Audiel Antonio García Navarrete

Expediente 770/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 13 actuaciones registradas, la última del 11 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
770/2022
Año
2022
Actuaciones
13
Última actuación
11/05/2023

Partes del expediente

  • Audiel Antonio García Navarrete
  • Abraham García Acosta

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, once de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que de la certificación secretarial que antecede se desprende que ha transcurrido el término de cinco días, que disponía la parte quejosa, para interponer el recurso de queja que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo en contra del auto de doce de septiembre de dos mil veintidós, mediante el cual se desechó la demanda de amparo que dio origen a este expediente, sin que lo hiciera; en consecuencia, SE DECLARA FIRME dicho proveído, para los efectos legales a que haya lugar, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y, en su oportunidad, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente cuaderno como definitivamente concluido. De conformidad con lo dispuesto en el artículo Quinto Transitorio, el Capítulo Segundo, artículo 6; Capítulo Tercero, ordinal 8; y, Capítulo Séptimo, numeral 18, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto es susceptible de DEPURACIÓN al ubicarse en la hipótesis prevista en el apartado 7.4 "Tratamiento de los expedientes con suspensión de plano", relativo al Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, con independencia del sentido de la resolución emitida en la sentencia definitiva. Luego, como en los autos del incidente de suspensión se negó la suspensión definitiva, el original del incidente de suspensión es susceptible de Destrucción, en términos del artículo 21, inciso c), del referido Acuerdo General. Por su parte, el duplicado del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción por ubicarse en la hipótesis prevista en el artículo 20, fracción II, inciso a), del citado Acuerdo General, por lo cual, procédase a su desincorporación y destrucción una vez que transcurran seis meses de haberse archivado. Finalmente, en atención al contenido de los artículos 251, 252, 253 y 260 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación y que entró en vigor el día siete de noviembre de dos mil veintidós, hágase saber a las partes, que este órgano jurisdiccional a partir del día de hoy tramitará e integrara el presente asunto a través de los medios tecnológicos y soluciones digitales; para ello, se procurará que el contenido de las promociones, los acuerdos, resoluciones o sentencias y los correspondientes registros administrativos, se generen de manera electrónica; por lo que, se imprimirá únicamente lo que resulte indispensable para el impulso del presente asunto. Notifíquese.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, doce de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte, que el ocho de julio de dos mil veintidós (a las dieciocho horas con dos minutos), ****, presentaron demanda de amparo en línea y/o quien promovió dicha demanda en su nombre, contra actos del Fiscal del Estado de Michoacán con sede en esta ciudad, consistentes en la detención ilegal e incomunicación. En ese sentido, ténganse por recibidos los oficios sin número, que remite vía postal y por correo electrónico el Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada Contra el Robo al Transporte, de la Fiscalía en Delitos de Alto Impacto, de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, mediante los cuales informa, que el quejoso *****, sólo tuvo intervención en la carpeta de investigación *****, Número Único de Caso *****, en calidad de testigo al practicarse la diligencia de cateo que inició a las veintitrés horas con diez minutos del siete de julio del año en curso, en el predio ubicado en la carretera Morelia-Toluca, "Los Triguillos", a la altura del kilómetro 15, Michoacán, misma que se prolongó hasta la mañana del día siguiente, esto es, el ocho inmediato siguiente, así como que dicho quejoso participó porque ingresó por la parte de atrás del terrero durante el desarrollo de la diligencia de cateo y quien se dirigió a los corrales de los animales que se localizaban en el interior, manifestando ser trabajador de ese lugar, motivo por el cual se le invitó a la Agencia del Ministerio Público para que se le recabara su entrevista en relación a los hechos investigados, circunstancia que se hizo constar en el acta de cateo, asimismo, elementos de la Agencia de Investigación Criminal de esa Fiscalía Contra el Robo al Transporte, recepcionaron su entrevista, así como que una vez que se llevó a cabo, se le acompañó a la puerta principal del edificio de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, lugar en el que ya se encontraba su madre, a quien le fue entregado. Asimismo, refiere que el diverso quejoso ****nunca tuvo calidad de imputado ni de testigo en la carpeta de investigación *******, pues solo acompañó a su hermano **********hasta el edificio de la Unidad Especializada Contra el Robo al Transporte que se ubica en la Fiscalía del Estado de Michoacán, el cual únicamente permaneció en ese edificio en el área de espera mientras se recababa la entrevista a su hermano, misma que al concluir se acompañó a ambos a la puerta principal del edificio, en donde se encontraba su madre a quien le fueron entregados. Y además manifiesta, que a la fecha no se investiga a los quejosos dentro de la aludida carpeta de investigación, ya que como precisó, a ******* únicamente le fue recabada su entrevista en calidad de testigo en relación a los hechos que se investigan y ********solo acompañó a su hermano mientras se recababa su entrevista, así como que al concluir, ambos abandonaron las instalaciones de la Fiscalía General del Estado. Circunstancias que se desprenden de los informes y constancias que anexó la citada autoridad a sus respectivos oficios, las cuales merecen pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2º. Es aplicable, la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Así las cosas, es evidente que en la especie, se actualiza una causa manifiesta, notoria e indudable de improcedencia que impone desechar la demanda, en términos del artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; por tanto, no existe razón para que se continúe con el trámite del juicio. Lo anterior, porque el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo;(.)". En efecto, para que la invocada causa de improcedencia se actualice, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, no deje ahí alguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal, según lo previene la jurisprudencia 198, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor literal: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En esas condiciones, como se apuntó, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, en razón a que los actos aquí reclamados han dejado de surtir sus efectos, por haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó la que dio motivo al amparo promovido, por lo que procede desechar la demanda, en términos del numeral 113 del invocado ordenamiento legal. En la inteligencia, de que uno de los oficios sin número, previamente ha sido certificado por la Secretaria de este órgano jurisdiccional de conformidad con el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2o, así como al criterio aplicado por identidad de razón que aparece publicado en la Octava Época, Tomo XI, del mes de abril de 1993, visible en la página 245, del Semanario Judicial de la Federación, del tenor literal: "DOCUMENTOS RECIBIDOS VÍA FAX VALOR PROBATORIO DE LOS.- Tienen eficacia probatoria los documentos recibidos vía fax, si estos son certificados por el funcionario competente." Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece, en el Diario Oficial de la Federación, se notifica por medio de lista de acuerdos que se publica en este Juzgado Federal, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación; a la parte quejosa, el acuerdo de fecha doce de septiembre de dos mil dos mil veintidós, el cual en lo conducente señala: Morelia, Michoacán, doce de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte, que el ocho de julio de dos mil veintidós (a las dieciocho horas con dos minutos), ****, presentaron demanda de amparo en línea y/o quien promovió dicha demanda en su nombre, contra actos del Fiscal del Estado de Michoacán con sede en esta ciudad, consistentes en la detención ilegal e incomunicación. En ese sentido, ténganse por recibidos los oficios sin número, que remite vía postal y por correo electrónico el Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada Contra el Robo al Transporte, de la Fiscalía en Delitos de Alto Impacto, de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, mediante los cuales informa, que el quejoso *****, sólo tuvo intervención en la carpeta de investigación *****, Número Único de Caso *****, en calidad de testigo al practicarse la diligencia de cateo que inició a las veintitrés horas con diez minutos del siete de julio del año en curso, en el predio ubicado en la carretera Morelia-Toluca, "Los Triguillos", a la altura del kilómetro 15, Michoacán, misma que se prolongó hasta la mañana del día siguiente, esto es, el ocho inmediato siguiente, así como que dicho quejoso participó porque ingresó por la parte de atrás del terrero durante el desarrollo de la diligencia de cateo y quien se dirigió a los corrales de los animales que se localizaban en el interior, manifestando ser trabajador de ese lugar, motivo por el cual se le invitó a la Agencia del Ministerio Público para que se le recabara su entrevista en relación a los hechos investigados, circunstancia que se hizo constar en el acta de cateo, asimismo, elementos de la Agencia de Investigación Criminal de esa Fiscalía Contra el Robo al Transporte, recepcionaron su entrevista, así como que una vez que se llevó a cabo, se le acompañó a la puerta principal del edificio de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, lugar en el que ya se encontraba su madre, a quien le fue entregado. Asimismo, refiere que el diverso quejoso ****nunca tuvo calidad de imputado ni de testigo en la carpeta de investigación *******, pues solo acompañó a su hermano **********hasta el edificio de la Unidad Especializada Contra el Robo al Transporte que se ubica en la Fiscalía del Estado de Michoacán, el cual únicamente permaneció en ese edificio en el área de espera mientras se recababa la entrevista a su hermano, misma que al concluir se acompañó a ambos a la puerta principal del edificio, en donde se encontraba su madre a quien le fueron entregados. Y además manifiesta, que a la fecha no se investiga a los quejosos dentro de la aludida carpeta de investigación, ya que como precisó, a ******* únicamente le fue recabada su entrevista en calidad de testigo en relación a los hechos que se investigan y ********solo acompañó a su hermano mientras se recababa su entrevista, así como que al concluir, ambos abandonaron las instalaciones de la Fiscalía General del Estado. Circunstancias que se desprenden de los informes y constancias que anexó la citada autoridad a sus respectivos oficios, las cuales merecen pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2º. Es aplicable, la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Así las cosas, es evidente que en la especie, se actualiza una causa manifiesta, notoria e indudable de improcedencia que impone desechar la demanda, en términos del artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; por tanto, no existe razón para que se continúe con el trámite del juicio. Lo anterior, porque el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo;(.)". En efecto, para que la invocada causa de improcedencia se actualice, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, no deje ahí alguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal, según lo previene la jurisprudencia 198, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor literal: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En esas condiciones, como se apuntó, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, en razón a que los actos aquí reclamados han dejado de surtir sus efectos, por haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó la que dio motivo al amparo promovido, por lo que procede desechar la demanda, en términos del numeral 113 del invocado ordenamiento legal. En la inteligencia, de que uno de los oficios sin número, previamente ha sido certificado por la Secretaria de este órgano jurisdiccional de conformidad con el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2o, así como al criterio aplicado por identidad de razón que aparece publicado en la Octava Época, Tomo XI, del mes de abril de 1993, visible en la página 245, del Semanario Judicial de la Federación, del tenor literal: "DOCUMENTOS RECIBIDOS VÍA FAX VALOR PROBATORIO DE LOS.- Tienen eficacia probatoria los documentos recibidos vía fax, si estos son certificados por el funcionario competente." Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, veintinueve de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos, de los que se desprende, que en cumplimiento a lo ordenado en proveído del ocho de julio del año en curso, el Actuario adscrito se constituyó el nueve inmediato siguiente, en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Michoacán con sede en esta ciudad, a fin de cerciorarse de la presencia de los quejosos directos ********************así como que del acta que levantó se advierte, que al entrevistarse en la puerta de acceso con la encargada de la guardia, le informó previo a revisar en su sistema, que tenía un registro de las personas buscadas en el rubro de la "Unidad de Robo al Transporte", pero que el Agente del Ministerio Público adscrito a esa Unidad ya se había retirado, por lo que le solicitó que se comunicara con él, porque se trataba de un asunto urgente, lo que así hizo, que al hablar vía telefónica con quien manifestó ser el Licenciado ******************** y desempeñar el cargo de Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Robo al Transporte, le informó que únicamente había estado presente en dicha Unidad en calidad de entrevistado como testigo en relación con un cateo el quejoso que tenía la mayoría de edad, sin recordar en ese momento cuál de ellos, por lo que no se le había integrado una carpeta de investigación y que no se encontraba a disposición de ninguna autoridad, así como que en el transcurso de la tarde del ocho de julio de dos mil veintidós había sido entregado a su madre en las instalaciones de esa Fiscalía. En consecuencia, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2o, requiérase al Licenciado ********************, Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Robo al Transporte dependiente de la Fiscalía General del Estado con residencia en esta ciudad, para que dentro del término de veinticuatro horas contadas a partir del siguiente al en que quede debidamente notificado del presente acuerdo, informe la situación jurídica que actualmente prevalece respecto de cada uno de los quejosos ********************debiendo de remitir copias certificadas de las constancias que acrediten esa circunstancia, o bien manifieste el impedimento legal o material que tenga para ello, con el apercibimiento que de no hacerlo así en el lapso concedido, se le impondrá una multa de cincuenta a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos del numeral 26, Apartado B, párrafos Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del ordinal 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Carta Magna, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir del día siguiente. Notifíquese.

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