Arturo Silos Reyna
Expediente 1210/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 8 actuaciones registradas, la última del 10 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1210/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 10/04/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Arturo Silos Reyna
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, diez de abril de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los autos y tomando en consideración los elementos de prueba que obran en este expediente; con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se procede a examinar si la sentencia constitucional ha quedado debidamente cumplida o no. [.]; en tal virtud, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por cumplida la ejecutoria, sin que se haya incurrido en exceso o defecto al dar cumplimiento a la misma. Por otra parte, visto el estado de los presentes autos, se desprende que no existe trámite pendiente, por lo que de conformidad con lo señalado en el párrafo cuarto del citado precepto legal, se ordena el archivo de este juicio como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro de gobierno. En esa tesitura, acorde a lo establecido en el punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, debido a que por sentencia de veintitrés de enero de dos mil dieciocho, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, la cual causó ejecutoria el doce de febrero siguiente; este expediente es susceptible de depuración; lo señalado con anterioridad deberá efectuarse una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto, sin que en el caso obre en el citado expediente algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto; además de que no se trata de un asunto que por su valor jurídico o histórico deba conservarse. Atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el punto Décimo Primero del mencionado Acuerdo General 1/2009. Notifíquese; hágase personalmente a las partes.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintidós de marzo de dos mil dieciocho. Visto el oficio signado por el Juez Octavo del Ramo Penal de esta ciudad y anexo de cuenta, a través de los cuales informa sobre el cumplimiento dado a la sentencia dictada en el presente juicio; en tal virtud, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo dese vista a las partes quejosa y tercero interesada por el plazo de tres días, corriéndoles traslado con copia autorizada del oficio y anexo de referencia para que manifiesten lo que a su derecho convenga, en la inteligencia que transcurrido el mismo, con desahogo de la vista o sin ella, este órgano constitucional resolverá sobre el cumplimiento de la citada sentencia. Notifíquese; personalmente a las partes quejosa y tercero interesada.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, doce de marzo de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los autos y tomando en consideración los elementos de prueba que obran en este expediente; con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se estima que la ejecutoria de amparo no ha quedado cumplida. En primer término, es menester precisar que el veintitrés de enero de dos mil dieciocho, este juzgado dictó sentencia en el juicio constitucional, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que: ".el juez responsable deje insubsistente la resolución reclamada y en su lugar emita otra en la que, con libertad de jurisdicción, pero sometiendo la medida cautelar de prisión preventiva a un test de proporcionalidad en sentido amplio, resuelva lo que en derecho corresponda. En la inteligencia que deberá respetar en todo momento el principio de presunción de inocencia contenido en el artículo 20 constitucional, para lo cual deberá prescindir de las consideraciones relativas a que el procesado fue quien abusó sexualmente de la menor ofendida, es decir, deberá dársele el tratamiento de probable responsable." Determinación que causó ejecutoria por auto de doce de febrero de dos mil dieciocho; por tanto, se requirió a la autoridad responsable a efecto de que cumplimentara la aludida resolución. En acatamiento a lo anterior, a través del oficio 567/2018, el Juez Octavo del Ramo Penal de esta ciudad, remitió copia certificada de la resolución de catorce de febrero del año en curso, de la que se advierte que dejó insubsistente la determinación reclamada de veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete, emitida en el proceso penal 29/2017/4, del índice del otrora Juzgado Primero del Ramo Penal de esta ciudad, relativa al incidente no especificado de libertad por sustitución de la prisión preventiva por una diversa medida cautelar, promovido por el quejoso Arturo Silos Reyna. No obstante, del análisis de la resolución que se dictó en acatamiento al fallo constitucional, se pone de relieve que el juzgador responsable si bien determinó sustituir la medida cautelar de prisión preventiva impuesta al quejoso con motivo del auto de formal prisión que le fue dictado en la causa de origen por la presentación mensual ante la autoridad judicial y una garantía de diez mil pesos, no menos lo es que no cumplió con el efecto de la sentencia de amparo relativo a que se sometiera a la medida cautelar de prisión preventiva a un test de proporcionalidad en sentido amplio. En el fallo emitido por la suscrita, se consideró: "En efecto, en primer lugar, el juzgador debió examinar si con la medida de prisión preventiva se persigue un fin legítimo, es decir, qué es lo que se quiere lograr con la imposición de la medida de que se trata, lo que en el caso puede ser: 1. Asegurar la presencia del imputado en el procedimiento; 2. Garantizar la seguridad de la víctima u ofendido o del testigo; o 3. Evitar la obstaculización del procedimiento. Luego, de que precisara el fin que se pretendía con la medida de prisión preventiva, debió valorar la idoneidad de ésta, esto es, si la medida impugnada tiende a alcanzar en algún grado el fin de que se trate. En este sentido, el examen de idoneidad presupone la existencia de una relación entre la intervención al derecho y el fin que persigue dicha afectación, siendo suficiente que la medida contribuya en algún modo y en algún grado a lograr el propósito que se busca. Así, una vez que se ha constatado un fin válido constitucionalmente y la idoneidad de la medida, corresponde analizar si la misma es necesaria o si, por el contrario, existen medidas alternativas que también sean idóneas pero que afecten en menor grado el derecho fundamental. De esta manera, el examen de necesidad implica corroborar, en primer lugar, si existen otros medios igualmente idóneos para lograr los fines que se persiguen y, en segundo lugar, determinar si estas alternativas intervienen con menor intensidad el derecho fundamental afectado, esto es, deben valorarse las medidas cautelares previstas en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Así, de encontrarse alguna medida alternativa que sea igualmente idónea para proteger el fin buscado y que a su vez intervenga con menor intensidad al derecho, deberá concluirse que la medida de prisión preventiva debe ser sustituida por la menos invasiva. En caso contrario, deberá pasarse a la cuarta y última etapa del escrutinio: la proporcionalidad en sentido estricto. La cual consiste en efectuar un balance o ponderación entre dos principios que compiten en un caso concreto. Dicho análisis requiere comparar el grado de intervención en el derecho fundamental que supone la medida cautelar examinada, frente al grado de realización del fin perseguido por ésta. En otras palabras, en esta fase del escrutinio es preciso realizar una ponderación entre los beneficios que cabe esperar de una limitación desde la perspectiva de los fines que se persiguen, frente a los costos que necesariamente se producirán desde la perspectiva de los derechos fundamentales afectados. De este modo, la medida impugnada sólo será constitucional si el nivel de realización del fin que se persigue es mayor al nivel de intervención en el derecho fundamental. En caso contrario, la medida será desproporcionada y, como consecuencia, inconstitucional. Así entonces, en virtud de que el juzgador responsable no examinó la procedencia de la sustitución de la medida cautelar de prisión preventiva en términos del artículo 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esto es, no la sometió a un test de proporcionalidad en sentido amplio, además de que dio un trato de sentenciado al quejoso sin que existiera alguna sentencia condenatoria en su contra, es que se considera que la resolución reclamada viola en perjuicio del impetrante del amparo los principios de mínima intervención y presunción de inocencia contenidos en los artículos 19 y 20 de la Constitución Federal." Sin embargo, el juez de la causa no tomó en cuenta los lineamientos transcritos con antelación, en tanto que de ninguna manera sometió a la medida cautelar de prisión preventiva al escrutinio descrito. En ese contexto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente a la autoridad responsable Juez Octavo del Ramo Penal de esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de que reciba la notificación del presente auto, informe a este juzgado el cumplimiento que haya dado a la sentencia referida, de la cual se le remitió oportunamente copia autorizada, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá una multa equivalente a cien días del valor de la unidad de medida y actualización, de conformidad con el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en términos de los artículos 237, fracción I, y 258 de la Ley de Amparo, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su cargo y su consignación. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintitrés de febrero de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos y el contenido de la constancia asentada por el Actuario Judicial de este juzgado, de la que aparece que no le fue posible notificar personalmente a la parte quejosa, el proveído de dieciséis de febrero del año actual, por las razones que expone en la misma; en consecuencia, realícese la notificación del acuerdo de mérito, por medio de lista en los estrados de este juzgado, así como las subsecuentes, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, hasta en tanto se señale nuevo domicilio por la citada parte procesal. Notifíquese. EN CUMPLIMIENTO AL AUTO QUE ANTECEDE, EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL SIGUIENTE PROVEÍDO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, dieciséis de febrero de dos mil dieciocho. Visto el oficio signado por el Juez Octavo del Ramo Penal, con sede en esta ciudad, y anexo de cuenta, a través de los cuales, informa sobre el cumplimiento dado a la sentencia dictada en el presente juicio; en tal virtud, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo dese vista a las partes quejosa y tercero interesada por el plazo de tres días, corriéndoles traslado con copia autorizada del referido oficio y anexo para que manifiesten lo que a su derecho convenga, en la inteligencia que transcurrido el mismo, con desahogo de la vista o sin ella, este órgano constitucional resolverá sobre el cumplimiento de la referida sentencia.
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