Audelin Y/O Ocdelin Ruiz Ortega

Expediente 2478/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 1 actuación registrada, la última del 26 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
2478/2019
Año
2019
Actuaciones
1
Última actuación
26/12/2019

Partes del expediente

  • Audelin Y/O Ocdelin Ruiz Ortega

Actuaciones

  1. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a veintiséis de diciembre de dos mil diecinueve. EXPEDIENTE Y REGISTRO Vista la demanda promovida por ********************también conocido como ********************, mediante la cual solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de los Magistrados de la Sala Regional Colegiada en Materia Penal, Zona 02 Tapachula, del Tribunal Superior de Justicia del Estado y de otras autoridades; fórmese el cuaderno correspondiente y regístrese en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), bajo el número ********************. INCOMPETENCIA Ahora bien, de la lectura integral de la demanda de amparo y escrito aclaratorio, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado, el siguiente: La resolución de seis de febrero de dos mil cuatro, emitida por la Sala Regional Colegiada en Materia Penal, Zona 02 Tapachula, con sede en esta ciudad, emitida en el toca penal ********************que modificó el resolutivo tercero de la sentencia de primera instancia de dieciocho de noviembre de dos mil tres, pronunciada por el Juez Tercero del Ramo Penal, con sede en esta ciudad, en la causa penal ********************, de su índice. Establecido lo anterior, este Juzgado estima que carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo, atento a que el acto que se reclama no es susceptible de impugnarse en el juicio de amparo en la vía indirecta, pues como lo refiere el propio peticionario de amparo, interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia condenatoria, y por supuesto se trata de una resolución que pone fin a la controversia de origen, cuya competencia, como a continuación se justifica, corresponde en amparo directo al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, en turno, con sede en Tuxtla Gutiérrez. El artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional; [.]." Del citado precepto, se desprende que el juicio de amparo directo procede en los siguientes supuestos: Cuando se reclame una sentencia definitiva o laudo, o; Cuando el acto reclamado sea una resolución que ponga fin al juicio. Ahora bien, como se expuso en la transcripción anterior, el artículo 170, fracción I, primer párrafo de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece, en el Diario Oficial de la Federación, en vigor a partir del día siguiente, dispone que el juicio de amparo directo es competencia del Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda y procede contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o revocados, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que, cometida durante el procedimiento, afecte a las defensas de la parte quejosa, trascendiendo al resultado del fallo, y por violaciones de derechos humanos cometidas en las propias sentencias, laudos o resoluciones indicados. Por su parte, el párrafo segundo del citado precepto legal, establece que, se entenderán por resoluciones definitivas las que decidan el juicio en lo principal y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas; y por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. Bajo esa óptica, el acto reclamado en esta instancia consistente en la resolución emitida por la Sala Regional Colegiada en Materia Penal Zona 02 Tapachula, Tribunal Superior de Justicia en el Estado, con sede en esta ciudad, emitida en el toca penal ********************que modificó el resolutivo tercero de la sentencia de primera instancia de dieciocho de noviembre de dos mil tres, pronunciada por el Juez Tercero del Ramo Penal, con sede en esta ciudad, en la causa penal ********************, de su índice, se trata de una determinación que, decidió en definitiva el juicio de origen en lo principal. En ese contexto, si el acto reclamado consiste en una resolución definitiva emitida por la Sala Regional Colegiada en Materia Penal Zona 02 Tapachula, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, es evidente que la resolución combatida no debe reclamarse en amparo indirecto, pues como ya se dijo, constituye una resolución que al ser emitida en el toca penal ********************que modificó el resolutivo tercero de la sentencia de primera instancia de dieciocho de noviembre de dos mil tres, pronunciada por el Juez Tercero del Ramo Penal, con sede en esta ciudad, en la causa penal ********************, de su índice, es una resolución definitiva en el controvertido penal. En tales condiciones, este órgano de control constitucional carece de competencia legal por razón de la vía para conocer y resolver el presente asunto, lo cual corresponde al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, en turno, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Cobra aplicación al caso, la tesis I. 1o. A. J/15, relativa a la jurisprudencia del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 87, tomo IX, marzo de 1992, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo sumario a la letra, dice: COMPETENCIA DEL TRIBUNAL COLEGIADO EN ASUNTOS TRAMITADOS EN AMPARO INDIRECTO ANTE UN JUEZ DE DISTRITO. Cuando se presente ante un juez de Distrito una demanda de garantías contra una resolución que haya puesto fin al juicio, como la resolución en que el magistrado instructor del Tribunal Fiscal de la Federación haya tenido por no interpuesta la demanda de nulidad, el juez se declarará incompetente para conocer de dicha demanda, y será al Tribunal Colegiado en pleno al que competa el conocimiento de la misma y, con fundamento en el artículo 49 de la Ley de Amparo, decida si confirma o no la resolución del a quo y, en su caso, si se avoca al conocimiento del asunto. Por lo que, tomando en cuenta que la naturaleza del acto reclamado es la de una resolución que puso fin al juicio, y considerando lo dispuesto por el artículo 47 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional se declara legalmente incompetente para conocer del presente asunto, y en consecuencia, el mismo deberá remitirse al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, en turno, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común respectiva; al que se considera legalmente competente, para que se pronuncie al respecto, solicitándole, el acuse de recibo correspondiente, para los efectos legales a que haya lugar. Es aplicable, por identidad de los preceptos de la Ley de Amparo derogada y la vigente, la tesis 2ª. CCXI/2001, publicada en la página 41, tomo XIV, Noviembre de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: COMPETENCIA. NO SE UBICA DENTRO DEL SUPUESTO EN QUE ESTÁ PROHIBIDO PROMOVERLA POR EL JUEZ DE DISTRITO A UN SUPERIOR, SI AQUÉL ESTIMA QUE LA DEMANDA DE GARANTÍAS DEBE TRAMITARSE EN LA VÍA DE AMPARO DIRECTO. Del análisis relacionado de lo dispuesto en los artículos 47, 49 y 55 de la Ley de Amparo, se desprende que el último de éstos no contiene una prohibición en el sentido de que el Juez de Distrito declare su incompetencia si estima que un Tribunal Colegiado de Circuito o la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del asunto, dado que el numeral 49 citado permite tal hipótesis, cuando del examen de la demanda de garantías el Juez de Distrito advierta que se trata de un caso en el que el acto reclamado lo constituye alguno de los que señala el artículo 44 de la ley citada, sino que el impedimento a que alude el señalado numeral 55 se refiere al caso en que el superior del Juez Federal, con apoyo en el artículo 47 indicado, ya haya determinado que es incompetente para conocer del asunto y que corresponde conocer de él al juzgador, ya que si éste no la aceptara y devolviera los autos, estaría planteando a su superior una cuestión contenciosa de competencia, aspecto que sí prohíbe el referido artículo 55. Fórmese cuaderno de antecedentes con copia de la demanda y autógrafa de este acuerdo. DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Y AUTORIZADOS De conformidad con lo dispuesto en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles [aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia], se tiene a la parte demandante señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el referido en su escrito de demanda. Asimismo, se tiene como autorizado para el único efecto de oír y recibir notificaciones a la persona que señala en su escrito, hasta en tanto registre su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. AUTORIZACIÓN EN EL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y COPIAS Desde ahora se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos, como cámaras fotográficas, scanner y lectores láser para copiar constancias que obren en autos del presente expediente, siempre y cuando dichas herramientas sean utilizadas con lealtad procesal y no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa. Por tanto, en el momento en que alguna de las partes, sus autorizados o delegados tengan la intención de hacer uso de ese derecho, deberán informar a la Secretaría del Juzgado para que se levante acta en la que se hagan constar y describan las actuaciones reproducidas. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis I.3º.C725C, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". También se autoriza expedir, en un solo tanto, las copias simples o certificadas que a su costa solicite cualquiera de las partes al comparecer a este juzgado, previa toma de razón y recibo que de ello se deje en autos para constancia legal; lo anterior de conformidad con los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Ello, en el entendido de que, de encontrarse algún motivo por el que deba ampliarse esa prerrogativa, el compareciente deberá solicitarla por escrito en la oficialía de partes de este juzgado, la cual se acordará como legalmente corresponda. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente asunto deban de realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas. RESERVA DE INFORMACIÓN De conformidad con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada en el Diario Oficial de la Federación de once de junio del año dos mil dos, y con el artículo 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el referido medio de difusión oficial el seis de febrero de dos mil catorce, en vigor al día siguiente, así como el artículo 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley antes mencionada, cabe señalar a las partes el derecho que les asiste para oponerse a hacerse públicas las sentencias, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, en la inteligencia de que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos. DIGITALIZACIÓN DE CONSTANCIAS Los responsables en el manejo de este expediente, procederán a la oportuna digitalización de las constancias que lo integren (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y proceso técnico informático y documental), con excepción de los anexos que dadas sus características y voluminosidad la dificulten. Todo ello a efecto de cumplir con el artículo 3, párrafos quinto y sexto de la ley de la materia Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma José Alfonso García López, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, encargado del despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por autorización de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, según oficio número CCJ/ST/7188/2019 de cinco de diciembre de dos mil diecinueve, asistido del licenciado Héctor Pérez Fonseca, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.

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