Arturo Saldaña Segura
Expediente 986/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 986/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 20/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Arturo Saldaña Segura
Actuaciones
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinte de octubre de dos mil veintiuno. Agréguese al expediente el oficio de cuenta remitido por el Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, con residencia en Ciudad Valles, San Luis Potosí; en el que se transcribe el proveído de ocho de los actuales, dictado en el juicio de amparo 497/2021, del que se advierte, entre otras cosas, que acepta la competencia declinada y se avoca al conocimiento del juicio de amparo que le fue remitido. Sin que resulte necesario acusar recibo, toda vez que la promoción que se acuerda, fue recibida vía electrónica, por lo que el sistema genera la evidencia respectiva. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los autos y toda vez que no existe trámite pendiente de realizar, archívese el cuaderno de antecedentes como asunto concluido y háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Asimismo, acorde a lo establecido en el artículo 20, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que este cuaderno de antecedentes, es susceptible de destrucción, al transcurrir el plazo de tres años, contado a partir del dictado del presente proveído, sin que obren en el citado expediente documentos susceptibles de devolución. Además, dicha destrucción deberá llevarse a cabo dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Hágase constar la valoración del expediente referido, en la carátula respectiva, como lo prevé el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, uno de octubre de dos mil veintiuno. Visto el oficio de cuenta, signado por la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, mediante el cual remite el testimonio de resolución dictada en el juicio de amparo directo civil 206/2021 el veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, el original de dicho expediente, el oficio signado por el Magistrado Presidente de la Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, por el que rindió su correspondiente informe justificado y remitió la demanda de amparo promovida por Arturo Saldaña Segura, contra actos de la Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado; así como las constancias de emplazamiento, los autos del expediente 263/2019, del índice del Juzgado Primero Civil del Sexto Distrito Judicial en Ciudad Valles, San Luis Potosí, unido al toca de apelación 183/2021, de la Tercera Sala del Supremo Tribunal del Estado; anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, bajo el número 986/2021-I y fórmese el expediente de amparo respectivo. Acúsese el recibo de estilo correspondiente a la Superioridad. Ahora bien atento al contenido del escrito de demanda de amparo; y toda vez que la cuestión relativa a la competencia de los órganos jurisdiccionales es un presupuesto procesal de orden público, tal circunstancia debe ser analizada de manera previa a cualquier otra cuestión planteada, por lo que a fin de no infringir las normas de carácter procedimental que rigen el juicio de garantías, se procede al análisis correspondiente. En principio, debe señalarse que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el Juez de Distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues, de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de garantías y consolidaría una violación procesal cardinal. Situación jurídicamente inadmisible, si se toma en cuenta que la incompetencia afecta la validez de las actuaciones del Juez de Distrito, en términos de lo que establece el artículo 17 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo. Lo anterior, en estricto cumplimiento a los principios y reglas que sobre la competencia de los distintos Jueces de Distrito han sido elevados a normas de rango constitucional, en relación con la ley reglamentaria que regula esos aspectos, en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 37 de la Ley de Amparo. En ese contexto, la competencia constituye un presupuesto procesal cuya resolución reviste la mayor importancia, pues la decisión que al efecto se emita puede afectar a las partes en grado predominante o superior, ya que no solamente es declarativa, sino constitutiva, en función que define, aparte de qué Juez es el competente, la naturaleza del negocio y las leyes aplicables para su tramitación y resolución, dado que de examinarse hasta en sentencia definitiva o, en su caso, en revisión o amparo directo y resultar cierta la violación, implicaría la reposición de todo el procedimiento, conforme al artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo. Conviene señalar que para que un Juzgado tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, se precisa que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás Jueces y tribunales del mismo grado. En ese sentido, las leyes procesales señalan ciertos criterios para determinar la competencia y, normalmente, se habla de competencia por razón de la materia, la cuantía, el grado y el territorio. Así, la Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia a saber: a) Competencia por territorio; b) Competencia por materia; c) Competencia por grado; d) Competencia auxiliar; y, e) Competencia concurrente. En la especie, la parte quejosa acudió ante los Tribunales Colegiados en Materia Civil y Administrativa del Noveno Circuito, en turno, señalando como acto reclamado, el siguiente: La resolución de diez de agosto de dos mil veintiuno, dictada dentro de los autos del toca de apelación 183/2021, relativo al Juicio Extraordinario Civil 263/2019 del índice del Juzgado Primero Civil del Sexto Distrito Judicial en Ciudad Valles, en contra de la Dirección de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles, San Luis Potosí. Ahora bien, de la lectura a los anexos que se acompañaron a la demanda de amparo, se advierte que la resolución reclamada dictada dentro del toca de apelación 183/2021, deriva del Juicio Extraordinario Civil 263/2019 del índice del Juzgado Primero Civil del Sexto Distrito Judicial en Ciudad Valles, en contra de la Dirección de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles, San Luis Potosí, por lo tanto la ejecución del acto será en diversa circunscripción territorial a la de este órgano de control constitucional. Establecido lo anterior, es de destacarse que la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, a la letra dice: "Artículo 37.- Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del precepto anterior, se desprende que la competencia para conocer de la demanda de garantías se fija de acuerdo a la ejecución del acto reclamado, surgiendo diversas hipótesis atendiendo al lugar en donde el acto: a) deba tener ejecución; b) trate de ejecutarse; c) se haya ejecutado; o, d) se ejecute. Ahora bien, "ejecución", conforme al Diccionario de la Lengua Española, significa acción y efecto de ejecutar, mientras que el término "ejecutar" también conforme a dicho diccionario significa "consumar" y "cumplir". En el caso, del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama: La resolución de diez de agosto de dos mil veintiuno, dictada dentro de los autos del toca de apelación 183/2021, relativo al Juicio Extraordinario Civil 263/2019 del índice del Juzgado Primero Civil del Sexto Distrito Judicial en Ciudad Valles, en contra de la Dirección de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles, San Luis Potosí; por lo tanto, la ejecución, consumación o cumplimiento del acto reclamado, en su caso, será en el municipio de Ciudad Valles, San Luis Potosí, en razón de que es el lugar en donde tendrá aplicación la resolución recurrida y por ende, es el lugar donde se materializará el acto reclamado en cuestión; por lo que se concluye que este juzgado no es competente por territorio, toda vez que se encuentra fuera de la jurisdicción de este Juzgado de Distrito. Lo anterior además tiene sustento legal en criterio jurisprudencial de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como enseguida se verá. Así, sobre el aspecto que se reclama en el escrito inicial de demanda, debe decirse que la resolución reclamada tiene eficacia necesariamente en el lugar en que se materializa o ejecuta el mandamiento relativo, es decir, en el lugar en que se encuentre el juez ante el cual se sigue el citado Juicio Extraordinario Civil 263/2019, que en el caso es en el municipio de Ciudad Valles, San Luis Potosí. Esto es, para establecer la competencia de un juez de Distrito, en el particular, forzosamente debe atenderse al acto de ejecución, concretamente al lugar donde tendría aplicación la resolución reclamada, es decir, la localidad en que se encuentre la autoridad ante quien se sigue el Juicio Extraordinario Civil 263/2019. Por lo anterior, se insiste que si en la demanda de garantías la parte quejosa reclamó la resolución de diez de agosto de dos mil veintiuno, dictada dentro de los autos del toca de apelación 183/2021, relativo al Juicio Extraordinario Civil 263/2019 del índice del Juzgado Primero Civil del Sexto Distrito Judicial en Ciudad Valles, en contra de la Dirección de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles, San Luis Potosí, entonces, en la especie, se actualiza la regla de competencia prevista en el párrafo primero del citado artículo 37 de la Ley de Amparo en vigor, la cual dice que "Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame debe tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado." y, por ende, se concluye que resulta competente el Juzgado de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad de Valles, en turno. En consecuencia, el acto que reclama el promovente se encuentra fuera de la esfera competencial que corresponde a este órgano jurisdiccional, por tanto, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional se declara incompetente para conocer de la demanda de amparo. Consecuentemente, con fundamento en lo previsto en el artículo 37, de la Ley de Amparo, remítase al Juzgado de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad de Valles, en turno, el juicio de amparo 986/2021-I, el testimonio de resolución dictada en el juicio de amparo directo civil 515/2021 el veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, el original de dicho expediente, el oficio signado por el Magistrado Presidente de la Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, por el que rindió su correspondiente informe justificado y remitió la demanda de amparo promovida por Arturo Saldaña Segura, contra actos de la Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado; así como las constancias de emplazamiento, los autos del expediente 263/2019, del índice del Juzgado Primero Civil del Sexto Distrito Judicial en Ciudad Valles, San Luis Potosí, unido al toca de apelación 183/2021, de la Tercera Sala del Supremo Tribunal del Estado, para los efectos legales conducentes, solicitándole atentamente se sirva acusar el recibo de estilo correspondiente. Lo anterior, pues se estima competente para conocer de la presente demanda de amparo, por los motivos antes expuestos. Debe precisarse que no ha lugar a proveer sobre la suspensión, toda vez que no se está en el supuesto de los actos mencionados en el artículo 15 de la Ley de Amparo, es decir, no se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, deportación o destierro, o alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal. Lo anterior, sin que haya lugar a notificar personalmente el presente proveído a la parte quejosa en atención a la Jurisprudencia P.J. 12/96, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo III, Marzo de mil novecientos noventa y seis, primera parte, sección primero, página cincuenta y cinco, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO RECIBIDA POR EL SECRETARIO AUTORIZADO EN LUGARES EN QUE EXISTEN VARIOS JUZGADOS DE DISTRITO, REMITIDA A LA OFICIALIA DE PARTES COMÚN Y TURNADA A DIVERSO JUZGADO AL DE SU ADSCRIPCION. EL AUTO ADMISORIO NO DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE", que en lo conducente establece: "...es obligación del quejoso o de su representante, cerciorarse, en primer término a qué juzgado se remitió su demanda de amparo, en los lugares en donde existen oficinas de correspondencia común y, en segundo lugar, del acuerdo sobre la admisión de su demanda, a través de la correspondiente notificación por lista que para el efecto se fije en los estrados del juzgado." Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno; y por separado, fórmese cuaderno de antecedentes, con copia autorizada del oficio de cuenta signado por la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, mediante el cual remite el testimonio de resolución dictada en el juicio de amparo directo civil 515/2021 el veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, la demanda de garantías, del presente proveído y demás constancias que se estimen conducentes, a fin de que en su oportunidad se archive como asunto totalmente concluido. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica en el proemio de la demanda y como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de la Materia, a las personas que menciona, toda vez que no se proporcionan los datos correspondientes respecto de que se encuentran legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciados en derecho o abogados, tal como lo exige el segundo párrafo del citado numeral. Ahora bien, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 constitucional y 21, último párrafo, de la citada legislación, atendiendo a la carga de trabajo, al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente asunto, tiene el carácter de pública, es accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada, en forma temporal, por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. De igual forma, se hace del conocimiento que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73, fracciones II y V de la diversa Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones que se dicten en el presente asunto se publicarán sin la supresión de los datos personales, salvo los casos de excepción; lo anterior, en la inteligencia de que las partes procesales tienen expedito el derecho de manifestar su oposición a ello, en lo respectivo a la información que se considere confidencial. Notifíquese
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, uno de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se desprende que obran documentos por separado que por sus características deben ser devueltos a su oferente; por lo que con fundamento en el segundo párrafo del artículo 21 del precitado Acuerdo General, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, comparezca a recogerlos, previa razón de recibo que se deje en autos y, hecho lo anterior, sin ulterior acuerdo, devuélvanse los autos al archivo; en la inteligencia que de no recoger dichos documentos, podrán ser destruidos junto con el expediente. En el entendido que para poder presentarse en este juzgado a desahogar el requerimiento de que se trata, el compareciente deberá programar una cita dentro de los tres días siguientes a la notificación de este acuerdo, a través del sistema "Agenda OJ" en el micrositio de "Servicios jurisdiccionales" disponible en el Portal de Servicios en Línea1 . Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
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