Atilano Sesmas Garfias
Expediente 323/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 9 actuaciones registradas, la última del 24 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 323/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 24/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Atilano Sesmas Garfias
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
El licenciado Oscar Hernández García, secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hago constar y certifico: Que concluyó el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo vigente, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia dictada en autos, dentro del juicio de amparo 232/2022, pues transcurrió del cuatro al veintiuno de abril del año en curso, tomando en consideración únicamente los días hábiles correspondientes, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 19 y 22 de la misma ley, sin que a la fecha se haya recibido recurso alguno. Morelia, Michoacán, a veintidós de abril de dos mil veintidós. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta al juez dentro del juicio de amparo 232/2022, con la certificación que antecede y el estado de autos. Conste. Morelia, Michoacán, veintidós de abril de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia por la que se sobreseyó en el juicio, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. 06/10/23 12:59:13 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.34.e4 Oscar Hernández García Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, diez de mayo de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, téngase por recibido el pedimento de la Agente del Ministerio Público Federal adscrita a este juzgado; sin embargo, agréguese sin mayor pronunciamiento el pedimento de cuenta en virtud de que el tres de mayo del presente año, se dictó sentencia definitiva en el presente juicio de amparo. Expídasele la copia que solicita. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
En Morelia, Michoacán, a las once horas con cincuenta minutos del tres de mayo de dos mil veintidós, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Javier Morales Guzmán, secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 323/2022, sin la comparecencia de las partes. Enseguida el secretario da cuenta al juez con la totalidad de constancias que obran en el expediente, que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez acuerda: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo actualmente en vigor, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio el secretario hace constar que ninguna de las partes ofreció pruebas. El juez provee: Dado que no hay medios de prueba pendientes por admitir ni desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos se hace constar que ninguna de las partes los formuló. En relación con lo anterior el juez acuerda: Se declara precluido el derecho de las partes para formularlos. En relación con lo anterior el juez acuerda: Se declara precluido el derecho de las partes para formularlos. Una vez cerrado el periodo de alegatos se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda. R E S U L T A N D O : Primero. Mediante escrito recibido el veintidós de marzo de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, Atilano Sesmas Garfias, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en los términos siguientes: Autoridad responsable: Juez de Control del Centro de Justicia Penal de Zitácuaro, Michoacán. Actos reclamados: "IV.-ACTO RECLAMADO. -De la autoridad que señalo como responsable ordenadora reclamo la judicialización de una carpeta de investigación instruida en mi contra fuera de todo procedimiento judicial toda vez que nunca se me giró citatorio alguno en dicha carpeta para que compareciera a declarar y defender mis derechos, aun así sin mi declaración ministerial la judicializaron ante esta autoridad responsable toda vez que de manera extrajudicial tengo entendido de que la actuaria adscrita al juzgado menor de Zitácuaro me anda buscando con la finalidad de notificarme la audiencia inicial pero hasta la fecha no lo ha logrado ignoro los motivos por los cuales ni citatorio me ha dejado para comparecer a este juicio que de manera indebida y fuera de todo procedimiento judicial se está instruyendo en mi contra por la presunta comisión del delito de ABUSO DE CONFIANZA O FRAUDE." Actos que estimó violatorios de los artículos 14 y 16 Constitucionales. Segundo. Por acuerdo de veinticuatro de marzo de dos mil veintidós se admitió a trámite la demanda de amparo y se registró en el libro de gobierno con el número 323/2022; se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Federal, la intervención legal que le compete; se pidió el informe justificado a las autoridades responsables, se fijó fecha para la audiencia constitucional y ahora se procede resolver de acuerdo a las siguientes: CONSIDERACIONES: Primera. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 37 y 107 fracción V, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; pues los actos reclamados se pretenden ejecutar dentro del territorio donde este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. También sirve de fundamento el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Segunda. De acuerdo con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, previo al análisis de la certeza de los actos, debe precisarse cuáles son éstos con base en la integridad de la demanda, armonizando los datos y elementos que la conforman, sin cambiar su alcance y contenido, para determinar con exactitud la intención de la parte promovente, así como que ésta no vea obstaculizado su derecho de acceso a la justicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) Prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Con fundamento en el artículo 217 y sexto transitorio, ambos de la Ley de Amparo, en observancia obligatoria, sustenta lo anterior la jurisprudencia P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 192097, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En cumplimiento al precepto y la jurisprudencia referidos, de la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado consiste en lo siguiente: "IV.-ACTO RECLAMADO. -De la autoridad que señalo como responsable ordenadora reclamo la judicialización de una carpeta de investigación instruida en mi contra fuera de todo procedimiento judicial toda vez que nunca se me giró citatorio alguno en dicha carpeta para que compareciera a declarar y defender mis derechos, aun así sin mi declaración ministerial la judicializaron ante esta autoridad responsable toda vez que de manera extrajudicial tengo entendido de que la actuaria adscrita al juzgado menor de Zitácuaro me anda buscando con la finalidad de notificarme la audiencia inicial pero hasta la fecha no lo ha logrado ignoro los motivos por los cuales ni citatorio me ha dejado para comparecer a este juicio que de manera indebida y fuera de todo procedimiento judicial se está instruyendo en mi contra por la presunta comisión del delito de ABUSO DE CONFIANZA O FRAUDE." Tercera. La autoridad señalada como responsable al momento de rendir su informe justificado manifestó que no son ciertos los actos que se le reclaman. Por tanto, la carga probatoria corresponde a la parte quejosa, atento al aforismo que reza el que afirma está obligado a probar, como en la especie, pues los actos reclamados son positivos en tanto que implica una actividad desplegada por la citada autoridad responsable, la cual deja huella en el tiempo y en el espacio, lo que los hacía susceptibles de prueba, sin que aportara alguna para desvirtuar tal negativa. En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados a la autoridad responsable mencionada se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo actualmente en vigor, con apoyo en dicho precepto, debe sobreseerse en el juicio de garantías. Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Carta Magna; 37, 73, 74, 75 y 76 de la Ley de Amparo actualmente en vigor y en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Atilano Sesmas Garfias, por inexistencia de los actos reclamados, atribuidas a la autoridad responsable. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades respectivas. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
- Incidental
En Morelia, Michoacán, a las doce horas del ocho de abril de dos mil veintidós, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Javier Morales Guzmán, secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia incidental correspondiente al juicio de amparo 323/2022, sin la comparecencia de las partes. En seguida, con fundamento en los artículos 140 y 144 de la Ley de Amparo, el secretario hace constar que el presente incidente se encuentra integrado para ser resuelto en definitiva. Abierto el periodo probatorio el secretario hace constar que no se ofreció medio probatorio alguno. El Juez acuerda: Dado que no hay medios de prueba pendientes por admitir ni desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. En el periodo de alegatos el secretario da cuenta con el pedimento que presentó la agente del Ministerio Público, mismo que se tuvieron por formulados conforme al artículo 144 de la Ley de Amparo; asimismo, hace constar que concluyó el derecho de las demás partes para formular alegatos. Con lo anterior, se da por terminada la audiencia y se pasan los autos a la vista del Juez, quien resolverá en definitiva esta incidencia. C O N S I D E R A C I O N E S : PRIMERA. La parte quejosa señala como autoridad responsable y actos reclamados los siguientes: Autoridad responsable: Juez de Control del Centro de Justicia Penal de Zitácuaro, Michoacán. Actos reclamados: "IV.-ACTO RECLAMADO. -De la autoridad que señalo como responsable ordenadora reclamo la judicialización de una carpeta de investigación instruida en mi contra fuera de todo procedimiento judicial toda vez que nunca se me giró citatorio alguno en dicha carpeta para que compareciera a declarar y defender mis derechos, aun así sin mi declaración ministerial la judicializaron ante esta autoridad responsable toda vez que de manera extrajudicial tengo entendido de que la actuaria adscrita al juzgado menor de Zitácuaro me anda buscando con la finalidad de notificarme la audiencia inicial pero hasta la fecha no lo ha logrado ignoro los motivos por los cuales ni citatorio me ha dejado para comparecer a este juicio que de manera indebida y fuera de todo procedimiento judicial se está instruyendo en mi contra por la presunta comisión del delito de ABUSO DE CONFIANZA O FRAUDE." SEGUNDA. La autoridad responsable al momento de rendir su previo manifestó que no son ciertos los actos que se le reclaman. En ese contexto, lo procedente es negar la suspensión solicitada por falta de materia sobre la cual decretarla. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia publicada en la página 133, Tomo ll, Novena Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Tribunales Colegiados, Julio 1995, de rubro: "INFORME PREVIO DEBE TENERSE COMO CIERTO SI NO EXISTEN PRUEBAS EN CONTRARIO." Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve Único. Se niega a Atilano Sesmas Garfias la suspensión definitiva respecto de la autoridad responsable precisada en la consideración primera de esta interlocutoria en términos de la segunda consideración. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
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