Asdrubal Solorzano Gutiérrez
Expediente 777/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 5 actuaciones registradas, la última del 16 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 777/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 16/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Asdrubal Solorzano Gutiérrez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Xalapa-Enríquez, Veracruz, dieciséis de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha fenecido el término de cinco días que la ley prevé para la interposición del recurso de queja contra el auto de treinta y uno de julio de dos mil veintidós, en el cual se desechó de plano la demanda; en consecuencia con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. En consecuencia, háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno respectivo, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívense las actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, en cumplimiento al artículos 18, Fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, resulta procedente decretar que el presente expediente es susceptible de DEPURACIÓN, al haberse desechado la demanda de amparo y concedido la suspensión de plano de los actos reclamados, asimismo, una vez que se cumplan tres años al haberse dictado el acuerdo de archivo, se deberá depurarse con posterioridad al DIECISÉIS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTICINCO. Notifíquese por lista de acuerdos.Así lo proveyó y firma electrónicamente el licenciado Uriel Curti Espinosa, Secretario en funciones de Juez del Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, de acuerdo en la autorización contenida en el oficio CCJ/ST/2363/2022, de trece de junio de dos mil veintidós, signado por la Secretaria Técnica de la Comisión Permanente de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, conforme a lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación del 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno de Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, asistido del licenciado Luis Alberto Camacho Mondragón, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por la Directora Técnica en suplencia del Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco "Oriente" con sede en la congregación de Cerro León, municipio de Villa Aldama, Veracruz, mediante el cual rinde su informe de suspensión de plano solicitad en auto de treinta de los cursantes; al respecto, agréguese únicamente para que obre como corresponda, toda vez que se tuvieron por recibido en auto de treinta de julio pasado, acordándose lo conducente. Cúmplase.
- Principal
Xalapa-Enríquez, Veracruz, treinta y uno de julio de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por la Directora Técnica en suplencia del Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco "Oriente" con sede en la congregación de Cerro León, municipio de Villa Aldama, Veracruz, mediante el cual rinde su informe de suspensión de plano solicitada en auto de treinta de los cursantes; de igual modo, informa que el treinta de julio del año en curso, el directo quejoso Asdrúbal Solórzano Gutiérrez egresó por libertad de dicha unidad administrativa, con motivo del fallo emitido por el Juez del Tribunal Unitario de Juicio Oral del Juzgado de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región en el Estado de Guanajuato, con sede en Celaya, dentro de la carpeta judicial 1P0620-530, en la que se determinó levantar la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y se ordenó su inmediata libertad por lo que remite copia certifica del acta administrativa de egreso por libertad número 1990/2022, la cual tiene pleno valor probatorio de conformidad con lo que disponen los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°, pues se trata de un documento expedido por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Sirve de apoyo al caso, la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Asimismo, como lo solicita la autoridad responsable, ténganse como domicilio y delegados a los mencionados en su informe, para los efectos legales procedentes, de conformidad con lo estipulado por el numeral 9, párrafo primero, de la Ley de Amparo. Ahora bien, toda vez que el acto que aquí se reclamó consistió en la negativa de la autoridad responsable de poner en inmediata libertad al directo quejoso Asdrúbal Solórzano Gutiérrez, con motivo del fallo emitido dentro de la carpeta judicial 1P0620-530 del índice del Tribunal Unitario de Juicio Oral del Juzgado de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región en el Estado de Guanajuato, con sede en Celaya; y, tomando en consideración que por acuerdo de treinta de los actuales, se ordenó requerir al citado quejoso para que, entre otras cosas, en el acto de la diligencia o bien por escrito, dentro del término de tres días, manifestara si ratificaba o no la demanda de amparo promovida a su favor, apercibiéndolo que de no hacerlo así, se tendrá por no presentada, en términos del artículo 15 de la ley de la materia; sin embargo, resulta innecesarios llevar a cabo esa diligencia atendiendo a lo expuesto por la autoridad oficiante, pues en el caso se actualiza de forma notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" El precepto invocado prevé como causa de improcedencia del juicio de amparo, la cesación de efectos del acto que se combate por la vía constitucional, entendiéndose por tal la destrucción de todas las consecuencias del acto reclamado en forma total o incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido la cesación no deje ninguna huella. Por tanto, no existe motivo para la resolución del juicio de amparo cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado; esto es, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Apoya a lo anterior la jurisprudencia número 2a./J.9/98, sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". En ese tenor, para encuadrar el caso concreto en la premisa legal precedente, deviene importante que del contenido del acta administrativa de egreso por libertad número 1990/2022, se advierte que el directo quejoso Asdrúbal Solórzano Gutiérrez fue puesto en libertad, el treinta de julio de dos mil veintidós, por lo que ha cesado los efectos respecto al acto reclamado que en esta vía combate consistente en la negativa de la autoridad responsable de dejarlo en inmediata libertad con motivo de la sentencia absolutoria dictada a su favor. Se estima lo anterior, en virtud de que de la copia del acta administrativa de egreso por libertad número 1990/2022, se advierte que el directo quejoso fue puesto en inmediata libertad, exclusivamente por lo que hace a la carpeta Judicial 1P06520-530 del índice del Juzgado Penal de Oralidad de la Tercera Región en Celaya, a las once horas del treinta de julio del año en curso. En razón de lo anterior, al haberse el acta administrativa de egreso por libertad a favor del aquí quejoso y considerando que el acto reclamado consistía en la negativa de dejarlo en libertad con motivo de la sentencia absolutoria dictada a su favor, se considera que han cesado los efectos de los actos reclamados, se ha dejado de afectar los derechos del solicitante de amparo por habérsele puesto en libertad. Es aplicable al caso la jurisprudencia 2a./J.59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Así las cosas, es obvio que el juicio de derechos fundamentales que pretende instaurar respecto del acto señalado en la demanda de amparo deviene improcedente de manera notoria y manifiesta, razón por la cual de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo, por haber cesado los efectos del acto impugnado, de ahí que, resulta incuestionable su improcedencia conforme a la fracción XXI del artículo 61, del ordenamiento legal en cita. Sin que la anterior determinación, deje a la parte quejosa en estado de indefensión, ya que insistir en que el quejoso ratifique la demanda promovida a su favor por Asdrubal Solorzano Gutiérrez, a nada práctico se llegaría, pues al haberse actualizado la causa de improcedencia analizada en párrafos que anteceden, no tendría un resultado distinto la presente determinación ni aun admitiendo la demanda y señalando fecha de audiencia constitucional, es decir, el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto dispone que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. Finalmente, cabe destacar que de conformidad con el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, que el oficio de cuenta fue recibido vía correo electrónico, por lo que tiene pleno valor probatorio, al estar autorizado el empleo de este medio de comunicación para la transmisión de constancias a los órganos del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa.
- Principal
Xalapa-Enríquez, Veracruz, treinta de julio de dos mil veintidós. Téngase por recibida la diligencia actuarial de cuenta, de la que se advierte la imposibilidad que tuvo la actuaria adscrita a este juzgado, para notificar al directo quejoso Asdrubal Solorzano Gutiérrez, el auto dictado en esta fecha, toda vez que egreso por libertad del Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco "Oriente," con sede en la congregación de Cerro León, municipio de Villa Aldama, Veracruz, a las diez horas con cuarenta minutos de este día; en consecuencia, toda vez que en la demanda de amparo promovida a su favor, se señaló un usuario para oír y recibir notificaciones vía electrónica; en consecuencia, con fundamento en lo señalado por el artículo 26 fracción IV de la Ley de Amparo, hágasele la notificación del presente auto así como el emitido en esta propia fecha y las subsecuentes de manera electrónica. De igual modo, estese en espera a que la autoridad responsable remita su informe de suspensión solicitado en acuerdo dictado en esta propia fecha a fin de acordar lo conducente. Notifíquese vía electrónica al directo quejoso los autos dictados en esta fecha.
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