Audencio Merida Monzon
Expediente 260/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 13 actuaciones registradas, la última del 17 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 260/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 17/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Audencio Merida Monzon
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a diecisiete de junio de dos mil veintidós. Vistos los los sobres devueltos por la Administración Postal, con sede en esta ciudad, que contienen los oficios 11298 y 9210, dirigidos al Fiscal contra Homicidio y Feminicidio, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, que contiene la leyenda cambio denominación. Atento lo anterior, se provee sin mayor pronunciamiento en virtud que el presente juicio se encuentra totalmente concluido. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida de Mario Francisco García Cancino, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a veintitrés de mayo de dos mil veintidós. CAUSA EJECUTORIA Vista la certificación de cuenta, se desprende que a la fecha, ha fenecido el término de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión [medio de impugnación establecido en el diverso numeral 81, fracción I, inciso d), de dicha legislación], en contra la sentencia dictada en el presente asunto, en el que se sobreseyó el juicio en que se actúa, sin que ninguna de las mismas lo hubiera hecho. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 288, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto causó ejecutoria para todos los efectos legales. Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables. ANOTACIONES Y SE ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE PRINCIPAL Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido, en virtud de que no existe actuación pendiente por realizar. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en relación con el Capítulo 7, punto 7.4, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, se acuerda lo siguiente: JUICIO DE AMPARO DEPURABLE El presente expediente se considera depurable, pues se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados; por lo tanto, se conservará por el término de tres años en el archivo de "trámite" a que se refieren los numerales 8, fracción I, y 9 de dicho Acuerdo General, contados a partir de que se ordenó el archivo como asunto concluido y transcurrido ese plazo, dentro, dentro de los siguientes noventa días deberá procederse a su depuración, conservando las resoluciones relativas a la demanda, el decreto de la suspensión de plano, la resolución que puso fin al juicio y el auto que la declara firme, y terminado el proceso de depuración, deberá solicitarse la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, tal y como lo establece el penúltimo y último párrafo del mencionado artículo. Se ordena estampar el sello correspondiente en la carátula del expediente, atendiendo a lo establecido en el presente acuerdo de conformidad con el artículo 35 de acuerdo en comento. DIGITALIZACIÒN Y FE DE COINCIDENCIA ENTRE EXPEDIENTES En cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 251 , del acuerdo invocado, se comisiona a la Secretaría para que verifique la digitalización de las actuaciones, para posteriormente dar fe de que el expediente electrónico coincide con el impreso; hecho lo cual, se procederá a la remisión física del expediente al archivo. TRANSPARENCIA Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado 1 Artículo 25. Digitalización de expedientes generados con la FIREL. (.) Previo a la transferencia de su documentación, con independencia de la materia del expediente, el órgano jurisdiccional dará´ fe de que la versión electrónica coincida en su totalidad con la impresa." a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS Finalmente, dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 21 del citado Acuerdo General. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida de Mario Francisco García Cancino, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.
- Principal
AUDIENCIA Y RESOLUCIÓN CONSTITUCIONAL En la ciudad de Tapachula de Córdova y Ordoñez, Estado de Chiapas, a las once horas del veintiocho de abril de dos mil veintidós, Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida por Mario Francisco García Cancino, Secretario con quien actúa, declaró abierta la audiencia constitucional en el presente juicio de derechos fundamentales 260/2022, promovido por Audencio Merida Monzón, en favor de Francisco Javier Merida Monzón, contra actos de los Jueces de Control y Tribunales de Enjuiciamiento, Región Dos, de los Distritos Judiciales de Tapachula y Acapetahua, con domicilio en esta ciudad y otras autoridades. La Secretaria hace constar que de la consulta efectuada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes [SISE], en el módulo "Agenda visita a OJ", opción "Consulta General" no se advierte que alguna de las partes solicitara cita para comparecer a esta audiencia. Relación de constancias. Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la Secretaria hace relación de las constancias de autos entre las que destacan: NO. CONSTANCIAS FOJAS 1 DEMANDA DE AMPARO 1-7 2 AUTO ADMISORIO 21-23 3 EMPLAZAMIENTO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES 113-115 4 EMPLAZAMIENTO A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITA A ESTE JUZGADO. 115 5 JEFE DE GRUPO DE LA POLICÍA ESPECIALIZADA, ENCARGADO DE LA COMANDANCIA OPERATIVA DE LA POLICÍA ESPECIALIZADA ADSCRITA A LA FISCALÍA DE INMIGRANTES, CON SEDE EN ESTA CIUDAD. 98 6 FISCAL DE INMIGRANTES DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, CIUDAD 100 7 SUBDIRECTOR DE LA FISCALÍA DE INMIGRANTES DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, CIUDAD 101 8 SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIUDADANA MUNICIPAL, CON SEDE EN ESTA CIUDAD. 108-109 MARIO FRANCISCO GARCÍA CANCINO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.7a 18/03/24 12:34:40 2 9 JUEZ DE CONTROL, REGIÓN DOS DEL JUZGADO DE CONTROL Y TRIBUNALES DE ENJUICIAMIENTO, CIUDAD. 116 10 FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO INVESTIGADOR 02 DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN NÚMERO 01 DE TAPACHULA, CHIAPAS. 143 11 FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO INVESTIGADOR UNIDAD DE JUDICIALIZACIÓN NÚMERO CINCO DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO. 145 12 SUBDIRECTOR DE JUDICIALIZACIÓN DE LA FISCALÍA DE DISTRITO FRONTERIZO COSTA. 149 13 FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO 02 ADSCRITA A LA UNIDAD DE LA UNIDAD DE JUDICIALIZACIÓN 1. 153 14 FISCAL DE DISTRITO FRONTERIZO COSTA. 154 15 FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO DOS ADSCRITA A LA UNIDAD DE JUDICIALIZACIÓN UNO. 175 16 FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO DOS INVESTIGADOR DE LA UNIDAD DE JUDICIALIZACIÓN. 179 17 FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO INVESTIGADOR UNIDAD DE ATENCIÓN TEMPRANA NÚMERO UNO. 183 18 COMANDANTE OPERATIVO DE LA POLICÍA ESTATAL PREVENTIVA SECTOR V, ZONA COSTA 189 19 FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO ATENCIÓN TEMPRANA NÚMERO TRES, CIUDAD 193 20 TITULAR DE LA FISCALÍA CONTRA HOMICIDIO Y FEMINICIDIO DEPENDIENTE DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS 187 21 DIRECTOR JURÍDICO DE LA POLICÍA ESPECIALIZADA EN AUSENCIA DEL DIRECTOR GENERAL, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS 195 y 212 22 COMANDANTE REGIONAL DE LA POLICÍA ESPECIALIZADA, CIUDAD 199 23 FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO INVESTIGADOR Y EN REPRESENTACIÓN DE LOS FISCALES DEL MINISTERIO PÚBLICO UNO Y TRES DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y JUDICIALIZACIÓN DE LA FISCALÍA DE DISTRITO FRONTERIZO COSTA, CON SEDE EN ESTA CIUDAD. 216 Asimismo, se hace constar que la siguiente relación coincide con las autoridades responsables y el sentido de sus informes: No. AUTORIDAD RESPONSABLE SENTIDO 1 JEFE DE GRUPO DE LA POLICÍA ESPECIALIZADA, ENCARGADO DE LA COMANDANCIA OPERATIVA DE LA POLICÍA ESPECIALIZADA ADSCRITA A LA FISCALÍA DE INMIGRANTES, CON SEDE EN ESTA CIUDAD. NEGATIVO 2 FISCAL DE INMIGRANTES DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, CIUDAD NEGATIVO 3 SUBDIRECTOR DE LA FISCALÍA DE INMIGRANTES DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, CIUDAD NEGATIVO 4 SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIUDADANA MUNICIPAL, CON SEDE EN ESTA CIUDAD. NEGATIVO 5 JUEZ DE CONTROL, REGIÓN DOS DEL JUZGADO DE CONTROL Y TRIBUNALES DE ENJUICIAMIENTO, CIUDAD. NEGATIVO* 6 FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO INVESTIGADOR 02 DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN NÚMERO 01 DE TAPACHULA, CHIAPAS. NEGATIVO 7 FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO INVESTIGADOR UNIDAD DE JUDICIALIZACIÓN NÚMERO CINCO DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO. NEGATIVO MARIO FRANCISCO GARCÍA CANCINO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.7a 18/03/24 12:34:40 3 ??????A???????? 8 SUBDIRECTOR DE JUDICIALIZACIÓN DE LA FISCALÍA DE DISTRITO FRONTERIZO COSTA. NEGATIVO 9 FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO 02 ADSCRITA A LA UNIDAD DE LA UNIDAD DE JUDICIALIZACIÓN 1. NEGATIVO 10 FISCAL DE DISTRITO FRONTERIZO COSTA. NEGATIVO* 11 FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO DOS ADSCRITA A LA UNIDAD DE JUDICIALIZACIÓN UNO. NEGATIVO* 12 FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO DOS INVESTIGADOR DE LA UNIDAD DE JUDICIALIZACIÓN. NEGATIVO 13 FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO INVESTIGADOR UNIDAD DE ATENCIÓN TEMPRANA NÚMERO UNO. NEGATIVO 14 COMANDANTE OPERATIVO DE LA POLICÍA ESTATAL PREVENTIVA SECTOR V, ZONA COSTA NEGATIVO* 15 FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO ATENCIÓN TEMPRANA NÚMERO TRES, CIUDAD NEGATIVO 16 TITULAR DE LA FISCALÍA CONTRA HOMICIDIO Y FEMINICIDIO DEPENDIENTE DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS NEGATIVO 17 DIRECTOR JURÍDICO DE LA POLICÍA ESPECIALIZADA EN AUSENCIA DEL DIRECTOR GENERAL, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS NEGATIVO 18 COMANDANTE REGIONAL DE LA POLICÍA ESPECIALIZADA, CIUDAD NEGATIVO* 19 FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO INVESTIGADOR Y EN REPRESENTACIÓN DE LOS FISCALES DEL MINISTERIO PÚBLICO UNO Y TRES DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y JUDICIALIZACIÓN DE LA FISCALÍA DE DISTRITO FRONTERIZO COSTA, CON SEDE EN ESTA CIUDAD. NEGATIVO La Jueza de Distrito acuerda: Se tiene por hecha la relación de constancias; para los efectos legales a que haya lugar. Período probatorio. Abierto el período de pruebas, se hace constar que las ofreció la autoridad responsable Juez de Control Región Dos del Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento y Comandante Operativo de la Policía Estatal Preventiva Sector V, Zona Costa, ambos con sede en esta ciudad; luego, al no existir medios de convicción pendientes por desahogar, se declara cerrado este período. Enseguida se abre el periodo de alegatos, y se hace constar que los formuló la parte quejosa en auto de diez de marzo del año en curso. MARIO FRANCISCO GARCÍA CANCINO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.7a 18/03/24 12:34:40 4 La Juez de Distrito acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por perdido el derecho de las partes para hacerlo; a continuación se cierra ésta etapa. Luego, al no existir actuaciones pendientes de desahogar, se da por concluida esta audiencia constitucional y se procede a dictar la resolución correspondiente. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo número 260/2022. RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Mediante escrito de demanda presentado ante el Secretario de Guardia de este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, el seis de marzo de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas, de la que correspondió conocer, por razón de turno, a este juzgado, Audencio Merida Monzón, en favor de Francisco Javier Merida Monzón, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos y autoridades que en un apartado posterior se precisarán. SEGUNDO. Trámite. Previa suspensión de plano, por auto de ocho de marzo de dos mil veintidós, se admitió a trámite el expediente 260/2022, la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables y se fijó fecha y MARIO FRANCISCO GARCÍA CANCINO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.7a 18/03/24 12:34:40 5 ??????A???????? hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desprende del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, es competente para conocer y resolver del presente juicio, en términos de lo previsto por los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Federal, 1, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en vinculación con los diversos acuerdos 16/2016 y 32/2020 publicados el once de marzo de dos mil dieciséis y ocho de diciembre de dos mil veinte respectivamente en el Diario Oficial de la Federación; toda vez que se reclaman actos de ejecución en la circunscripción en la que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer lo relativo a la certeza de los actos de autoridad reclamados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, es necesario precisar en qué consisten aquellos, atendiendo a la integridad de la demanda, con la finalidad de una mejor impartición de justicia. MARIO FRANCISCO GARCÍA CANCINO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.7a 18/03/24 12:34:40 6 Al respecto, es orientadora la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la jurisprudencia de la Segunda Sala de la misma superioridad, respectivamente, de rubros: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO"1 y "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS".2 En el caso, de la lectura integral del escrito de demanda, y demás constancias que obran en autos, se obtiene que el acto reclamado consiste en: ? Detención, aprehensión y/o privación ilegal de la libertad ? Incomunicación. ? Palos, azotes. ? Peligro de perder la vida. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Al rendir su informe justificado, las autoridades responsables negaron el acto relativo a la incomunicación, palos, azotes y peligro de perder la vida. Atento lo anterior, debe decirse que uno de los presupuestos de la acción de amparo, cuya relevancia obedece a un imperativo de orden lógico, es la existencia del acto reclamado, pues no es posible revisar en primer lugar la procedencia de la instancia y en su caso la constitucionalidad de la conducta autoritaria, si no existe el proceder que de las responsables se acusa. 1 Tesis P. IV/2004, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIX, abril de 2004, página 255. 2 Jurisprudencia 2ª./J. 55/98, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VIII, agosto de 1998, página 227. MARIO FRANCISCO GARCÍA CANCINO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.7a 18/03/24 12:34:40 7 ??????A???????? En ese sentido, siguiendo el principio general del proceso, de acuerdo con el cual incumbe a quien afirma probar su dicho, la Ley de Amparo arroja sobre la parte quejosa la responsabilidad de demostrar que los actos cuya inconstitucionalidad reclama efectivamente existen. La ley de la materia, establece tres vías para determinar la existencia del acto reclamado: la primera es desde luego la prueba directa; la segunda es a través de la presunción legal que se genera ante la falta de informe de las autoridades responsables; y la última, aunque más usual, es mediante el reconocimiento que a modo de confesión hacen estas últimas al justificar su proceder. En el asunto concreto, no existe en autos dato objetivo alguno que confirme la participación que se imputa a las autoridades antes mencionadas en los actos reclamados, puesto que estas negaron categóricamente respecto a la incomunicación, palos, azotes y peligro de perder la vida en contra del quejoso; de ahí que se considere en sus términos la negativa expresada por las autoridades. Luego, sin prueba en contrario que desvirtúe la negativa apuntada por las responsables, con fundamento en la fracción IV, del artículo 63 de la Ley de Amparo, procede sobreseer el presente juicio de garantías. Robustece lo anterior, con lo aportado de los informes justificados, además de la notificación asentada por el actuario judicial en la que indica que no presenta huella de golpes o lesiones en su anatomía; además el propio quejoso manifestó no haber sido víctima de malos tratos de ninguna índole. MARIO FRANCISCO GARCÍA CANCINO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.7a 18/03/24 12:34:40 8 Encuentra apoyo lo antes citado en la tesis VI.2o.A.4 K3, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyo epígrafe y texto versan de la siguiente manera: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades 3 Registro No. 187728. Publicada en la página 903, Tomo XV, Febrero de 2002, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta MARIO FRANCISCO GARCÍA CANCINO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.7a 18/03/24 12:34:40 9 ??????A???????? responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo". Tampoco son ciertos los actos reclamados al Jefe de Grupo de la Policía Especializada, Encargado de la Comandancia Operativa de la Policía Especializada adscrita a la Fiscalía de Inmigrantes; Fiscal de Inmigrantes de la Fiscalía General del Estado; Subdirector de la Fiscalía de Inmigrantes de la Fiscalía General del Estado; Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Municipal; Fiscal del Ministerio Público Investigador 02 de la Unidad de Atención Número 01 de Tapachula, Chiapas; Fiscal del Ministerio Público Investigador Unidad de Judicialización Número Cinco de la Fiscalía General del Estado; Subdirector de Judicialización de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa; Fiscal del Ministerio Público 02 adscrita a la Unidad de la Unidad de Judicialización 1; Fiscal del Ministerio Público Dos Investigador de la Unidad de Judicialización; Fiscal del Ministerio Público Investigador Unidad de Atención Temprana Número Uno; Fiscal del Ministerio Público Atención Temprana Número Tres; Fiscal del Ministerio Público Investigador y en representación de los Fiscales del Ministerio Público Uno y Tres de la Unidad de Investigación y Judicialización de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa, todos con sede en esta ciudad, y Titular de la Fiscalía contra Homicidio y Feminicidio dependiente de la Fiscalía General del Estado; Director Jurídico de la Policía Especializada en ausencia del Director General, ambos con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, respecto del acto reclamado consistente en la privación ilegal de la libertad, pues así lo manifestación al rendir sus informes justificados. MARIO FRANCISCO GARCÍA CANCINO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.7a 18/03/24 12:34:40 10 En consecuencia, con idéntico fundamento legal procede sobreseer en el presente juicio de amparo. CUARTO. Existencia del acto reclamado. Juez de Control, Región Dos del Juzgado de Control y Tribunales de Enjuiciamiento, Fiscal de Distrito Fronterizo Costa, Fiscal del Ministerio Público Dos adscrita a la Unidad de Judicialización Uno, Comandante Operativo de la Policía Estatal Preventiva Sector V, Zona Costa y Comandante Regional de la Policía Especializada, todos con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado, negaron la existencia del mismo; sin embargo, de la integridad de los referidos informes, se advierten manifestaciones y constancias que evidencian la certeza de los actos reclamados; por lo tanto, se tiene por cierto el acto reclamado que nos ocupa. Lo anterior, encuentra apoyo en la tesis aislada, con registro IUS 211004, visible en la página trecientos noventa y uno, del Semanario Judicial de la Federación, tomo XIV, julio de 1994, Octava Época, materia común, sustentada por el extinto Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro y texto siguientes: ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que MARIO FRANCISCO GARCÍA CANCINO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.7a 18/03/24 12:34:40 11 ??????A???????? se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe. Además, la autoridad responsable Juez de Control, Región Dos del Juzgado de Control y Tribunales de Enjuiciamiento, con sede en esta ciudad, informó que lo tuvo a disposición por el hecho delictivo calificado por la ley como delito contra la salud en su modalidad de posesión simple de marihuana, misma persona que dentro del término constitucional de las cuarenta y ocho horas, se puso a disposición el día siete de marzo del año en curso, a las once horas con treinta y cinco minutos al Juez de Control se dejó a disposición de dicho juez siendo las catorce hora con veinte minutos, se le dictó auto de vinculación a proceso, por el delito contra la salud en su modalidad de posesión simple de marihuana, cometidos en agravio de la salud pública y en contra Francisco Javier Mérida Monzón, de hechos ocurridos en el municipio de Tapachula, Chiapas recayendo la causa administrativa 53/2022 derivada de la carpeta de investigación número 0029/089/0519/2022. Documentales a las cuales se les concede valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de lo dispuesto en el numeral 2° de esta última, toda vez que tienen el carácter de documentos públicos, en términos del numeral 129 del invocado Código Procesal Federal de aplicación supletoria, entendiéndose por éstos, aquéllos cuya formación está encomendada por la ley dentro de los límites de su competencia a un funcionario público MARIO FRANCISCO GARCÍA CANCINO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.7a 18/03/24 12:34:40 12 investido de fe pública y los expedidos por funcionarios en el ejercicio de sus funciones, la calidad de público se demuestra por la existencia regular sobre el documento de los sellos, firma y otros signos exteriores que, en su caso, provengan de las leyes. Al efecto, se cita la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 153, tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. QUINTO. Estudio oficioso de las causas de improcedencia. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se deben analizar las causas de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa, de orden público y estudio preferente, de conformidad con la jurisprudencia 158, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos sesenta y dos, parte VIII, Quinta Época, del Apéndice de 1985, de que literalmente establece: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías. Ahora bien, de las constancias remitidas por el Juez responsable se aprecia que ha operado un cambio de MARIO FRANCISCO GARCÍA CANCINO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.7a 18/03/24 12:34:40 13 ??????A???????? situación jurídica que torna improcedente el juicio de amparo en que se actúa, la cual se encuentra prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la ley en cita, con base a las razones que a continuación se exponen. Para ilustrar este aserto, primeramente es necesario transcribir el contenido del artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, cuya literalidad es la siguiente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica [.]. Sentado lo anterior, debe precisarse, que un cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los siguientes supuestos: Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; y, Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. MARIO FRANCISCO GARCÍA CANCINO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.7a 18/03/24 12:34:40 14 Es dable precisar que la libertad personal puede restringirse por diferentes motivos tales como: a) La aprehensión. b) La detención que comprende desde que el inculpado es puesto a disposición del Juez de su causa, hasta el momento en que se define su situación jurídica. c) La prisión preventiva que se inicia con el auto de formal prisión y/o vinculación a proceso, d) Por último, la pena. Cada una de ellas tiene sus características peculiares, de tal manera que al conjunto de normas que condicionan y rigen la restricción de la libertad, en los distintos casos mencionados, se le denomina situación jurídica. Por tanto, en el caso particular la situación jurídica del quejoso cambió, pues es de recordar, que el acto reclamado en esta instancia se hace consistir en la privación ilegal de la libertad, detención y/o aprehensión; sin embargo, de las constancias remitidas por dicha autoridad, las cuales están provistas valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los dispositivos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa en su ordinal 2, se advierte que ya fue puesto a disposición del Juez de Control y Enjuiciamiento, a las once horas con treinta y cinco minutos del siete de marzo del año en curso, advirtiéndose del informe justificado de dicha responsable que con esa misma fecha se vinculó a proceso al aquí quejoso; por tal motivo, deben considerarse MARIO FRANCISCO GARCÍA CANCINO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.7a 18/03/24 12:34:40 15 ??????A???????? irreparablemente consumadas las violaciones reclamadas. En ese sentido, cualquier violación ha quedada consumada de modo irreparable al habérsele puesto a disposición de la autoridad judicial competente, quien determinará la situación jurídica del aquí quejoso. En este contexto, procede decretar el sobreseimiento en este juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 61, fracción XVII, del propio ordenamiento legal. Es aplicable la jurisprudencia 10, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, marzo de 2003, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor literal siguiente: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la Ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos del sobreseimiento; estos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el espíritu que anima el artículo 17 de MARIO FRANCISCO GARCÍA CANCINO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.7a 18/03/24 12:34:40 16 la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 73, 74, 75, 217, 218 y demás relativos de la Ley de Amparo vigente; se, Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee el juicio promovido por Francisco Javier Merida Monzón, contra el acto y autoridades precisados en el considerando segundo, atento los razonamientos expuestos en el tercer y último considerando del presente fallo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida de Mario Francisco García Cancino, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a siete de abril de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, agréguese a sus antecedentes para los efectos legales conducentes, el informe justificado correspondiente al Fiscal del Ministerio Público Investigador y en representación de los Fiscales del Ministerio Público Uno y Tres de la Unidad de Investigación y Judicialización de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa, con sede en esta ciudad. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga, sin perjuicio de dar cuenta con el mismo al momento de celebrarse la audiencia constitucional. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida de Mario Francisco García Cancino, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.
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