Astrid Salazar Zamudio y Otros.
Expediente 527/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 11 actuaciones registradas, la última del 29 de marzo de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 527/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 29/03/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Astrid Salazar Zamudio
- Astrid Salazar Zamudio y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
MESA VI A Oaxaca de Juárez, Oaxaca, primero de abril de dos mil dieciséis. De la certificación de cuenta se conoce que el plazo de tres días que se concedió a las partes en auto de tres de febrero del año en curso, para que manifestaran lo que a su derecho conviniera respecto al cumplimiento dado por la autoridad responsable, transcurrió sin que hubieren hecho manifestación sobre el particular. Por tanto, se procede a analizar oficiosamente el cumplimiento del fallo protector. Así, mediante sentencia dictada el catorce de diciembre de dos mil quince (fojas 152 a 160), por una parte, se sobreseyó en el juicio, y por otra, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) y, Julio César Vasconcelos Fajardo, Pedro Marco Antonio Bautista Vásquez, Gladys Cruz Fachada, Reginaldo Valeriano Silva, Mireya Ortega Jarquín, Juana Pimentel Guzmán, Enrique Lázaro Ortega, y Ana Isabel Córdova Bolaños, en el sentido siguiente: "En esa tesitura y, en virtud de que la resolución no se encuentra correctamente fundada y motivada, en contravención al requisito formal que exige el artículo 16 de la Carta Magna, lo procedente es conceder el amparo la protección de la Justicia Federal al Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) y, a los quejosos Julio Cesar Vasconcelos Fajardo, Pedro Marco Antonio Bautista Vásquez, Gladys Cruz Fachada, Reginaldo Valeriano Silva, Mireya Ortega Jarquín, Juana Pimentel Guzmán, Enrique Lázaro Ortega y Ana Isabel Córdova Bolaños, para que la autoridad responsable: Deje insubsistente la interlocutoria en esta vía combatida y, con plenitud de jurisdicción, dicte otra tomando en consideración lo antes expuesto, pudiendo ser en el mismo sentido o en diverso, según lo considere procedente. Lo anterior, pues en la resolución se consideró que la autoridad responsable en la planilla de liquidación materia de la presente litis: a) No se pronunció en relación a todas las pruebas aportadas por las partes así como el análisis valorativo para determinar qué se desprendía de cada una de ellas; b) De igual forma por cuanto hace al monto que se debía pagar por las prestaciones a las que fue condenada la demandada, era al patrón y no la parte trabajadora a quien correspondía probar el monto de los salarios devengados por la parte demandante. Luego en acatamiento a lo anterior, la autoridad responsable del fallo reparador remitió copia certificada de la resolución dictada en el incidente de liquidación de dos de febrero de dos mil dieciséis en la que valoró las pruebas aportadas por la parte quejosa relativas a 1) documental de folleto de salarios mínimos del año mil novecientos sesenta y cuatro al dos mil trece, 2) laudo de trece de agosto de dos mil doce; de la parte demandada 1) la documental consistente en el oficio de tres de marzo de dos mil trece, 2) la instrumental de actuaciones y presuncional legal y humana, a las cuales le otorgó el valor probatorio respectivo y qué se probaba con ello (fojas 194 y 195); asimismo, respecto del salario base para la cuantificación eximió de la carga de la prueba al trabajador ya que ello correspondía probar a la parte patronal en términos del artículo 784, fracción XII, de la Ley Federal del Trabajo, finalmente determinó: "RESUELVE PRIMERO. Se deja insubsistente la resolución del incidente de liquidación de fecha 06 de Agosto del año 2015, en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el juicio de amparo 1335/2015 y su acumulado 1375/2015, que emitió el Juzgado Primero de Distrito del Décimo Tercer Circuito.-------------------------- SEGUNDO. Se aprueba la planilla de liquidación de la parte demandada y por ende se condena a la demandada COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TECNICA (CONALEP), al pago de las cantidades para cada actor, de la siguiente manera para el C. GONZALO ALONSO GARCIA, hasta por la cantidad de $1,294,156.19, para el C. JULIO CESAR VASCONCELOS FAJARDO, hasta por la cantidad de $1,441,082.01 para el C. PEDRO MARCO ANTONIO BAUTISTA VASQUEZ hasta por la cantidad de $1,436,268.09." Por tanto, si la concesión del fallo amparador fue para que dejara insubsistente la resolución del incidente de liquidación aquí reclamado, y emitiera otro en el mismo sentido que el anterior o en diverso, pero fundada y motivadamente, esto es, se pronunciara en relación a todas las pruebas aportadas por las partes así como el análisis valorativo para determinar qué se desprendía de cada una de ellas; y por cuanto al monto que se debía pagar por las prestaciones a las que fue condenada la demandada, era al patrón y no la parte trabajadora a quien correspondía probar el monto de los salarios devengados por la parte demandante, lo que en el caso acontece; en las relatadas condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia pronunciada en este juicio, lo que se ordena hacer del conocimiento de las partes para los efectos legales correspondientes. En otro orden, en acatamiento a lo dispuesto por el párrafo cuarto del citado ordinal 196 de la ley de la materia, y con fundamento, además, en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del año en curso, en vigor el veintiséis de noviembre siguiente, archívese este asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que en este juicio de amparo, se concedió el amparo solicitado, se considera de valor jurídico; por lo que deberá hacerse del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su depuración, conforme a lo establecido en la fracción IV del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. En otro orden, toda vez que este expediente se tramitó con incidente de suspensión, acuérdese lo relativo a su destino en ese propio cuaderno. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó, el Juez de Distrito Miguel Arroyo Herrera, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante la Secretaria Fabiola Rebeca Machorro Castillo, que autoriza y da fe.
- Principal
MESDA VI B Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veintinueve de marzo de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el ocurso del quejoso Irving José Sánchez Pérez, visto su contenido, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2º, y por mayoría de razón, expídasele las copias simples de las constancias que solicita, teniéndose por autorizado para recibirla, a la persona que refiere, previa copia de su identificación y razón que se dejen en autos.
- Incidental
MESA V B Oaxaca de Juárez, Oaxaca, dieciocho de marzo de dos mil dieciséis. Agréguese el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos de la Primera Sala Penal y Especializada en Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado, por el que, en relación al cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remite copia certificada de la resolución de dieciséis de marzo del año en curso, dictada en el toca penal 293/2015 de su índice. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el oficio y anexo de cuenta, dese vista a las partes quejosa y tercera interesada por el plazo de tres días, para que manifiesten lo que a su derecho convenga; en el entendido que de no hacer manifestación al respecto, este órgano jurisdiccional resolverá sobre el cumplimiento o incumplimiento de la ejecutoria con base en las constancias de autos. Notifíquese; personalmente a las partes quejosa y tercera interesada. Así lo proveyó, el Juez de Distrito Miguel Arroyo Herrera, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante la Secretaria Lorena Carrera Martínez, que autoriza y da fe.
- Incidental
MESA III B Oaxaca de Juárez, Oaxaca, diecisiete de marzo de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta, toda vez que en auto dictado en esta fecha en el juicio de amparo 1997/2015, del que deriva este incidente de suspensión, se ordenó determinar su destino; por tanto, en virtud de que en este cuaderno incidental se negó la medida cautelar respecto de los actos reclamados por la parte quejosa; con fundamento en los puntos cuarto, vigésimo, fracción III, y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del año citado, en vigor el veintiséis de noviembre siguiente, transcurridos más de seis meses, contados a partir de que surta efectos la notificación de esta resolución, procédase a la destrucción del duplicado de este incidente, en tanto que el original, por haberse negado, la medida cautelar, en su oportunidad, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción en términos del punto vigésimo primero, fracción III, del acuerdo invocado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese. Así lo proveyó, el Juez de Distrito Miguel Arroyo Herrera, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante la Secretaria Lucía Concepción Nicolás Ruiz, que autoriza y da fe.
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