Ashley Rincón Suariano y Otros.
Expediente 1062/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1062/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 07/11/2022
Partes del expediente
- Ashley Rincón Suariano y Otros.
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siete de noviembre de dos mil veintidós. Visto; el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, residente en esta ciudad, por medio del cual remite testimonio de la ejecutoria relativa al recurso de queja 430/2021, interpuesto por la promovente Ashley Rincón suriano y los diversos quejosos Carlos Raúl Armendáriz Guerrero, Alejandro de Jesús Ballinas Velázquez, Osman Rodrigo Aguilar Tovilla, Isaac Ismael Ruiz Rosas, Ismael Santana Jaramillo, Erick Pérez Pedraza, Arturo Aguilar Pérez, Christian Iván Velázquez Figueroa, Luis Alberto Lopez Magdaleno, Víctor Manuel Farrera Sol, Luis Daniel Ocaña Salinas, Silberman Aispuro Aispuro y José Candelaria Ramírez, en contra del proveído de diecisiete de noviembre del dos mil veintiuno y devuelve el original del juicio de amparo 1062/2021. Por cuanto el Tribunal de Alzada resolvió lo siguiente: "PRIMERO. Es infundado el recurso de queja. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, glósese a los autos el oficio y anexo de cuenta. Remítase a la Superioridad el acuse de recibo respectivo. En relación con el cuaderno de antecedentes que se formó, no es necesario agregarlo a los presentes autos, pues sus originales se encuentran en el juicio; en consecuencia, se ordena su destrucción, glosándose al expediente de este sumario únicamente las actuaciones originales que obran en el mismo. De conformidad con lo establecido en el numeral 356, fracción II, del citado código procesal Civil, de aplicación supletoria a la ley de la materia, atendiendo a que el órgano colegiado oficiante declaró FIRME el auto de desechamiento; procede lo siguiente: ARCHIVO Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; ESTE EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso d), de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de amparo; además a juicio del suscrito, no tiene relevancia documental para su conservación. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Sin que se emita pronunciamiento respecto de los cuadernos incidentales, toda vez que no se aperturaron. REGISTROS CORRESPONDIENTES Como lo dispone el artículo 21, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio; y, una vez que transcurra el plazo de tres años, procédase a la destrucción del mismo, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. DOCUMENTOS PARA DEVOLVER Toda vez que no se advierten documentos exhibidos, susceptibles de devolución, se deja de proveer lo relativo. NOTIFÍQUESE POR LISTA Y POR OFICIO A LAS RELACIONADAS EN LA MINUTA. Así lo acordó y firma Félix Montejo Maldonado, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, en funciones de Juez de Distrito, atento al oficio CCJ/ST/3450/2020, de siete de diciembre de dos mil veinte, suscrito por el Maestro Vicente Adrián Rojas Álvarez, Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, ante María de Lourdes Méndez Sánchez, Secretaria del Juzgado, quien autoriza y da fe.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno. Visto, el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, por medio del cual remite copia certificada del proveído de diez de los corrientes, así como constancia de notificación practicada a la parte actora respecto de dicho auto, y pieza postal de dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, con la que acredita que envió la comunicación ordenada en dicho acuerdo para emplazar a juicio a la parte demandada DELATAM Comercializadora PURP Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable y/o quien o quienes resulten responsables de la fuente de trabajo; ello, en atención al mandamiento realizado el diecinueve de los cursantes. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en el numeral 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2.°, agréguense a los autos el oficio y anexos de mérito, asimismo, se le tiene en vías de cumplimiento y por acatado el mandamiento de mérito. No obstante a lo anterior, REQUIÉRASE NUEVAMENTE a la autoridad responsable, para que una vez que obtenga el resultado de la diligencia encomendada -emplazamiento de la parte demandada- remita de INMEDIATO las constancias correspondientes, así como lo que proveyó en consecuencia. En la inteligencia que deberá vigilar y dar seguimiento a su mandato, por lo que, en caso de advertir dilación, tendrá que efectuar los requerimientos condignos para su obtención. Apercibido, que de no cumplir con lo aquí ordenado o de no manifestar el impedimento que tenga para hacerlo, con fundamento en el artículo 193, de la Ley de Amparo, en relación con el 258, de la ley de la materia; SE LE IMPONDRÁ una multa de cien a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización contemplada en los párrafos sexto y séptimo del Apartado B, del artículo 26, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Además, en caso de no cumplir con los lineamientos de la ejecutoria, con fundamento en el artículo 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se ará inicio al incidente de inejecución de sentencia ante el Tribunal Colegiado de Circuito, quien de reiterar que existe incumplimiento, remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo del titular de la autoridad responsable y, en su caso, de su superior jerárquico; sin perjuicio de su consignación ante un juez del orden penal. NOTIFÍQUESE POR LISTA Y POR OFICIO AL RELACIONADO EN LA MINUTA.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno. Vista; la demanda de amparo promovida por Ashley Rincón Suariano, Carlos Raúl Armendáriz Guerrero, Alejandro de Jesús Ballinas Velázquez, Osman Rodrigo Aguilar Tovilla, Isaac Ismael Ruiz Rosas, Ismael Santana Jaramillo, Erick Pérez Pedraza, Arturo Aguilar Pérez, Christian Iván Velázquez Figueroa, Luis Alberto López Magdaleno, Víctor Manuel Farrera Sol, Luis Daniel Ocaña Salinas, Silberman Aispuro Aispuro, y José Candelaria Ramírez, contra los actos y autoridades que indican. I. Trámite. Fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado como juicio de amparo 1062/2021-VII, y dése de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). II. Desechamiento. Ahora bien, antes de proveer respecto de la procedencia de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113, de la Ley de Amparo y a la tesis: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA; INTERPRETACION AL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. De lo dispuesto por el artículo 145 de la ley de la materia, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías, deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse. Amén, de que cuando los actos reclamados en la respectiva demanda de amparo están fuertemente ligados entre sí formando una unidad o un todo de la que no es posible desmembrar, es necesario admitir la demanda y seguir los trámites correspondientes para dar oportunidad a que mediante los informes de las autoridades responsables y las pruebas que se rindan puedan confirmarse o desvanecerse los posibles motivos de improcedencia advertidos desde la iniciación del juicio y, de esa manera, evitar perjuicios irreparables al quejoso." Por lo cual este órgano jurisdiccional procede a examinar, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Ahora, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías e indudable significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual. De lo anterior se explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En vinculación, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, es obligación de este Órgano de Control Constitucional, realizar la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, por lo que de la lectura integral de la demanda de amparo, se desprende que los accionantes de los derechos fundamentales combaten lo siguiente: El inicio de ejecución del comunicado "Extra urgente" número Subjfa.Optva./SsOrgn./256/0240 fechado el once de octubre de dos mil veintiuno, con emisión de marca de agua a las 06:29 de catorce de octubre de dos mil veintiuno, emitido por la Comandancia General de la 33/a Zona Militar, por el que se somete a superior aprobación el Plan de Relevo de los integrantes de la Dirección General de Seguridad en Carreteras e Instalaciones, desplegados en los Estados de (1) Estado de México, (2) Baja California Sur, (3) Sinaloa, (4) Nuevo León, (5) Tlaxcala, (6) Chiapas, (7) Oaxaca, (8) Guerrero, (9) Quintana Roo, (10) Chihuahua, (11) Hidalgo, (12) Campeche, (13) Colima, (14) Puebla, (15) Veracruz, (16) Morelos, (17) Querétaro y (18) Tabasco, por personal de la Policía Militar, en las Coordinaciones Estatales de las citadas entidades de la República y su ejecución de forma personalizada, traducida en el cambio de adscripción de los quejosos. La ejecución del mensaje F.C.A No. Subjfa.Optva./Ss.Orgn./306/0377 de veinticuatro de octubre de dos mil veintiuno, girado por la Comandancia General, Guardia Nacional, referente al Plan General Integral 2021-2024 consolidar a la Guardia Nacional, por el cual se ordena integrar las listas nominales del personal pertenecientes a las Estaciones, Subestaciones y Aeropuertos en el Estado de Chiapas. El cumplimiento de la orden GN/Log./S.s.Obras e Instls./2670/17574, de tres de noviembre de dos mil veintiuno, por el cual se ordena la recepción de instalaciones de los Batallones de Seguridad en Carreteras e Instalaciones, ubicadas en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; San Cristóbal de las Casas, Chiapas; Tapachula, Chiapas y Tonalá, signado por el C. Oficial de Sv. en la Coordinación Policial Estatal, Oficial G.N.(Tte. Ofta.) José Lino Álvarez Cruz. El cumplimiento de la orden GN/S.Ops./8706/17078 de veinticinco de octubre de dos mil veintiuno signado por el Jefe Sec. Ops., de la Coordinación Estatal Chiapas de la Guardia Nacional, Inspector G.N. (Myr. Pol. Mil) Humberto David Vázquez Dolores y dirigido al Coordinador de Batallón de Seguridad en Coordinador de Batallón de Seguridad en Carreteras e Instalaciones Tuxtla Gutiérrez, mediante el cual en relación al mensaje F.C.A. del Plan General Integral 2021- 2024 para consolidar la Guardia Nacional, se ordena remitir a esa Coordinación Estatal para antes de las 14:00 horas del propio veinticinco de octubre de dos mil veintiuno en forma impresa y respaldada, la relación nominal del personal perteneciente a dicha Unidad a su mando, el cual se encuentra adscrito a las Estaciones, Subestaciones y Aeropuertos de esta entidad federativa. En ese sentido, se estima que en la especie se actualiza la causa de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracciones XII y XXIII, en relación con los diversos 6o. y 5o., fracción I, todos de la Ley de Amparo y 107, fracción I, constitucional. De la interpretación armónica de los citados artículos, se desprende que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos constitucionales y, con ello, se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al ordenamiento jurídico. Dicha normatividad, como puede apreciarse, establece como presupuesto procesal de la acción constitucional que la parte actora sea titular de un derecho o interés jurídico, o bien, un interés legítimo. El interés jurídico, reputado como un derecho reconocido por la ley, es lo que la doctrina jurídica conoce con el nombre de derecho subjetivo, es decir, como la facultad o potestad de exigencia cuya institución consigna la norma objetiva. Por ende, quien alega una afectación a su interés jurídico debe demostrar ser titular del derecho que aduce fue violado, y que derivado de esa violación resultó afectado en su esfera jurídica. Luego, existe interés jurídico cuando el peticionario del amparo tiene una tutela jurídica que se regula bajo determinados preceptos legales que le otorgan medios para lograr su defensa, así como la reparación del perjuicio que le irroga sudesconocimiento o violación, esto es, asiste interés jurídico a la parte quejosa cuando es titular de un derecho subjetivo público o privado que resulte lesionado por el acto de autoridad reclamado. La existencia de un derecho subjetivo supone la reunión de tres elementos: un interés exclusivo, actual y directo; el reconocimiento y tutela de ese interés por la ley, y que la protección legal se resuelva en la aptitud de su titular para exigir de la obligada la satisfacción de ese interés mediante la prestación debida. El interés es exclusivo, actual y directo, si es personal, existe al momento de promover el juicio constitucional y el bien perseguido por él conduce a la satisfacción de una necesidad del titular. Ese interés estará reconocido y protegido por la ley, cuando haya una norma jurídica creada para garantizar en forma directa e inmediata su satisfacción. Esto sucederá cuando de la norma surja una relación jurídica, en virtud de la cual una persona, sujeto activo, tenga el derecho de exigir la satisfacción de su interés y otra persona, sujeto pasivo, que podrá ser un particular, tratándose de derechos subjetivos privados, tenga el deber de satisfacer tal interés a través de una prestación de contenido positivo, de dar o hacer, o de contenido negativo, de no hacer. La concurrencia de ambos extremos determina a su vez la presencia del otro elemento de acuerdo con la norma invocada, que para hacer efectiva la tutela del interés, el orden jurídico conceda a su titular los medios orientados a su satisfacción, que pueden consistir en recursos o acciones judiciales. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad jurídica, la Jurisprudencia 1a./J. 168/20071, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS". De igual forma, la jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de encabezado "INTERÉS JURÍDICO. EN QUE CONSISTE". Por su parte, el interés legítimo se vincula con la exigencia de alegar una violación a un derecho constitucional y resentir una afectación en la esfera jurídica, por la especial situación que el quejoso ocupa frente al ordenamiento jurídico, según se advierte de la redacción de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, en la que se exceptúa expresamente a los actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. El interés legítimo no supone la existencia de un derecho subjetivo, aunque sí que la necesaria tutela jurídica corresponda a su "especial situación frente al orden jurídico", lo que implica que esa especial situación no supone ni un derecho subjetivo ni la ausencia de tutela jurídica, sino la de alguna norma que establezca un interés difuso en beneficio de una colectividad, identificada e identificable, lo que supone la demostración de que el quejoso pertenece a ella. Ilustra lo anterior, la tesis3 2a. XVIII/2013 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "INTERÉS LEGÍTIMO. ALCANCE DE ESTE CONCEPTO EN EL JUICIO DE AMPARO". Es pues, el interés legítimo, aquél interés personal - individual o colectivo-, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que pueda traducirse, si llegara a concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso, a diferencia del interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traduce en ningún tipo de beneficio personal para el interesado, y por ende, éste no supone afectación alguna a la esfera jurídica del quejoso en ningún sentido. Así, el interés legítimo se traduce en una legitimación intermedia entre el interés jurídico y el interés simple. Al respecto, cobra aplicación la tesis4 1a. XLIII/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala del Alto Tribunal, de epígrafe "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE". Como puede apreciarse, el interés legítimo abrió la gama de posibilidades para acudir al juicio de amparo, pues no se exige la acreditación, a cargo del quejoso, de la existencia de un derecho subjetivo conferido por las normas del ordenamiento jurídico o la necesidad de probar un daño individualizado susceptible de ser remediado mediante la concesión del amparo. Empero, dicho interés debe estar garantizado por un derecho objetivo (sin que necesariamente dé lugar a un derecho subjetivo) y debe haber una afectación a la esfera jurídica del quejoso en sentido amplio que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública o de cualquier otro tipo. En otros términos, el interés legítimo se actualizará, en la mayoría de los casos, cuando existan actos de autoridad, cuyo contenido normativo no está dirigido directamente a afectar derechos del quejoso, sino que, por sus efectos jurídicos irradiados colateralmente, le ocasiona un perjuicio o le priva de un beneficio en su esfera jurídica, justamente por la especial situación que tiene en el ordenamiento jurídico, en cuyo caso cabe hablar de un agravio personal e indirecto, en oposición al agravio personal y directo exigido por el interés jurídico. Lo anterior, impone al juez constitucional la obligación de analizar en el caso concreto las relaciones jurídicas en que se insertan las personas. Para ello no sólo interesa la relación directa de la autoridad o de la ley con el quejoso (dimensión vertical), sino el análisis integral de la red de relaciones jurídicas en que se encuentra, por ejemplo, con otros particulares (dimensión horizontal), en virtud de las cuales exista una correa de transmisión con los efectos perjudiciales de los actos reclamados. En suma, quien acude al juicio de amparo debe acreditar que le asiste interés jurídico, o en su caso, interés legítimo, para reclamar la insubsistencia del acto reclamado, y no inferirse con base en presunciones. En el primer supuesto debe demostrar, como elementos constitutivos del interés jurídico: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Así lo sostuvo la Segunda Sala del Alto Tribunal en diversas ejecutorias que dieron origen a la jurisprudencia5 2a./J. 51/2019 (10a.), de rubro "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS". En el particular, como se dijo, los actos que los quejosos señalan como reclamados, no constituyen actos que vulnere directamente algún derecho subjetivo público o produzca una afectación de imposible reparación. En efecto, para tener por acreditado el interés jurídico para efectos de la procedencia del juicio de amparo, se requiere que el acto reclamado lesione algún derecho del que sea titular el peticionario de amparo; de manera que, los actos combatidos en esta vía constitucional no afectan su interés jurídico, pues en primer término, el comunicado "Extra urgente" número Subjfa.Optva./SsOrgn./256/0240 de fecha once de octubre de dos mil veintiuno, con emisión de marca de agua a las 06:29 de catorce de octubre de dos mil veintiuno, emitido por la Comandancia General de la 33/a Zona Militar, por el que se somete a superior aprobación el Plan de Relevo de los integrantes de la Dirección General de Seguridad en Carreteras e Instalaciones, desplegados en los Estados de (1) Estado de México, (2) Baja California Sur, (3) Sinaloa, (4), Nuevo León, (5) Tlaxcala, (6) Chiapas, (7) Oaxaca, (8) Guerrero, (9) Quintana Roo, (10) Chihuahua, (11) Hidalgo, (12) Campeche, (13) Colima, (14) Puebla, (15) Veracruz, (16) Morelos, (17) Querétaro y (18) Tabasco, por personal de la Policía Militar, en las Coordinaciones Estatales de las citadas entidades de la República, y su ejecución de forma personalizada, traducida en el cambio de adscripción de los quejosos, no se encuentra dirigido específicamente a los hoy quejosos y, además, como se obtiene, dicho oficio se encuentra sujeto a aprobación. De igual forma, ese supuesto se actualiza respecto del acto consistente en el cumplimiento de la orden GN/S.Ops./8706/17078 de veinticinco de octubre de dos mil veintiuno signado por el Jefe Sec. Ops., de la Coordinación Estatal Chiapas Guardia Nacional, Inspector G.N. (Myr. Pol. Mil) Humberto David Vázquez Dolores, pues como los mismos quejosos aducen, dicha orden se encuentra dirigida al Coordinador de Batallón de Seguridad en Carreteras e Instalaciones Tuxtla Gutiérrez, y no así directamente a los hoy quejosos. Lo mismo ocurre con la orden GN/Log./S.s.Obras e Instls./2670/17574, de tres de noviembre de dos mil veintiuno, signado por el C. Oficial de Sv. en la Coordinación Policial Estatal, Oficial G.N.(Tte. Ofta.) José Lino Álvarez Cruz, por el cual se ordena la recepción de instalaciones de los Batallones de Seguridad en Carreteras e Instalaciones, ubicadas en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; San Cristóbal de las Casas, Chiapas; Tapachula, Chiapas y Tonalá, pues de igual forma esta se encuentra dirigida al Coordinador de Batallón de Seguridad en Carreteras e Instalaciones Tuxtla Gutiérrez, y no así directamente a los hoy quejosos. Ahora, por lo que respecta al diverso acto reclamado consistente en la ejecución del mensaje F.C.A No. Subjfa.Optva./Ss.Orgn./306/0377 de veinticuatro de octubre de dos mil veintiuno, girado por la Comandancia General, Guardia Nacional, referente al Plan General Integral 2021-2024 consolidar a la Guardia Nacional, por el cual se ordena integrar las listas nominales del personal pertenecientes a las Estaciones, Subestaciones y Aeropuertos en el Estado de Chiapas, ello tampoco consiste en un acto que vulnere directamente algún derecho subjetivo público o produzca una afectación de imposible reparación a los directos quejosos, toda vez que como lo aducen los peticionarios, únicamente es un mensaje F.C.A. del Plan General Integral 2021- 2024 para consolidar la Guardia Nacional, girado por la Comandancia General, por el que se ordena remitir la relación nominal del adscrito a las Estaciones, Subestaciones y Aeropuertos de esta entidad federativa, sin que los quejosos acrediten que dicho mensaje vaya dirigido directamente a ellos y que dicha cuestión les cause alguna afectación de imposible reparación, o bien, que se encuentren incluidos en la referida relación. Asimismo, no se soslaya que los quejosos manifiesten que dichos actos vulneran sus derechos, al formar parte del personal de la Guardia Nacional, adscritos a la Coordinación de Batallón de Seguridad en Carreteras e Instalaciones Chiapas; sin embargo, se estima que los actos reclamados se tratan únicamente de actos declarativos, a través de los cuales se emite un comunicado Subjfa.Optva./SsOrgn./256/0240, de fecha once de octubre de dos mil veintiuno, relativo al Plan de Relevo de los integrantes de la Dirección General de Seguridad en Carreteras e Instalaciones, desplegados en los Estados de (1) Estado de México, (2) Baja California Sur, (3) Sinaloa, (4), Nuevo León, (5) Tlaxcala, (6) Chiapas, (7) Oaxaca, (8) Guerrero, (9) Quintana Roo, (10) Chihuahua, (11) Hidalgo, (12) Campeche, (13) Colima, (14) Puebla, (15) Veracruz, (16) Morelos, (17) Querétaro y (18) Tabasco; asimismo un mensaje F.C.A No. Subjfa.Optva./Ss.Orgn./306/0377, de veinticuatro de octubre de dos mil veintiuno, girado por la Comandancia General, Guardia Nacional, referente al Plan General Integral 2021-2024 consolidar a la Guardia Nacional, y por consecuencia, las órdenes GN/S.Ops./8706/17078 de veinticinco de octubre de dos mil veintiuno signado por el Jefe Sec. Ops., de la Coordinación Estatal Chiapas de la Guardia Nacional, Inspector G.N. (Myr. Pol. Mil) Humberto David Vázquez Dolores, GN/Log./S.s.Obras e Instls./2670/17574, de tres de noviembre de dos mil veintiuno, signado por el C. Oficial de Sv. en la Coordinación Policial Estatal, Oficial G.N.(Tte. Ofta.) José Lino Álvarez Cruz, dirigidas al Coordinador de Batallón de Seguridad en Carreteras e Instalaciones Tuxtla Gutiérrez, a fin de que remita, la relación nominal del personal perteneciente a dicha Unidad a su mando, y recepcione las instalaciones de los Batallones de Seguridad en Carreteras e Instalaciones, ubicadas en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; San Cristóbal de las Casas, Chiapas; Tapachula, Chiapas y Tonalá, sin que dichas determinaciones estén dirigidas específicamente a los hoy quejosos, o bien, que se trate de algún oficio que en específico ordene el cambio de adscripción de los peticionarios, máxime que el primer oficio referido se encuentra sujeto a superior aprobación; de ahí que, se estime que hasta este momento, no se crean derechos o establecen consecuencias jurídicas para los peticionarios. De manera que, de conformidad con los artículos 5, fracción I y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, así como de la naturaleza y fines del juicio constitucional, se colige que es insuficiente que se aduzca una violación a los derechos fundamentales del gobernado para que el juicio de amparo sea procedente, pues es necesario que dicha violación le produzca una afectación real y actual en su esfera jurídica. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XII y XXIII, en relación con los diversos 6o. y 5o., fracción I, todos de la Ley de Amparo y 107, fracción I, constitucional, con fundamento en el numeral 63, fracción V, de dicho ordenamiento, SE DESECHA DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO POR NOTORIA IMPROCEDENCIA. III. Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con el artículo 21, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario o Secretarios adscritos a este juzgado puedan realizar las diligencias inherentes a sus funciones, cuando exista causa urgente que lo exija, debiendo hacerlo constar en el acta que se levante para tal efecto, cumpliendo con ello el imperativo previsto en el artículo 17, Constitucional. IV. Representante común, domicilio, autorizados, consulta electrónica del expediente, notificaciones electrónicas, medios electrónicos para la reproducción de constancias y medios de comunicación no procesal. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante común de los promoventes a Ashley Rincón Suariano, por así haberlo solicitado expresamente. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el ubicado en: Avenida México, Número Veintiocho, Bienestar Social Código Postal 29077, en esta ciudad. Asimismo, como lo solicitan los ocursantes, se autoriza la reproducción que solicitan a través de medios electrónicos en el expediente en que se actúa. Resulta aplicable al respecto la tesis I.1o.A.23 K (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Décima Época, con número de registro 2008986, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, Materia Común, página 1830, de rubro siguiente: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." En atención a la solicitud que realizan los accionantes de los derechos fundamentales, con apoyo en los artículos 34, 35, 36 y 37 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se autoriza la consulta en la vía que solicita, con el nombre de usuario "MarioECordero", en el sistema implementado por el Consejo de la Judicatura Federal en la dirección electrónica http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Login, debiendo corroborar sus credenciales de acceso a dicho portal. De la misma forma, en atención a lo dispuesto por los artículos 55 y 57 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se ordena en el presente juicio de amparo las notificaciones vía electrónica a la parte quejosa, con usuario "MarioECordero", debiendo observar las reglas establecidas en los dispositivos 30 y 31 de la ley de la materia. Por tanto, se instruye a los fedatarios de la adscripción y a la analista jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para el efecto de que den cumplimiento a lo ordenado en el párrafo que antecede. Asimismo, se tiene como autorizados en términos amplios, a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, a Mario Enrique Cordero Gallegos y Rusbel Mario Cordero Gallegos, toda vez que tienen inscrita su cédula profesional ante la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública; y en términos restringidos a que alude el citado numeral, a Iber de Jesús Aguilar Molina, Paola Alejandra del Carpio Selvas, Kenia Esmeralda Ocaña Madariaga, Luis Alberto Rojas Luna y Berenice de Jesús Aguilar Gómez, por así haberlo solicitado expresamente. Por otra parte, no ha lugar a ordenar que las notificaciones en el presente juicio se practiquen a la parte quejosa en el correo electrónico que proporciona, ya que dicho medio de comunicación, no se encuentra establecido, ni reconocido en la Ley de Amparo, ni en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, para tales efectos. Finalmente, respecto al correo electrónico que proporciona, únicamente tómese nota del mismo, ya que de conformidad con el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-2019, el correo electrónico y números telefónicos solo son un medio para entablar comunicaciones, no procesales con las partes. V. Transparencia y acceso a la información. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Asimismo, téngase a los promoventes oponiéndose a la publicación de sus datos personales, para los efectos legales respectivos. NOTIFÍQUESE ELECTRÓNICAMENTE A LA PARTE PROMOVENTE. Así lo acordó y firma Félix Montejo Maldonado, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, en funciones de Juez de Distrito, atento al oficio CCJ/ST/3450/2020, de siete de diciembre de dos mil veinte, suscrito por el Maestro Vicente Adrián Rojas Álvarez, Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, ante María de Lourdes Méndez Sánchez, Secretaria del Juzgado, quien autoriza y da fe.
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