscales y la deuda pública; del manejo, la custodia y la aplicación de recursos públicos federales, con excepción de las participaciones federales, así como de la demás información financiera, contable, patrimonial, presupuestaria y programática que las entidades fiscalizadas deban incluir en dicho documento, conforme a las disposiciones aplicables. Que la fiscalización de la cuenta pública tiene por objeto evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar si el ejercicio de la ley de Ingresos y el Presupuesto se ha ajustado a los criterios señalados en los mismos; verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas; y determinar las responsabilidades a que haya lugar y la imposición de las multas y sanciones resarcitorias correspondientes. Que son entidades fiscalizadas, los Poderes de la Unión, los entes públicos federales y los órganos jurisdiccionales que no formen parte del Poder Judicial de la Federación; las entidades federativas, los municipios y los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal que administren o ejerzan recursos públicos federales; incluyendo a sus respectivas dependencias y entidades paraestatales y paramunicipales. Que las entidades de interés público distintas a los partidos políticos; los mandantes, mandatarios, fideicomitentes, fiduciarios, fideicomisarios o cualquier otra figura jurídica análoga, así como los mandatos, fondos o fideicomisos públicos o privados cuando hayan recibido por cualquier título, recursos públicos federales, no obstante que no sean considerados entidades paraestatales por la ley de la materia y aun cuando pertenezcan al sector privado o social y, en general, cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, que haya captado, recaudado, administrado, manejado o ejercido recursos públicos federales, incluidas aquellas personas morales de derecho privado que tengan autorización para expedir recibos deducibles de impuestos por donaciones destinadas para el cumplimiento de sus fines. Que los servidores públicos son aquéllos señalados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, los considerados como tales por las constituciones de los Estados, el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y demás leyes de las entidades federativas, que tengan a su cargo la administración o ejercicio de recursos públicos federales o ambos, y Asimismo, es necesario traer a cuenta también los diversos numerales 6, 13, 15, fracciones XI, XII, XV, XVI y XVIII, 49, 51, 52, 53 y 54, del ordenamiento legal en cita, los cuales disponen: Artículo 6.- Los servidores públicos y las personas físicas o morales, públicas o privadas, que capten, reciban, recauden, administren, manejen, ejerzan y custodien recursos públicos federales, deberán atender los requerimientos que les formule la Auditoría Superior de la Federación durante la planeación, desarrollo de las auditorías y el seguimiento de las acciones que emita dentro de los plazos establecidos en esta Ley, de conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes y sin perjuicio de la competencia de otras autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema financiero. Cuando esta Ley no prevea plazo, la Auditoría Superior de la Federación podrá fijarlo y no será inferior a 10 días hábiles ni mayor a 15 días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de recibo del requerimiento respectivo. Cuando derivado de la complejidad de los requerimientos de información formulados por parte de la Auditoría Superior de la Federación, se requiera un plazo mayor para ser atendidos, esta última a propuesta de las entidades fiscalizadas podrá determinar conjuntamente con las mismas los plazos de entrega de información, los cuales serán improrrogables. Cuando los servidores públicos o los particulares no atiendan los requerimientos a que se refiere este artículo, salvo que exista disposición legal o mandato judicial que se los impida, los titulares de las áreas responsables de la práctica de las auditorías y visitas de la Auditoría Superior de la Federación podrán imponerles una multa mínima de 650 a una máxima de 2000 días de salario mínimo diario general vigente en el Distrito Federal. La reincidencia se sancionará con una multa hasta del doble de la ya impuesta, sin perjuicio de que se deba atender el requerimiento respectivo. También se aplicarán las multas previstas en este artículo a los terceros que hubieran contratado obra pública, bienes o servicios mediante cualquier título legal con las entidades fiscalizadas, cuando no entreguen la documentación e información que les requiera la Auditoría Superior de la Federación. No se impondrán las multas a que se refiere este artículo, cuando el incumplimiento por parte de los servidores públicos o particulares se derive de causas ajenas a su responsabilidad. Las multas establecidas en esta Ley tendrán el carácter de créditos fiscales y se fijarán en cantidad líquida. La Tesorería de la Federación se encargará de hacer efectivo su cobro en términos de las disposiciones aplicables. En caso de que no se paguen dentro de los cuarenta y cinco días hábiles siguientes a su notificación, la Tesorería de la Federación ordenará se aplique el procedimiento administrativo de ejecución, para obtener su pago. Artículo 13.- Las observaciones que, en su caso, emita la Auditoría Superior de la Federación derivado de la fiscalización de la Cuenta Pública, podrán derivar en: I. Acciones promovidas, incluyendo solicitudes de aclaración, pliegos de observaciones, promociones de intervención de la instancia de control competente, promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal, promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria, denuncias de hechos y denuncias de juicio político, y II. Recomendaciones, incluyendo las referentes al desempeño. Artículo 15.- Para la fiscalización de la Cuenta Pública, la Auditoría Superior de la Federación tendrá las atribuciones siguientes: (.) XI. Fiscalizar los recursos públicos federales que las entidades fiscalizadas de la Federación, hayan otorgado con cargo a su presupuesto a entidades federativas, demarcaciones territoriales del Distrito Federal, municipios, fideicomisos, fondos, mandatos o, cualquier otra figura análoga, personas físicas o morales, públicas o privadas, cualesquiera que sean sus fines y destino, así como verificar su aplicación al objeto autorizado; XII. Investigar, en el ámbito de su competencia, los actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de fondos y recursos federales; XV. Formular recomendaciones, solicitudes de aclaración, pliegos de observaciones, promociones de intervención de la instancia de control competente, promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal, promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria, denuncias de hechos y denuncias de juicio político; XVI. Determinar los daños o perjuicios, o ambos, que afecten la Hacienda Pública Federal o, en su caso, al patrimonio de los entes públicos federales o de las entidades paraestatales federales y fincar directamente a los responsables las indemnizaciones y sanciones pecuniarias correspondientes. Para el fincamiento de las responsabilidades a que se refiere el párrafo anterior, tramitará, substanciará y resolverá el procedimiento para el fincamiento de las responsabilidades resarcitorias previsto en esta Ley, por las irregularidades en que incurran los servidores públicos por actos u omisiones de los que resulte un daño o perjuicio, o ambos, estimable en dinero que afecten la Hacienda Pública Federal o, en su caso, al patrimonio de los entes públicos federales o de las entidades paraestatales federales conforme a los ordenamientos aplicables. También promoverá y dará seguimiento ante las autoridades competentes del fincamiento de otras responsabilidades a las que se refiere el Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y presentará denuncias y querellas penales; (.) XVIII. Conocer y resolver sobre el recurso de reconsideración que se interponga en contra de las resoluciones y sanciones que aplique, así como condonar total o parcialmente las multas impuestas; (.) Artículo 49.- Si de la fiscalización de la Cuenta Pública, aparecieran irregularidades que permitan presumir la existencia de hechos o conductas que produzcan un daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal o, en su caso, al patrimonio de los entes públicos federales o de las entidades paraestatales federales, la Auditoría Superior de la Federación procederá a: I. Determinar los daños o perjuicios, o ambos, según corresponda, y fincar directamente a los responsables las responsabilidades resarcitorias por medio de indemnizaciones y sanciones; II. Promover ante las autoridades competentes el fincamiento de otras responsabilidades; III. Promover las acciones de responsabilidad a que se refiere el Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; IV. Presentar las denuncias y querellas penales, a que haya lugar, y V. Coadyuvar con el Ministerio Público en los procesos penales investigatorios y judiciales correspondientes. En estos casos, el Ministerio Público recabará previamente la opinión de la Auditoría Superior de la Federación, respecto de las resoluciones que dicte sobre el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal. Artículo 51.- Las responsabilidades que conforme a esta Ley se finquen, tienen por objeto resarcir el monto de los daños y perjuicios estimables en dinero que se hayan causado, a la Hacienda Pública Federal, o en su caso, al patrimonio de los entes públicos federales o de las entidades paraestatales federales. Artículo 52.- Las responsabilidades resarcitorias para obtener las indemnizaciones y sanciones pecuniarias correspondientes a que se refiere este Capítulo, se constituirán en primer término, a los servidores públicos o a los particulares, personas físicas o morales, que directamente hayan ejecutado los actos o incurran en las omisiones que las hayan originado y, subsidiariamente, y en ese orden al servidor público jerárquicamente inmediato que por la índole de sus funciones, haya omitido la revisión o autorizado tales actos, por causas que impliquen dolo, culpa o negligencia por parte de los mismos. Serán responsables solidarios con los servidores públicos, los particulares, persona física o moral, en los casos en que hayan participado y originado una responsabilidad resarcitoria. Artículo 53.- Las responsabilidades que se finquen a los servidores públicos de las entidades fiscalizadas y de la Auditoría Superior de la Federación, no eximen a éstos ni a los particulares, personas físicas o morales, de sus obligaciones, cuyo cumplimiento se les exigirá aún cuando la responsabilidad se hubiere hecho efectiva total o parcialmente. Artículo 54.- Las responsabilidades resarcitorias señaladas, se fincarán independientemente de las que procedan con base en otras leyes y de las sanciones de carácter penal que imponga la autoridad judicial. Como se ve, el artículo 6º, de la citada ley, dispone que los servidores públicos y las personas físicas o morales, públicas o privadas, que capten, reciban, recauden, administren, manejen, ejerzan y custodien recursos públicos federales, deberán atender los requerimientos que les formule la Auditoría Superior de la Federación durante la planeación, desarrollo de las auditorías y el seguimiento de las acciones que emita dentro de los plazos establecidos en la propia ley. Asimismo, de los dispositivos 13 y 15, fracciones XI, XII, XV, XVI y XVIII, de la ley en cita se advierte que para la fiscalización de la Cuenta Pública, la Auditoría Superior de la Federación, tendrá entre otras atribuciones, las de fiscalizar recursos públicos federales que las entidades fiscalizadas de la federación, hayan otorgado con cargo a su presupuesto a entidades federativas -entre otras- investigar, los actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de los fondos y recursos federales. También se desprende, que la Auditoría Superior de la Federación, durante la verificación de los objetivos contenidos en los programas, podrá emitir observaciones de la fiscalización de las cuentas públicas, las cuales pueden derivar en determinadas acciones: i) solicitudes de aclaración, ii) pliegos de observaciones, iii) promociones de intervención de la instancia de control competente, iv) promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal, v) promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria, vi) denuncias de hechos y vii) denuncias de juicio político, así como recomendaciones. Así, la Auditoría Superior de la Federación, como órgano de fiscalización, cuenta con acciones, ya sean de carácter preventivo (recomendaciones y recomendaciones de desempeño) y correctivas (promociones de intervención de la instancia de control, del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal, de responsabilidades administrativas sancionatorias; denuncia de hechos; denuncia de juicio político; solicitud de aclaración y pliego de observaciones). De la misma forma, del precepto 49, se obtiene que en caso de aparecer irregularidades que permitan presumir la existencia de hechos o conductas que produzcan un daño o perjuicio, a la Hacienda Pública, la Auditoría Superior de la Federación procederá a determinar los daños y perjuicios, o ambos, según corresponda, y fincar directamente a los responsables las responsabilidades resarcitorias por medio de indemnizaciones y sanciones. Por su parte, de los artículos 51 a 54 deriva que incurren en responsabilidad, los servidores públicos y los particulares, personas físicas o morales, por actos u omisiones que causen un daño o perjuicio, o ambos, estimable en dinero, a la Hacienda Pública Federal o, en su caso, al patrimonio de los entes públicos federales o de las entidades paraestatales federales. Que las responsabilidades que se finquen, tienen por objeto resarcir el monto de los daños y perjuicios estimables en dinero que se hayan causado y que las mismas se constituirán en primer término, a los servidores públicos y se iniciarán independientemente de las que procedan con base en otras leyes y de las sanciones de carácter penal que imponga la autoridad judicial Por otra parte, a fin de explicar las etapas de la actividad que despliega la Auditoría Superior de la Federación en relación con la Cuenta Pública, deben traerse a colación los artículos 12, 13, 16, 18, 28, 34, 56 y 57 de la Ley en consulta, que disponen: Artículo 12.- La fiscalización de la Cuenta Pública tiene por objeto: I. Evaluar los resultados de la gestión financiera: a) Si se cumplió con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de sistemas de registro y contabilidad gubernamental; contratación de servicios, obra pública, adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles; almacenes y demás activos; recursos materiales, y demás normatividad aplicable al ejercicio del gasto público; b) Si la captación, recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación de recursos federales, incluyendo subsidios, transferencias y donativos, y si los actos, contratos, convenios, mandatos, fondos, fideicomisos, prestación de servicios públicos, operaciones o cualquier acto que las entidades fiscalizadas, celebren o realicen, relacionados con el ejercicio del gasto público federal, se ajustaron a la legalidad, y si no han causado daños o perjuicios, o ambos, en contra de la Hacienda Pública Federal o, en su caso, del patrimonio de los entes públicos federales o de las entidades paraestatales federales; II. Comprobar si el ejercicio de la Ley de Ingresos y el Presupuesto se ha ajustado a los criterios señalados en los mismos: a) Si las cantidades correspondientes a los ingresos y a los egresos, se ajustaron o corresponden a los conceptos y a las partidas respectivas; b) Si los programas y su ejecución se ajustaron a los términos y montos aprobados en el Presupuesto; c) Si los recursos provenientes de financiamientos se obtuvieron en los términos autorizados y se aplicaron con la periodicidad y forma establecidas por las leyes y demás disposiciones aplicables, y si se cumplieron los compromisos adquiridos en los actos respectivos; III. Verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas: a) Realizar auditorías del desempeño de los programas, verificando la eficiencia, la eficacia y la economía de los mismos y su efecto o la consecuencia en las condiciones sociales, económicas y en su caso, regionales del país durante el periodo que se evalúe; b) Si se cumplieron las metas de los indicadores aprobados en el Presupuesto y si dicho cumplimiento tiene relación con el Plan Nacional de Desarrollo y los programas sectoriales, y IV. Determinar las responsabilidades a que haya lugar y la imposición de multas y sanciones resarcitorias correspondientes en los términos de esta Ley. Artículo 13.- Las observaciones que, en su caso, emita la Auditoría Superior de la Federación derivado de la fiscalización de la Cuenta Pública, podrán derivar en: I. Acciones promovidas, incluyendo solicitudes de aclaración, pliegos de observaciones, promociones de intervención de la instancia de control competente, promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal, promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria, denuncias de hechos y denuncias de juicio político, y II. Recomendaciones, incluyendo las referentes al desempeño. Artículo 16.- La Auditoría Superior de la Federación, a más tardar en el mes de enero del año siguiente al que se presentó la Cuenta Pública, dará a conocer a las entidades fiscalizadas la parte que les corresponda de los resultados finales y las observaciones preliminares que se deriven de la revisión de la misma, a efecto de que dichas entidades presenten las justificaciones y aclaraciones que correspondan. (REFORMADO, D.O.F. 18 DE JUNIO DE 2010) A las reuniones en las que se dé a conocer a las entidades fiscalizadas la parte que les corresponda de los resultados y observaciones preliminares que se deriven de la revisión de la Cuenta Pública, se les citará por lo menos con 3 días hábiles de anticipación, remitiendo con la misma anticipación a las entidades fiscalizadas los resultados y las observaciones preliminares de las auditorías practicadas. En dichas reuniones las entidades fiscalizadas podrán presentar las justificaciones y aclaraciones que estimen pertinentes. Adicionalmente, la Auditoría Superior de la Federación les concederá un plazo de 7 días hábiles para que presenten argumentaciones adicionales y documentación soporte, misma que deberán ser valoradas por esta última para la elaboración del Informe del Resultado. Una vez que la Auditoría Superior de la Federación valore las justificaciones, aclaraciones y demás información a que hacen referencia los párrafos anteriores, podrá determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los resultados y las observaciones preliminares que les dio a conocer a las entidades fiscalizadas, para efectos de la elaboración definitiva del Informe del Resultado. En caso de que la Auditoría Superior de la Federación considere que las entidades fiscalizadas no aportaron elementos suficientes para atender las observaciones preliminares correspondientes, deberá incluir en el apartado específico del Informe del Resultado, de manera íntegra, las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por dichas entidades. Artículo 18.- La fiscalización de la Cuenta Pública está limitada al principio de anualidad a que se refiere el segundo párrafo del artículo 79 Constitucional. La Auditoría Superior de la Federación, sin perjuicio del principio de anualidad, podrá solicitar y revisar, de manera casuística y concreta, información y documentación de ejercicios anteriores al de la Cuenta Pública en revisión, sin que por este motivo se entienda, para todos los efectos legales, abierta nuevamente la Cuenta Pública del ejercicio al que pertenece la información solicitada, exclusivamente cuando el programa, proyecto o la erogación, contenidos en el Presupuesto en revisión abarque para su ejecución y pago diversos ejercicios fiscales o se trate de revisiones sobre el cumplimiento de los objetivos de los programas federales. Las observaciones, acciones promovidas y recomendaciones que la Auditoría Superior de la Federación emita, sólo podrán referirse al ejercicio de los recursos públicos de la Cuenta Pública en revisión. Artículo 28.- La Auditoría Superior de la Federación tendrá un plazo que vence el 20 de febrero del año siguiente al de la presentación de la Cuenta Pública a la Cámara o, en su caso, a la Comisión Permanente, para rendir en dicha fecha a la Cámara, por conducto de la Comisión, el Informe del Resultado correspondiente, mismo que tendrá carácter público y mientras ello no suceda, la Auditoría Superior de la Federación deberá guardar reserva de sus actuaciones y de la información que posea. A solicitud de la Comisión o de su mesa directiva, el Auditor Superior de la Federación y los funcionarios que éste designe presentarán, ampliarán o aclararán el contenido del Informe del Resultado, en sesiones de la Comisión cuantas veces sea necesario a fin de tener un mejor entendimiento del mismo, siempre y cuando no se revele información reservada o que forme parte de un proceso de investigación. Lo anterior, sin que se entienda para todos los efectos legales como una modificación al Informe del Resultado. Artículo 34.- La Comisión realizará un análisis del Informe del Resultado y lo enviará a la Comisión de Presupuesto. A este efecto y a juicio de la Comisión, se podrá solicitar a las comisiones ordinarias de la Cámara una opinión sobre aspectos o contenidos específicos del Informe del Resultado. El análisis de la Comisión podrá incorporar aquellas sugerencias que juzgue conveniente y que haya hecho la Auditoría Superior de la Federación, para modificar disposiciones legales que pretendan mejorar la gestión financiera y el desempeño de las entidades fiscalizadas. Artículo 56.- Las entidades fiscalizadas, dentro de un plazo improrrogable de 30 días hábiles contados a partir de la fecha de recibo de los pliegos de observaciones, deberán solventar los mismos ante la Auditoría Superior de la Federación. Cuando los pliegos de observaciones no sean atendidos dentro del plazo señalado, o bien, la documentación y argumentos no sean suficientes a juicio de la Auditoría Superior de la Federación para solventarlos, ésta iniciará el procedimiento para el fincamiento de responsabilidades resarcitorias y solicitará la intervención de las instancias de control competentes para que, en el ámbito de su competencia, investiguen e inicien, en su caso, el procedimiento sancionatorio por los actos u omisiones de los servidores públicos de las entidades fiscalizadas de los cuales pudieran desprenderse responsabilidades administrativas, con excepción de las responsabilidades resarcitorias. Una vez que las instancias de control competentes cuenten con la información de las auditorías practicadas por la Auditoría Superior de la Federación, deberán comunicar a ésta dentro de los 30 días hábiles siguientes sobre la procedencia de iniciar el procedimiento administrativo de responsabilidades. Artículo 57.- El fincamiento de las responsabilidades resarcitorias se sujetará al procedimiento siguiente: I. Se citará al presunto o presuntos responsables a una audiencia para que comparezcan personalmente o, tratándose de personas morales, a través de su representante legal; asimismo, para que manifiesten lo que a su interés convenga, ofrezcan pruebas y formulen alegatos en la audiencia respectiva relacionados con los hechos que se les imputan y que se les dieron a conocer en el citatorio respectivo; II. El oficio citatorio para audiencia se notificará personalmente al presunto responsable con una anticipación no menor de siete ni mayor de quince días hábiles, a la fecha de celebración de la audiencia, donde se le señalará que podrá asistir acompañado de su abogado o persona de confianza. La notificación personal realizada con quien deba entenderse será legalmente válida, cuando se efectúe en el domicilio respectivo o en su centro de trabajo; III. La audiencia se celebrará en el lugar, día y hora señalado en el oficio citatorio, y en caso de que el presunto o presuntos responsables no comparezcan sin causa justa, se tendrán por ciertos los hechos que se le imputan y por precluido su derecho para ofrecer pruebas o formular alegatos y se resolverá con los elementos que obren en el expediente respectivo; IV. En la audiencia, el presunto responsable en forma directa o a través de su representante podrá ofrecer las pruebas que a su derecho convengan. Desahogadas las pruebas que fueron admitidas, el presunto responsable podrá por sí o a través de su defensor, formular los alegatos que a su derecho convengan, en forma oral o escrita; V. Una vez concluida la audiencia, la Auditoría Superior de la Federación procederá a elaborar y acordar el cierre de instrucción y resolverá dentro de los noventa días naturales siguientes, sobre la existencia o inexistencia de responsabilidad resarcitoria y fincará, en su caso, el pliego definitivo de responsabilidades en el que se determine la indemnización resarcitoria correspondiente, a o a las personas responsables y notificará a éstos la resolución y el pliego definitivo de responsabilidades, remitiendo un tanto autógrafo del mismo a la Tesorería de la Federación, para el efecto de que si en un plazo de quince días naturales contados a partir de la notificación, éste no es pagado, se haga efectivo su cobro en términos de ley, mediante el procedimiento administrativo de ejecución. Dicho pliego será notificado también a las entidades fiscalizadas involucradas, según corresponda. Los servidores públicos en todo momento durante el procedimiento a que se refiere este artículo, o bien, para la interposición del recurso de reconsideración a que hace referencia el artículo 69 de esta Ley, podrán consultar los expedientes administrativos donde consten los hechos que se les imputen y obtener a su costa copias certificadas de los documentos correspondientes, y VI. Si durante el desahogo de la audiencia la Auditoría Superior de la Federación considera que no cuenta con elementos suficientes para resolver o advierte la existencia de elementos que impliquen una nueva responsabilidad a cargo del presunto o presuntos responsables o de otras personas relacionadas, podrá disponer la práctica de investigaciones y citar para otras audiencias. La Auditoría Superior de la Federación podrá señalar nuevo día y hora para la continuación de la audiencia, misma que se celebrará dentro de los siguientes diez días naturales, a fin de resolver sobre la admisión de pruebas y dentro de los siguientes veinte días naturales para su desahogo a partir de la admisión, pudiéndose ampliar este último plazo, a juicio de la Auditoría Superior de la Federación, el tiempo necesario para el mismo efecto." De esos numerales, se observa la existencia de: 1) Un Procedimiento de Fiscalización de Cuenta Pública; y 2) Un Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias. Ambos autónomos y con finalidades distintas, pues mientras que el primero es una revisión de la Cuenta Pública, el segundo se encuentra dirigido a determinar la existencia o no, de la responsabilidad resarcitoria a cargo de los involucrados en el daño advertido a la Hacienda Pública. Esto, pues basta imponerse del contenido de la Ley en comento, para poder advertir que en el Título Segundo regula el Proceso de Fiscalización de la Cuenta Pública; y en otro diverso, el Capítulo Tercero del Título Quinto el Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias. De igual forma, de los dispositivos mencionados, se advierte la existencia de tres etapas en la actividad que despliega la Auditoría Superior de la Federación en relación con la rendición de Cuenta Pública, siendo éstas jurídicamente independientes entre sí, a saber: El Procedimiento de Revisión que se realiza al sujeto de inspección entendido este como una entidad abstracta de la estructura de la administración pública. La emisión del Pliego de Observaciones, que es el resultado de la revisión practicada a la entidad fiscalizada, el cual le harán del conocimiento, para que éstas dentro de un plazo improrrogable de treinta días hábiles contados a partir de la fecha de recibo lo solvente; concluido ello se emitirá un dictamen técnico, en el que la autoridad auditora: a) lo tendrá por solventado; o b) iniciará con el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria, ya sea porque no fue atendido dentro del plazo señalado, o bien la documentación y argumentos no fueron suficientes a juicio de la Auditoría para solventarlos. El Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria, el cual tiene por objeto resarcir el monto de los daños y perjuicios estimables en dinero que se hayan causado, a la Hacienda Pública Federal, o en su caso, al patrimonio de los entes públicos federales o de las entidades paraestatales federales, y está dirigido a los servidores públicos o particulares que hayan participado y originado una responsabilidad resarcitoria. Así, de una interpretación de los preceptos antes mencionados, en términos del artículo 14 de la Constitución Federal, se obtiene que, contrario a lo alegado por la peticionaria de amparo, no existe ningún dispositivo legal que prevea su intervención en el Procedimiento de Fiscalización de la Cuenta Pública 2014, practicado al Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, mediante auditoría 771, así como en el pliego de observaciones número PO0317/16, de dieciocho de julio de dos mil dieciséis y en el Dictamen Técnico DGS "A"-I/DTNS/036/2019 de trece de junio de dos mil diecinueve; sino únicamente al Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria. Esto, porque como se observó, el Procedimiento de Fiscalización y el Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias, son procedimientos autónomos con finalidades distintas. Es así, pues el primero tiene como objetivo revisar, los actos que impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de los fondos y recursos federales, los cuales evidentemente deben realizase a aquéllas "entidades" que hubiesen captado, recaudado, administrado, manejado o ejercido recursos públicos federales y no a algún servidor público. Pues es precisamente a través de la investigación que realice la autoridad fiscalizadora de la que podrán emanar determinadas acciones, como los pliegos de observaciones, los cuales deben hacerse del conocimiento del "ente fiscalizado" para su solventación, y en caso de no hacerlo o de no allegar la documentación necesaria, previo el dictamen que se emita -en dado caso- iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria. El segundo, -Procedimiento Resarcitorio- tiene como finalidad determinar la existencia o no de la responsabilidad resarcitoria a cargo del "presunto responsable", en donde se le otorgará su intervención para que realice las manifestaciones que a su interés convenga, ofrezca pruebas y formule alegatos. De ahí que no asista razón a la quejosa cuando esgrime, que el dictamen únicamente se debió circunscribir en contra del Gobierno del Estado, pues fue a quien se le notificó el pliego de observaciones; atento a que como se observó con anterioridad, el procedimiento de revisión se lleva a cabo a la "entidad fiscalizada", y si de ello deriva la responsabilidad de un servidor público, es a éste a quien se le deberá fincar el procedimiento resarcitorio respectivo. En la inteligencia, de que si bien del artículo 56 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación aplicable, se infiere que se hará del conocimiento de las "entidades fiscalizadas" el pliego de observaciones para su solventación, ello de ninguna manera implica que deba notificarse al servidor público en lo particular, porque no fue a quien se le transfirieron de manera directa los recursos federales, sino al Gobierno del Estado de Michoacán. Se dice de este modo, toda vez que el artículo 2º, fracción IX de la Ley en comento, señala que se entenderá por entidad fiscalizada -entre otros- a cualquier persona física o moral, pública o privada, que haya captado, recaudado, administrado, manejado o ejercido recursos públicos federales, es decir, aquéllos casos en que los recursos federales les fueron transferidos en forma directa. Pero no aquellos servidores públicos en lo particular que laboraren en la "entidad" a quien le fueron entregados los recursos, o bien que por dejar de laborar se consideren particulares, aun y cuando la auditoría correspondiente diese como resultado una "presunta responsabilidad" por su parte, pues es precisamente en el Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias, en donde se les dará la intervención correspondiente para su defensa. Sin que impida estimar lo anterior, el hecho que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 6º, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación a estudio, los servidores públicos deben atender los requerimientos que les formule la Auditoría Superior, pues una cosa es que los atiendan para el desarrollo de las revisiones y otra que sea para darles intervención, lo que no sucede, pues dicho precepto es expreso en señalar: "deberán atender los requerimientos que les formule la Auditoría Superior de la federación durante la planeación, desarrollo de las auditorías y el seguimiento de las acciones que emita dentro de los plazos establecidos en esta Ley, de conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes y sin perjuicio de la competencia de otras autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema financiero..". Ahora, no pasa desapercibido para este órgano constitucional, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de diversos criterios ha determinado la obligación de las autoridades de crear un procedimiento en el que el gobernado pueda ejercer plenamente su derecho de audiencia, aun y cuando para ello no existan disposiciones directamente aplicables, y sin que sea necesario reclamar la inconstitucionalidad de la ley. Lo afirmado, se contiene en las tesis y jurisprudencias de los rubros siguientes: "ACTOS ADMINISTRATIVOS, INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS. NO ES NECESARIO RECLAMAR LA LEY, CUANDO ESTA ES OMISA RESPECTO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS FORMALIDADES ESENCIALES CONSAGRADAS POR EL ARTICULO 14 CONSTITUCIONAL."; "AUDIENCIA. SI SE OTORGA LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL RESPECTO DE UNA LEY POR SER VIOLATORIA DE ESA GARANTÍA, LA AUTORIDAD FACULTADA PARA EMITIR UN ACTO PRIVATIVO PODRÁ REITERARLO SI LLEVA A CABO UN PROCEDIMIENTO EN EL QUE CUMPLA LAS FORMALIDADES ESENCIALES, AUN CUANDO PARA ELLO NO EXISTAN DISPOSICIONES DIRECTAMENTE APLICABLES."; "AUDIENCIA, GARANTIA DE. DEBE RESPETARSE AUNQUE LA LEY EN QUE SE FUNDE LA RESOLUCION NO PREVEA EL PROCEDIMIENTO PARA TAL EFECTO.", y " GARANTÍA DE AUDIENCIA". Sin embargo, debe decirse que la obligación de las autoridades para construir un procedimiento en donde se otorgue el derecho de audiencia a los gobernados en el que se acaten las formalidades del procedimiento, se impone únicamente en tratándose de actos privativos y no de molestia -como sucede en el caso de que se trata-. En efecto, en relación con el derecho fundamental de audiencia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estimado que la Constitución Federal distingue y regula de manera diferente los actos privativos respecto de los actos de molestia. Los primeros (actos privativos) son los que producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado y se autorizan solamente a través del cumplimiento de determinados requisitos precisados en el artículo 14, como la existencia de un juicio seguido ante un tribunal previamente establecido que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento y en el que se apliquen las leyes expedidas con anterioridad al hecho juzgado. En cambio, los actos de molestia son aquéllos que, pese a constituir afectación en la esfera jurídica del gobernado, no producen los mismos efectos que los actos privativos, pues sólo restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, se autorizan siempre y cuando preceda mandamiento escrito emitido por autoridad competente debidamente fundado y motivado. Por tanto, para poder distinguir entre los actos de molestia y los privativos, debe advertirse la finalidad que se persigue con la emisión del acto de autoridad, es decir, si sólo se restringe de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, se está ante un acto de molestia, cuya legalidad está supeditada principalmente a su debida fundamentación y motivación, así como los restantes requisitos previstos en el primer párrafo, del artículo 16 constitucional. Mientras que los actos privativos son aquellos que producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, el cual se autoriza únicamente a través del cumplimiento de determinados requisitos precisados en el artículo 14 de la Ley Fundamental. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 40/96, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Julio de 1996, Novena Época, registro 200080, de rubro y texto: "ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA. ORIGEN Y EFECTOS DE LA DISTINCIÓN. El artículo 14 constitucional establece, en su segundo párrafo, que nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; en tanto, el artículo 16 de ese mismo Ordenamiento Supremo determina, en su primer párrafo, que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Por consiguiente, la Constitución Federal distingue y regula de manera diferente los actos privativos respecto de los actos de molestia, pues a los primeros, que son aquellos que producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, los autoriza solamente a través del cumplimiento de determinados requisitos precisados en el artículo 14, como son, la existencia de un juicio seguido ante un tribunal previamente establecido, que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento y en el que se apliquen las leyes expedidas con anterioridad al hecho juzgado. En cambio, a los actos de molestia que, pese a constituir afectación a la esfera jurídica del gobernado, no producen los mismos efectos que los actos privativos, pues sólo restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, los autoriza, según lo dispuesto por el artículo 16, siempre y cuando preceda mandamiento escrito girado por una autoridad con competencia legal para ello, en donde ésta funde y motive la causa legal del procedimiento. Ahora bien, para dilucidar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un acto de autoridad impugnado como privativo, es necesario precisar si verdaderamente lo es y, por ende, requiere del cumplimiento de las formalidades establecidas por el primero de aquellos numerales, o si es un acto de molestia y por ello es suficiente el cumplimiento de los requisitos que el segundo de ellos exige. Para efectuar esa distinción debe advertirse la finalidad que con el acto se persigue, esto es, si la privación de un bien material o inmaterial es la finalidad connatural perseguida por el acto de autoridad, o bien, si por su propia índole tiende sólo a una restricción provisional.". Así como también, se cita al respecto la tesis emitida por la Segunda Sala del más Alto Tribunal del País, visible en la página 15, del Semanario Judicial de la Federación, Volumen 81, Tercera Parte, Séptima Época, registro 238355, de rubro y texto: "AUDIENCIA Y SEGURIDAD JURÍDICA, GARANTÍAS DE. ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA DE BIENES O DERECHOS. DISTINCIÓN. ARTÍCULOS 14 Y 16 CONSTITUCIONALES. En los términos del artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución Federal, la audiencia previa a la emisión del acto de autoridad y el debido proceso legal, como garantías del gobernado, son de observancia obligatoria únicamente tratándose de actos privativos, sea de la vida, de la libertad, de propiedades, posesiones o derechos de los particulares, mas no así cuando se trata de actos de molestia que no tengan la finalidad de privar al afectado de alguno de sus bienes o derechos, pues tales actos se rigen solamente por la garantía de seguridad jurídica (fundamentación y motivación) que establece el artículo 16 constitucional.". Por tanto, debe decirse que en el Procedimiento de Fiscalización de la Cuenta Pública -previo al Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias- no es necesario que se cumplan con los requisitos que contempla el artículo 14 de la Constitución, de los que destaca el derecho de audiencia previa; en razón que dicho procedimiento que incluye el pliego de observaciones y el dictamen de no solventación, es un acto de molestia en tanto que en él únicamente se determinan "presuntas responsabilidades" de la quejosa, sin imponerle sanción o responsabilidad alguna que menoscabe o suprima definitivamente un derecho, pues en todo caso, ello ocurrirá en el procedimiento para el fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias, el cual por cierto ya inició y a donde ya fue llamado la accionante del amparo. De la misma forma, debe decirse que tampoco pasa por alto para quien resuelve, que la quejosa invocó el criterio jurisprudencial PC.XVI.A. J/21 A (10a.), emitido por el Pleno en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, con registro digital 2018409, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo Libro 60, Noviembre de 2018 Tomo II, Página 1696, Décima Época, que dice: "PROCESO DE FISCALIZACIÓN DE CUENTAS PÚBLICAS. ASPECTOS QUE DEBEN TOMARSE EN CUENTA PARA EFECTUAR LA NOTIFICACIÓN A LOS "PRESUNTOS RESPONSABLES" (SUJETOS DE FISCALIZACIÓN), DEL PLIEGO DE OBSERVACIONES O DEL INFORME DE RESULTADOS (LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE GUANAJUATO ABROGADA). De la interpretación de los artículos 5, 9, fracción V, y 23, fracciones IV, VIII y X, del ordenamiento referido, conforme al derecho fundamental de audiencia reconocido por el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se obtiene que la notificación de las observaciones y recomendaciones del proceso de fiscalización, así como del informe de resultados, se realizarán al "sujeto fiscalizado", calidad que no sólo recae en los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial del Estado, Ayuntamientos, dependencias y entidades de la administración pública centralizada o descentralizada, estatal y municipal, organismos autónomos o ex titulares de éstos, sino también en otros servidores públicos o ex funcionarios, o en cualquier persona que maneje recursos públicos, cuando sean señalados como "presuntos responsables". Ahora bien, la posibilidad de que la persona probable infractora sea notificada del pliego de observaciones y recomendaciones, o del propio informe de resultados, en lo que le concierne, debe hacerse en todos los casos a partir de que en el procedimiento revisor se vislumbre que cometió alguna infracción para tutelar su derecho de audiencia y con ello permitir que realice una adecuada y oportuna defensa de sus intereses. Por lo que toca a procedimientos de fiscalización ya iniciados o concluidos, es necesario que se regularicen, para respetar al "presunto infractor", las formalidades esenciales del procedimiento, lo que no implica desconocer el valor de diversas actuaciones ya desahogadas en él, sino solamente las que pudieran verse afectadas o cuestionadas con motivo de la participación en el procedimiento por parte de aquél. Por consiguiente, si en el informe de resultados se dictaminó que esa persona es responsable de determinadas irregularidades, pero no existe la constancia de que se le haya notificado del pliego de observaciones y recomendaciones referido, en lo que a ella concierne; para reparar la violación a su derecho fundamental de audiencia, procede ordenar la reposición de la auditoría con el fin de que se le comuniquen el pliego y las actuaciones subsecuentes, así como el propio informe de resultados, con el objetivo de que se respeten las formalidades esenciales del procedimiento, porque no podría pensarse que ese derecho humano está salvaguardado, si a pesar de no notificársele el pliego de observaciones y recomendaciones, con posterioridad se le comunica el informe de resultados, para que esté en posibilidad jurídica de interponer el recurso de reconsideración estatuido en el artículo 39 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato abrogada, pues ello en nada favorecería a la persona afectada, ya que no podría ofrecer pruebas para desacreditar el actuar que se le imputa, habida cuenta de que la litis en dicho recurso, de conformidad con su diseño legislativo, está acotada a revocar o modificar el informe de resultados, pero únicamente con los datos aportados dentro del procedimiento fiscalizador al cual no compareció el "presunto responsable". Sin embargo, dicha jurisprudencia es inaplicable al caso concreto, en primer lugar, porque se trata de un criterio que no es temático sino que interpreta en concreto una legislación ya abrogada del Estado de Guanajuato; en segundo lugar y como razón más importante, se tiene que, la razón para considerar que se debería de incorporar al presunto infractor desde la etapa de fiscalización, descansa en que el diseño legislativo de esa normativa, estaba acotado a revocar o modificar el informe de resultados, pero únicamente con los datos aportados dentro del procedimiento fiscalizador al cual no se le otorgaba la oportunidad de comparecer al "presunto responsable". Por ello, en la legislación que se interpretó y que dio origen a ese criterio, se vio la necesidad de incorporar al presunto infractor desde la etapa de fiscalización, porque en el procedimiento resarcitorio, la litis se circunscribía a ofrecer pruebas para desacreditar el informe de resultados, pero solo con los datos aportados en el propio procedimiento fiscalizador, al que el presunto responsable no había sido citado previamente. Sin embargo, en el caso se considera inaplicable ese criterio ya que el procedimiento resarcitorio contemplado en la legislación federal, se tramita conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, específicamente de acuerdo a las reglas comunes del título segundo, las cuales son generales y no contemplan la regla probatoria específica que motivó a incorporar al presunto infractor desde la etapa de fiscalización en la legislación abrogada de Guanajuato, esto es, no existe impedimento para que la quejosa, en el procedimiento resarcitorio, desvirtúe todo lo que corresponda, como se observa de los artículos 130 a 143 de Ley General de Responsabilidades Administrativas: "Artículo 130. Para conocer la verdad de los hechos las autoridades resolutoras podrán valerse de cualquier persona o documento, ya sea que pertenezca a las partes o a terceros, sin más limitación que la de que las pruebas hayan sido obtenidas lícitamente, y con pleno respeto a los derechos humanos, solo estará excluida la confesional a cargo de las partes por absolución de posiciones. Artículo 131. Las pruebas serán valoradas atendiendo a las reglas de la lógica, la sana crítica y de la experiencia. Artículo 132. Las autoridades resolutoras recibirán por sí mismas las declaraciones de testigos y peritos, y presidirán todos los actos de prueba bajo su más estricta responsabilidad. Artículo 133. Las documentales emitidas por las autoridades en ejercicio de sus funciones tendrán valor probatorio pleno por lo que respecta a su autenticidad o a la veracidad de los hechos a los que se refieran, salvo prueba en contrario. Artículo 134. Las documentales privadas, las testimoniales, las inspecciones y las periciales y demás medios de prueba lícitos que se ofrezcan por las partes, solo harán prueba plena cuando a juicio de la Autoridad resolutora del asunto resulten fiables y coherentes de acuerdo con la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guarden entre sí, de forma tal que generen convicción sobre la veracidad de los hechos. Artículo 135. Toda persona señalada como responsable de una falta administrativa tiene derecho a que se presuma su inocencia hasta que no se demuestre, más allá de toda duda razonable, su culpabilidad. Las autoridades investigadoras tendrán la carga de la prueba para demostrar la veracidad sobre los hechos que demuestren la existencia de tales faltas, así como la responsabilidad de aquellos a quienes se imputen las mismas. Quienes sean señalados como presuntos responsables de una falta administrativa no estarán obligados a confesar su responsabilidad, ni a declarar en su contra, por lo que su silencio no deberá ser considerado como prueba o indicio de su responsabilidad en la comisión de los hechos que se le imputan. Artículo 136. Las pruebas deberán ofrecerse en los plazos señalados en esta Ley. Las que se ofrezcan fuera de ellos no serán admitidas salvo que se trate de pruebas supervenientes, entendiéndose por tales, aquellas que se hayan producido con posterioridad al vencimiento del plazo para ofrecer pruebas; o las que se hayan producido antes, siempre que el que las ofrezca manifieste bajo protesta de decir verdad que no tuvo la posibilidad de conocer su existencia. Artículo 137. De toda prueba superveniente se dará vista a las partes por un término de tres días para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Artículo 138. Los hechos notorios no serán objeto de prueba, pudiendo la autoridad que resuelva el asunto referirse a ellos aun cuando las partes no los hubieren mencionado. Artículo 139. En caso de que cualquiera de las partes hubiere solicitado la expedición de un documento o informe que obre en poder de cualquier persona o Ente público, y no se haya expedido sin causa justificada, la Autoridad resolutora del asunto ordenará que se expida la misma, para lo cual podrá hacer uso de los medios de apremio previstos en esta Ley. Artículo 140. Cualquier persona, aun cuando no sea parte en el procedimiento, tiene la obligación de prestar auxilio a las autoridades resolutoras del asunto para la averiguación de la verdad, por lo que deberán exhibir cualquier documento o cosa, o rendir su testimonio en el momento en que sea requerida para ello. Estarán exentos de tal obligación los ascendientes, descendientes, cónyuges y personas que tengan la obligación de mantener el secreto profesional, en los casos en que se trate de probar contra la parte con la que estén relacionados. Artículo 141. El derecho nacional no requiere ser probado. El derecho extranjero podrá ser objeto de prueba en cuanto su existencia, validez, contenido y alcance, para lo cual las autoridades resolutoras del asunto podrán valerse de informes que se soliciten por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, sin perjuicio de las pruebas que al respecto puedan ofrecer las partes. Artículo 142. Las autoridades resolutoras del asunto podrán ordenar la realización de diligencias para mejor proveer, sin que por ello se entienda abierta de nuevo la investigación, disponiendo la práctica o ampliación de cualquier diligencia probatoria, siempre que resulte pertinente para el conocimiento de los hechos relacionados con la existencia de la Falta administrativa y la responsabilidad de quien la hubiera cometido. Con las pruebas que se alleguen al procedimiento derivadas de diligencias para mejor proveer se dará vista a las partes por el término de tres días para que manifiesten lo que a su derecho convenga, pudiendo ser objetadas en cuanto a su alcance y valor probatorio en la vía incidental. Artículo 143. Cuando la preparación o desahogo de las pruebas deba tener lugar fuera del ámbito jurisdiccional de la Autoridad resolutora del asunto, podrá solicitar, mediante exhorto o carta rogatoria, la colaboración de las autoridades competentes del lugar. Tratándose de cartas rogatorias se estará a lo dispuesto en los tratados y convenciones de los que México sea parte." Finalmente, resta señalar que el criterio jurídico asumido en esta determinación, fue confirmado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 129/2019, que confirmó la sentencia pronunciada por el suscrito juzgador en el diverso amparo 95/2019, en el que se reclamaron en esencia, actos iguales a los aquí reclamados, pero derivados de diverso procedimiento de fiscalización. En las condiciones apuntadas, ante lo infundado de los conceptos de violación propuestos, lo que se impone es negar el amparo y protección de la justicia federal solicitados. Séptimo. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Carta Magna; 33, 35, 37, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 124 y 217 de la Ley de Amparo; y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se: R E S U E L V E: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Stefany Berenice Carreón Reyes, en contra de las autoridades y por los motivos que quedaron señalados en el considerando tercero de esta resolución. Segundo. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Stefany Berenice Carreón Reyes, por su propio derecho, en contra del acto reclamado a las autoridades que quedaron especificadas en el considerando cuarto, por los motivos especificados en el sexto del propio fallo. Tercero. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy veintiocho de enero de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada Isela Estefanía Bueno Gallegos, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, doce de noviembre de dos mil veinte. Vista la cuenta precedente, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con los informes justificados que rinden las siguientes autoridades: 1. Director General de Seguimiento "A"; 2. Director de Responsabilidades a los Recursos Federales en Estados y Municipios; y, 3. Director de Responsabilidades a los Recursos Federales en Estados y Municipios "D". Autoridades pertenecientes a la Auditoría Superior de la Federación con sede en la Ciudad de México. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tienen por desahogadas las documentales que remite la autoridad responsable señalada con el número 2, mismas que hace suya la autoridad marcada con el número 3, en razón de su propia y especial naturaleza. Con las documentales referidas fórmese un tomo de prueba. Por otro lado, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los alegatos del Director de Responsabilidades a los Recursos Federales en Estados y Municipios "D". Hágase nueva relación de lo anterior en la audiencia constitucional respectiva. Finalmente, téngase a las autoridades en cita señalando el domicilio que indican en sus informes de cuenta para recibir notificaciones. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.ORF
- Incidental
Morelia, Michoacán, treinta de octubre de dos mil veinte. Vista la cuenta precedente, agréguese sin hacer mayor pronunciamiento el informe previo que el Director General de Evaluación del Gasto Federalizado, con sede en la Ciudad de México, toda vez que por resolución interlocutoria de veintidós de los actuales se resolvió en definitiva el incidente de suspensión en que se actúa. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.ORF
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