Asunción Urbano Falis
Expediente 1099/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 5 actuaciones registradas, la última del 16 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1099/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 16/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Asunción Urbano Falis
- Magistrados que integran la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de enero de dos mil veintitrés. En atención a la certificación secretarial, se declara consentido el acuerdo de veinticuatro de noviembre del año próximo pasado, que tuvo por cumplida la sentencia dictada en este asunto, al no haberse interpuesto el recurso de inconformidad previsto en el artículo 201, fracción I de la Ley de Amparo. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se concedió el amparo y protección de la justicia federal, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, este asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su depuración. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la depuración de este expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, toda vez que carece de objeto que subsista en la secretaría de este juzgado el cuaderno de pruebas remitido por el Magistrado Presidente de la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, así como el disco digital versátil remitido por la Juez de Control del Circuito Judicial de la Costa, con sede en Puerto Escondido, Oaxaca; por tanto, devuélvanseles a dichos entes públicos. Notifíquese.
- Principal
Notifíquese personalmente.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de octubre de dos mil veintidós. Agréguese, sin mayor proveído el informe justificado que rinde la Magistrada Presidenta de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; ello, en atención que el pasado diecinueve de octubre del año en curso, se dictó la sentencia correspondiente en este asunto. Por otra parte, en relación a las documentales que remite se advierte que la autoridad responsable dio respuesta a la petición formulada por la parte quejosa ante esa autoridad; por tanto, resérvese a proveer al respecto hasta en tanto quede firme la sentencia dictada en este contradictorio. Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a las nueve horas con quince minutos del diecinueve de octubre de dos mil veintidós, el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, con el secretario de acuerdos, Gamaliel Sánchez Cruz, procede a celebrar la presente audiencia constitucional sin la comparecencia de las partes. Relación de constancias. El secretario de acuerdos hace una relación de las constancias que obran en el juicio de amparo 1099/2022, entre las que se encuentran las siguientes: (i) la demanda de amparo, (ii) el acuerdo de veintisiete de septiembre de dos mil veintidós. Al respecto, el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca acuerda: téngase por hecha la relación de las constancias que antecede y dispone la apertura del período probatorio. Etapa probatoria. En esta fase se hace constar que la justiciable aportó la documental que anexó a su escrito de demanda, el cual se admite, se recibe y se desahoga en razón de su naturaleza conforme a lo dispuesto por los numerales 123 y 124 de la Ley de Amparo; por otra parte, al no existir otros medios de prueba que relacionar se cierra el período probatorio para pasar al diverso de alegatos. Etapa de alegatos. En este estadio de la audiencia se hace constar que las partes no ejercieron su derecho de alegar. Consecuentemente, al no existir diligencias pendientes por desahogar se da por concluida la presente audiencia y se procede a dictar la siguiente: S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 1099/2022, promovido por Asunción Urbano Valis. El problema jurídico que corresponde abordar en el presente asunto consiste en determinar si se actualiza la violación a los artículos 8° y 17, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ANTECEDENTES De la información que se tiene acreditada en el expediente, consta que Asunción Urbano Valis presentó un escrito ante la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el siete de abril de dos mil veintidós, donde solicitó se requiera a la parte demandada para que cumpla con la sentencia dictada en el expediente 4154/19-15-01-2 y según sus propias palabras, sin que a la fecha la autoridad responsable hubiere emitido respuesta a lo solicitado.. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO La demanda de amparo se formuló mediante escrito presentado el veintiséis de septiembre pasado, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca. La quejosa señaló como autoridad responsable a Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y como acto reclamado la omisión de dar respuesta al escrito identificado en el párrafo primero. La demanda fue turnada a este Juzgado de Distrito, donde quedó registrada como 1099/2022 y fue admitida el veintisiete de septiembre de dos mil veintidós. La audiencia constitucional se llevó a cabo en los términos del acta que antecede. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer el presente caso, en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se reclama una omisión por parte de la Subdelegación de Administración del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado de Oaxaca. OPORTUNIDAD Por la naturaleza del acto reclamado, la demanda de amparo puede presentarse en cualquier tiempo, como lo explica la siguiente tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que resulta aplicable por analogía: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO SE TRATE DE OMISIONES, LA OPORTUNIDAD PARA SU IMPUGNACIÓN SE ACTUALIZA DÍA A DÍA, MIENTRAS AQUÉLLAS SUBSISTAN. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no establece plazo específico para la promoción de la controversia constitucional respecto de omisiones, entendiéndose por éstas las que implican un no hacer del órgano demandado y que por su especial naturaleza crean una situación permanente que no se subsana mientras subsista la omisión, de tal suerte que dicha situación se genera y reitera día a día, lo que produce consecuencias jurídicas que se actualizan de igual forma. Esta peculiaridad lleva a considerar que el plazo para su impugnación se actualiza día a día mientras la omisión subsista". FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues solo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada P. VI/2004, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En el caso, el contenido integral de la demanda de amparo permite sostener que la peticionaria del amparo Asunción Urbano Valis, reclama de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, lo siguiente: Acto reclamado De los Magistrados que integran la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, se reclama, la omisión de acordar mi escrito presentado por oficialía de partes de la Sala Regional del Sureste, del Tribunal mencionado, el día 07 de abril de 2022 con el número de expediente 4154/19-15-01-2, lo anterior, 1 2 por violar el artículo 17 constitucional párrafo segundo, así como el Artículo 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS Este juzgador considera que existen elementos suficientes para afirmar la existencia de la omisión reclamada. Lo anterior es así, en razón de que la única autoridad señalada como responsable, no rindió su informe justificado, pese haber quedado notificada de su solicitud del mismo el pasado veintiocho de septiembre del año en curso, como se advierte del acuse de recibo que obra a foja 17 de autos; por tanto, con fundamento en el artículo 117, se presume cierto el acto reclamado por la quejosa. Máxime que de autos se advierte, el acuse de recibo del escrito que motivó la promoción del presente juicio y en la que consta el sello de recepción de la autoridad responsable, con anotación de la fecha y hora de recepción. PROCEDENCIA En el presente asunto no se advierte la actualización de ninguna causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61 de la Ley de Amparo. Tampoco se advierte la concurrencia de alguna de las causales de sobreseimiento previstas en el diverso artículo 63 de la misma ley reglamentaria que obliguen a dar por concluido el juicio sin hacer una declaratoria sobre el acto reclamado, por lo que, a consideración de este juzgador, el amparo es procedente. ESTUDIO DE FONDO Es esencialmente fundado el concepto de violación en el que aduce la parte quejosa que la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ha omitido proveer respecto de la promoción de la aquí parte quejosa presentó el siete de abril del año en curso, dentro del expediente 4154/19-15-01-2, violando con ello el artículo el artículo 17 Constitucional. Ahora bien, en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, textualmente señala lo siguiente: "ARTÍCULO 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales." Del segundo párrafo del precepto en cita, se advierte que uno de los derechos ahí consagrados, es decir, el de expedita y eficaz administración de justicia, mismo que es considerado como el complemento del derecho fundamental consagrado en el primer párrafo, impone al estado la creación de tribunales que se encuentren siempre expeditos para impartir justicia, en los términos y plazos fijados por las leyes. Es decir, el carácter expedito de la administración de justicia se fundamenta en que la seguridad jurídica del gobernado no permanezca en estado de incertidumbre durante mucho tiempo, por lo que, se llega a las conclusiones siguientes: a) En ese precepto se garantiza a los gobernados el disfrute de diversos derechos relacionados con la administración de justicia; b) Entre ellos, el relativo a tener un acceso efectivo a la administración de justicia que desarrollan los tribunales; así, debe precisarse que para su acatamiento no basta el que se permita a los gobernados instar ante un órgano jurisdiccional, sino que el acceso sea efectivo en la medida en que el justiciable, de cumplir con los requisitos justificados constitucionalmente, pueda obtener una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos cuya tutela jurisdiccional ha solicitado; c) La impartición de la administración de justicia solicitada por los gobernados y, por ende, el efectivo acceso a la justicia se debe sujetar a los plazos y términos que fijen las leyes; y, d) Los plazos y términos que se establezcan en las leyes, es decir, la regulación de los respectivos procedimientos jurisdiccionales, deben garantizar a los gobernados un efectivo acceso a la Justicia, por lo que los requisitos y presupuestos que condicionan la obtención de una resolución sobre el fondo de lo pedido deben encontrarse justificados constitucionalmente, lo que sucede, entre otros casos, cuando tienden a generar seguridad jurídica a los gobernados que acudan como partes a la contienda, o cuando permiten la emisión de resoluciones prontas, siempre y cuando no lleguen al extremo de hacer nugatorio el derecho cuya tutela se pretende. Estos cuatro atributos de la garantía concerniente a la administración de justicia han sido explicados por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 2ª L/2002 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV de mayo de dos mil dos, visible en la página doscientos noventa y nueve, que indica: "ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN AQUEL DERECHO PÚBLICO SUBJETIVO, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual o el derecho público subjetivo de acceso a la impartición de justicia, consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes; 2. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y 4. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si dicha garantía está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla, lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, con independencia de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales." De esos atributos, resulta útil para resolver el asunto el referido a la justicia pronta, que consiste en la obligación de las autoridades encargadas de impartirla, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes. Expuesto lo anterior y teniendo un conocimiento exacto de la garantía de prontitud en la impartición de justicia, toca ahora analizar la situación del caso concreto. Como ya se apuntó, el acto reclamado en esta instancia constitucional se hace consistir en la falta de proveer respecto de la promoción que el aquí promovente presentó el siete de abril del presente año, en el expediente 4154/19-15-01-2, sin que a la fecha de la presentación de la demanda el ente responsable lo hubiere hecho, lo que estima violatorio del artículo 17 constitucional. De ahí que la junta responsable infrinja el derecho fundamental contenido en el segundo párrafo del artículo 17 Constitucional, que garantiza la administración de justicia pronta y expedita a cualquier persona, pues, no ha dado respuesta a la petición formulada por la parte quejosa al escrito presentado el siete de abril del presente año, en el expediente 4154/19-15-01-2, del cual anexó la parte disidente del amparo como prueba documental a su favor. DECISIÓN En consecuencia, lo procedente es conceder el amparo y protección de la justicia federal a Asunción Urbano Valis, para el efecto de que, una vez que esta sentencia cause ejecutoria, la autoridad responsable, de no haberlo realizado, emita el acuerdo de contestación al escrito del promovente de siete de abril del año en curso, presentado en el expediente 4154/19-15-01-2, ajustando su actuar a lo establecido en el artículo 17 Constitucional. Para el caso de ya haberlo realizado, deberá remitir la constancia que así lo acredite. Por lo expuesto y fundado se, RESUELVE ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Asunción Urbano Valis en contra de la omisión reclamada a la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. El amparo se concede para los efectos precisados en el último apartado de esta sentencia. Notifíquese.
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