Arturo Rodríguez Cervera

Expediente 742/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 23 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
742/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
23/08/2019

Partes del expediente

  • Arturo Rodríguez Cervera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veintitrés de agosto de dos mil diecinueve. Atento a lo informado por la Secretaría en la razón de cuenta que antecede, téngase por recibido el oficio suscrito por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, al que adjunta en siete fojas útiles, el testimonio de la ejecutoria pronunciada en la queja 160/2019, interpuesta por la parte quejosa, en contra del auto de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, en el cual se desechó la demanda de amparo; ejecutoria de la que se advierte que la superioridad declaró infundado el aludido recurso. Acúsese recibo. Hágase lo anterior del conocimiento de las partes y se ordena archivar este expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno. Por otra parte, toda vez que se desechó de plano la demanda de amparo en estos autos, en términos del artículo vigésimo primero, fracción I, constituye una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo da por concluido, y por cuanto no existen documentos originales exhibidos por la peticionaria del amparo y carece de relevancia documental, este asunto encuadra en el supuesto previsto en el artículo vigésimo primero fracción I del Acuerdo General conjunto 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintiséis de octubre de dos mil nueve, el cual establece la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, por tanto, el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN; en consecuencia, hágase dicha anotación en la carátula del expediente, la relativa a la fecha en que se ordenó el archivo. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, encargado del despacho por vacaciones del Titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la licenciada Karen Azalia Mendoza Sánchez, secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, catorce de junio de dos mil diecinueve. Agréguese a los presentes autos el oficio signado por el secretario de acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, al que adjunta en nueve fojas útiles, copia certificada del testimonio de la resolución dictada en el amparo en revisión 335/2018, interpuesto por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional contra la sentencia dictada en los presentes autos; asimismo, devuelve el expediente original y dos cuadernos auxiliares; advirtiéndose que dicha Superioridad en el punto resolutivo primero del testimonio en cita confirmó la sentencia recurrida, en el segundo concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión. Acúsese recibo. Háganse las anotaciones de rigor en el libro respectivo y glósese a este expediente las actuaciones originales que obran en el cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso de revisión en cita. Ahora, tomando en cuenta que se concedió el amparo y protección de la justicia de la unión a la parte quejosa de conformidad con el artículo 192 de la Ley de Amparo, solicítese al Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, para que dentro del término de tres días siguientes contados a partir de que reciba el oficio en el que se le transcribe el presente acuerdo, se sirva informar a este Juzgado de Distrito sobre el cumplimiento que haya dado a la ejecutoria de amparo, o bien, los actos realizados para ese fin, en el entendido de que los efectos concedidos en el presente juicio de amparo fueron los siguientes: "1) Deje insubsistente el acuerdo de veintiséis de marzo de dos mil dieciocho, dictado en autos de la causa penal 63/2012, y ordene citar a las partes a una audiencia a desahogarse dentro de los diez días siguientes a efecto de que se lleve a cabo la el trámite del incidente en los términos plasmados en la presente sentencia, en el entendido de que es indispensable que los aquí quejosos acudan a la citada audiencia, y que el Juez de Distrito tiene la total libertad de realizar los apercibimientos que considere pertinentes para el caso de que no comparezcan a la citada audiencia." Debiendo remitir a este tribunal federal las constancias relativas a todo lo actuado con motivo de dicho ordenamiento. Finalmente, devuélvase al Juez responsable las constancias que remitió en su oportunidad como justificación de sus actos, debiendo recabarse el recibo correspondiente y obténgase copia certificada del acto reclamado a fin de que obre en los presentes autos. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito de conformidad con la autorización otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el ocho de enero del año en curso, comunicado mediante oficio CCJ/ST/0118/2019 de la propia fecha y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asistido de la secretaria licenciada Azucena Sosa García, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, diez de junio de dos mil diecinueve. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibido el escrito signado por María Rufina Canul Chan quien se ostenta asesora jurídica del directo quejoso Arturo Rodríguez Cervera, mediante el cual interpone recurso de queja en contra del proveído de veintinueve de mayo del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo. Con apoyo en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo aplicable, agréguese una copia de dicho escrito, ríndase el informe correspondiente sobre la materia de la queja y remítase copia certificada de las constancias que integran el presente juicio de amparo, así como el original de dicho escrito al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, para los efectos que en derecho correspondan, la copia destinada al agente del Ministerio Público de la Federación y el sobre que contiene dos discos compactos que se acompañaron al escrito de demanda de amparo. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito de conformidad con la autorización otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el ocho de enero del año en curso, comunicado mediante oficio CCJ/ST/0118/2019 de la propia fecha y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la secretaria licenciada Karen Azalia Mendoza Sánchez, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    AVISO ---------------- Mérida, Yucatán, veintinueve de mayo de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por María Rufina Canul Chan quien se ostenta asesora jurídica de Arturo Rodríguez Cervera, en contra de los actos que reclama del Fiscal General del Estado y otra autoridad; la cual fue exhibida con nueve copias y cuatro anexos. Ahora bien, en el caso lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo al advertirse una causal notoria y manifiesta de improcedencia. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo aplicable, establece que el Juez de Distrito examinará, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. De la lectura integral del escrito de demanda, se advierte que el acto reclamado se hace consistir en la abstención de ejercitar la acción penal en contra de las omisiones de los servidores públicos como presuntos imputados, en la carpeta de investigación U1/715/2018 de la Unidad de Investigación y Litigación de Tramitación Masiva de Casos de la Fiscalía General del Estado de Yucatán. Pues bien, a criterio de quien esto acuerda es improcedente el juicio de amparo respecto al acto reclamado a las autoridades señaladas como responsables, mismo que ha sido detallado en líneas que anteceden, toda vez que se actualiza una causal de improcedencia. En el presente caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de la materia, en relación con los numerales 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en tanto que, previo a instar la acción constitucional, la parte quejosa debió impugnar ante la autoridad judicial (Juez de Control), la omisión de las autoridades responsables de llevar acabo de manera diligente el procedimiento de investigación en los términos establecidos por la Ley y ejercer la acción penal dentro de la carpeta de investigación U1/00715/2018. En efecto, el artículo 61, en la fracción XXIII de la Ley de Amparo, y el numeral 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establecen: "Ley de Amparo (.) "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (.) "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. (.) C. De los derechos de la víctima o del ofendido: (.) VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño". Del primero de los numerales antes transcritos se advierte, que el juicio de amparo es improcedente, cuando así lo establezca la Constitución Federal o la propia Ley de Amparo. Por su parte, el numeral 20 de la Ley Fundamental establece que la víctima u ofendido puede impugnar ante la autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. En efecto, de los numerales antes mencionados se desprende que el Constituyente previó el derecho de la víctima u ofendido de impugnar ante la autoridad judicial, esto es, ante el Juez de Control, entre otras cosas, las omisiones del Fiscal Investigador de la Unidad de Investigación y Litigación de Tramitación Masiva de Casos de la Fiscalía General del Estado en la investigación de los delitos. Asimismo, para una mayor comprensión es necesario citar lo dispuesto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, orden jurídico que rige el acto reclamado, y que dispone: "Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno". Del transcrito precepto legal se advierte que los actos reclamados del Fiscal Investigador de la Unidad de Investigación y Litigación de Tramitación Masiva de Casos de la Fiscalía General del Estado, la abstención de ejercer la acción penal, son susceptibles de ser impugnadas ante el Juez de Control. Es decir, el control judicial previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, constituye un instrumento a través del cual la víctima u ofendido pueden ocasionar que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación, practique todas las diligencias necesarias y en su caso ejerza la acción penal; por lo que ese recurso innominado que prevé dicho precepto legal deberá agotarse antes de acudir al juicio de derechos fundamentales. Bajo esa óptica, y tomando en consideración que en el presente asunto se reclama las omisiones del Fiscal Investigador de la Unidad de Investigación y Litigación de Tramitación Masiva de Casos de la Fiscalía General del Estado y del Fiscal General del Estado en pronunciarse en relación al ejercicio de acción penal en contra de los servidores públicos como presuntos imputados, en autos de la carpeta de investigación U1/00715/2018, se concluye que contra el acto reclamado, no es procedente el juicio de amparo indirecto. Se dice lo anterior, toda vez que cuando la víctima, el ofendido o el representante legal de estos, reclamen las omisiones del Fiscal Investigador de la Unidad de Investigación y Litigación de Tramitación Masiva de Casos de la Fiscalía General del Estado y del Fiscal General del Estado de pronunciarse en relación al ejercicio de acción penal, previo a acudir al juicio de amparo, deberán interponer los medios ordinarios de defensa (Control Judicial, previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales). Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J.27/2018 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Tomo I, agosto de 2018, visible en la página 945, con número de registro 2017641, cuyo rubro y texto es el siguiente: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos." Asimismo, la jurisprudencia 1a./J.28/2018 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Tomo I, agosto de 2018, visible en la página 943, con número de registro 2017640, cuyo rubro y texto es el siguiente: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad." De ahí que si la parte quejosa no agotó el principio de definitividad a que se encuentra obligada, debiendo ejercer el control judicial en términos del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por ser este el medio de defensa idóneo contra las omisiones del Fiscal Investigador de la Unidad de Investigación y Litigación de Tramitación Masiva de Casos de la Fiscalía General del Estado y del Fiscal General del Estado que en el caso lo es el abstenerse de pronunciarse en relación al ejercicio de la acción penal en autos de la carpeta de investigación U1/00715/2018, que constituye el acto reclamado en el presente juicio, entonces, es notoriamente improcedente. En ese orden de ideas, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por María Rufina Canul Chan quien se ostenta asesora jurídica de Arturo Rodríguez Cervera, en contra de los actos que reclama del Fiscal General del Estado y otra autoridad, al actualizarse en el caso la causal de improcedencia del juicio constitucional, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en vigor en relación con el artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los razonamientos expuestos evidencian la causal de improcedencia del juicio constitucional, la cual resulta indudable habida cuenta de que en opinión de quien esto resuelve, no obstante que se admitiera la demanda de mérito y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. Viene al caso citar la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible en la página 648 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Enero de 1999, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio". Sin que sea obstáculo de lo anterior la jurisprudencia emitida por el Pleno en Materia Penal del Segundo Circuito con número de registro 2016139 y la tesis del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito con número de registro 2016826 invocadas en el escrito de demanda, pues conforme con lo previsto en el artículo 217 de la Ley de Amparo, las jurisprudencias que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación son obligatorias para los Juzgados de Distrito; de ahí que este acuerdo se dicte en observancia a las mismas. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones en este asunto, el señalado para ese efecto en su escrito de demanda. Finalmente, con fundamento, en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento, por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones derivadas del presente juicio de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito de conformidad con la autorización otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el ocho de enero del año en curso, comunicado mediante oficio CCJ/ST/0118/2019 de la propia fecha y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la secretaria licenciada Karen Azalia Mendoza Sánchez, que autoriza y da fe.

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