ASAEL SANTIAGO COSMES y Otros.
Expediente 211/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 12 actuaciones registradas, la última del 28 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 211/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 28/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- ASAEL SANTIAGO COSMES y Otros.
- Asael Santiago Cosmes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
MESA VI B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de mayo de dos mil veintiuno. Toda vez que transcurrió el plazo de quince días a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, hubiere interpuesto recurso en contra del auto que tuvo por cumplida la sentencia dictada en este juicio; en términos del citado artículo, se declara que ha quedado firme dicho proveído. Notifíquese.
- Principal
MESA VI B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de abril de dos mil veintiuno. Toda vez que concluyó el plazo concedido a la parte quejosa, relativo a la vista del cumplimiento dado al fallo protector; se procede a analizar las determinaciones adoptadas por las autoridades responsables sobre ese aspecto. De entrada, cabe destacar que por sentencia dictada el veintidós de septiembre de dos mil veinte, se concedió el amparo y protección de la justicia federal a ".........."", para el efecto que: "1. Dejar sin efecto el oficio SP/DPSHT/1253/2013, de diez de octubre de dos mil trece, por el cual, se determinó que se detectó compatibilidad de pensión, a partir del trece de abril de dos mil trece, al otorgarse la pensión por viudez 1069552. 2. Efectuar de manera íntegra la devolución del numerario que dejó de percibir el quejoso a partir del trece de abril de dos mil trece, fecha con derecho a cobró a su pensión por viudez, con motivo de la compatibilidad detectada. 3. A fin de hacer prevalecer el derecho fundamental y la norma constitucional, cuyo alcance ha sido definido por la jurisprudencia citada, en términos de los artículos 1 y 133 Constitucionales, abstenerse de aplicar el precepto 51, párrafo segundo, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, vigente hasta el treinta y uno de marzo de dos mil siete, en la esfera jurídica del quejoso; lo cual equivale a no efectuar en lo sucesivo los descuentos con motivo de la compatibilidad detectada." En razón de lo anterior, por auto de catorce de octubre de dos mil veinte, causó ejecutoria la sentencia y se requirió el cumplimiento correspondiente a las autoridades responsables Subdelegado de Prestaciones y Encargado del Departamento de Pensiones, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Con motivo de ello, mediante acuerdo de diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, se tuvo al Encargado de la Subdelegación de Prestaciones y, el Jefe del Departamento de Pensiones, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, remiendo copia certificada del acuse del oficio *** de veintiséis de enero del año en curso, signado por el referido Jefe del Departamento de Pensiones, dirigido al citado quejoso, mediante el cual, se dejó sin efectos el oficio ***, de diez de octubre de dos mil trece, por el cual, se determinó que se detectó compatibilidad de pensión, a partir del trece de abril de dos mil trece, al otorgarse la pensión por viudez ***, por lo que se dejó sin efecto la orden de descuento programada, por concepto *** compatibilidad". Asimismo, en el citado oficio ***, se precisó que se desincorporó definitivamente de la esfera jurídica del quejoso el artículo 51, párrafo segundo, de la abrogada Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, por lo que no se le aplicara en lo sucesivo descuentos por concepto de compatibilidad. Además, en relación al numerario que dejó de percibir el quejoso con motivo de la compatibilidad detectada, se precisó que resultó un saldo a favor por la cantidad de $978,204.84, cantidad que sería pagada a través de cuenta por liquidar, una vez que se presentará en el área de cajas de esa Delegación, con su clave interbancaria. En ese orden, mediante acuerdo de diecinueve de abril del año en curso, se tuvo a las autoridades responsables, informando que el aludido monto fue reintegrado al quejoso mediante cuenta por liquidar certificada (CLC); acreditando su dicho, a través de copia certificada de formato "Transferencias pagos SPEI enviados", trasferencia realizada el veinticinco de febrero del actual, emitida por la institución bancaria H.S.B.C. México, a la cuenta de dicho quejoso. Ahora, el examen comparativo que se realiza entre la ejecutoria de amparo y las actuaciones realizadas para dar cumplimiento, pone de manifiesto que las autoridades responsables cumplieron con la misma, toda vez que, dejaron sin efecto el oficio ***, de diez de octubre de dos mil trece, por el cual, se determinó que se detectó compatibilidad de pensión, a partir del trece de abril de dos mil trece, al otorgarse la pensión por viudez 1069552, además, se desincorporó definitivamente de la esfera jurídica del quejoso el artículo 51, párrafo segundo, de la abrogada Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado. Asimismo, reintegraron al quejoso el numerario que dejó de percibir a partir del trece de abril de dos mil trece, fecha con derecho a cobró a su pensión por viudez, con motivo de la compatibilidad detectada. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 196, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, es dable declarar cumplida la sentencia pronunciada en autos. Ahora bien, el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, obliga a los órganos de control constitucional, no sólo a emitir pronunciamiento sobre si está cumplida o no la ejecutoria de amparo, sino además a declarar si existió exceso o defecto en el cumplimiento (o si hay imposibilidad para cumplirla). Para ello, es necesario establecer con nitidez si la autoridad responsable, que se encontraba vinculada al acatamiento de una sentencia de amparo, la cumplió correctamente o si, por el contrario, al obedecerla lo hizo incorrectamente, ya sea porque incurrió en un exceso o en un defecto. En otras palabras, lo que se debe resolver es el modo como se trató de cumplir con la sentencia de amparo y, en su caso, determinar si no se hizo todo lo que se debía o se hizo más de lo ordenado. De manera que la resolución que se emita debe ser congruente y guardar correspondencia con los efectos de la protección constitucional establecidos en la ejecutoria de amparo o aquellos que natural y racionalmente deriven de ésta, sin que pueda alterarlos o modificarlos en virtud de su firmeza. En el caso particular, las autoridades responsables, acataron todos y cada uno de los alcances del fallo constitucional, como ya quedó relatado con anterioridad. De modo que las autoridades responsables, cumplieron correctamente con la sentencia de amparo, pues, realizaron todo lo que se debía y no realizó más de lo ordenado. En tales términos, de acuerdo con el segundo párrafo del artículo 196, de la Ley de Amparo, se determina que en el presente caso, no existe exceso o defecto en el cumplimiento del fallo protector. Resulta aplicable, por identidad jurídica, la tesis de jurisprudencia 1a./J. 120/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 774, Libro 2, Enero de 2014, Tomo II, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que es del tenor siguiente: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. MATERIA DE ESTUDIO DE DICHO RECURSO. La materia del recurso de inconformidad previsto en el artículo 201 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, conforme a su fracción I, la constituye la resolución que tenga por cumplida la ejecutoria de amparo, en los términos del artículo 196 de la propia ley; es decir, el estudio de legalidad de la determinación de la autoridad que haya conocido del juicio de amparo, en el sentido de que la ejecutoria ha sido cumplida totalmente. Por tanto, su análisis debe atender a la materia determinada por la acción constitucional, así como al límite señalado en la ejecutoria en que se otorgó la protección de la Justicia Federal, sin excesos ni defectos, y no a la legalidad de la resolución emitida por la autoridad responsable en aspectos novedosos que no fueron analizados por el juzgador de amparo. Así, el cumplimiento total de las sentencias, sin excesos ni defectos, a que se refiere el primer párrafo del citado artículo 196, supone el análisis y la precisión de los alcances y efectos de la ejecutoria, a partir de la interpretación del fallo protector y de la naturaleza de la violación examinada en él, para que, una vez interpretada esa resolución, se fijen sus consecuencias para lograr el restablecimiento de las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional de que se trate, sin que ello signifique que el juez pueda incorporar elementos novedosos a su análisis para extender los efectos precisados en el fallo a otras posibles violaciones aducidas por los quejosos, que no hayan sido motivo de protección por parte de la Justicia de la Unión." En otro orden, en acatamiento a lo dispuesto por el párrafo cuarto del citado ordinal 196 de la ley de la materia, y con fundamento, además, en los artículos 1, 15, 17, fracción II, 18, fracción I y 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15, del acuerdo en comento. Toda vez que en este juicio se concedió el amparo solicitado, deberá hacerse del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, dentro de los siguientes noventa días se procederá a su depuración, y posteriormente se transferirá al Depósito documental, que es el área destinada a la organización, conservación y consulta del archivo judicial, dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, conforme a lo establecido en el artículo 18, fracción I, inciso b), ultimo y antepenúltimo párrafos, del Acuerdo invocado. En otro orden, toda vez que este expediente se tramitó con incidente de suspensión, acuérdese lo relativo a su destino en ese propio cuaderno. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en la carátula del expediente. Notifíquese personalmente.
- Incidental
MESA VI B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, toda vez que en auto dictado en esta fecha en el juicio de amparo 211/2020, del que deriva este incidente de suspensión, se ordenó determinar su destino; por lo que se provee en los siguientes términos: Sentido de la medida cautelar En principio, se toma en consideración que en este cuaderno incidental se concedió la suspensión definitiva. Base normativa En tales condiciones, con fundamento en los artículos 1, 12, 14, 20, fracción II, inciso a), 18, fracción I, inciso a), y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccional de diecisiete de marzo de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo siguiente, en vigor el veintiséis de marzo de la propia anualidad; en relación con las directrices plasmadas en el Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados aprobado por el Consejo de la Judicatura mediante oficio *** de veintiséis de agosto de dos mil veinte, específicamente en sus puntos 7.1, 7.1.1 y 2. Destrucción del duplicado, depuración y destino del original Una vez transcurridos seis meses, contados a partir de que surta efectos la notificación de este auto y dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción del duplicado de este incidente, y remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. En tanto que el original, por haberse concedido la suspensión definitiva, fenecido el plazo de tres años y dentro de los noventa días siguientes procédase a su depuración, posteriormente, transfiérase a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Anotaciones carátula Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese.
- Principal
NOTIFICACION POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA MESA VI B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de abril de dos mil veintiuno. Toda vez que concluyó el plazo concedido a la parte quejosa, relativo a la vista del cumplimiento dado al fallo protector; se procede a analizar las determinaciones adoptadas por las autoridades responsables sobre ese aspecto. De entrada, cabe destacar que por sentencia dictada el veintidós de septiembre de dos mil veinte, se concedió el amparo y protección de la justicia federal a ".........."", para el efecto que: "1. Dejar sin efecto el oficio SP/DPSHT/1253/2013, de diez de octubre de dos mil trece, por el cual, se determinó que se detectó compatibilidad de pensión, a partir del trece de abril de dos mil trece, al otorgarse la pensión por viudez 1069552. 2. Efectuar de manera íntegra la devolución del numerario que dejó de percibir el quejoso a partir del trece de abril de dos mil trece, fecha con derecho a cobró a su pensión por viudez, con motivo de la compatibilidad detectada. 3. A fin de hacer prevalecer el derecho fundamental y la norma constitucional, cuyo alcance ha sido definido por la jurisprudencia citada, en términos de los artículos 1 y 133 Constitucionales, abstenerse de aplicar el precepto 51, párrafo segundo, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, vigente hasta el treinta y uno de marzo de dos mil siete, en la esfera jurídica del quejoso; lo cual equivale a no efectuar en lo sucesivo los descuentos con motivo de la compatibilidad detectada." En razón de lo anterior, por auto de catorce de octubre de dos mil veinte, causó ejecutoria la sentencia y se requirió el cumplimiento correspondiente a las autoridades responsables Subdelegado de Prestaciones y Encargado del Departamento de Pensiones, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Con motivo de ello, mediante acuerdo de diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, se tuvo al Encargado de la Subdelegación de Prestaciones y, el Jefe del Departamento de Pensiones, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, remiendo copia certificada del acuse del oficio *** de veintiséis de enero del año en curso, signado por el referido Jefe del Departamento de Pensiones, dirigido al citado quejoso, mediante el cual, se dejó sin efectos el oficio ***, de diez de octubre de dos mil trece, por el cual, se determinó que se detectó compatibilidad de pensión, a partir del trece de abril de dos mil trece, al otorgarse la pensión por viudez ***, por lo que se dejó sin efecto la orden de descuento programada, por concepto *** compatibilidad". Asimismo, en el citado oficio ***, se precisó que se desincorporó definitivamente de la esfera jurídica del quejoso el artículo 51, párrafo segundo, de la abrogada Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, por lo que no se le aplicara en lo sucesivo descuentos por concepto de compatibilidad. Además, en relación al numerario que dejó de percibir el quejoso con motivo de la compatibilidad detectada, se precisó que resultó un saldo a favor por la cantidad de $978,204.84, cantidad que sería pagada a través de cuenta por liquidar, una vez que se presentará en el área de cajas de esa Delegación, con su clave interbancaria. En ese orden, mediante acuerdo de diecinueve de abril del año en curso, se tuvo a las autoridades responsables, informando que el aludido monto fue reintegrado al quejoso mediante cuenta por liquidar certificada (CLC); acreditando su dicho, a través de copia certificada de formato "Transferencias pagos SPEI enviados", trasferencia realizada el veinticinco de febrero del actual, emitida por la institución bancaria H.S.B.C. México, a la cuenta de dicho quejoso. Ahora, el examen comparativo que se realiza entre la ejecutoria de amparo y las actuaciones realizadas para dar cumplimiento, pone de manifiesto que las autoridades responsables cumplieron con la misma, toda vez que, dejaron sin efecto el oficio ***, de diez de octubre de dos mil trece, por el cual, se determinó que se detectó compatibilidad de pensión, a partir del trece de abril de dos mil trece, al otorgarse la pensión por viudez 1069552, además, se desincorporó definitivamente de la esfera jurídica del quejoso el artículo 51, párrafo segundo, de la abrogada Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado. Asimismo, reintegraron al quejoso el numerario que dejó de percibir a partir del trece de abril de dos mil trece, fecha con derecho a cobró a su pensión por viudez, con motivo de la compatibilidad detectada. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 196, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, es dable declarar cumplida la sentencia pronunciada en autos. Ahora bien, el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, obliga a los órganos de control constitucional, no sólo a emitir pronunciamiento sobre si está cumplida o no la ejecutoria de amparo, sino además a declarar si existió exceso o defecto en el cumplimiento (o si hay imposibilidad para cumplirla). Para ello, es necesario establecer con nitidez si la autoridad responsable, que se encontraba vinculada al acatamiento de una sentencia de amparo, la cumplió correctamente o si, por el contrario, al obedecerla lo hizo incorrectamente, ya sea porque incurrió en un exceso o en un defecto. En otras palabras, lo que se debe resolver es el modo como se trató de cumplir con la sentencia de amparo y, en su caso, determinar si no se hizo todo lo que se debía o se hizo más de lo ordenado. De manera que la resolución que se emita debe ser congruente y guardar correspondencia con los efectos de la protección constitucional establecidos en la ejecutoria de amparo o aquellos que natural y racionalmente deriven de ésta, sin que pueda alterarlos o modificarlos en virtud de su firmeza. En el caso particular, las autoridades responsables, acataron todos y cada uno de los alcances del fallo constitucional, como ya quedó relatado con anterioridad. De modo que las autoridades responsables, cumplieron correctamente con la sentencia de amparo, pues, realizaron todo lo que se debía y no realizó más de lo ordenado. En tales términos, de acuerdo con el segundo párrafo del artículo 196, de la Ley de Amparo, se determina que en el presente caso, no existe exceso o defecto en el cumplimiento del fallo protector. Resulta aplicable, por identidad jurídica, la tesis de jurisprudencia 1a./J. 120/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 774, Libro 2, Enero de 2014, Tomo II, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que es del tenor siguiente: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. MATERIA DE ESTUDIO DE DICHO RECURSO. La materia del recurso de inconformidad previsto en el artículo 201 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, conforme a su fracción I, la constituye la resolución que tenga por cumplida la ejecutoria de amparo, en los términos del artículo 196 de la propia ley; es decir, el estudio de legalidad de la determinación de la autoridad que haya conocido del juicio de amparo, en el sentido de que la ejecutoria ha sido cumplida totalmente. Por tanto, su análisis debe atender a la materia determinada por la acción constitucional, así como al límite señalado en la ejecutoria en que se otorgó la protección de la Justicia Federal, sin excesos ni defectos, y no a la legalidad de la resolución emitida por la autoridad responsable en aspectos novedosos que no fueron analizados por el juzgador de amparo. Así, el cumplimiento total de las sentencias, sin excesos ni defectos, a que se refiere el primer párrafo del citado artículo 196, supone el análisis y la precisión de los alcances y efectos de la ejecutoria, a partir de la interpretación del fallo protector y de la naturaleza de la violación examinada en él, para que, una vez interpretada esa resolución, se fijen sus consecuencias para lograr el restablecimiento de las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional de que se trate, sin que ello signifique que el juez pueda incorporar elementos novedosos a su análisis para extender los efectos precisados en el fallo a otras posibles violaciones aducidas por los quejosos, que no hayan sido motivo de protección por parte de la Justicia de la Unión." En otro orden, en acatamiento a lo dispuesto por el párrafo cuarto del citado ordinal 196 de la ley de la materia, y con fundamento, además, en los artículos 1, 15, 17, fracción II, 18, fracción I y 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15, del acuerdo en comento. Toda vez que en este juicio se concedió el amparo solicitado, deberá hacerse del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, dentro de los siguientes noventa días se procederá a su depuración, y posteriormente se transferirá al Depósito documental, que es el área destinada a la organización, conservación y consulta del archivo judicial, dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, conforme a lo establecido en el artículo 18, fracción I, inciso b), ultimo y antepenúltimo párrafos, del Acuerdo invocado. En otro orden, toda vez que este expediente se tramitó con incidente de suspensión, acuérdese lo relativo a su destino en ese propio cuaderno. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en la carátula del expediente. Notifíquese personalmente.
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