Arturo Soler Franco
Expediente 1705/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 23 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1705/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 23
- Última actuación
- 27/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Arturo Soler Franco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 23.
- Principal
Mérid********************Yucatán, veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibido el escrito rendido por los terceros interesados Sofía Soler Vera y Sebastián Soler Ver********************el cual señalan nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones y autoriza en sustitución de cualquier otro nombrado previamente a ********************, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo. Se tiene como nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones de los terceros interesados, el señalado en su escrito de cuenta y como su autorizado en términos amplios a ********************, lo anterior en virtud de que acredita ante este Juzgado Federal, y en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, de conformidad con el Acuerdo General 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, estar debidamente autorizado para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado como lo exige el citado artículo 12 de la Ley de la materia; por otra parte, se tiene como sus autorizados en términos restringidos de conformidad al artículo 12 de la Ley de Amparo a Rupuerto José Díaz Hadad, Eduardo José Reyes Zapat********************Diana Carolina Santiago Ek, Andres Emir Maldonado Rodríguez, Yazmin Ileana Maury Puerto y Luis Fernando Xáman López, por así solicitarlo expresamente. Ahora bien, toda vez que la promovente solicita se le permita el acceso al expediente electrónico del presente juicio de amparo, proporcionando el nombre de usuario ********************; en términos del artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID 19 y reform********************adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a las actualización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo sistema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, de catorce de octubre de dos mil veintidós, se autoriza consulta del presente expediente vía electrónic********************a la clave de usuario que proporcion********************siempre y cuando sea correcta y se encuentre debidamente registrada; en consecuenci********************se ordena a la Analista Jurídico SISE de este juzgado para que habilite la consulta de dicho expediente. Por otra parte, se tiene por señalado como correo electrónico y teléfono celular los proporcionados por la parte quejosa en su demanda de amparo, el cual únicamente se utilizarán en caso de ser pertinente y con fines de localización, cuando no se puedan realizar las notificaciones por las vías legales ordinarias. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez Juez, Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Estefanni Romero Navarro, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, cuatro de julio de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibido el oficio remitido vía electrónica por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, mediante el cual transcribe el proveído de veintisiete de junio del año en curso, con el que acusa recibo el oficio 44/2023-III así como el escrito electrónico de expresión de agravios relativo al recurso de revisión interpuesto por Arturo Soler Franco por conducto de su autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, Valente Ramón Arguelles Ovando en contra de la sentencia de firmada el dieciséis de mayo del año en curso, en el juicio de amparo 1705/2022-III; asimismo, la Superioridad informa que admitió el aludido recurso de revisión y quedó registrado bajo el número de toca 464/2023. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Estefanni Romero Navarro, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
MESA III. . "En la ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las diez horas con treinta y tres minutos del diecisiete de febrero de dos mil veintitrés día y hora señalados para la audiencia constitucional en el juicio de amparo 1705/2022-III, se procede a celebrarla ante la presencia del licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, asistido de la secretaria Estefanni Romero Navarro, que autoriza y da fe, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo. El Juez declara abierta la audiencia sin la asistencia de las partes. A continuación, la Secretaría hace una relación de las constancias que obran en el expediente, entre las que se encuentran; escrito inicial de demanda; auto admisorio de quince de julio del presente año; constancia de notificación realizada a las autoridades responsables, a la tercera interesada y a la agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, informes con justificación, rendidos por la autoridades responsables y con las demás constancias que obran en autos. Abierto el período de pruebas la secretaría da cuenta con las constancias que el Secretario de Acuerdos de la Segunda Sala Colegiada del Sistema de Justicia Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en funciones de encargado de la misma por vacaciones de los Magistrados integrantes de dicho órgano colegiado, de la Juez del Juzgado Tercero de Control, del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral en funciones de su homóloga del Juzgado Segundo de Control del mismo Distrito Judicial, que remitieron como justificación de sus actos y el disco en formato DVD que contiene las audiencias de tres de septiembre de dos mil veintiuno y doce de julio de dos mil veintidós que acompañó la primera autoridad responsable nombrada, a su informe con justificación; así como con las pruebas instrumental de actuaciones y presuncional en su doble aspecto legal y humana, que ofreció la parte quejosa en su escrito de demanda. El Juez acuerda: con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo aplicable, se admiten las referidas probanzas, la cual se tienen por desahogadas en virtud de su propia y especial naturaleza, para ser consideradas al dictar sentencia con lo que concluye esta etapa. Seguidamente, abierto el período de alegatos, se da cuenta con el pedimento ministerial que obra glosado en autos a través del cual formula alegatos. El Juez acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo aplicable, se tienen por formulados los alegatos de mérito para ser considerados conforme a derecho correspondan; con lo cual se cierra este período. A continuación, no habiendo diligencia pendiente por desahogar y encontrándose debidamente integrado este expediente, se procede a dictar la correspondiente resolución. Doy fe.- - - - - - DOS FIRMAS ILEGIBLES. - - - - - RUBRICAS." ".Vistos, para resolver los autos del presente juicio de amparo 1705/2022-III, promovido por Arturo Soler Franco, por conducto de su defensora particular Daniela Abigail Arjona Izaguirre, contra el acto que reclama de la Segunda Sala Colegiada del Sistema de Justicia Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán y otra autoridad, con sede en esta ciudad, por estimarlo violatorio de los artículos 1, 14, 16, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y R e s u l t a n d o: Primero. Presentación de la demanda de amparo. Por escrito presentado el trece de julio de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, Arturo Soler Franco, por conducto de su defensora particular Daniela Abigail Arjona Izaguirre, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos que reclamó de la Segunda Sala Colegiada del Sistema de Justicia Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán y otra autoridad, que fue turnada a este Juzgado de Distrito al día siguiente hábil. Segundo. Admisión de la demanda. Por auto de quince de julio de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo de que se trata, se solicitó su informe justificado a las autoridades responsables, se ordenó el emplazamiento del tercero interesado, se dio la intervención que legalmente compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que previo diferimiento tuvo verificativo en términos del acta que antecede. C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 35 de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, al reclamarse un acto cuya ejecución se realizó dentro del ámbito territorial donde este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión de actos. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es oportuno precisar que la parte quejosa reclama: La resolución de doce de julio de dos mil veintidós, emitida por la Segunda Sala Colegiada del Sistema de Justicia Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, en el toca número 37/2022, por medio de la cual confirmó la diversa de primera instancia de veinticinco de marzo de dos mil veintidós, dictada por el Juez adscrito al Juzgado Segundo de Control del Primer Departamento Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, en autos de la carpeta administrativa 208/2021, en la que se decretó auto de vinculación a proceso por el delito de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar. Tercero. Actos existentes. El Secretario en funciones de encargado de la Segunda Sala Colegiada del Sistema de Justicia Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán y la Juez del Juzgado Tercero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral en funciones de su homóloga del Juzgado Segundo de Control del mismo Distrito Judicial, en sus respectivos informes justificados, aceptaron la certeza del acto reclamado, lo que se corrobora con las constancias remitidas, con aquellas que forman parte del cuaderno auxiliar y así como del contenido de los discos versátiles digitales (DVD), las cuales cuentan con valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo; de ahí que deba considerarse existente dicho acto, pues se aprecia que decretó auto de vinculación a proceso en contra del aquí quejoso por el delito de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar. Es aplicable la jurisprudencia 1ª./J.43/2013 (10ª), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 703 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo I, con rubro y texto siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Cuarto. Análisis de los conceptos de violación. No existiendo causa de improcedencia que hagan valer las partes, ni advirtiéndose de oficio alguna, en suplencia de la queja se procede al análisis de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa en su escrito de demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. Quinto. Causas de improcedencia. Las partes no hicieron valer ninguna causa de improcedencia, ni quien esto juzga advierte la actualización de alguna de oficio, por tanto, procede avocarse al estudio de los conceptos de violación, sin que exista la necesidad de transcribirlos, en virtud de que su reproducción no es necesaria para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad, según lo dispuso la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia número 2ª./J.58/2012. Sexto. Estudio de fondo. Son infundados los conceptos de violación, aún analizados en términos de lo dispuesto en el inciso a) de la fracción III del artículo 79 de la Ley de Amparo, como se expondrá más adelante. En concreto, el quejoso se duele en el presente asunto de que la Sala Colegiada responsable mediante sentencia de doce de julio de dos mil veintidós, en los autos del toca penal 37/2022, confirmó el auto de vinculación a proceso que se decretó en su contra por el Juez Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, mediante diversa resolución de veinticinco de marzo de dos mil veintidós, en la carpeta administrativa 208/2021. Así, como se señaló con antelación, los conceptos de violación en el presente asunto, resultan infundados, aún analizados en términos de lo dispuesto en el inciso a) de la fracción III del artículo 79 de la Ley de Amparo, como se expondrá más adelante. Es oportuno precisar, en cuanto a la introducción de los juicios orales, los mencionados jueces de garantía no tienen acceso a la carpeta de investigación, solamente el Representante Social y la defensa, de tal manera que el juez en mención se podrá imponer de ellos, en un primer momento y de manera somera, en la audiencia de control de la detención, toda vez que el agente del Ministerio Público, deberá justificar dicha detención; y, ya en debida forma, en la audiencia en que el representante social formule imputación, solicite la vinculación a proceso, así como en la respectiva audiencia de vinculación a proceso, en la que la representación social relatará y reseñará en forma precisa los denominados antecedentes de investigación o elementos de prueba que existan en la carpeta de investigación; audiencia en la que el juez de garantía, después de haber escuchado a las partes, concedido su derecho para replicar y contrarréplica, en relación con los referidos elementos de prueba y cerrado el debate, procederá a emitir la respectiva resolución; ya sea en ese mismo momento o bien citar a las partes para tal efecto, a una audiencia en la que el juez emitirá la resolución respectiva. Para la emisión de la resolución reclamada, es pertinente tener en consideración lo que establece el artículo 20 constitucional. En lo que respecta al citado precepto, prevé los lineamientos básicos en el proceso penal en general, destacando el establecimiento del sistema acusatorio y la oralidad en el ámbito penal. Ahora, en principio debe establecerse, que el nuevo sistema de justicia penal de tipo acusatorio, adversarial y oral, tiene como características las siguientes: 1. Los juicios se tramitan de manera oral; 2. Es adversarial; 3. Las partes convergen en un nivel de igualdad procesal; y, 4. Se rige por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, con las características de acusatoriedad y oralidad; la primera, para asegurar una trilogía procesal en la que el Ministerio Público sea la parte acusadora, el imputado esté en posibilidades de defenderse y, al final, sea un juez quien determine lo conducente; la segunda, que fomentara la transparencia, garantizando al mismo tiempo una relación directa entre el juez y las partes, propiciando que los procedimientos penales sean más ágiles y sencillos. Expuesto lo anterior, es pertinente precisar que el análisis del presente asunto, se realizará al tenor de lo previsto por el artículo 19 constitucional, el cual contiene los requisitos que debe reunir el auto de vinculación a proceso, a fin de que se justifique los actos de molestia derivados del mismo, por lo que la legalidad del acto que se reclama se hará a la luz del mencionado precepto legal, el cual textualmente dispone: "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial, podrá exceder del plazo de setenta y dos horas a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado, el lugar, tiempo, y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. (.)" Por su parte, el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece: "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente. De la lectura de los preceptos legales invocados, se advierte que para el dictado del auto de vinculación a proceso, deben satisfacerse ciertos requisitos de forma y de fondo. 1. Requisitos de forma. Señalamiento del hecho delictivo que se atribuye al indiciado; fijación del lugar, tiempo y circunstancias de ejecución de la conducta. 2. Requisitos de fondo. Existencia de datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Así es, para el correcto dictado de un auto de vinculación a proceso, es menester que obre en la audiencia de formulación de la imputación al indiciado, lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se cometió un hecho que la ley señale como delito y que exista probabilidad en su participación por parte del indiciado. De igual forma, en el auto de vinculación a proceso, la garantía constitucional se satisface, con una correcta y sana crítica de los datos de prueba relacionados, observando las reglas de la lógica, conjugado con los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia, en la valoración de aquellos elementos (individual y global), que han servido de base, y que llevan a establecer, como enseguida se desarrollará, si los datos de prueba son suficientes para establecer la existencia de un hecho calificado por la ley como delito y, después, la probable comisión o participación en tal evento, razonando en todo momento por qué el juzgador de control actúa en determinado sentido. De lo que se colige que, para la emisión de todo auto de vinculación a proceso, es necesaria la concurrencia de los siguientes extremos fundamentales: a) Que se señale el hecho delictuoso imputado, lugar, tiempo y modo de comisión. (De forma) b) Que obren datos de prueba suficientes, idóneos y pertinentes, que establezcan que se ha cometido el hecho delictivo. (De fondo) c) La probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. (De fondo) d) Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. (Fondo) La circunstanciación fáctica se traduce en la materialización física de la conducta realizada por los activos, implantada en la ley como ilícita por el legislador penal. Para que la conducta desplegada en la realidad por el agente del delito, se clasifique como típica, deben acreditarse los diferentes elementos que la configuran. En ese tenor, es palmaria la gran trascendencia que tiene el auto de vinculación a proceso en el nuevo sistema penal, precisamente porque enclava al imputado a la investigación del hecho delictuoso durante un periodo formal (judicializar la investigación), o bien, porque lo libera de esa sujeción, si es que en ese momento no existen suficientes datos de prueba que permitan la sujeción al procedimiento, pero sobre todo, porque el procedimiento se seguirá por los hechos acotados en tal determinación, como se advierte del 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En ese sentido, el auto de vinculación a proceso, implica que se autorice al Ministerio Público, realizar actos de molestia en contra de la persona vinculada a proceso, para el efecto de que sea investigado por la comisión del hecho ilícito precisado en dicho auto constitucional, lo cual se realizará bajo la observación del Juez Oral, quien velará por los derechos fundamentales del investigado; de ahí que dicho auto requiera que satisfaga los requisitos previstos en los artículos 16 y 19, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 316 del Código Nacional, tales como: que sea emitido por autoridad competente, que el Ministerio Público realice la imputación, que se funde y motive la causa legal del procedimiento, que se fijen las circunstancias de tiempo, lugar y ejecución en la comisión del hecho ilícito que se le atribuye, además, que se haya rendido declaración o que haya manifestación de no hacerlo en la forma y con los requisitos que establece la ley; que los datos sean suficientes para establecer que se cometió un hecho determinado en la ley como delito; que exista la probabilidad de que el acusado lo cometió o participó en su comisión y que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. Luego, para el dictado de un auto de traba constitucional, es menester que obren en los autos de la causa penal, datos que acrediten los hechos que la ley prevé como delito y se haga probable la participación del imputado en su comisión; en esa tesitura, del estudio detallado del disco óptico que como complemento a su informe con justificación, remitió la responsable, se advierte que el auto de vinculación a proceso fue dictado por el Juez Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado (quien llevó a cabo dicha audiencia) en la carpeta administrativa 208/2021, en contra del quejoso, por su probable participación en la comisión del delito de INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE ASISTENCIA FAMILIAR, (cometido en agravio del menor de identidad reservada de iniciales S.S.V. y Sofía Soler Vera, imputado por la representación social, previsto y sancionado en los artículos 220, en relación con el diverso 221, relacionados con el 11 y 87, todos del Código Penal del Estado en vigor, a quien se le formuló la imputación y se le dio la oportunidad de emitir declaración. Determinación que fue impugnada por el aquí quejoso en apelación, misma que fue resuelta por la Segunda Sala Colegiada del Sistema de Justicia Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia del Estado, mediante resolución de doce de julio de dos mil veintidós, en autos del toca penal 37/2022, en la que se confirmó el referido auto de vinculación a proceso de veinticinco de marzo de dos mil veintidós, decretado en contra del aquí quejoso, la que constituye el acto reclamado en el presente asunto. En ese orden de ideas, el Juez de origen en el auto de vinculación a proceso (veinticinco de marzo de dos mil veintidós), estimó que se acredita que se cometió un hecho que la ley señala como delito y que existían datos para considerar que probablemente el imputado -quejoso- fue quien ejecutó la conducta que se le atribuye, y que no se actualizó ninguna causal de extinción de la acción penal; extremos que en el caso se encuentran satisfechos por las siguientes razones. Respecto a la conducta atribuida al aquí quejoso consistente en el delito de INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE ASISTENCIA FAMILIAR, la autoridad responsable escuchó los hechos delictivos que el Ministerio Público le narró en la audiencia de veinticinco de marzo de dos mil veintidós, siendo los siguientes: Que en fecha veintiséis de octubre de dos mil uno, el imputado aquí quejoso contrajo matrimonio con la señora Patricia Ivonne Vera Gough, unión de la cual procrearon dos hijos de nombre Sofía Soler Vera y el menor de iniciales S.S.V., posteriormente en fecha veintidós de septiembre de dos mil siete, el imputado aquí quejoso promovió demanda de divorcio en contra de la referida Vera Gough, radicada bajo el número de expediente 1553/2007 ante el Juzgado Tercero de lo Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, ahora expediente 7389/2007, del Juzgado Primero Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, en el cual con fecha treinta de marzo de dos mil nueve, la referida Juez Tercero de lo Familiar, condenó al aquí quejoso al pago de la cantidad líquida que resulte del cuarenta por ciento (40%) de su salario, demás emolumentos y prestaciones mensuales que devenga como empleado de la empresa Cemex México S.A. de C.V., su entonces lugar de trabajo o en cualquier otro lugar donde labore con posterioridad a razón de pensión alimenticia a favor de sus hijos entonces menores de edad, pago que realizó en forma adecuada por un tiempo dado que la empresa realizaba la retención del sueldo y la depositaba a la cuenta Banamex de la denunciante, hasta el seis de mayo de dos mil dieciséis, que causó baja de dicho empleo y fue liquidado, liquidación que el Juez Familiar considero debía ser tomada como pensiones alimenticias alimentarias venideras, hasta en tanto el imputado consiguiera nuevo empleo lo que alcanzó a cubrir hasta octubre de dos mil diecisiete, a razón de la cantidad que debía cubrir como empleado de la citada empresa, siendo que desde noviembre de dos mil diecisiete hasta esa fecha en que se dictó el auto de vinculación a proceso, el aquí quejoso ha incumplido sin justificación alguna el deber de asistencia respecto de sus dos hijos, pues no les suministró los recursos necesarios para atender a su subsistencia en los términos establecidos por el Juez competente de conformidad con la ley, sin que promoviera, notificara o se resolviera alguna modificación de esa sentencia. Luego, el Juez de Control procedió a escuchar los datos de prueba aportados por el Ministerio Público, entre los que se encuentran los siguientes: 1.- La querella interpuesta por Patricia Ivonne Vera Gough, mediante memorial de fecha 30 de agosto de 2019, presentado y ratificado en la misma fecha ante el Ministerio Público, cuya relatoría en esencia es la señalada en los hechos expresados. 2.- comparecencia de fecha 31 de agosto de 2020, ante el Ministerio Público de la mayor de edad Sofía Soler Vera, hija del imputado y de la denunciante efecto de querella y hacer suya la denuncia interpuesta primeramente por su madre. 3.- Actas de nacimiento de Sofía Soler Vera y del menor de edad de iniciales S.S.V. expedidas en fecha 30 de agosto de 2019, por la Dirección de Registro Civil en las que se puede advertir que los datos de filiación de las personas registradas aparece como progenitor Arturo Soler Vera así como Patricia Ivonne Verá Gough. 4.- Múltiples estados de cuenta de la institución denominada Banamex a nombre de la querellante de los que se advierte que se le depositaba la cantidad de $31,320.00, de manera mensual estados de cuenta que van desde noviembre de 2015 hasta mayo de 2016, así como un último depósito de fecha 26 de mayo de 2016, por la cantidad de $516,492.05 pesos correspondiente a la liquidación del imputado. 5.- Comparecencias de las declarantes Judith Várguez González, Anabel Soledad Ávila Pacheco y Blanca Várguez González, todas de fecha 16 de octubre de 2019. 6.- Copia certificada del expediente número 7389/2007 del índice del Juzgado Primero de lo Familiar consistente en un juicio ordinario civil de divorcio promovido por el imputado en contra de la querellante. 7.- Sentencia de fecha 30 de marzo de 2009, en la que en su punto resolutivo séptimo se condena al imputado a pagar en concepto de pensión alimenticia a la querellante en representación de sus entonces hijos menores de edad, la cantidad que resulte del 40% de su sueldo o emolumentos y demás prestaciones que devengaba mensualmente como empleado de Cemex México S.A. de C.V. su entonces centro de trabajo o en cualquier otro centro de trabajo donde labore con posterioridad. 8.- Oficio de fecha 20 de mayo de 2016, suscrito por el apoderado de Cemex México S.A. de C.V., dirigido al Juez Familiar en el que informa que el 6 de mayo de 2016, fue el último día de labores del imputado en esa empresa y que le correspondía a la denunciante Patricia Ivonne Vera Gough, la cantidad de $516,492.05. 9.- Memoria suscrito por el imputado de fecha 2 de junio de 2016, en el expediente familiar en el que informa que causó baja de la empresa Cemex y solicita que la cantidad entregada a la denunciante de $516,492.05, sea tomada como pagos anticipados de pensión alimenticia a su cargo, a lo que recayó el acuerdo de fecha 8 de julio de 2016, en el que se señaló que la cantidad citada cubre de manera anticipada las pensiones alimenticias venideras hasta en tanto tenga nuevo empleo. 10.- Oficio de fecha 18 de diciembre de 2017, suscrito por el administrador de la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de Yucatán, en el que informa que el imputado aparece en el régimen de socios o accionistas de la persona moral denominada Plata y Más S.A. de C.V., así como administrador único de la empresa Sonora Digital S.A. de C.V. 11.- Oficio de fecha 18 de enero de 2021, suscrito por la Titular del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado, en el que se advierte que en el expediente 7389/2007, del Juzgado Primero Familiar el imputado de fecha 7 de octubre de 2019 a 12 de enero de 2021, depositó $4000.00 de forma mensual. 12.- Oficio de fecha 5 de agosto de 2020, suscrito por el Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración del Estado donde da cuenta de las salidas del imputado del país. 13.- dictamen de trabajo social de fecha 21 de enero de 2021, realizado por la trabajadora social de la fiscalía. 14. Estudio socioeconómico de 20 de noviembre de 2019, suscrito por la trabajadora social Ana María Chacón Quijano del Departamento de Trabajo Social de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia. Una vez detallados los datos de prueba aportados por el Fiscal Investigador, el Juez de Control a petición del imputado en audiencia de tres de septiembre de dos mil veintiuno, otorgó el plazo de ciento cuarenta y cuatro horas para la celebración de la audiencia en la que se resolvería su situación jurídica, la cual señaló para el día ocho de septiembre de dos mil veintiuno, a las nueve horas. Posteriormente, el ocho de septiembre de esa anualidad, a las nueve horas, el Juez de Control declaró formalmente iniciada la audiencia que resolvería sobre la situación jurídica del imputado. Seguidamente, una vez escuchados los datos de prueba y a las partes, el Juez de Control, procedió a emitir resolución, determinando su competencia para conocer del asunto debido a que los hechos ocurrieron en esta ciudad de Mérida, Yucatán, en virtud de que el quejoso había incumplido con una obligación impuesta en su contra en el año dos mil diecinueve, por el Juzgado Primero de lo Familiar, con sede en esta ciudad. Manifestó que se habían colmado los primeros requisitos exigidos por el artículo 316 el Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que en audiencia de tres de septiembre de dos mil veintiuno, se había formulado imputación al quejoso y se le había otorgado el derecho a declarar, y optó por no hacerlo. Luego, el Juez de Control en lo medular manifestó que se encontraban colmadas las formalidades establecidas en el párrafo I del artículo 19 constitucional. En cuanto a la circunstancia de tiempo, mencionó que los datos de prueba aportados por el Ministerio Público, le permitieron inferir que la denunciante reclama que desde el mes de noviembre de dos mil diecisiete, el imputado incurrió en la omisión de cumplir cabalmente con el depósito mensual fijado por el Juez Familiar, siendo que a la fecha de esa audiencia no ha cesado con dicha omisión. Por lo que hace al lugar de los hechos, indicó que fue realizado en esta ciudad, con motivo de la resolución emitida por el Juez Primero Familiar, con residencia en esta ciudad, en la que fijó pensión alimenticia a favor de los hijos del imputado y la querellante, en ese entonces menores de edad, por la cantidad liquida que resulte del cuarenta por ciento del total de las percepciones o emolumentos del imputado, que debía depositarse de manera mensual ante el Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia. En cuanto a las circunstancias de comisión del hecho, arguyó que se originó ante la existencia de una determinación emitida por un Juez a favor de los acreedores de alimentos y que el quejoso había sido rregular en efectuar los pagos referidos dado que la empresa para la que laboraba realizaba la retención y depósito de los pagos respectivos, asta el seis de mayo de dos mil dieciséis que causó baja de dicho empleo y fue liquidado, liquidación que el Juez de lo Familiar determinó que debía ser tomada como pensiones alimentarias venideras, hasta en tanto el imputado consiguiera un nuevo empleo, lo que alcanzó a cubrir hasta octubre de dos mil diecisiete, a razón de la cantidad que debía cubrir como empleado de la empresa Cemex México, Sociedad Anónima de Capital Variable. Finalmente, expuestos sus argumentos el Juez de Control, estimó que los datos de prueba aportados por el Ministerio Público por el momento eran suficientes para dictar auto de vinculación a proceso en contra del quejoso Arturo Soler Franco, como probable responsable de la comisión del hecho que la ley señala como el delito de INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE ASISTENCIA FAMILIAR, (cometido en agravio del menor de identidad reservada de iniciales S.S.V. y la ahora mayor de edad Sofía Soler Vera), previsto y sancionado en los artículos 220 y 221 del Código Penal del Estado en Vigor, denunciado por Patricia Ivonne Vera Gough. En efecto, quien ahora resuelve considera, como se expuso en la resolución de veinticinco de marzo de dos mil veintitrés, que el hecho delictivo se acredita con los datos de prueba reseñados por el fiscal, tal como lo afirmó el Juez responsable, los cuales valoró en términos de lo dispuesto en los artículos 19 constitucional y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo anterior, porque de dichos datos de prueba se obtiene que probablemente el quejoso desde el mes de noviembre de dos mil diecisiete, ha omitido pagar la cantidad total que le corresponde por concepto de pensión alimenticia y a la que fue condenada por el Juez Primero de lo Familiar, en autos del juicio 7389/2007, mediante sentencia de treinta de marzo de dos mil nueve, a favor de sus hijos S.S.V. y la ahora mayor de edad Sofía Soler Vera. Hechos que se encuentran corroborados con los datos expuestos por la fiscalía en audiencia de fecha veinticinco de marzo de dos mil veintidós, llevada a cabo con motivo de la concesión del amparo en autos del juicio 1618/2021-VI, del índice de este Juzgado de Distrito, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que: Deje insubsistente todo lo actuado en la continuación de la audiencia inicial de ocho de septiembre de dos mil veintiuno, celebrada en la carpeta administrativa 208/2021, a partir del ofrecimiento de la defensa del medio de prueba consistente en la declaración de la querellante Patricia Ivonne Vera Gough. B) Cite a las partes a una nueva diligencia, en la que subsane las violaciones al procedimiento advertidas en esta sentencia, es decir, que se abstenga de desechar dicho medio de prueba con base en el estándar probatorio requerido para la emisión de un auto de vinculación y por considerarlo impertinente. C) Desahogue nuevamente dicha etapa procesal en la que con libertad de jurisdicción deberá resolver la situación jurídica del imputado, aquí quejoso. Y con los cuales concatenados entre sí permiten acreditar de manera indiciaria que el quejoso sin motivo justificado dejó de cumplir cabalmente el deber de asistencia que tenía respecto de sus hijos S.S.V. y la ahora mayor de edad Sofía Soler Vera, sin ministrar los recursos necesarios para su subsistencia. En ese sentido, es indudable que para la configuración del tipo penal basta con que quien tiene el deber derivado de una determinación, mandato, sanción o convenio judicial, de proporcionar a otro los medios de subsistencia, deje de hacerlo sin causa justificada. Ello es así, porque al tratarse de un delito de peligro no es preciso que los acreedores se encuentren en situación de desamparo absoluto real, surgido de la ausencia de recursos que permitan su subsistencia, la cual en su concepción jurídica, se presume ante la disposición de un juez civil, que previamente constató las necesidades del acreedor y las posibilidades del deudor, razón por la que la obligación a su cargo no puede desplazarse a otra persona en tanto que una autoridad judicial determinó que es a él y no a alguien más a quien corresponde garantizar la subsistencia de sus acreedores, lo que responde a un espíritu tutelar para la institución de la familia, pues elevando el incumplimiento a la categoría de ilícito penal se pretende castigar el abandono de quien debiendo amparar a los miembros de la familia que lo necesitan, los abandona sin justo motivo. Luego entonces, si los datos de prueba aportados por el Ministerio Público en audiencia de veinticinco de marzo de dos mil veintidós, permiten acreditar de manera indiciaria: 1) la existencia de los acreedores alimentarios; 2) la determinación judicial emitida en autos del expediente 7389/2007, del índice del Juzgado Primero Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, en la que por sentencia se decretó pensión alimenticia a favor de S.S.V. y la ahora mayor de edad Sofía Soler Vera, a cargo del imputado, aquí quejoso; y, 3) que el quejoso ha omitido a cabalidad pagar la pensión alimenticia a la que fue obligado, sin haber justificado esa omisión, es evidente que los mismos son bastantes por el momento para emitir un auto de vinculación a proceso en su contra por el ilícito de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar. Resultando con ello, debidamente fundado y motivado el acto de autoridad reclamado, pues en el caso que nos ocupa y de acuerdo con el artículo 19 constitucional, y el 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se señaló expresamente el delito que se le imputaba al accionante del amparo, el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como que existían datos que establecían que se cometió el delito y que Arturo Soler Franco, probablemente fue quien lo cometió y que no operó en su favor alguna causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. Ello es así, porque la Sala responsable en la resolución reclamada determinó confirmar el auto de vinculación a proceso de veinticinco de marzo de dos mil veintidós, pues refirió que el material probatorio allegado era suficiente por el momento, para la acreditación del hecho delictivo. Lo cual se considera correcto, ya que del expediente de origen efectivamente se estima que los datos de prueba fueron apreciados adecuadamente, otorgándoles valor indiciario, lo cual es acorde con las facultades de valoración con que cuenta dicha autoridad en términos de lo dispuesto por los artículos 215, 225, y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Cabe precisar que para el dictado del auto de vinculación a proceso, ya no es necesario acreditar el "cuerpo del delito", sino que es necesario únicamente la acreditación del hecho delictivo. Asimismo, para el dictado de un auto de vinculación a proceso, se requieren datos mínimos, y por tanto, las exigencias para su emisión también son las mínimas; ello, siempre y cuando durante su dictado no se vean afectadas las garantías que otorgan la Constitución a los gobernados. Encuentra aplicación a lo anterior, la siguiente jurisprudencia, de la Décima Época, con registro: 2014800 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece lo siguiente: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley." Por lo que, en mérito de todo lo anterior, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal, a Arturo Soler Franco, contra el acto reclamado consistente en la resolución de doce de julio de dos mil veintidós, en los autos del toca penal 37/2022, dictada por la Segunda Sala Colegiada del Sistema de Justicia Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, que confirmó el auto de vinculación a proceso dictado en su contra en la carpeta administrativa 208/2021, del índice del Juzgado Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, en audiencia de veinticinco de marzo de dos mil veintidós, por su probable autoría del ilícito de INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE ASISTENCIA FAMILIAR, (cometido en agravio de S.S.V. y la ahora mayor de edad Sofía Soler Vera, previsto y sancionado en los artículos 220, en relación con el 221 del Código Penal del Estado en vigor. Séptimo. Protección de datos personales. Con fundamento en los artículos 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se hace la precisión que no será objeto de publicación los datos personales de las partes o secciones clasificadas como reservadas. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 74, 75 y 76 de la Ley de Amparo, se R e s u e l v e: Primero. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Arturo Soler Franco, contra el acto que reclama de la Segunda Sala Colegiada del Sistema de Justicia Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, por los motivos expuestos en el considerando quinto de esta resolución. Segundo. Se ordena que para el caso de atender una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, elaborar la versión pública de esta sentencia, testando las partes o secciones clasificadas e indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya alguna obligación de transparencia prevista en la Ley. Notifíquese personalmente. (...)
- Principal
Mérida, Yucatán, ocho de febrero de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibido el oficio remitido por Magistrada Tercera y Presidenta de la Segunda Sala Colegiada del Sistema de Justicia Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia del Estado, mediante el cual transcribe el acuerdo de uno de febrero del año en curso, en el que señala que mediante oficio 560/2023 de diecinueve de enero del año en curso, el Juez del Juzgado Segundo de Control del primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado hizo de su conocimiento que en acuerdo emitido en la misma fecha se decretó la suspensión del proceso, debido a que en su oportunidad la fiscal de la adscripción y el defensor particular solicitaron la suspensión del proceso hasta en tanto se resuelve en definitiva el presente juicio de amparo y el diverso 1602/2022-VI del índice de este Juzgado de Distrito, en virtud de lo anterior, el oficio de referencia agrega a estos autos para que obre como corresponda. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Estefanni Romero Navarro, secretaria que autoriza y da fe.
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