Arturo Yépez Duarte
Expediente 835/2018 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de septiembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 835/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 05/09/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Arturo Yépez Duarte
Actuaciones
- Principal
Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado electrónicamente por la Secretaria de Acuerdos de la Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río, Veracruz, a través acusa recibo del oficio número 22158/2018, del índice de este juzgado e informa que acepta la competencia planteada por este órgano jurisdiccional, avocándose a su conocimiento, radicándolo bajo el número 466/2018; al respecto, agréguese para que obre como corresponda y archívese el presente expediente como concluido. Por otra parte, en cumplimiento al capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracciones II y III, del Acuerdo General Conjunto número 01/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, resulta procedente decretar que el presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al haberse declinado la competencia en el juicio, por lo que una vez transcurridos más de cinco años se procederá a la destrucción del mismo con posterioridad al CINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. De conformidad con lo establecido en el capítulo tercero, punto décimo, fracción I, del acuerdo 01/2009 en cita, una vez cumplido tres años de haberse ordenado el archivo del presente asunto, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en el entendido de que se trasferirá con posterioridad al CINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. El presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, último párrafo del Acuerdo General Conjunto precitado.
- Principal
Xalapa-Enríquez, Veracruz, veintiocho de agosto de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo promovida por Arturo Yépez Duarte en su carácter de apoderado legal de la persona moral denominada Instituto Veracruzano de la Vivienda, personalidad que acreditó con copia certificada del instrumento notarial número diecinueve mil cuatrocientos nueve de veintitrés de marzo de dos mil diecisiete, pasado ante la fe del Notario Público Número Dieciséis de la Décima Primera Demarcación Notarial, con residencia en esta ciudad, contra actos reclamados a los Magistrados de la Sala Regional del Golfo del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en esta ciudad. FÓRMESE JUICIO Y REGÍSTRESE en el Libro de Gobierno correspondiente bajo el número 835/2018. Al respecto, se acuerda: DETERMINACIÓN SOBRE LA DEMANDA DE AMPARO Se procede analizar la demanda de amparo a fin de determinar la competencia de este juzgado para conocer de la misma. La competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el Juez de Distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo y consolidaría una violación procesal cardinal. Situación jurídicamente inadmisible, si se toma en cuenta que la incompetencia afecta la validez de las actuaciones del Juez de Distrito, en términos de lo que establece el artículo 17 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Lo anterior, en estricto cumplimiento a los principios y reglas que sobre la competencia de los distintos Jueces de Distrito han sido elevados a normas de rango constitucional, en relación con la ley reglamentaria que regula esos aspectos, en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 37 de la Ley de Amparo. Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37 y 47 de la ley de la materia, el que suscribe procede a analizar la competencia legal para conocer del presente asunto, con el fin de no violentar las reglas fundamentales que norman al juicio de amparo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia número I.2o.P. J/40, emitida por Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la página 36, Tomo 56, Agosto de 1992, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 218721, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquél acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo." De la lectura de la demanda de amparo se advierte que el promovente señala como autoridades responsables y acto reclamado, los siguientes: "1. A los CC. Magistrados de la Sala Regional del Golfo del Tribunal de Justicia Administrativa." "IV.- EL ACTO O ACTOS RECLAMADOS.- Como acto reclamado señalo los siguientes: De la autoridad señalada como responsable señalo como acto reclamado la sentencia interlocutoria de fecha 15 de junio de 2018, dictada por los CC. Magistrados de la Sala Regional del Golfo, dentro de los autos del Expediente 1259/18-13-01-4, en el cual se declara infundado el recurso de reclamación interpuesto por el suscrito en contra del acuerdo de fecha 27 de abril de 2018, que tuvo por desechada la demanda de nulidad interpuesta por el suscrito respecto de actos emitidos por las autoridades: Director General de Normatividad y Asuntos Contenciosos de la Secretaría de Desarrollo Social Federal, dentro de los autos del expediente administrativo 2.021,1/900, en el aparente cumplimiento de la sentencia dictada por la Segunda Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dentro de los autos del juicio contencioso 36399/06-17-02-5 de su índice, promovido el tercero interesado Guillermo Orozco González." De lo anterior se advierte que el promovente reclama la resolución de fecha quince de junio de dos mil dieciocho, dictada dentro del expediente 1259/18-13-01-4, del índice de la Sala Regional del Golfo del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en esta ciudad, mediante la cual se confirma el auto de veintisiete de abril de dos mil dieciocho, que desechó la demanda de nulidad. Sentando lo anterior, cabe traer a colación el contenido de los artículos 107, fracciones III, inciso a), y V, inciso b, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 34 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: a) Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el amparo al que se refiere este inciso y la fracción V de este artículo, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquéllas que, cuando proceda, advierta en suplencia de la queja, y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior. La parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado, podrá presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado. La ley determinará la forma y términos en que deberá promoverse. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas, laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ni en los de naturaleza penal promovidos por el sentenciado; [.] V. El amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con la ley, en los casos siguientes: [.] b). En materia administrativa, cuando se reclamen por particulares sentencias definitivas y resoluciones que ponen fin al juicio dictadas por tribunales administrativos o judiciales, no reparables por algún recurso, juicio o medio ordinario de defensa legal." "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. En materia agraria y en los juicios en contra de tribunales federales de lo contencioso administrativo, es competente el tribunal colegiado de circuito que tenga jurisdicción en donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un circuito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el tribunal colegiado de circuito que primero hubiere recibido la demanda; en su defecto, aquél que dicte acuerdo sobre la misma. Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control;." De los preceptos transcritos se desprende que el amparo directo procede, entre otros supuestos, contra resoluciones que pongan fin al juicio, entendiéndose por tales, aquellas que sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por concluido y respecto de las cuales las leyes que rijan el acto no concedan ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los medios de impugnación. Por lo que de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 47, 170 y 176 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo promovido contra sentencias definitivas (las que decidan en juicio en lo principal y no puedan ser modificadas o revocadas mediante un recurso ordinario) se debe promover por conducto de la autoridad responsable; sin embargo, cuando se presente un juicio de amparo contra estas resoluciones ante un juez de distrito, éste debe declararse incompetente y remitir la demanda al tribunal colegiado de circuito que corresponda, quien confirmará o revocará esa determinación de incompetencia. En esas condiciones, si el promovente reclama la resolución definitiva de fecha quince de junio de dos mil dieciocho, dictada dentro del expediente 1259/18-13-01-4, del índice de la Sala Regional del Golfo del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en esta ciudad, mediante la cual declara infundado el recurso de reclamación interpuesto por la parte quejosa en contra del auto de desechamiento de veintisiete de abril del año en curso, es claro que encuadra dentro de aquellas previstas en el artículo 170, fracción I, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, es decir, constituye una resolución que pone fin al juicio, ya que lo da por concluido y, por tanto, tal reclamo debe hacerse en la vía de amparo directo; por consiguiente, este juzgado carece de competencia legal para conocer de la demanda, correspondiendo su estudio a un Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa. Se dice lo anterior, toda vez que de las manifestaciones vertidas por la parte quejosa en los conceptos de violación, se advierte que solicita la el amparo y protección de la justicia federal, para el efecto de que se admita a trámite la demanda de nulidad interpuesta por la parte quejosa, de lo que se colige que el juicio de nulidad se encuentra como asunto totalmente concluido. Sirve de apoyo a lo expuesto, la jurisprudencia 2a./J. 5/91 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 47, Tomo VIII, Noviembre de 1991, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro digital 206445, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA FISCAL, DESECHAMIENTO DE LA. EL AMPARO DIRECTO PROCEDE CONTRA LA RESOLUCION QUE LO CONFIRMA. La resolución de una Sala del Tribunal Fiscal de la Federación que confirma el auto que desecha una demanda es de aquéllas a que se refiere el tercer párrafo del artículo 46 de la Ley de Amparo, que si bien no deciden el problema planteado por el actor en su demanda, dan por terminado el juicio relativo. Por tal motivo, su reclamación debe hacerse en amparo directo ante los Tribunales Colegiados de Circuito, de conformidad con lo establecido en los artículos 107, fracción III, inciso a), constitucional, así como 44 y 158 de la ley citada, de acuerdo con sus textos reformados vigentes a partir del 15 de enero de 1988, y no en amparo indirecto como procedía antes de las referidas reformas. Esto es así, porque, para los efectos del amparo, el juicio se inicia con la presentación de la demanda ante el órgano correspondiente, pues independientemente de las concepciones doctrinarias del concepto genérico de juicio, éste debe entenderse atendiendo a la intención de las reformas constitucionales y legales citadas. Cuando no se requieren pruebas no allegadas a la responsable para determinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un acto procesal proveniente de tribunales administrativos, no se justifica la promoción de un amparo que admite hasta dos instancias y supone la celebración de una audiencia con un período probatorio, sino la de un juicio constitucional que normalmente se tramita en una sola instancia y que no requiere de la celebración de una audiencia con términos para el ofrecimiento y desahogo de pruebas. Lo anterior, por motivos de economía procesal. En el caso de la resolución que confirma el desechamiento de la demanda, los elementos para juzgar si ésta estaba o no en condiciones de ser admitida, ya debieron ser aportados ante la autoridad de primera instancia o ante la responsable." Asimismo, sustenta lo expuesto, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 65/98 emitida por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, localizable en la página 346, Tomo VIII. Septiembre de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro electrónico 195616, que se reproduce a continuación: DEMANDA AGRARIA. EL ACUERDO QUE LA DESECHA, PONE FIN AL JUICIO Y, POR TANTO, PROCEDE EN SU CONTRA EL AMPARO DIRECTO. De lo dispuesto en los artículos 107, fracciones III, inciso a), y V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo, se desprende que los Tribunales Colegiados de Circuito son competentes para conocer, en amparo directo, de las demandas promovidas en contra de resoluciones que, sin decidir la controversia planteada, dan por concluido el juicio. Ahora bien, esta Suprema Corte de Justicia ha estimado que el juicio se inicia, para los efectos del amparo, con la presentación de la demanda ante el órgano correspondiente. En tal virtud, el acuerdo que desecha una demanda agraria, constituye una resolución que pone fin al juicio, por lo que el competente para conocer del amparo, lo será un Tribunal Colegiado de Circuito, en la vía directa. Por lo considerado, en cumplimiento al artículo 17 Constitucional, a efecto de garantizar la eficacia y rapidez en la tramitación y fallo de los juicios, en concordancia con el artículo 107, fracciones V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los diversos artículos 47, 107 y 170 de la Ley de Amparo, se declara legalmente la incompetencia de este órgano jurisdiccional para conocer de la demanda de amparo y ordena enviarla al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito en turno, con residencia en Boca del Río, Veracruz, a efecto de que en caso de que exista concordancia con la consideraciones expuestas en el auto, provea lo conducente, solicitándole respetuosamente el acuse de recibo correspondiente y comunique la determinación que en su caso tenga a bien tomar. Lo anterior, en razón de que dicho tribunal es el competente para conocer de los juicios de amparo directo en los que la autoridad responsable sea la Sala Regional del Golfo del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en esta ciudad, de conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicaturas Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuito Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo con copia de las constancias que integran este expediente. COMO DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA para oír y recibir todo tipo de notificaciones, se tiene el que señala en el escrito que se provee y por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Gustavo González Ramírez y Efraín Hernández Osorio, quienes acorde a los lineamientos trazados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales, que establece el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, cuenta con el registro número 125 y 68763, respectivamente, y por autorizados con la restricción que impone el citado precepto, a Jessica Gasperín Fernández, Laura María Díaz Ávila y Angélica Consuelo Barradas García, toda vez que dentro de la base de datos del referido sistema, no aparecen los registros correspondientes, ni tampoco la parte quejosa acreditó que éstos cuenten con dichos documentos. DIGITALIZACIÓN DE ACTUACIONES E INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Se comisiona al Secretario, así como a los Oficiales Administrativos correspondientes y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a supervisar y/o realizar, la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias y documentos que obren en el mismo, de conformidad con lo previsto en el numeral 3 de la Ley de Amparo, así el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. TRANSPARENCIA Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente.
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