Asunción Rodríguez Rodríguez
Expediente 1132/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 25 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1132/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 25/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Asunción Rodríguez Rodríguez
Actuaciones
- Principal
...Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se****************************************R E S U E L V E:****************************************ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a******************** contra el acto y la autoridad responsable precisada en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el último punto considerativo de esta sentencia.****************************************Notifíquese personalmente.****************************************Así lo resolvió y firma el licenciado Luis Fernando Arreola Villa, Juez Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Sandra Eunice Merino Montoya, Secretaria que autoriza y da fe, hasta el día de hoy veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés en que los permitieron las labores del juzgado. Doy Fe.-
- Principal
Morelia, Michoacán, veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese el escrito signado por ..., perito designado por este Juzgado, mediante el cual emite su dictamen correspondiente al desahogo de la prueba pericial en materia de documentoscopía ofrecida en autos; el cual fue debidamente ratificado ante el actuario de la adscripción el veintidós de los actuales, según se desprende de la diligencia respectiva; por tanto, con su contenido se ordena dar vista a las partes para su conocimiento a fin de que manifiesten lo a que a su interés legal convenga, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C, RESPECTIVAMENTE, DE LA LEY DE AMPARO, PUBLICADA EL DOS DE ABRIL DE DOS MIL TRECE, EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS QUE SE PUBLICA EN ESTE JUZGADO FEDERAL, A LA PARTE QUEJOSA, EL(LA) ACUERDO Y/O RESOLUCIÓN, DE FECHA VEINTICINCO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS, EL(LA) CUAL EN LO CONDUCENTE SEÑALA: Morelia, Michoacán, veinticinco de agosto de dos mil veintitrés. Vista la demanda promovida por **************, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, por el acto que hace consistir en: "... 1.- LA ILEGAL SENTENCIA INTERLOCUTORIA, de fecha 10 diez de Julio del año 2023 Dos Mil Veintitrés, por las AUTORIDADES RESPONSABLES, precisadas anteriormente, dentro de los autos que integran el Juicio Ordinario Laboral número ********************, promovido por el Tercero con Interés *********, quien reclama el Pago de Indemnización Constitucional, por despido Injustificado, salarios caídos y otras prestaciones, de naturaleza LABORAL, en contra del suscrito....". Se ordena formar y registrar los expedientes impreso y electrónico en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes respectivamente, bajo el número 1132/2023-II. Ahora bien, del análisis integral de la demanda, se advierte que resulta notoriamente improcedente pues en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción V, interpretada en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo en vigor, que disponen respectivamente lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Ley" "Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.". En el caso concreto, el acto aquí reclamado no se ubica dentro de los casos de excepción a la regla contenida en el numeral descrito en párrafos precedentes, relativo a los actos de imposible reparación que generan una afectación inmediata a los derechos sustantivos de la parte quejosa, en razón a que éste no afecta de manera directa dichos derechos. Respecto a lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", la Ley de Amparo en su artículo 107, fracciones III, inciso b), y V, ofrece sendas precisiones para comprender el alcance de dicha expresión. La primera de ellas, dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. La segunda, cuya vocación es la de normar el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dichos. Con base en estas disposiciones legales, puede afirmarse que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, para ser calificados los actos reclamados como de imposible reparación necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provine exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que se establecen para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo. Y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos? sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo que aquí interesa, la jurisprudencia número P./J.37/2014(10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 39, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto es: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)". Ahora, con relación a lo anterior el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que tales actos son aquéllos que causan una afectación cierta e inmediata a los derechos sustantivos tutelados por las garantías constitucionales. Tiene aplicación a lo expuesto, la tesis de jurisprudencia por contradicción número 189, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS". En efecto, de la interpretación integral de la demanda se aprecia que el acto reclamado se hace consistir en la sentencia interlocutoria de fecha diez de julio de dos mil veintitrés, dictada por la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, dentro de los autos que integran el juicio ordinario laboral número ********************, promovido por el tercero con interés **********, quien reclamó el pago de indemnización constitucional, por despido injustificado, salarios caídos y otras prestaciones, de naturaleza laboral, en contra del quejoso; resolución por la que se declaró improcedente el incidente de justas causas propuesto por el apoderado jurídico de la quejosa, se levantó la suspensión en el procedimiento y se señaló fecha y hora para la continuación de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas. De lo que se advierte, en el caso, el concepto de irreparabilidad necesario para la procedencia del juicio Constitucional no se actualiza, porque con el acto reclamado no se ven afectados de modo directo e inmediato derechos sustantivos de la parte agraviada tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que México sea parte, como bien pudieran ser la libertad, la posesión jurídica, la propiedad, entre otros, si se atiende a que la citada determinación de la Junta responsable, sólo constituye una transgresión a derechos subjetivos o intraprocesales, cuya ejecución no es de imposible reparación, en términos del artículo 107, fracción V, interpretada en sentido contrario, porque no afecta los derechos sustantivos de la parte quejosa, ni decide el fondo de la Litis planteada, pues sus consecuencias no son de tal gravedad que impida en forma actual el ejercicio de un derecho que trascienda a derechos sustantivos, pues únicamente constituye una actuación que no trasciende a la esfera de la parte quejosa en detrimento material de sus derechos humanos, los cuales pueden ser reparados si obtiene laudo favorable a sus pretensiones, máxime que el hecho de que no haya acudido a la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones no implica necesariamente una resolución contraria a sus intereses, porque la Junta señalada como responsable, al igual que cualquier otro tribunal, tienen la obligación de examinar la procedencia de la acción y determinar si se configuraron, o no, sus elementos. En tal virtud, los actos reclamados, constituyen una violación procesal reclamable hasta que se impugne la resolución que en definitiva se dicte en juicio ordinario laboral ********************, en la que el material probatorio aportado por las partes es valorado, la que incluso puede ser favorable a su intereses y, en caso contrario, por constituir una violación a las leyes del procedimiento, que afecta sus defensas, podrá hacerla valer como violación procesal cuando recurra, en su caso, el laudo que llegara a dictarse a través del juicio de amparo que corresponda, ya que el acto reclamado se encuentra comprendido dentro de las violaciones al procedimiento y que afectan las defensas de la parte agraviada, cuando se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis consultable en la página 281, con número de registro 216186, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo Xl, Octava Época, del tenor literal siguiente: "JUSTAS CAUSAS. INCIDENTE DE. LA RESOLUCION QUE LO DECLARA IMPROCEDENTE, CONSTITUYE UNA VIOLACION RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO". También, tiene aplicación a lo anterior, por identidad jurídica, la jurisprudencia consultable en la página 394, aplicada por identidad de razón, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Segunda Parte, correspondiente a los meses de Julio a Diciembre de 1990, Octava Época, del tenor literal siguiente: "PRUEBAS. LA VIOLACION PROCESAL TRATANDOSE DE ELLAS, PUEDE COMETERSE AL PROVEER SOBRE EL OFRECIMIENTO O AL MOMENTO DE DESAHOGO". También es aplicable la jurisprudencia IV.2o.C. J/2 (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, visible en el libro 6, mayo de dos mil catorce, tomo III, página 1539, del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, décima época, materia común del rubro y texto siguiente: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013)." También, sustenta lo antes determinado la jurisprudencia número IX.1o. J/10, visible en la página 1303, tomo XVI, octubre de dos mil dos, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en la novena época, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, que reza: "VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO. DEBEN RECLAMARSE EN EL AMPARO DIRECTO QUE SE PROMUEVA CONTRA LA SENTENCIA, LAUDO O RESOLUCIÓN QUE PONGA FIN AL JUICIO." Por todo lo anteriormente señalado, se concluye que la determinación de diez de julio de dos mil veintitrés, emitida por la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, dentro del expediente ordinario laboral número ********************, por el momento no irroga perjuicio a la parte quejosa, pues no constituye un acto de ejecución irreparable. En tales condiciones al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia citada, la demanda de amparo se debe DESECHAR, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Ahora bien, se tiene la parte quejosa señalando como medio para oír y recibir notificaciones el domicilio ubicado en calle ********************, autorizando para al efecto a ******************** quienes gozarán de las amplias facultades conferidas por el numeral 12 de la Ley de Amparo, toda vez que dentro del registro de la Secretaría de Educación Pública, se localizaron las cédulas profesionales número ********************, que los acredita como facultados para ejercer la licenciatura en derecho y únicamente para oír y recibir notificaciones a ********************, hasta en tanto acredite estar legalmente facultado para ejercer dicha profesión En términos de lo establecido por el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se invita a las partes a efecto de que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, así como para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se deberá registrar y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de cámaras fotográficas a fin de recabar y copiar de manera eficaz los acuerdos o resoluciones dictados en el presente asunto, de conformidad con la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita pero bajo las siguientes condiciones: cada vez que deseen fotografiar y/o usar cualquier otro medio electrónico para tomar notas de las constancias, deberán solicitarlo al Secretario, para que éste autorice ante su presencia la fotografía o escaneo, pero tales reproducciones sólo serán del contenido del auto o resolución sin firmas del Juez ni Secretario, por lo cual deberán dejar asentada razón del autorizado donde precisará que constancias tomó y el objeto por el cual lo hizo. En el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Apoya lo anterior, la tesis aislada número I.1o.A.23 K (10a.), del Tribunal Colegiado de Circuito, publicada en la página 1830, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)". Hágase del conocimiento de las partes en este asunto que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación, se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Notifíquese personalmente.
- Principal
Morelia, Michoacán, veinticinco de agosto de dos mil veintitrés. Vista la demanda promovida por **************, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, por el acto que hace consistir en: "... 1.- LA ILEGAL SENTENCIA INTERLOCUTORIA, de fecha 10 diez de Julio del año 2023 Dos Mil Veintitrés, por las AUTORIDADES RESPONSABLES, precisadas anteriormente, dentro de los autos que integran el Juicio Ordinario Laboral número ********************, promovido por el Tercero con Interés *********, quien reclama el Pago de Indemnización Constitucional, por despido Injustificado, salarios caídos y otras prestaciones, de naturaleza LABORAL, en contra del suscrito....". Se ordena formar y registrar los expedientes impreso y electrónico en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes respectivamente, bajo el número 1132/2023-II. Ahora bien, del análisis integral de la demanda, se advierte que resulta notoriamente improcedente pues en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción V, interpretada en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo en vigor, que disponen respectivamente lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Ley" "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.". En el caso concreto, el acto aquí reclamado no se ubica dentro de los casos de excepción a la regla contenida en el numeral descrito en párrafos precedentes, relativo a los actos de imposible reparación que generan una afectación inmediata a los derechos sustantivos de la parte quejosa, en razón a que éste no afecta de manera directa dichos derechos. Respecto a lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", la Ley de Amparo en su artículo 107, fracciones III, inciso b), y V, ofrece sendas precisiones para comprender el alcance de dicha expresión. La primera de ellas, dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. La segunda, cuya vocación es la de normar el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dichos. Con base en estas disposiciones legales, puede afirmarse que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, para ser calificados los actos reclamados como de imposible reparación necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provine exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que se establecen para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo. Y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos? sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo que aquí interesa, la jurisprudencia número P./J.37/2014(10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 39, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto es: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)". Ahora, con relación a lo anterior el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que tales actos son aquéllos que causan una afectación cierta e inmediata a los derechos sustantivos tutelados por las garantías constitucionales. Tiene aplicación a lo expuesto, la tesis de jurisprudencia por contradicción número 189, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS". En efecto, de la interpretación integral de la demanda se aprecia que el acto reclamado se hace consistir en la sentencia interlocutoria de fecha diez de julio de dos mil veintitrés, dictada por la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, dentro de los autos que integran el juicio ordinario laboral número ********************, promovido por el tercero con interés **********, quien reclamó el pago de indemnización constitucional, por despido injustificado, salarios caídos y otras prestaciones, de naturaleza laboral, en contra del quejoso; resolución por la que se declaró improcedente el incidente de justas causas propuesto por el apoderado jurídico de la quejosa, se levantó la suspensión en el procedimiento y se señaló fecha y hora para la continuación de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas. De lo que se advierte, en el caso, el concepto de irreparabilidad necesario para la procedencia del juicio Constitucional no se actualiza, porque con el acto reclamado no se ven afectados de modo directo e inmediato derechos sustantivos de la parte agraviada tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que México sea parte, como bien pudieran ser la libertad, la posesión jurídica, la propiedad, entre otros, si se atiende a que la citada determinación de la Junta responsable, sólo constituye una transgresión a derechos subjetivos o intraprocesales, cuya ejecución no es de imposible reparación, en términos del artículo 107, fracción V, interpretada en sentido contrario, porque no afecta los derechos sustantivos de la parte quejosa, ni decide el fondo de la Litis planteada, pues sus consecuencias no son de tal gravedad que impida en forma actual el ejercicio de un derecho que trascienda a derechos sustantivos, pues únicamente constituye una actuación que no trasciende a la esfera de la parte quejosa en detrimento material de sus derechos humanos, los cuales pueden ser reparados si obtiene laudo favorable a sus pretensiones, máxime que el hecho de que no haya acudido a la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones no implica necesariamente una resolución contraria a sus intereses, porque la Junta señalada como responsable, al igual que cualquier otro tribunal, tienen la obligación de examinar la procedencia de la acción y determinar si se configuraron, o no, sus elementos. En tal virtud, los actos reclamados, constituyen una violación procesal reclamable hasta que se impugne la resolución que en definitiva se dicte en juicio ordinario laboral ********************, en la que el material probatorio aportado por las partes es valorado, la que incluso puede ser favorable a su intereses y, en caso contrario, por constituir una violación a las leyes del procedimiento, que afecta sus defensas, podrá hacerla valer como violación procesal cuando recurra, en su caso, el laudo que llegara a dictarse a través del juicio de amparo que corresponda, ya que el acto reclamado se encuentra comprendido dentro de las violaciones al procedimiento y que afectan las defensas de la parte agraviada, cuando se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis consultable en la página 281, con número de registro 216186, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo Xl, Octava Época, del tenor literal siguiente: "JUSTAS CAUSAS. INCIDENTE DE. LA RESOLUCION QUE LO DECLARA IMPROCEDENTE, CONSTITUYE UNA VIOLACION RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO". También, tiene aplicación a lo anterior, por identidad jurídica, la jurisprudencia consultable en la página 394, aplicada por identidad de razón, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Segunda Parte, correspondiente a los meses de Julio a Diciembre de 1990, Octava Época, del tenor literal siguiente: "PRUEBAS. LA VIOLACION PROCESAL TRATANDOSE DE ELLAS, PUEDE COMETERSE AL PROVEER SOBRE EL OFRECIMIENTO O AL MOMENTO DE DESAHOGO". También es aplicable la jurisprudencia IV.2o.C. J/2 (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, visible en el libro 6, mayo de dos mil catorce, tomo III, página 1539, del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, décima época, materia común del rubro y texto siguiente: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013)." También, sustenta lo antes determinado la jurisprudencia número IX.1o. J/10, visible en la página 1303, tomo XVI, octubre de dos mil dos, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en la novena época, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, que reza: "VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO. DEBEN RECLAMARSE EN EL AMPARO DIRECTO QUE SE PROMUEVA CONTRA LA SENTENCIA, LAUDO O RESOLUCIÓN QUE PONGA FIN AL JUICIO." Por todo lo anteriormente señalado, se concluye que la determinación de diez de julio de dos mil veintitrés, emitida por la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, dentro del expediente ordinario laboral número ********************, por el momento no irroga perjuicio a la parte quejosa, pues no constituye un acto de ejecución irreparable. En tales condiciones al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia citada, la demanda de amparo se debe DESECHAR, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Ahora bien, se tiene la parte quejosa señalando como medio para oír y recibir notificaciones el domicilio ubicado en calle ********************, autorizando para al efecto a ******************** quienes gozarán de las amplias facultades conferidas por el numeral 12 de la Ley de Amparo, toda vez que dentro del registro de la Secretaría de Educación Pública, se localizaron las cédulas profesionales número ********************, que los acredita como facultados para ejercer la licenciatura en derecho y únicamente para oír y recibir notificaciones a ********************, hasta en tanto acredite estar legalmente facultado para ejercer dicha profesión En términos de lo establecido por el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se invita a las partes a efecto de que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, así como para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se deberá registrar y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de cámaras fotográficas a fin de recabar y copiar de manera eficaz los acuerdos o resoluciones dictados en el presente asunto, de conformidad con la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita pero bajo las siguientes condiciones: cada vez que deseen fotografiar y/o usar cualquier otro medio electrónico para tomar notas de las constancias, deberán solicitarlo al Secretario, para que éste autorice ante su presencia la fotografía o escaneo, pero tales reproducciones sólo serán del contenido del auto o resolución sin firmas del Juez ni Secretario, por lo cual deberán dejar asentada razón del autorizado donde precisará que constancias tomó y el objeto por el cual lo hizo. En el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Apoya lo anterior, la tesis aislada número I.1o.A.23 K (10a.), del Tribunal Colegiado de Circuito, publicada en la página 1830, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)". Hágase del conocimiento de las partes en este asunto que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación, se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Notifíquese personalmente.
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