Arturo Serrano Segura
Expediente 873/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 873/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 22/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Arturo Serrano Segura
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, veintidós de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que a la fecha se haya interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en autos, en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con el artículo 2 de la ley antes citada, se declara QUE HA CAUSADO EJECUTORIA LA SENTENCIA QUE NEGÓ EL AMPARO EN EL PRESENTE JUICIO DE GARANTÍAS. Ahora bien, toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Por otra parte, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por El Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este expediente es susceptible de depuración, en virtud de que se ubica en la hipótesis contenida en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo en cita, en relación con el numeral 7.1.1 ordinal 1, del Manual referido, toda vez que se negó la protección constitucional en el presente asunto. Por lo tanto, deberá conservarse el presente juicio de amparo, por el término de tres años, contados a partir de la fecha en que se actúa, y una vez concluido este plazo, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el expediente, conservando la demanda, la sentencia, en su caso las resoluciones recurridas, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y el presente proveído. Por lo tanto, procédase a su cumplimiento, previo desglose para su conservación, de la demanda, en su caso escritos aclaratorios y ampliación de demanda y la sentencia respectiva, tal y como lo dispone el punto Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo y Manual en cita. Remítase el presente expediente al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que haya transcurrido el término de tres años, a que se refiere el punto Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto aludido. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por la Secretaria Nancy Alejandra Magos Jurado, quien autoriza. Doy fe.
- Principal
Ciudad de México, ocho de junio de dos mil veintidós. Se tiene por recibido el oficio signado por el secretario del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, por medio del cual remite testimonio de la resolución pronunciada en sesión de uno de junio de dos mil veintidós, en el recurso de revisión número R.A. 140/2022, por el tribunal oficiante. Se hace del conocimiento de las partes que la superioridad resolvió lo siguiente: "PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ANABEL BASTIDA MONTAÑO, respecto del acto, autoridad y para los efectos señalados en el último considerando de la sentencia recurrida." Acúsese el recibo del testimonio. Ahora, considerando que el cumplimiento de una sentencia de amparo constituye una cuestión de orden público respecto del que las autoridades responsables están constreñidas indefectiblemente a cumplir sin dilaciones ni pretextos y en los términos perentorios de los que disponen, a fin de evitar que se les apliquen las sanciones que prevé el artículo 107, fracción XVI, Constitucional, sin que pueda discutir en forma alguna los alcances del fallo constitucional, y tomando en cuenta que en el fallo judicial se otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, es conveniente precisar lo siguiente: Los artículos 192; 193; 194 y 197, de la Ley de Amparo, prevén: "Artículo 192. Las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas. Al efecto, cuando cause ejecutoria la sentencia en que se haya concedido el amparo, o se reciba testimonio de la dictada en revisión, el juez de distrito o el tribunal unitario de circuito, si se trata de amparo indirecto, o el tribunal colegiado de circuito, tratándose de amparo directo, la notificarán sin demora a las partes. En la notificación que se haga a la autoridad responsable se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego y que, asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquélla, en su caso, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en esta Ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. El Presidente de la República no podrá ser considerado autoridad responsable o superior jerárquico. El órgano judicial de amparo, al hacer los requerimientos, podrá ampliar el plazo de cumplimiento tomando en cuenta su complejidad o dificultad debiendo fijar un plazo razonable y estrictamente determinado. Asimismo, en casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso, ordenará el cumplimiento inmediato por los medios oficiales de que disponga. Artículo 193. Si la ejecutoria no quedó cumplida en el plazo fijado y se trata de amparo indirecto, el órgano judicial de amparo hará el pronunciamiento respectivo, impondrá las multas que procedan y remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito, lo cual será notificado a la autoridad responsable y, en su caso, a su superior jerárquico, cuyos titulares seguirán teniendo responsabilidad aunque dejen el cargo. Se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En cambio, si la autoridad demuestra que la ejecutoria está en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso, el órgano judicial de amparo podrá ampliar el plazo por una sola vez, subsistiendo los apercibimientos efectuados. El incumplimiento ameritará las providencias especificadas en el primer párrafo. Artículo 194. Se entiende como superior jerárquico de la autoridad responsable, el que de conformidad con las disposiciones correspondientes ejerza sobre ella poder o mando para obligarla a actuar o dejar de actuar en la forma exigida en la sentencia de amparo, o bien para cumplir esta última por sí misma. La autoridad requerida como superior jerárquico, incurre en responsabilidad por falta de cumplimiento de las sentencias, en los términos que las autoridades contra cuyos actos se hubiere concedido el amparo. Artículo 195. El cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de responsabilidad a la autoridad responsable ni, en su caso, a su superior jerárquico, pero se tomará en consideración como atenuante al imponer la sanción penal. Artículo 197. Todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetos a las mismas responsabilidades a que alude este capítulo." (Lo destacado es propio). Toda vez que se relacionan con los anteriores preceptos, es preciso transcribir también, los artículos 238 y 258 de la ley de la materia, que prevén: "Artículo 238. Las multas previstas en esta ley se impondrán a razón de días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de realizarse la conducta sancionada. Podrán aplicarse al quejoso o al tercero interesado y en ambos supuestos, según el caso, de manera conjunta o indistinta con quienes promuevan en su nombre, sus apoderados o sus abogados, según lo resuelva el órgano jurisdiccional de amparo. Si el infractor fuera jornalero, obrero o trabajador, la multa no podrá exceder de su jornal o salario de un día. Artículo 258. La multa a que se refieren los artículos 192 y 193 de esta ley será de cien a mil días."( Lo subrayado es propio). Los anteriores preceptos disponen, respectivamente, el procedimiento que debe seguirse para lograr el cumplimiento de las sentencias en las que se concedió la protección constitucional, al efecto, en el artículo 192 de la ley de la materia, se prevé que una vez que haya causado ejecutoria, en la notificación que se haga a la autoridad responsable, se le requerirá para que cumpla con ella dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa con base en el artículo 258 de la ley referida y que, a su vez, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Asimismo, prevé el citado artículo 192 que al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquélla, en su caso, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en dicho ordenamiento legal. En este tenor, mediante sentencia dictada por este juzgado el veintiocho de enero de dos mil veintidós, confirmada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, por resolución de uno de junio del año en curso, dictada en el recurso de revisión R.A. 140/2022, se concedió el amparo y protección de la justicia para los efectos siguientes: ".En consecuencia, al resultar inconstitucionales los lineamientos reclamados, procede conceder el amparo y protección de la justicia federal, a Anabel Bastida Montaño, para que se desincorpore de su esfera jurídica los mencionados lineamientos, en específico, lo relativo al requisito de permanencia consistente en acreditar la conclusión de estudios de nivel superior o equivalentes, y que no le sea exigido o aplicado en el futuro." En este orden de ideas, con fundamento en el artículo 192, párrafo primero, de la Ley de Amparo, y 297, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley citada, se REQUIERE a la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, para que en el término de TRES DÍAS, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, acredite ante este Juzgado de Distrito haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en los términos y para los efectos precisados en los párrafos anteriores. Apercibida de que en caso de no hacerlo así, sin causa justificada se realizará lo siguiente: a) Se emitirá el pronunciamiento respectivo, en acatamiento a lo establecido en el párrafo primero del artículo 193 de la Ley de Amparo invocada. b) En términos de los artículos 238 y 258 de la citada Ley, se impondrá a cada uno de sus titulares una multa de hasta por cien veces la unidad de cuenta vigente en la Ciudad de México. c) Con fundamento en el segundo párrafo, del artículo 192 de la ley ya citada, se remitirán los autos originales del expediente en que se actúa, al Tribunal Colegiado de Circuito en turno, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Asimismo, con fundamento en el primer párrafo del artículo 193 de la Ley de Amparo citada, se hace del conocimiento de la autoridad requerida en este proveído, que aun cuando deje su encargo, seguirá siendo responsable del DESACATO AL FALLO CONSTITUCIONAL. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el secretario Francisco Javier García Hernández, quien autoriza. Doy fe.
- Principal
Ciudad de México, a veintitrés de mayo de dos mil veintidós. Por recibido el oficio signado por la Directora de Prestaciones y Bienestar Social y por el Líder Coordinador de Proyectos de Asuntos Jurídicos, por sí y en representación del Director General, todos de la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno de la Ciudad de México, por medio del cual, informan las gestiones que se encuentran realizando a efecto de dar cumplimiento al fallo protector, y solicitan sea llamado al presente juicio con el carácter de tercero interesado a la Alcaldía Venustiano Carranza, con quien el aquí quejoso tuvo una relación obreropatronal, a efecto de que la misma remita las aportaciones especiales de fondos de pensiones por lo que respecta al aquí quejoso Roberto Fabián López. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio y anexos de cuenta para que obren como corresponda, tomando conocimiento de su contenido, sin que haya lugar a emplazar a juicio con el carácter de tercero interesado a la Alcaldía Venustiano Carranza, toda vez que no le reviste tal carácter pues no se ubica en ninguno de los supuestos a que se refiere el artículo 5, fracción III, de la Ley de Amparo, aunado a que el presente asunto se encuentra en la etapa de ejecución de sentencia. Ahora bien, toda vez que las autoridades oficiantes solicitan se requiera a la Alcaldía Venustiano Carranza entere a la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno de la Ciudad de México, las cantidades correspondientes por concepto de aportaciones especiales de fondos de pensiones, respecto del aquí quejoso; sin embargo, considerando que el acto reclamado dentro del presente juicio lo constituye la omisión de dar cumplimiento a la sentencia de nueve de mayo de dos mil dieciocho, emitida por la Primera Sala Jurisdiccional del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, en el expediente TJ/I-28601/2018 de su índice, en términos de la resolución de apelación de doce de septiembre de dos mil dieciocho, dictada por la Sala Superior del citado Tribunal, en los autos de expediente RAJ.101903/2018, de cuya lectura no se advierte que lo solicitado por la oficiante sea un efecto a cumplir. En consecuencia, dígase a las autoridades oficiantes que deberán elevar dicha solicitud ante la Sala de origen, quien conoció el asunto de fondo, a efecto de que la misma determine si es procedente o no requerir en los términos que refiere a la Alcaldía citada. Ante tales premisas, con fundamento en el artículo 192, párrafo primero, de la Ley de Amparo y 297, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se requiere al Director de Prestaciones y Servicios al Derechohabiente y al Director General ambos de la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno de la Ciudad de México, para que, en el término de DIEZ DÍAS, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, acrediten haber solicitado ante la Sala de origen la vinculación de la autoridad que refieren para los efectos que precisan, y en el mismo término informen la determinación emitida al respecto, a efecto de que este órgano jurisdiccional se encuentre en aptitud de continuar requiriendo el cumplimiento de la ejecutoria de amparo dictada en autos. Apercibidas las autoridades requeridas, que en caso de no cumplir con lo anterior, sin causa justificada, se les impondrá, a cada una de las personas físicas que ocupen el cargo de las citadas autoridades, una multa de cien veces la unidad de cuenta vigente en la Ciudad de México, de conformidad con lo dispuesto en lo dispuesto en los artículos 192 y 258 de la Ley de Amparo. Asimismo, con fundamento en el primer párrafo del artículo 193 de la Ley de Amparo citada, se hace del conocimiento de la totalidad de las autoridades requeridas en este proveído, que aun cuando dejen su encargo, seguirán siendo responsables del DESACATO AL FALLO CONSTITUCIONAL. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Juan de Dios García Munguía, quien autoriza. Doy fe.
- Principal
Ciudad de México, a diecisiete de mayo de dos mil veintidós. Visto el oficio de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, por el que formula diversas manifestaciones en torno a la suspensión de plano decretada en autos: agréguese para que obre como corresponda, tomando conocimiento de su contenido, para los efectos legales a que haya lugar Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Óscar Horacio Escobedo Návar, quien autoriza. Doy fe.
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