Arturo Sánchez Torres
Expediente 1046/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 7 actuaciones registradas, la última del 4 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1046/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 04/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Arturo Sánchez Torres
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Ciudad de México, cuatro de enero de dos mil veintitrés. Se tiene por recibido el oficio proveniente del Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, por medio del cual, solicita se permita el acceso total a las constancias que integra el expediente electrónico del presente asunto; con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para los efectos legales conducentes, y se ordena vincular el expediente electrónico por medio de la citada plataforma, a efecto de que el juzgado oficiante esté en aptitud de consultar todas las constancias y actuaciones que integran este sumario. Por otro lado, se hace de su conocimiento que mediante proveído de veintiséis de julio de dos mil veintidós, se desechó por notoriamente improcedente la demanda de amparo presentada por Arturo Sánchez Torres, por propio derecho, el cual quedó firme por auto de diez de agosto de dos mil veintidós. Notifíquese.
- Principal
En la Ciudad de México, a diez de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que mediante proveído de cinco de julio del año en curso se requirió al Titular de la Dirección General de Recursos Humanos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para que remitiera diversas constancias a este juzgado, sin que a la fecha en que se actúa obre en autos la constancia de notificación respectiva. En estas circunstancias, a efecto de dar margen para que la autoridad referida cumpla con el requerimiento que le fue realizado, procede diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose como nueva fecha para que tenga verificativo, las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Óscar Horacio Escobedo Návar, con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Ciudad de México, veintiséis de julio de dos mil veintidós. Visto el escrito signado por Arturo Sánchez Torres, por propio derecho, mediante el cual desahoga el requerimiento formulado el doce de julio de dos mil veintidós, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se agrega a los autos el escrito de cuenta para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, del examen integral que ordena el artículo 113 de la Ley de Amparo, resulta necesario analizar si es procedente o no la demanda en cuestión, para estar en aptitud legal de proveer lo que en derecho corresponda sobre su admisión o desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo a la letra dispone: ARTÍCULO 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Del dispositivo transcrito se advierte que el juez de amparo tiene la obligación de estudiar la demanda y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Lo anterior tiene apoyo en la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. (Registro No. 186605; Localización: Novena Época; Instancia: Segunda Sala; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; XVI, Julio de 2002; Página: 448; Tesis: 2a. LXXI/2002; Tesis Aislada; Materia(s): Común). Del mismo modo, es aplicable en la parte conducente, por analogía la jurisprudencia I.13o.A. J/6, del rubro siguiente: DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO.. (No. Registro: 180,663, Jurisprudencia, Materia(s): Común, Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XX, Septiembre de 2004, Tesis: I.13o.A. J/6, Página: 1631) Así como la jurisprudencia número I.1o.A. J/4, cuyo rubro es el siguiente: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE.. (Registro No. 196196, Localización: Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, VII, Mayo de 1998, Página: 890) En esa tesitura, del análisis de la demanda, se advierte que la promovente señaló como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: V. Como autoridades responsables. i) La Secretaría de Administración Tributaria, a cargo de la Jefa del Servicio de Administración Tributaria. ii) La Comisión Nacional Bancaria y de Valores. iii) La institución de crédito HSBC MÉXICO, S.A., Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero HSBC. VI. El Acto Reclamado consiste en: Impedir, congelar, inmovilizar , bloquear, contener o evitar la libre disposición de los recursos financieros (dinero) concentrados en la cuenta bancaria 394803-3, constituida en HSBC MÉXICO, S.A., Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero HSBC México; misma cuenta bancaria de cual el ahora quejoso, ARTURO SÁNCHEZ TORRES, es su titular y propietario de dichos recursos financieros. De este acto reclamado, que específicamente se reprocha del Servicio de Administración Tributaria, como Ordenadora, el haber determinado y ordenado se impidiera, congelara, inmovilizara, bloqueara, contuviera o evitara la libre disposición de mis recursos financieros (dinero) concentrados en la cuenta bancaria 394803-3, en HSBC MÉXICO, S.A., Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero HSBC. Respecto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en su calidad de Ejecutora (en atención a lo ordenador por el Servicio de Administración Tributaria), instruir al banco HSBC MÉXICO, S.A., Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero HSBC, para que impidiera, congelara, inmovilizara, bloqueara, contuviera o evitara la libre disposición de mis recursos financieros, los cuales se encuentran depositados en la multicitada cuenta bancaria 394803-3. Finalmente, de la otra Ejecutora, HSBC MÉXICO, S.A., Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero HSBC, se reprocha el hecho precisamente de impedir, congelar, inmovilizar, bloquear, contener o evitar la libre disposición de mis recursos concentrados en las varias veces referida cuenta bancaria 394803-3 En ese sentido, este juzgador de oficio advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción IV, de la Constitución Federal, en virtud de que el bloqueo de la cuenta bancaria que defiende el quejoso, significa la omisión en el cumplimiento a la sentencia definitiva, dictada dentro del expediente 19080/17-17-07-3, por la Séptima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, acto contra el cual debió interponer recurso de queja por omisión en el cumplimiento de la sentencia definitiva, previsto en el artículo 58, fracción II, inciso a), numeral 3, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. El artículo 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el numeral 61, fracción XX, de la ley de amparo, a la letra señalan: Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: . IV.- En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución; . ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; En este contexto de las normas constitucionales y legales citadas, es evidente que el juicio de amparo es un medio de control constitucional extraordinario que se ejerce sobre los actos o leyes emanados del Poder Público, de tal suerte previo a la promoción de la acción constitucional por parte del gobernado, éste debe acudir a los medios o vías que en la jurisdicción ordinaria tenga a su alcance para controvertir los actos de las autoridades del orden común. Ahora bien, de las manifestaciones que bajo protesta de decir verdad realiza el quejoso en sus escritos de demanda, aclaratorios de demanda, y pruebas documentales, se advierte: 1) El Titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, emitió acuerdo de inicio de procedimiento administrativo de responsabilidades con número R-272/2012, en el cual previa sustanciación se le impuso como medidas de sanción destitución del cargo y sanción económica por las cantidades de $1,430,090.00 (un millón cuatrocientos treinta mil noventa pesos 00/100 moneda nacional), y $5,883,456.04 (cinco millones ochocientos ochenta y tres mil cuatrocientos cincuenta y seis pesos 04/100 moneda nacional). 2) En contra de esa determinación, interpuso juicio de nulidad radicado con el número de expediente 19080/1717-07-3, del índice de la Séptima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el cual, previo juico de amparo directo presentado contra la primera sentencia, se dictó sentencia definitiva el veintiséis de junio de dos mil diecinueve, concediendo la nulidad para dejar insubsistente la resolución que contenía las sanciones económicas supra citadas. 3) En pretendido cumplimiento a la sentencia de anulación de veintiséis de junio de dos mil diecinueve, como se observa del acuerdo de doce de abril de dos mil veintiuno, dictado por la Sala de origen, la autoridad demandada emitió las siguientes constancias, las cuales fueron valoradas en el juicio de anulación: .SE TIENE POR NO CUMPLIMENTADA LA SENTENCIA EN EL PRESENTE JUICIO, ya que si bien es cierto que a través de la resolución de fecha 4 de febrero de 2020, se dejó sin efectos las sanciones administrativas impuestas al demandante, así como las sanciones económicas en cantidades de $1,430,090.00, y $5,883,456.04, asimismo anexa copias certificadas del oficio OIC/TAR-0099/2020, mediante el cual hizo del conocimiento del acto la resolución antes precisada; del oficio OIC/TAR-0101/2020, de fecha 4 de febrero de 2020, en el que se solicita a la autoridad ejecutora deje sin efectos las sanciones económicas impuestas al demandante; y la impresión de pantalla del Sistema de Registro de Servidores Públicos Sancionados, a través del cual se observa que el actor no cuenta con registros de sanción. No obstante lo anterior, del mismo acuerdo, la Sala del conocimiento resolvió no tener por cumplida la sentencia de anulación, por los motivos que se transcriben: ...también lo es que la autoridad es omisa en pronunciarse respecto de su cuenta de inversión que continúa inmovilizada por el Servicio de Administración Tributaria, ya que de la resolución de fecha 4 de febrero de 2020 en comento, se advierte únicamente la solicitud de cancelación ante el Servicio de Administración Tributaria de los créditos fiscales respectivos sin que se demuestre su efectiva cancelación como lo refiere el actor. En mérito de lo anterior, toda vez que como el propio quejoso lo reconoce bajo protesta de decir verdad, el bloqueo de su cuenta bancaria, que aquí reclama, atiende a la omisión del Servicio de Administración tributaria de levantar el congelamiento respectivo, en cumplimiento a la sentencia de nulidad dictada en el expediente 19080/17-1707-3, omisión contra la cual el quejoso precisó que no interpuso algún medio de defensa (foja 45). En ese tenor se concluye que el bloqueo de cuenta bancaria del quejoso, significa el incumplimiento de la sentencia dictada por la Séptima Sala, contumacia que no fue combatido por el quejoso ante la citada Sala mediante el recurso de queja por omisión en el cumplimiento a la sentencia, previsto en el artículo 58, fracción II, inciso a), numeral 3, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo que a la letra señala: ARTÍCULO 58.- A fin de asegurar el pleno cumplimiento de las resoluciones del Tribunal a que este precepto se refiere, una vez vencido el plazo previsto por el artículo 52 de esta Ley, éste podrá actuar de oficio o a petición de parte, conforme a lo siguiente: II. A petición de parte, el afectado podrá ocurrir en queja ante la Sala Regional, la Sección o el Pleno que la dictó, de acuerdo con las reglas siguientes: a) Procederá en contra de los siguientes actos: 3.- Cuando la autoridad omita dar cumplimiento a la sentencia.... Sobre tales premisas, se desprende la procedencia del recurso de queja por omisión en el cumplimiento de una sentencia dictada por una Sala del Tribunal citado; lo que implica conforme a la anterior explicación que la legislación ordinaria prevé en favor del particular un recurso ordinario, el cual debe agotarse previamente a la solicitud de amparo a fin de cumplir con el principio de definitividad de cual se ha dado cuenta. En este orden de ideas, el juicio de amparo resulta notoriamente improcedente porque como ya se precisó, el promovente de amparo previo a instar el juicio de amparo, debió indefectiblemente interponer el recurso de queja por omisión en el cumplimiento a la sentencia de nulidad, mismo que se contempla en el artículo 58, fracción II, inciso a), numeral 3, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. De lo que resulta, que el recurso de queja referido, es el medio de impugnación que el gobernado aquí agraviado, tiene a su alcance para nulificar, revocar o modificar el acto que aquí combate, de tal suerte que existiendo dicho medio ordinario de impugnación, de no ser utilizado, el amparo es improcedente. Resulta aplicable al caso concreto la jurisprudencia de rubro y texto siguiente. RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 58, FRACCIÓN II, INCISO A), NUMERAL 3, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CUANDO SE RECLAME EL INCUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA DE NULIDAD DICTADA POR EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes adoptaron posturas discrepantes sobre un mismo punto de derecho, dado que frente al reclamo de la omisión de cumplimiento de una sentencia de nulidad, uno de ellos sostuvo que constituye un presupuesto de procedencia para el juicio de amparo que previamente se interponga el recurso de queja regulado en el artículo 58, fracción II, inciso a), numeral 3, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, mientras que el otro estableció que se trata de una instancia optativa, por lo que el afectado puede acudir de manera inmediata al juicio constitucional. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que, previamente a promover el juicio de amparo indirecto para reclamar la omisión de cumplir una sentencia de nulidad dictada por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el particular debe necesariamente interponer el recurso de queja que establece el artículo 58, fracción II, inciso a), numeral 3, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Justificación: El indicado recurso de queja constituye el medio de defensa previsto expresamente por el legislador para combatir la omisión de cumplimiento de una sentencia de nulidad y, más aún, constituye una instancia apta para lograr su reparación o modificación, pues prevé mecanismos consistentes con esa finalidad y adecuados para lograrla a cargo del propio Tribunal Federal de Justicia Administrativa, como son la revisión de la actitud desplegada por la autoridad en relación con ese cumplimiento, la posibilidad de fijar los alcances precisos de la declaración de nulidad e, incluso, la de resolver que existe imposibilidad para ejecutar el fallo y que, por ende, procede el cumplimiento sustituto, además de la aplicación de multas sucesivas en caso de contumacia y la comunicación de ésta al superior jerárquico del servidor público involucrado y a la contraloría interna que le corresponda. De ahí que, en términos del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, ese medio ordinario de defensa debe ser agotado, sobre todo porque no se configura alguna de las hipótesis de excepción al principio de definitividad que rige al juicio constitucional, puesto que el acto reclamado no es de aquellos que puedan carecer de fundamentación, no conlleva violaciones directas a la Constitución Federal, el recurso de queja se encuentra previsto en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y forma parte de un juicio que prevé la figura de la suspensión con los mismos alcances y sin mayores plazos o requisitos que los que al respecto prevé la Ley de Amparo. Contradicción de tesis 306/2021. Entre las sustentadas por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito y el Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito. 9 de febrero de 2022. Cinco votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Luis María Aguilar Morales, Loretta Ortiz Ahlf, Javier Laynez Potisek y Yasmín Esquivel Mossa. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Iveth López Vergara. (Registro digital: 2024468, Instancia: Segunda Sala, Undécima Época, Materias(s): Administrativa, Común, Tesis: 2a./J. 14/2022 (11a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 12, Abril de 2022, Tomo II, página 1741, Tipo: Jurisprudencia) Así como la tesis II.2o.T.AUX.30 A, la cual es del tenor literal siguiente: QUEJA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 58, FRACCIÓN II, INCISO A), DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. DEBE AGOTARSE DICHO RECURSO ANTES DE ACUDIR AL AMPARO INDIRECTO PARA LOGRAR EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DICTADA EN EL JUICIO DE NULIDAD. El artículo 58, fracción II, inciso a), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo regula el trámite del recurso de queja cuando la autoridad omite cumplir la sentencia dictada en el juicio de nulidad. Consecuentemente, antes de acudir al amparo indirecto para lograr el cumplimiento de la mencionada resolución, debe agotarse el referido medio ordinario de defensa, pues de lo contrario el quejoso carecerá de interés jurídico para acudir a la vía constitucional. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO AUXILIAR, CON RESIDENCIA EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO. Amparo en revisión 171/2010. Luzenac Sierra, S.A. de C.V. 21 de enero de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Ricardo Olvera García. Secretaria: Mónica Fong Lara. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia XI.5o. (III Región) J/1 (10a) de rubro y texto siguiente: AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CUANDO EL ACTO RECLAMADO LO CONSTITUYE LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE CUMPLIR UNA EJECUTORIA DICTADA EN EL JUICIO DE NULIDAD, SI NO SE HA AGOTADO EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE NI DICTADO UN AUTO DONDE SE DECLARE EL CUMPLIMIENTO O LA IMPOSIBILIDAD PARA ACATARLA. Conforme al artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, puede pedirse amparo ante el Juez de Distrito si se trata de actos de ejecución de sentencia, y sólo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo; hipótesis que no se actualiza cuando el acto reclamado lo constituye la omisión de la autoridad administrativa de cumplir una ejecutoria dictada en el juicio de nulidad, si no se ha agotado el procedimiento de ejecución correspondiente ni dictado un auto donde se declare el cumplimiento o la imposibilidad para acatarla, al no tratarse de la última resolución dictada en aquél. Por tanto, en esa hipótesis el amparo indirecto es improcedente, al operar la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII de la ley de la materia, en relación con el precepto inicialmente citado, aplicado este último a contrario sensu. Décima Época, Registro: 2002231, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 2, página 1071.) En este orden de ideas, el juicio de amparo resulta notoriamente improcedente porque como ya se precisó, el promovente del amparo previo a instar el juicio de amparo, debió interponer el recurso de queja por omisión que contempla el artículo 58, fracción II, inciso a), numeral 3, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Sin que en el caso se esté en algún supuesto de excepción al principio de definitividad y, por tales razones, debió agotarse la queja referida ante el mencionado órgano antes de promoverse el juicio de amparo. En las condiciones apuntadas, en acatamiento al principio de definitividad que rige al juicio de garantías, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo y 61, fracción XX de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción IV, de la Constitución Federal por lo que se SE DESECHA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, la demanda de amparo presentada por Arturo Sánchez Torres, por propio derecho. Lo anterior con el objeto de que la parte promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado de la demanda de garantías y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional, lo que incluso permite que la quejosa acuda oportunamente a los medios ordinarios de defensa a hacer valer sus derechos. Notifíquese personalmente al quejoso
- Principal
En la Ciudad de México, a diecinueve de julio de dos mil veintidós. Se tiene por recibido el escrito signado aparentemente por el apoderado legal de la persona moral quejosa, por medio del cual, pretende designar autorizados y señalar un nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones. Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda. Ahora bien, la firma que aparece estampada en el escrito de cuenta es distinta de la plasmada en el escrito inicial de demanda, tal y como a continuación se expone: (Firma estampada en el escrito inicial de demanda) (Firma estampada en el escrito que se provee) En consecuencia, con el objeto de que este juzgado tenga plena certeza respecto de la legitimidad de dicha firma, y dado que ésta constituye la manifestación de voluntad de la promovente, conforme a lo dispuesto por el artículo 6 fracción I del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19 se requiere a Daniel Moreno Navarro, apoderado legal de MANVERT México, sociedad anónima de capital variable, para que con identificación oficial vigente con fotografía y copia fotostática de la misma, así como del código QR que al efecto se emita, comparezca a las ONCE HORAS DEL VEINTINUEVE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, en las instalaciones que ocupa este Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, ubicado en Boulevard Adolfo López Mateos mil novecientos cincuenta, tercer piso, colonia Tlacopac San Ángel, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México, a efecto de que ante la presencia judicial, ratifique la firma estampada al calce del escrito que se atiende, a fin de estar en aptitud legal de proveer lo que en derecho proceda, en el entendido, que aun cuando la ratifique, este Juzgado está facultado para abrir de oficio el incidente respectivo, en caso de que se aprecie una diferencia notoria entre la firma ratificada y la plasmada durante la diligencia de ratificación, y por ende, tramitar la pericial en materia de caligrafía y grafoscopía para determinar la autenticidad de la firma que calza en el escrito de demanda que nos ocupa, lo anterior en razón de que no es factible otorgar efectos jurídicos a un reconocimiento respecto de una firma que no fue puesta de puño y letra por el peticionario de garantías. En apoyo al requerimiento anterior se cita por analogía la jurisprudencia número 7/89, Gaceta número 13-15, que a la letra dice: FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS. DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA. Cuando un escrito presenta una firma que sea notoriamente distinta de la que ya obra en autos, debe mandarse reconocerlas, con fundamento en el artículo 30 de la Ley de Amparo, advirtiéndose al ocursante de los delitos en que incurren quienes declaran con falsedad ante la autoridad judicial, así como del contenido del artículo 211 de la Ley de Amparo y después se dictara el acuerdo que corresponda, con vista a la propia diligencia de reconocimiento. Es importante distinguir que la firma notoriamente diferente, no equivale a la falta de firma, pues ambas son hipótesis distintas. (No. de Registro: 820052, Gaceta número 13-15, página cincuenta y dos, Semanario Judicial de la Federación, Tomo III, Primera Parte, página trescientos ochenta y cinco) Y las jurisprudencias de rubro y texto siguientes: DEMANDA DE AMPARO. LA RATIFICACIÓN DE LA FIRMA QUE LA CALZA, NO IMPIDE LA TRAMITACIÓN DEL INCIDENTE EN QUE SE CUESTIONA SU AUTENTICIDAD. La facultad de la autoridad jurisdiccional de prevenir al quejoso para que se presente a ratificar la firma que calza el escrito de amparo tiene como finalidad que el juzgador tenga la certeza de que quien plasmó dicho grafismo efectivamente fue el quejoso, máxime si ésta discrepa con alguna de las firmas que obran en autos. Sin embargo, el hecho de que se hubiere reconocido ante la presencia judicial la mencionada firma, no proscribe la posibilidad de que se cuestione su autenticidad a través del incidente respectivo, ya que precisamente el motivo de la impugnación incidental recae en su autenticidad, de manera que de llegarse a la conclusión de que tal grafismo es apócrifo, no es factible otorgar efectos jurídicos a un reconocimiento respecto de una firma que no fue puesta por el puño y letra del recognocente, pues ello sería tanto como volver verdadero lo que es falso, además de que desvirtuaría la materia propia de la impugnación incidental, rompiendo así el equilibrio procesal entre las partes. (Registro: 2002739, Décima Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVII, Febrero de 2013, Tomo 2, página 1195ochenta y cinco) PERICIAL EN MATERIA DE CALIGRAFÍA Y GRAFOSCOPIA. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA ORDENAR OFICIOSAMENTE SU PRÁCTICA Y DESAHOGO, A FIN DE VERIFICAR LA AUTENTICIDAD DE LA FIRMA QUE CALZA LA DEMANDA DE AMPARO, RECONOCIDA POR QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE EN ELLA, ÚNICAMENTE CUANDO ADVIERTA QUE LA FIRMA RATIFICADA Y LAS PLASMADAS DURANTE LA DILIGENCIA DE RATIFICACIÓN SON NOTORIAMENTE DIFERENTES. Únicamente en el caso referido, esto es, cuando aprecie una diferencia notoria entre la firma ratificada y las plasmadas durante la diligencia de ratificación, el Juez de Distrito estará facultado para ordenar oficiosamente la práctica y desahogo de una prueba pericial en materia de caligrafía y grafoscopia, a fin de corroborar su autenticidad pues, por un lado, la procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público y estudio preferente e independiente de la actuación de las partes y, por otro, dicha pericial no sólo es un elemento probatorio admisible en el juicio, sino que resulta idóneo para comprobar la veracidad de la firma mencionada.. (Época: Décima Época, Registro: 2014436, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 43, Junio de 2017, Tomo II, Materia(s): Constitucional, Común, Tesis: 2a./J. 59/2017 (10a.), Página: 1234) Se apercibe al promovente que de no desahogar el requerimiento de cuenta en la hora y fecha indicada, se tendrá por no presentado el escrito de mérito. Ahora, tomando en consideración que en el ocurso que se atiende, se proporciona un domicilio para oír y recibir notificaciones, con el objeto que la parte quejosa tenga conocimiento del requerimiento de mérito, se ordena realizar la notificación del presente proveído por única ocasión en el domicilio ubicado en avenida????? Insurgentes Sur, número mil seiscientos sesenta y seis (1666), colonia Florida, alcaldía Álvaro Obregón, código postal mil treinta (01030), Ciudad de México. Notifíquese; y personalmente a Daniel Moreno Navarro, apoderado legal de MANVERT México, sociedad anónima de capital variable en el domicilio ubicado en avenida Insurgentes Sur, número mil seiscientos sesenta y seis (1666), colonia Florida, alcaldía Álvaro Obregón, código postal mil treinta (01030), Ciudad de México. Así lo proveyó y firma, el licenciado Alonso Antonio Hernández Flores, Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos de lo dispuesto en el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de conformidad con el oficio CCJ/ST/2743/2022, signado por la Secretaria Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, asistido por el Secretario Juan de Dios García Munguía, con quien actúa y da fe. Doy fe.
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