Asunción Reyes Santiago
Expediente 1845/2014 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de enero de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 1845/2014
- Año
- 2014
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 26/01/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Asunción Reyes Santiago
Actuaciones
- Principal
MESA I-A * "...Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veintiséis de enero de dos mil quince. Vistos los autos y advirtiéndose de la certificación que antecede, que la notificación del proveído de nueve de enero de dos mil quince, por el que se desechó de plano la demanda de amparo promovida por Asunción Reyes Santiago, se hizo correctamente a la promovente por lista de acuerdos el quince de este mes, en términos del artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, notificación que surtió efectos el dieciséis siguiente; de ahí, que el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la ley de la materia, para interponer el recurso de queja, transcurrió del diecinueve al veintitrés del mes en curso, sin que interpusiera dicho recurso. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. Con fundamento en el artículo décimo primero, párrafo segundo del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese este expediente, como asunto concluido. En cumplimiento a lo señalado en los puntos cuarto, y vigésimo primero fracción I, del citado Acuerdo General Conjunto número 1/2009, dado que se desechó de plano la demanda de amparo origen de este asunto, se estima que este expediente es susceptible de destrucción. Se estima que este expediente carece de relevancia documental, en virtud de que por una parte, en el mismo se reclamó de la determinación que desechó el recurso de queja interpuesto en el expediente penal 74/2013 del índice del Juzgado Tercero de lo Penal del distrito judicial del Centro, contra la omisión o negativa de librar orden de arresto en contra de los incomparecientes esto es, ofendida y testigos de cargo en el delito de lesiones simples; por lo que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo vigésimo primero, párrafo último del acuerdo citado, esto es, no se encuentran comprendidos entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; ni se trata de resolución que haya sido impugnada ante algún organismo público internacional, ni relativo a conflicto laboral colectivo trascendente, o que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Así también, se indica que, conforme a la certificación de cuenta, en este expediente no existen documentos considerados originales en términos del punto segundo fracción XVIII, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, ni billete de depósito o garantía que devolver o remitir a la Tesorería de la Federación. Hágase del conocimiento de las partes que conforme al punto décimo, fracción I, del referido acuerdo, este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años y una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que después de transcurrido el plazo de cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, se proceda a su destrucción. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE...
- Principal
MESA IA] Oaxaca de Juárez, Oaxaca, nueve de enero de dos mil quince. Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales consiguientes, el escrito de la quejosa Asunción Reyes Santiago, recibida en este juzgado ayer, por el que en cumplimiento al requerimiento que se le hizo en auto inicial, manifiesta que se desechó el recurso de queja interpuesto en el expediente penal 74/2013 del índice del Juzgado Tercero de lo Penal del distrito judicial del Centro, contra la omisión o negativa de librar orden de arresto en contra de los incomparecientes, esto es, ofendida y testigos de cargo en el delito de lesiones simples; y manifestó bajo protesta de decir verdad que el estado procesal en que se encuentra la citada causa penal es la instrucción. Ahora, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, este juzgado de distrito oficiosamente emprende el examen de la demanda para advertir si existe motivo notorio, manifiesto e indudable de improcedencia. En el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con los preceptos 107, fracción V, aplicado en sentido contrario y 173 fracciones X y XXII de la Ley de Amparo, que dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: - - - XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". Artículo 107. El amparo indirecto procede:- - - V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; "Artículo 173. En los juicios del orden penal se considerarán violadas las leyes del procedimiento con trascendencia a las defensas del quejoso, cuando: - - - X. No se reciban al imputado la pruebas pertinentes que ofrezca o no se reciban con arreglo a derecho, no se le conceda el tiempo para el ofrecimiento de pruebas o no se le auxilie para obtener la comparecencia de las personas de quienes ofrezca su testimonio en los términos señalados por la ley; - - - XXII. Se trate de casos análogos a las fracciones anteriores a juicio del órgano jurisdiccional de amparo". De lo anterior, se pone de manifiesto que el juicio de amparo resulta improcedente, cuando se combata una determinación cuya ejecución no sea de imposible reparación. En efecto, los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, entre otras, porque esta afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. En cambio, las meras violaciones procesales no tocan por sí tales valores, sino, producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses de la agraviada. Luego, el prototipo de los primeros (actos irreparables) está en la infracción de los derechos sustantivos, en razón de que éstos constituyen especies de los que la ley fundamental preserva al gobernado como géneros, citándose a guisa de ejemplo, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, el auto que ordena la intercepción de la correspondencia de alguna de las partes en las oficinas de correos, el que se conmina a una parte a que forzosamente desempeñe un trabajo, el arraigo, pues, en los primeros casos se puede afectar la propiedad y posesión, en el cuarto la libertad personal, en el quinto el derecho a la inviolabilidad de la correspondencia, en el sexto la libertad de trabajo y en el séptimo la de tránsito; afectaciones éstas que no podrían repararse en ninguna actuación posterior del juicio. En tanto, que el supuesto de los segundos (actos reparables), se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica. Esto es, en el supuesto de que la parte quejosa obtenga una sentencia favorable a sus intereses en el juicio de origen, los efectos de la violación procesal de que se duele desaparecerían y sólo trascenderán en el caso de que la sentencia fuese contraria, afectando de esta manera sus derechos sustantivos, y en ese momento será cuando la violación de que se duele deberá de combatirla mediante el juicio de amparo directo. También, debe señalarse que las violaciones procesales son impugnables, generalmente, en amparo directo, cuando se reclama la sentencia definitiva, pero pueden ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectan a las partes en grado predominante o superior. En efecto, el juicio de amparo contra actos de autoridades judiciales dictados dentro de juicio, es procedente cuando se afecten derechos sustantivos o de manera excepcional, cuando se afectan en grado predominante o superior los derechos adjetivos de las partes, como se puso de manifiesto, pero no cuando se reclamen violaciones a las garantías individuales, puesto que éstas no son derechos sustantivos, ya que como su nombre lo indica, garantizan la aplicación de la ley en cuanto a los procedimientos seguidos ante tribunales, con el objeto de proteger la integridad física, la libertad y los bienes, siendo éstos, los derechos fundamentales del gobernado, entre otros; es decir, las garantías individuales, no son derechos sustantivos, sino, constituyen el instrumento constitucional establecido por la propia norma fundamental del país, para salvaguardar tales derechos. Lo anterior encuentra sustento en la tesis aislada I 11º C 8 K, sustentada por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página 1378, del Tomo XVI, Octubre de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo texto y rubro dicen: "GARANTÍA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU VIOLACIÓN EN FORMA TEMPORAL NO OTORGA AL ACTO LA CARACTERÍSTICA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO. Conforme a la interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación si sus consecuencias son susceptibles de afectar directa e inmediatamente alguno de los llamados derechos sustantivos o fundamentales del gobernado o de las personas, que tutela la Carta Magna por medio de las garantías individuales, porque esa afectación o sus efectos no se extinguen con el solo hecho de que quien las sufre obtenga una sentencia favorable a sus intereses en el juicio. Partiendo de tal interpretación es dable concluir que la posible afectación que en forma temporal se pudiera ocasionar con un acto de autoridad a la garantía de impartición de justicia pronta, completa e imparcial consagrada en el artículo 17 de la Constitución Federal, verbigracia, el auto que desecha un recurso, el auto que no admite pruebas, etcétera, de ningún modo otorga al propio acto la característica de irreparabilidad para la procedencia del juicio de amparo indirecto, pues en este supuesto existe la posibilidad de que los efectos de aquella afectación desaparezcan en caso de que el agraviado obtenga sentencia definitiva favorable a sus intereses en el juicio natural, ya que de llegar a ocurrir esto último, es claro que tales efectos se extinguirían sin originar afectación alguna a los derechos fundamentales del quejoso". En el caso, se advierte que el expediente penal 74/2013 del índice del Juzgado Tercero de lo Penal del distrito judicial del Centro, residente en esta ciudad, se sigue en contra de Asunción Reyes Santiago, por el delito de lesiones simples, el cual se encuentra en etapa de instrucción, asimismo, que la determinación reclamada en este juicio, que desechó el recurso de queja, tiene como antecedente la omisión o negativa a librar orden de arresto contra la ofendida y testigos de cargo, con motivo de su incomparecencia ante el juez de la causa, lo que denota se trata de un acto dentro del trámite del proceso penal. Ahora, se evidencia que los elementos de las definiciones de ejecución irreparable no se actualizan en el acto reclamado, en términos del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que los actos procesales tienen esa ejecución irreparable si afectan de manera directa e inmediata los derechos fundamentales del gobernado, no reparable en la sentencia definitiva; y en el caso concreto, el desechamiento del recurso de queja interpuesto contra la omisión o negativa de librar orden de arresto en contra de los incomparecientes esto es, ofendida y testigos de cargo, es un acto procesal dentro del juicio, por ende no causa a alguna de las partes en el juicio de origen, un agravio no reparable en la sentencia definitiva que lesionen sus derechos sustantivos a la propiedad posesión, vida y libertad. En efecto la sentencia definitiva que se dicte en el juicio puede ser favorable a los intereses de la quejosa, fallo, que podrá ser susceptible de ser impugnado a través del medio de defensa ordinario y del juicio de amparo directo. En esa medida, como se adelantó, el acto reclamado no es de aquellos que tienen sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, pues, en todo caso sólo constituye una afectación a los derechos adjetivos o procesales, por tanto, el presente juicio de garantías resulta improcedente en términos del citado artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario. Ilustra lo anterior, jurisprudencia aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 154, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice 2000, Octava Época, que reza: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Así es, la determinación que desechó el recurso de queja interpuesto en expediente penal 74/2013 del índice del Juzgado Tercero de lo Penal del distrito judicial del Centro, contra la omisión o negativa de librar orden de arresto en contra de los incomparecientes esto es, ofendida y testigos de cargo en el delito de lesiones simples, promovido por la aquí quejosa, sólo se pueden afectar los derechos procesales de la parte quejosa, pero en modo alguno los de naturaleza sustantiva como serían la vida, la libertad, la propiedad, la posesión, entre otros. Sin que la dilación procesal en que se podría traducir dicha omisión se considere de imposible reparación. Luego, será en su caso, hasta el pronunciamiento de la sentencia del juicio de origen, cuando pudiera influir o no en el sentido de la decisión del juzgador, pues, es hasta ese momento en que el juez puede ponderar equilibradamente todas las pretensiones a través de sus autos, interlocutorias y resoluciones, culminando con la sentencia; por ello, hasta el dictado de la sentencia, de ser adversa a los intereses de la ahora quejosa, se podrá actualizar la posibilidad de que la pretendida violación procesal llegara a trascender al resultado del fallo, y dar lugar, así, a una afectación de derechos sustantivos, sólo, se reitera, si la sentencia es adversa a los intereses de la parte quejosa. Lo anterior se corrobora si se toma en cuenta, además, que tal resolución entraña una violación a las leyes del procedimiento, prevista en el artículo 173, fracciones X y XXII, de la Ley de Amparo, puesto que tal precepto dispone lo siguiente: "Artículo 173. En los juicios del orden penal se considerarán violadas las leyes del procedimiento con trascendencia a las defensas del quejoso, cuando: - - - X. No se reciban al imputado la pruebas pertinentes que ofrezca o no se reciban con arreglo a derecho, no se le conceda el tiempo para el ofrecimiento de pruebas o no se le auxilie para obtener la comparecencia de las personas de quienes ofrezca su testimonio en los términos señalados por la ley; - - - XXII. Se trate de casos análogos a las fracciones anteriores a juicio del órgano jurisdiccional de amparo". En tales condiciones, como ya se dijo, al no ser un acto que afecte derechos sustantivos ni que constituya una afectación exorbitante, es inconcuso que no se actualiza la hipótesis contemplada por el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo para poder ser impugnado, de inmediato, a través del juicio de amparo indirecto. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia apuntada, con fundamento en lo dispuesto en el artículos 113 de la Ley de Amparo; se desecha de plano la demanda en estudio por notoriamente improcedente. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. (se notifico por lista con fund en el art 27 frac I inciso c de la ley de amparo)
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