Arturo Velázquez Farrera
Expediente 486/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 16 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 486/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 13/09/2023
Partes del expediente
- Arturo Velázquez Farrera
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Incidental
Vista la certificación secretarial de la cual se advierte que con esta fecha, se ordenó el archivo del juicio de amparo que dio origen al presente incidente, y se decretó acordar lo relativo en el cuaderno en que se actúa. Al efecto, se acuerda: Ahora bien, toda vez que la presente incidencia se trata de un asunto en el que se concedió en definitiva la suspensión solicitada, misma que no fue controvertida por ninguna de las partes; se ordena lo siguiente: A. ARCHIVO En consecuencia, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio de dos mil veintitrés, se ordena el archivo del cuaderno incidental. B. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE Atento a lo dispuesto en artículo 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, supracitado; se determina que el presente expediente es susceptible de conservación al actualizarse la hipótesis contenida en el artículo 17, fracción III, inciso b), en relación con el precepto 34, de dicho acuerdo, pues se trata de un expediente en donde se concedió en definitiva la medida cautelar solicitada, hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha tal como lo dispone el numeral 17 del citado cuerpo normativo. Por otro lado, tomando en consideración que en la presente incidencia, se ordenó formar duplicado del cuaderno en que se actúa, se determina que dicho expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, previo cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 19, fracción II, inciso a), del multicitado acuerdo. C. REGISTROS CORRESPONDIENTES Como lo dispone el artículo 17, del Acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente incidente; y, una vez que transcurra el plazo de tres años, procédase a la transferencia para la conservación del mismo, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. D. DESTINO DE GARANTÍAS Toda vez que en el presente no se exhibieron se deja de acordar al respecto. E. DOCUMENTOS Y TOMOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES No se advierten documentos susceptibles de devolución exhibidos por las partes; por tanto, se deja de proveer lo relativo. NOTIFÍQUESE POR LISTA.
- Principal
Visto el oficio signado por el Secretario del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa de la remisión del testimonio de la ejecutoria dictada dentro del recurso de revisión ********************, de su estadística (la cual adjunta); además remite el original del juicio de amparo indirecto 486/2022, del índice de este juzgado; finalmente, solicita acuse de recibo. Al efecto, se acuerda: I. Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, remite ejecutoria. Con apoyo en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, glósese a los autos la comunicación de cuenta; y ténganse por recibidos la ejecutoria de treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, dictada dentro del recurso de revisión ********************, del índice del Tribunal Colegiado oficiante, así como del original del juicio de amparo indirecto 486/2022, del índice de este juzgado. Acúsese de recibo de estilo correspondiente. Realícese las anotaciones correspondientes en los Libros Electrónicos del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora bien, hágase del conocimiento de las partes los resolutivos de la ejecutoria pronunciada por la Superioridad: "[...] PRIMERO. Se Confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se Sobresee en el juicio de amparo indirecto promovido por ********************, en relación con los actos reclamados y autoridades responsables precisados en los considerandos segundo, cuarto y resolutivo primero de la sentencia recurrida. [...]" II. Destino del cuaderno de antecedentes. Agréguese las constancias posteriores al envío de los autos que obran en el cuaderno de antecedentes; asimismo se precisa que en cumplimiento a lo dispuesto en artículo 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio de dos mil veintitrés; se determina que el expediente de antecedentes de trato, es susceptible de destrucción, de conformidad con lo que dispone el artículo 19, fracción I, inciso a) del invocado Acuerdo, en razón de que se trata de un cuaderno auxiliar formado con motivo del recurso de referencia; además, de no advertirse la actualización de alguna de las hipótesis de relevancia documental ni contener documentación clasificada como reservada, para su conservación, establecida en los acápites penúltimo y final, del numeral 19 en mención. Hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha tal como lo disponen los numerales 21, 22 y 23 del citado cuerpo normativo. III. Destino del expediente. Ahora bien, toda vez la sentencia constitucional pronunciada en el presente asunto adquirió firmeza, al haber sido desestimado el recurso de revisión que hiciera valer la parte quejosa, por parte del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, dentro del medio recursivo ********************, de su índice; se ordena lo siguiente: A. ARCHIVO Ahora bien, toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en los Libros Electrónicos de Registro de este órgano jurisdiccional. B. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE Atento a lo dispuesto en artículo 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de referencia; se determina que el presente expediente es susceptible de destrucción al actualizarse la hipótesis contenida en el artículo 20, fracción I, en relación con el precepto 34, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que sobreseyó respecto de los actos reclamados; lo que fue confirmado por la Superioridad al resolver el recurso de revisión ********************, de su índice; además, de no advertirse la actualización de alguna de las hipótesis de relevancia documental ni contener documentación clasificada como reservada, para su conservación, establecida en los acápites penúltimo y final, del numeral 20 en mención. Hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha tal como lo disponen los numerales 21, 22 y 23 del citado cuerpo normativo. C. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Toda vez que, en el presente se formó por separado incidente de suspensión, provéase lo conducente en el cuaderno incidental. D. REGISTROS CORRESPONDIENTES Como lo dispone el artículo 20, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio; y, una vez que transcurra el plazo de tres años, procédase a la destrucción del mismo, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. E. DOCUMENTOS Y TOMOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES Toda vez que no se advierten documentos susceptibles de devolución; por tanto, se deja de proveer lo relativo. NOTIFÍQUESE POR LISTA Y POR OFICIO A LAS RELACIONADAS EN LA MINUTA.
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Vistos; I. El oficio SEADS/692/2022, de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, emitido por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, residente en la Ciudad de México; a través del cual comunica la adscripción de la Jueza Ana Luisa Mendoza Álvarez, como titular de este órgano jurisdiccional a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintidós. II. El diverso signado por el Secretario del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del diverso 486/2022 y anexos, e informa que admitió el recurso de revisión interpuesto en contra de la resolución de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, ***, parte quejosa, el cual fue registrado bajo el número 745/2022. Al efecto, se acuerda: En atención a lo precisado en el punto I que antecede, se hace saber a las partes la adscripción de la titular de este Juzgado. Lo anterior, de conformidad en la jurisprudencia 104/2010 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO". Tocante al diverso punto II de prelación, con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2º, glósese a los autos el oficio de cuenta para que obre como corresponda, téngase a la Superioridad acusando de recibo del recurso referido en el párrafo que antecede; hágase las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE POR LISTA.
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C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracción III , de la Constitución General de la República; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo; con relación al 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como de los Acuerdos Generales 3/2013 y 16/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, amén de que el acto reclamado, se atribuye a autoridades circunscritas en razón de territorio a la jurisdicción de este juzgado. Segundo. Fijación clara y precisa de los actos reclamados y de las autoridades responsables. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y en cumplimiento a lo dispuesto en la tesis jurisprudencial P./J.40/2000 del Pleno de nuestro Máximo Tribunal de Justicia; asimismo atendiendo al contenido del estudio integral de su demanda, se acota tanto las autoridades responsables, como los actos reclamados. Autoridades responsables: (1) Administración Desconcentrada de Recaudación de Chiapas "1" del Servicio de Administración Tributaria. (2) Registro Público de la Propiedad y del Comercio. Actos reclamados: El embargo e imposición de gravamen registrada con el número 136174 de veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete, realizado sobre el bien inmueble ubicado en: Fraccionamiento Santa Clara, manzana diez, lote tres, con folio real 183984, registrado bajo el número 143, libro 259-AUXI.M, sección 1. Su ejecución. Tercero. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables por así haberlo reconocido al rendir sus respectivos informes justificados. Certeza que se corrobora, con las copias certificadas de las actuaciones efectuadas dentro del procedimiento administrativo de ejecución 394030, del índice del Órgano Interno de Control de Pemex refinación, que remitió en apoyo a su informe justificado; documental a la que se le concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, porque se trata de actuaciones emitidas por autoridad en el ejercicio de su encargo. Cuarto. Estudio oficioso de las causales de improcedencia. Por ser una cuestión de orden público y, por ende, de análisis preferente, se procede a determinar si existen causas que impliquen la improcedencia de la acción de amparo intentada, ya sea que las hagan o no valer las partes, o bien, que de oficio se advierta, acorde con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, e impida el análisis de fondo de la cuestión debatida. Lo anterior, en aplicación de la tesis de jurisprudencia número II.1°.J./5, que es del tenor literal siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En ese contexto, se estima que, por cuanto hace a los actos reclamados, se actualiza la causa de improcedencia que deriva del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario, porciones normativas que son del tenor literal siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a).- La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso a), de la ley de la materia, cuando el acto reclamado emana de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, el amparo procederá sólo contra la resolución definitiva, en la que se podrán reclamar las violaciones cometidas en el procedimiento, a menos que sea promovido por un extraño a la controversia, en cuyo caso será procedente el juicio en cualquier momento. Sobre el tema, al resolver el amparo en revisión 2180/96, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que tales directrices de procedencia son aplicables al procedimiento administrativo de ejecución previsto en el Código Fiscal de la Federación, por las razones siguientes: "(.) Es importante tener en cuenta que el procedimiento administrativo de ejecución en comento es la actividad administrativa que desarrolla el Estado para hacer efectivos en vía de ejecución forzosa los créditos fiscales a su favor, también conocido como facultad económico-coactiva. De lo dispuesto por los mencionados artículos 145 a 196 del Código Fiscal de la Federación se desprende que el procedimiento administrativo de ejecución se efectúa mediante una serie de actos que tienen su inicial orientación en lo que dispone el artículo 145 del Código Fiscal Federal, en cuanto a que las autoridades fiscales exigirán el pago de los créditos fiscales que no hubieren sido cubiertos o garantizados dentro de los plazos señalados por la ley, mediante el procedimiento administrativo de ejecución. Para ello, a partir de la fecha de exigibilidad del crédito fiscal el ejecutor designado por el jefe de la oficina exactora puede constituirse en el domicilio del deudor para practicar la diligencia de requerimiento de pago y, en el supuesto de no hacerlo en el acto, se procederá al embargo de bienes suficientes para, en su caso, rematarlos o enajenarlos fuera de subasta o adjudicarlos en favor del fisco, o bien el embargo de negociaciones con todo lo que de hecho y por derecho les corresponda, a fin de obtener, mediante la intervención de ellas, los ingresos necesarios que permitan satisfacer el crédito fiscal y los accesorios legales. Los bienes o negociaciones embargados se dejarán bajo la guarda del o de los depositarios que sean necesarios, los que serán nombrados y removidos libremente, pero bajo su responsabilidad, por los jefes de las oficinas ejecutoras. También se establecen las formalidades a que debe sujetarse la diligencia de embargo, indicando cuáles son las facultades del ejecutor, los derechos del ejecutado, los bienes exceptuados de embargo, etcétera, así como que al finalizar la diligencia se levante acta pormenorizada y se entregue una copia a la persona con la que se entendió la diligencia. En los mencionados artículos se comprende también que una vez trabado el embargo se procederá a la enajenación de los bienes, para lo cual debe fijarse la base para su enajenación, mediante los avalúos tanto de la autoridad exactora como del obligado y, en ciertos casos, el valor que fijen de común acuerdo la autoridad y el embargado en un plazo determinado. Se establece lo conducente para la convocatoria para el remate, la postura legal, las formalidades que deben observarse para realizar el remate, la procedencia de segunda almoneda, la venta fuera de subasta, la adjudicación al fisco, etcétera. Luego, fincado el remate y pagado el precio, se lleva a cabo la adjudicación y entrega de los bienes rematados al adquirente y la aplicación del producto de los bienes rematados para cubrir el crédito fiscal y sus accesorios legales. En conclusión, el procedimiento administrativo de ejecución es un conjunto de actos concatenados por medio de los cuales se pretende la obtención, por vía coactiva, del crédito fiscal debido por el deudor. Es cierto que el procedimiento de ejecución es administrativo porque tanto el órgano que lo ejecuta es la administración pública, como porque materialmente no tiene como finalidad la resolución entre partes contendientes, por lo que no teniendo como supuesto una controversia, no puede decirse, en rigor, que se trate de actos administrativos seguidos en forma de juicio, en los términos literales del artículo 114, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, pero igualmente resulta que de la interpretación relacionada de este párrafo con el último de la fracción III del mismo ordenamiento, acerca de que el amparo contra remates sólo procede contra la resolución definitiva que los apruebe o desapruebe, se infiere que operan las mismas razones para la procedencia del juicio hasta que se da la última resolución. En efecto, aun cuando en la hipótesis de los preceptos reclamados no se está en presencia de actos desarrollados en forma de juicio -como ya se indicó-, sí existe una serie coherente y concordante de actos tendientes a la obtención ejecutiva del cumplimiento de una obligación con base en una liquidación firme, similar en esto a una sentencia ejecutoriada. Así como la sentencia es título ejecutivo, la liquidación fiscal firme constituye la prueba legal de la existencia del crédito, de su liquidez y de su inmediata reclamación, y como tal, dentro del procedimiento de ejecución por constituir un presupuesto formal de éste, debiendo precisarse que la ejecución forzosa brinda la posibilidad de hacer efectivos los créditos fiscales que se encuentren firmes y líquidos sin la necesidad de acudir a los tribunales para una previa aprobación. Como ilustración, conviene tener presente que sobre el particular, el tratadista Gabino Fraga dice: 'Esta posibilidad de acción directa constituye lo que en la doctrina se conoce con el nombre de carácter ejecutorio de las resoluciones administrativas.', y sigue diciendo: 'Esta solución está fundada en la necesidad de que las atribuciones del Estado que la legislación positiva ordena se realicen en forma administrativa no estén sujetas a las trabas y dilaciones (sic) significarían la intervención de los tribunales y el procedimiento judicial.'. En otro orden señala que está convencido de la absoluta necesidad de que el poder administrativo sea el que tenga en sus manos la posibilidad de hacer efectivos los impuestos, de otra manera se vería en apuros para poder realizar las atribuciones que le están encomendadas. De acuerdo con la precisada naturaleza del procedimiento administrativo de ejecución en comento, se justifica que el juicio de amparo sólo proceda hasta que se dicte en él la resolución definitiva en que se apruebe o desapruebe el remate, de lo cual se infiere que tratándose de actos administrativos dentro de un procedimiento de ejecución fiscal, sólo procede el amparo en contra de la resolución con que culmina dicho procedimiento, pudiéndose reclamar válidamente, en tal oportunidad, todas las violaciones cometidas dentro de dicho procedimiento. De lo contrario, si se estimara procedente el juicio de amparo contra cada uno de los actos procesales de modo aislado, se obstaculizaría injustificadamente la secuencia ejecutiva, lo cual no debe permitirse aunque se reclame la inconstitucionalidad de las leyes que a ese procedimiento rigen. Desde esa óptica, debe aceptarse la interpretación relacionada de las fracciones II y III del artículo 114 de la Ley de Amparo, de la que se desprende que, en lo conducente, la intención del legislador ha sido la de que no se entorpezcan, mediante la promoción del juicio de garantías, los procedimientos de ejecución fundados en resoluciones o sentencias definitivas, a pesar de que éstas no deriven de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. En ese orden de ideas, como lo expuso el Juez de Distrito, en el caso debe observarse, por analogía, la tesis número V/96 sustentada por esta Segunda Sala, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, febrero de 1996, página 263, que dice: 'AMPARO CONTRA UNA LEY CON MOTIVO DE UNA RESOLUCIÓN DICTADA DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA, O EN EL DE REMATE. SÓLO PROCEDE CUANDO SE RECLAMA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA RESPECTIVA. El en artículo 114, fracción III, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Amparo, establece que cuando se trata de actos de ejecución de sentencia, el juicio de amparo indirecto sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso, y que tratándose de remates, sólo podrá promoverse contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Esta regla específica de procedencia del juicio de amparo indirecto rige incluso cuando la resolución dictada dentro del procedimiento de ejecución de sentencia, que no es la definitiva, constituye el primer acto de aplicación de una ley en perjuicio del quejoso y se reclame también ésta, pues esos actos procesales tienen como base la existencia de una sentencia que tiene el carácter de cosa juzgada, cuya ejecución no debe obstaculizarse, de modo que, mientras no se emita la resolución definitiva correspondiente, los actos realizados dentro de ese procedimiento, así como el problema de inconstitucionalidad del precepto legal aplicado, no podrán impugnarse a través del juicio de amparo indirecto, sino hasta que se pronuncie la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución, y si se trata del remate, contra la resolución que lo apruebe o desapruebe.'. Asimismo, la tesis visible en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volúmenes 91-96, Sexta Parte, página 81, que dice: 'EJECUCIÓN, ACTOS ADMINISTRATIVOS DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO DE. AMPARO IMPROCEDENTE. Si en el juicio de garantías se reclaman actos administrativos emanados de un procedimiento de ejecución, ello hace improcedente el juicio constitucional, ya que tratándose de estos actos, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en ese procedimiento, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieran dejado sin defensa al quejoso (artículo 114, fracción II, de la Ley de Amparo). Si en la transcripción del acto reclamado aparece que éste se hace consistir en mandamiento de ejecución, jurídicamente dicho acto sólo podrá reclamarse hasta que se dicte la última resolución en el procedimiento administrativo de ejecución, todo lo cual conduce a estimar que el juicio de garantías es improcedente atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XVIII, y 114, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, y procede decretar el sobreseimiento en el mismo, de conformidad con lo dispuesto en la fracción III del artículo 73 (sic) del mismo ordenamiento.'. En las condiciones relatadas, debe estimarse actualizada la causa de improcedencia prevista por la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con las fracciones II y III del artículo 114 de la misma legislación, interpretadas éstas en sentido contrario; lo que conduce a sobreseer en el juicio con apoyo en lo establecido por el artículo 74, fracción III, de la ley de la materia.-En conclusión, los agravios aducidos resultan infundados y, por tanto, debe confirmarse la sentencia sujeta a revisión..." Del precedente en cuestión y sus reiteraciones derivó la jurisprudencia 17/98 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 187, tomo VII, abril de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "EJECUCIÓN, PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE. EL AMPARO CONTRA RESOLUCIONES DICTADAS EN AQUÉL SÓLO PROCEDE CUANDO SE RECLAMA LA DEFINITIVA, A PESAR DE QUE SE IMPUGNE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES. El procedimiento administrativo de ejecución regulado por los artículos 145 a 196 del Código Fiscal de la Federación no tiene como finalidad la resolución de alguna controversia entre partes contendientes, por lo que en rigor no puede decirse que se trate de un procedimiento seguido en forma de juicio, en los términos literales del artículo 114, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, pero consta de una serie coherente y concordante de actos tendientes a la obtención ejecutiva del cumplimiento de una obligación con base en una liquidación firme que constituye la prueba legal de la existencia del crédito, de su liquidez y de su inmediata reclamación y, como tal, presupuesto formal del comentado procedimiento de ejecución, similar en estos aspectos a una sentencia ejecutoriada. Por tanto, se justifica que el juicio de amparo sólo pueda promoverse hasta que se dicte en el citado procedimiento de ejecución fiscal la resolución con la que culmine, es decir, la definitiva en que se apruebe o desapruebe el remate, pudiéndose reclamar en tal oportunidad todas las violaciones cometidas dentro de dicho procedimiento. De lo contrario, si se estimara procedente el juicio de garantías contra cada uno de los actos procesales de modo aislado, se obstaculizaría injustificadamente la secuencia ejecutiva, lo cual no debe permitirse aunque se reclame la inconstitucionalidad de las leyes que rigen ese procedimiento, ya que de la interpretación relacionada de la citada fracción II del artículo 114 de la Ley de Amparo, acerca de que el amparo contra remates sólo procede contra la resolución definitiva que los apruebe o desapruebe, y de la fracción III del mismo precepto legal, se desprende que, en lo conducente, la intención del legislador ha sido la de que no se entorpezcan, mediante la promoción del juicio constitucional, los procedimientos de ejecución fundados en resoluciones o sentencias definitivas, a pesar de que éstas no deriven de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, por lo que operan las mismas razones para sostener que, tratándose del mencionado procedimiento, el juicio de amparo puede promoverse hasta que se dicte la última resolución que en aquél se pronuncie." A partir de ello, se concluye que el juicio de amparo promovido contra actos suscitados durante el procedimiento administrativo de ejecución sólo será procedente contra la resolución definitiva que en él se dicte, pues si bien no es propiamente un juicio o un procedimiento seguido en forma de juicio, lo cierto es que comparte las características de los procedimientos de ejecución de aquéllos; esto es, está integrado por una serie de actos coherentes y concordantes tendentes a obtener el cumplimiento de una obligación firme, situación ante la cual no podría justificarse la procedencia del juicio de amparo contra cada acto, pues se obstaculizarían injustificadamente los señalados procedimientos de ejecución de sentencias o resoluciones firmes. Es fundamental señalar, además, que dicha improcedencia se surtirá aun cuando se reclame mediante el juicio de amparo una norma de carácter general, pues adoptar un criterio contrario implicaría que la procedencia del juicio quedara al arbitrio del quejoso, ya que bastaría con que impugnara una norma para que procediera, con lo cual no se cumpliría con la finalidad de evitar la paralización u obstaculización indiscriminada del procedimiento administrativo de ejecución. Ahora bien, el mandamiento de ejecución constituye la actuación que apertura el procedimiento administrativo de ejecución, por ser el acto que ordena los actos tendientes a obtener el pago de algún crédito fiscal. Luego, previa existencia de un mandamiento de ejecución, el procedimiento administrativo de ejecución, como tal, inicia al requerir al contribuyente el pago de un crédito. Asimismo, el procedimiento administrativo de ejecución previsto para exigir el pago de los créditos fiscales que no hubieren sido cubiertos o garantizados dentro de los plazos señalados por la ley, de conformidad con los numerales del Capítulo III, intitulado "Del Procedimiento Administrativo de Ejecución" del Código Fiscal de la Federación (artículos 151 al 168); se integra básicamente por cuatro etapas: 1. Requerimiento de pago de los créditos fiscales y Embargo de bienes (artículo 151 del Código Fiscal de la Federación); 2. Embargo de bienes (artículo 151 a 163 del Código Fiscal de la Federación); 3. En su caso, la intervención de la negociación embargada (artículos 164 a 172 del Código Fiscal de la Federación); y, 4. Remate de los bienes embargados y Adjudicación (artículos 173 a 196-B Código Fiscal de la Federación). En el caso concreto, los actos reclamados en el presente asunto, son emitidos dentro del procedimiento administrativo de ejecución. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, los actos emitidos en dicho procedimiento administrativo y que no constituyan la resolución final, no podrán ser cuestionados en sede constitucional por su sola emisión, pues será factible su estudio como violaciones al procedimiento cuando se reclame la resolución definitiva. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 2a./J. 17/98 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece lo siguiente: "EJECUCIÓN, PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE. EL AMPARO CONTRA RESOLUCIONES DICTADAS EN AQUÉL SÓLO PROCEDE CUANDO SE RECLAMA LA DEFINITIVA, A PESAR DE QUE SE IMPUGNE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES. El procedimiento administrativo de ejecución regulado por los artículos 145 a 196 del Código Fiscal de la Federación no tiene como finalidad la resolución de alguna controversia entre partes contendientes, por lo que en rigor no puede decirse que se trate de un procedimiento seguido en forma de juicio, en los términos literales del artículo 114, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, pero consta de una serie coherente y concordante de actos tendientes a la obtención ejecutiva del cumplimiento de una obligación con base en una liquidación firme que constituye la prueba legal de la existencia del crédito, de su liquidez y de su inmediata reclamación y, como tal, presupuesto formal del comentado procedimiento de ejecución, similar en estos aspectos a una sentencia ejecutoriada. Por tanto, se justifica que el juicio de amparo sólo pueda promoverse hasta que se dicte en el citado procedimiento de ejecución fiscal la resolución con la que culmine, es decir, la definitiva en que se apruebe o desapruebe el remate, pudiéndose reclamar en tal oportunidad todas las violaciones cometidas dentro de dicho procedimiento. De lo contrario, si se estimara procedente el juicio de garantías contra cada uno de los actos procesales de modo aislado, se obstaculizaría injustificadamente la secuencia ejecutiva, lo cual no debe permitirse aunque se reclame la inconstitucionalidad de las leyes que rigen ese procedimiento, ya que de la interpretación relacionada de la citada fracción II del artículo 114 de la Ley de Amparo, acerca de que el amparo contra remates sólo procede contra la resolución definitiva que los apruebe o desapruebe, y de la fracción III del mismo precepto legal, se desprende que, en lo conducente, la intención del legislador ha sido la de que no se entorpezcan, mediante la promoción del juicio constitucional, los procedimientos de ejecución fundados en resoluciones o sentencias definitivas, a pesar de que éstas no deriven de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, por lo que operan las mismas razones para sostener que, tratándose del mencionado procedimiento, el juicio de amparo puede promoverse hasta que se dicte la última resolución que en aquél se pronuncie." Ahora, de las constancias que exhibieron, las autoridades responsables valoradas con antelación, se advierte que en el requerimiento de pago y/o embargo de crédito fiscal folio 394030, de veintidós de junio de dos mil diecisiete, se encuentra dirigido al Arturo Velázquez Farrera; se practicó la diligencia de notificación y embargo sobre el inmueble ubicado en el fraccionamiento Santa Clara, manzana diez, lote tres, con folio real 183984, del que solicitó su inscripción en Registro Público de la Propiedad y de Comercio de esta ciudad, mediante oficio 18-576-OIC-AR-O-1571-2012, con motivo del fincamiento de responsabilidad administrativa. Resulta aplicable la jurisprudencia, a contrario sensu, 2a./J. 11/2013 (10a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone lo siguiente: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar las fracciones II y III del artículo 114 de la Ley de Amparo, ha establecido que, por regla general, el juicio de amparo es improcedente contra actos dictados dentro del procedimiento administrativo de ejecución, ya que el quejoso debe esperar a que se dicte la última resolución en ese procedimiento, para poder reclamar las violaciones procesales que se hubieren cometido, a fin de no obstaculizar injustificadamente la secuencia ejecutiva; sin embargo, cuando reclama un acto dictado dentro del citado procedimiento, alegando que desconoce el crédito fiscal que la autoridad pretende hacerle efectivo, se actualiza una excepción a la regla general mencionada, toda vez que comparece como persona extraña a la controversia, ya sea por no haber figurado como parte en el procedimiento de origen, por no haber sido llamado o por no habérsele notificado la resolución determinante del crédito fiscal, lo que hace innecesario que espere al dictado de la resolución final en la secuela ejecutiva para impugnar los actos intraprocesales en amparo, así como interponer los medios ordinarios de defensa procedentes contra el acto reclamado, al actualizarse la hipótesis de procedencia a que se refiere la fracción V del precepto citado; lo anterior, siempre que no se desvirtúe plenamente el carácter de tercero extraño con el que compareció, ya que en tal supuesto el juicio será improcedente." En la jurisprudencia antes invocada, si bien se reitera la regla general relativa a que el juicio de amparo es improcedente cuando se reclamen actos intermedios del procedimiento administrativo de ejecución, se incorpora una excepción atinente a que el contribuyente desconozca el crédito fiscal que la autoridad pretende hacerle efectivo, pues en ese supuesto debe equipararse a un tercero extraño. Así, de la ejecutoria que dio origen a la citada jurisprudencia se observa: "QUINTO. Deben prevalecer con el carácter de jurisprudencia los criterios de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para resolver el primer punto de contradicción, conviene destacar que esta Segunda Sala, al interpretar las fracciones II y III del artículo 114 de la Ley de Amparo, ha sostenido que la intención del legislador ha sido que no se entorpezcan, mediante la promoción del juicio constitucional, los procedimientos de ejecución fundados en resoluciones o sentencias definitivas, a pesar de que éstas no deriven de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Así, ha establecido que, tratándose del procedimiento administrativo de ejecución, el amparo sólo puede promoverse hasta que se dicte la resolución con la que culmine el citado procedimiento, pudiéndose reclamar en tal oportunidad todas las violaciones cometidas dentro del mismo, ya que de lo contrario, se obstaculizaría injustificadamente la secuencia ejecutiva. Las anteriores consideraciones dieron lugar a la jurisprudencia 2a./J. 17/98, de rubro: 'EJECUCIÓN, PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE. EL AMPARO CONTRA RESOLUCIONES DICTADAS EN AQUÉL SÓLO PROCEDE CUANDO SE RECLAMA LA DEFINITIVA, A PESAR DE QUE SE IMPUGNE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES'. En ese sentido, debe concluirse que, por regla general, el juicio de amparo es improcedente contra actos dictados dentro de un procedimiento administrativo de ejecución, ya que el quejoso debe esperar a que se dicte la última resolución en ese procedimiento, en donde se podrán reclamar las violaciones procesales que se hubieren cometido, a fin de no obstaculizar injustificadamente la secuencia ejecutiva. Sin embargo, la citada regla general admite excepciones. El artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo, establece que el juicio de amparo es procedente contra actos ejecutados dentro o fuera de juicio, que afecten a personas extrañas a él, cuando la ley no establezca a favor del afectado algún recurso ordinario o medio de defensa que pueda tener por efecto modificarlos o revocarlos. Es importante destacar que si bien esta disposición se refiere a los actos dictados dentro o fuera de juicio, es aplicable, por analogía, a los actos dictados en los procedimientos administrativos de ejecución, pues como se ha visto, éstos se asemejan, por sus características, a los actos dictados fuera de juicio tendientes a la ejecución de una sentencia; aunado a que tienen la misma finalidad, esto es, obtener el cumplimiento de una resolución que ha quedado firme, en el caso de un procedimiento administrativo de ejecución, de un crédito fiscal. Asimismo, es necesario mencionar que aun cuando el precepto que se analiza establece que la procedencia del juicio de amparo está condicionada a que la ley no establezca a favor del promovente recursos ordinarios o medios de defensa por los cuales el acto reclamado pueda ser revocado o modificado, este Alto Tribunal ha sostenido que el tercero no está obligado a agotar los recursos ordinarios previamente a la promoción del juicio de amparo. Ahora bien, la persona extraña al procedimiento a que se refriere el citado precepto -identificada también con el concepto de 'tercero extraño'-, es aquélla que no figura parte formal y material en la controversia, pero que resiente el perjuicio en su esfera jurídica con los actos que en ese conflicto se emiten; asimismo, este Alto Tribunal ha establecido que se equipara a un tercero extraño aquélla persona que habiendo figurado como parte formal y material en la contienda, no fue llamada o se le llamó de manera incorrecta. En ese sentido, es posible concluir que cuando el quejoso reclama un acto dictado dentro del procedimiento administrativo de ejecución, alegando que desconoce el crédito fiscal que se le pretende hacer efectivo, se actualiza una excepción a la regla general que impide reclamar actos dictados dentro del procedimiento administrativo de ejecución, esto es, se surte la hipótesis de procedencia prevista por el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo, toda vez que el quejoso comparece como persona extraña a la controversia; aunado a que en este supuesto tampoco está obligado a interponer los recursos o medios ordinarios de defensa que procedan en contra del acto reclamado, de acuerdo con lo expuesto en párrafos precedentes. Dicho en otras palabras, aun cuando por regla general no son susceptibles de impugnarse los actos dictados dentro de un procedimiento administrativo de ejecución, ya que el quejoso debe esperar al dictado de la última resolución en dicho procedimiento, se actualiza una excepción cuando el quejoso comparece como tercero extraño a la controversia, ya sea por no haber figurado como parte en el procedimiento, por no haber sido llamado al mismo o por no haber sido notificado de la resolución determinante del crédito fiscal, lo que hace innecesario que espere al dictado de la resolución final en la secuela ejecutiva, así como interponer los medios ordinarios de defensa que procedan contra el acto reclamado. Debe precisarse que esta hipótesis de procedencia está condicionada, en todo caso, a que no se desvirtúe plenamente el carácter de tercero extraño con el que se ostenta el promovente de amparo, pues en tal supuesto, el juicio será improcedente. Es aplicable, por analogía, la jurisprudencia P./J. 39/2001, sustentada por el Pleno de este Alto Tribunal, de rubro: 'PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY'.". De la ejecutoria antes transcrita destaca lo siguiente: Por regla general, tratándose del procedimiento administrativo de ejecución, el amparo sólo puede promoverse hasta que se dicte la resolución con la que culmine el citado procedimiento, pudiéndose reclamar, en tal oportunidad, todas las violaciones cometidas dentro del mismo, ya que de lo contrario, se obstaculizaría injustificadamente la secuencia ejecutiva. La citada regla general admite como excepción que el quejoso reclame un acto dictado dentro del procedimiento administrativo de ejecución alegando que desconoce el crédito fiscal que se le pretende hacer efectivo, toda vez que comparece como persona extraña a la controversia, en cuyo caso no estaría obligado a interponer los recursos o medios ordinarios de defensa que procedan en contra del acto reclamado. Esto es, se actualiza una excepción cuando el quejoso comparece como tercero extraño a la controversia, ya sea por no haber figurado como parte en el procedimiento, por no haber sido llamado al mismo o por no haber sido notificado de la resolución determinante del crédito fiscal, lo que hace innecesario que espere al dictado de la resolución final en la secuela ejecutiva, así como interponer los medios ordinarios de defensa que procedan contra el acto reclamado. Todo lo cual, permite concluir que el quejoso no tiene el carácter de tercero extraño en el procedimiento administrativo de ejecución, ya que el requerimiento de pago y/o embargo de crédito fiscal folio 394030, de veintidós de junio de dos mil diecisiete, que es la base que resiste los actos reclamados en el presente juicio, está dirigido al aquí quejoso, y fue notificado mediante diligencia de notificación por estrados de catorce de julio de dos mil diecisiete, sin que dicha actuación fuera combatida por vicios propios, de ahí que sea dable concluir que la aquí quejosa no se encuentra en el supuesto previsto en el artículo 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, que permitiera la procedencia del juicio; además, como ya se indicó, el mandamiento está dirigido directamente al aquí quejoso, Arturo Velazquez Farrera. En otra vertiente, resulta oportuno destacar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha matizado el criterio comentado, en el sentido de que el juicio de amparo promovido contra actos suscitados durante el procedimiento administrativo de ejecución sólo será procedente contra la resolución definitiva que en él se dicte, pues ha sostenido que el juicio de amparo indirecto puede llegar a ser procedente contra actos suscitados durante el procedimiento administrativo de ejecución, que aun cuando no constituyan la resolución definitiva se relacionen con: 1) el embargo de cuentas bancarias y 2) la designación del interventor con cargo a la caja. Lo anterior, es así, pues el embargo de cuentas bancarias es un acto de ejecución de imposible reparación, tomando en cuenta que los efectos y consecuencias jurídicas de ese señalamiento, afecta los derechos sustantivos del contribuyente como lo es, entre otros, que se le impide la libre disposición de sus cuentas bancarias congeladas o inmovilizadas, ya que esa circunstancia implica la privación del derecho de disponer de los fondos de las cuentas en cuestión, obligándolo a que incurra en incumplimiento en sus pagos, salarios, créditos, etcétera, circunstancia que no podría ser reparada con ninguna actuación posterior, toda vez que ya no podría restituírsele del tiempo que duró el congelamiento de las cuentas al contribuyente, ni del perjuicio resentido por la imposibilidad de utilizarlas de acuerdo a las necesidades que implican la actividad o al objeto social. En ese contexto, el embargo de cuentas bancarias decretado dentro de un procedimiento administrativo de ejecución, afecta de manera irremediable derechos fundamentales contenidos en las garantías individuales, en tanto que se le priva de la facultad al particular de disponer plenamente de sus recursos económicos, durante todo el tiempo que dure el procedimiento, cuestión que no se le restituye aunque obtuviera una resolución favorable. Lo anterior tiene sustento en la Jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXII, Noviembre de 2010, Novena Época, página 104, de rubro y texto: "EMBARGO DE CUENTAS BANCARIAS DECRETADO EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN. AUNQUE SE TRATE DE UN ACTO FUERA DE JUICIO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE AMPARO. El citado precepto prevé que el amparo se pedirá ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, siendo actos de esa naturaleza los que causan una afectación en los derechos sustantivos de una persona. En ese tenor, el embargo de cuentas bancarias decretado en el procedimiento administrativo de ejecución constituye un acto de imposible reparación, porque imposibilita al particular afectado para disponer materialmente de sus recursos económicos, con lo que se le impide utilizarlos para realizar sus fines, pues esa indisponibilidad afecta su desarrollo económico, al provocar el incumplimiento de sus obligaciones, de ahí que sea un acto fuera de juicio que afecta de manera inmediata sus derechos sustantivos. Por tanto, en su contra procede el juicio de amparo indirecto, en términos de la fracción II del artículo 114 de la Ley de Amparo." Ahora, en lo que respecta a la designación de interventor con cargo a la caja, debe apuntarse que si bien es un acto que se efectúa dentro del referido procedimiento administrativo de ejecución y atento a la regla general antes precisada, su impugnación tendría que realizarse hasta el momento en que se emita la resolución definitiva con la que concluya el procedimiento, también lo es que atendiendo a los efectos jurídicos y el impacto severo que causa a las actividades y a la libre disposición del patrimonio de la negociación intervenida, que pudieran traducirse en una situación de perjuicio irreparable en contra del gobernado, puesto que tal acto limita la disposición del patrimonio, dado que queda a cargo del interventor la obligación de separar las cantidades que correspondan por conceptos de salarios y demás créditos preferentes, por lo cual, por excepción, en contra de tal acto debe resultar procedente el juicio de amparo indirecto, ya que la intervención con cargo a la caja puede producir efectos que difícilmente se podrían reparar con posterioridad y atendiendo a la trascendencia y perjuicios graves que puede ocasionar en el patrimonio del gobernado, por excepción, en su contra debe resultar procedente el juicio de amparo indirecto. Se cita en apoyo la jurisprudencia 201/2006 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXV, Enero de 2007, página 637 de rubro y texto. "INTERVENTOR CON CARGO A LA CAJA. SU DESIGNACIÓN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN ES IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 17/98, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, abril de 1998, página 187, con el rubro: "EJECUCIÓN, PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE. EL AMPARO CONTRA RESOLUCIONES DICTADAS EN AQUÉL SÓLO PROCEDE CUANDO SE RECLAMA LA DEFINITIVA, A PESAR DE QUE SE IMPUGNE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES.", sostuvo que solamente procede el juicio de amparo indirecto en contra de la resolución con la que culmine el procedimiento administrativo de ejecución, es decir, la definitiva en que se apruebe o desapruebe el remate. Sin embargo, en atención a los efectos jurídicos y al impacto severo, que la intervención con cargo a la caja, causa a las actividades y a la libre disposición del patrimonio de la negociación, que inclusive puede traducirse en una situación de perjuicio irreparable para el contribuyente, ya que tal acto limita la disposición de su patrimonio por quedar a cargo del interventor, en términos del artículo 165 del Código Fiscal de la Federación, la obligación de separar las cantidades que correspondan por conceptos de salarios y demás créditos preferentes, además de retirar de la negociación intervenida el 10% de los ingresos en dinero y enterarlos en la caja de la oficina ejecutora diariamente o a medida en que se efectúe la recaudación, por excepción, la designación del interventor con cargo a la caja dentro del procedimiento administrativo de ejecución es impugnable en amparo indirecto." Estas hipótesis de excepción obedecen al impacto severo que producen dichos actos en el particular que se ve afectado, lo que permite hacer una excepción a la regla de improcedencia que se formuló en términos generales, pues debe entenderse que cuando el acto reclamado es de una naturaleza tal que incida en forma determinante e irreparable en la esfera jurídica del quejoso, está justificado obstaculizar el procedimiento administrativo a fin de asegurar la legalidad de la actuación. Sin embargo, en el caso concreto, tampoco se actualizan alguna de las hipótesis de excepción que haga procedente el juicio de amparo indirecto contra el citado acto reclamado, ya que dicho acto no se trata de un embargo de cuentas bancarias, ni la designación del interventor con cargo a la caja. En ese orden de ideas, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de garantías, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Sobreseimiento el anterior que se hace extensivo al acto de ejecución reclamado al Registro Público de la Propiedad y del Comercio, por no combatirse por vicios propios. Informa de la anterior, la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 690, Tomo II, Segunda Parte-2, Julio-Diciembre de 1988, del Semanario Judicial de la Federación. Octava Época. Materia Común. Registro digital: 230811, de rubro y texto siguientes: SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCION NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios. Quinto. Transparencia y Acceso a la Información Pública. De conformidad con los artículos 1, 5, 68 y 113, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y con los diversos 41 y 42, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, publicado el seis de septiembre de dos mil diecinueve, y su reforma de veintiséis de marzo de dos mil veinte, se ordena al secretario que elabore en versión pública la presente resolución y la integre al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, respetando los lineamientos de versión públicas aplicables para salvaguardar los datos personales de las personas involucradas en este juicio, debiendo glosar al presente juicio la constancia de captura de la misma. Por lo expuesto, y con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75, y demás relativos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Arturo Velázquez Farrera, contra los actos precisados en el considerando segundo reclamados a la Administración Desconcentrada de Recaudación de Chiapas del Servicio de Administración Tributaria y al Registro Público de la Propiedad y del Comercio, residentes en esta ciudad, por los motivos expuestos en el considerando cuarto, del presente fallo. Segundo. La presente resolución será publicable en términos de lo establecido en el considerando último de este fallo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES Y POR OFICIO A LOS RELACIONADOS EN LA MINUTA. Así lo resolvió y firma Félix Montejo Maldonado, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, en Funciones de Juez de Distrito, atento al oficio CCJ/ST/3450/2020, de siete de diciembre de dos mil veinte, suscrito por el Maestro Vicente Adrián Rojas Álvarez, Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, ante Julio César Reynosa López, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe, hasta el día de hoy treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores de este juzgado. Doy fe.
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