Arturo Sánchez Jaramillo

Expediente 826/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 15 actuaciones registradas, la última del 24 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
826/2021
Año
2021
Actuaciones
15
Última actuación
24/12/2021

Partes del expediente

  • Arturo Sánchez Jaramillo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    En atención al contenido del Acuerdo General 20/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. CAUSA EJECUTORIA. De la certificación de cuenta, se desprende que, a la fecha, no fue impugnada en legal término la sentencia que decretó el SOBRESEIMIENTO en el presente juicio, con fundamento en los artículos 355, 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2, de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. 2. ARCHIVO. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al edificio habilitado para esos efectos, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. VALORACIÓN. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. 3. Incidente de suspensión. Toda vez que en el incidente de suspensión respectivo se concedió la suspensión provisional y definitiva, de conformidad con el citado Acuerdo General, se considera que el original del cuaderno incidental es susceptible de depuración y no es de relevancia documental. 3.1 Duplicado del incidente de suspensión. Por otra parte, devuélvase el juicio de origen el duplicado del incidente de suspensión es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por lo que con fundamento en el artículo 20 fracción II, inciso a), del citado acuerdo, una vez transcurrido el término de seis meses, destrúyase. Por otra parte, con apoyo en el artículo 18, una vez transcurrido el término de tres años, dentro del plazo de noventa días siguientes, deberá depurarse el original del incidente, conforme al penúltimo párrafo del citado numeral; hecho lo anterior, transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el artículo 27 del acuerdo normativo. 4. Se ordena devolución de constancias. Por otra parte, toda vez que resulta innecesario conservar en este juzgado las copias certificadas de la carpeta de investigación NUC 10032021-33166, el cual fue adjunto en el informe justificado rendido por el Ministerio Público Investigador de Violencia Familiar de la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos de Violencia Familiar y de Género de esta ciudad; por tanto, devuélvase el mismo.

  2. Principal

    S E N T E N C I A VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 826/2021 que promovió Arturo Sánchez Jaramillo contra actos del Agente del Ministerio Público Investigador de la Fiscalía Especializada para la Atención de los delitos de Violencia Familiar y de Género y otra autoridad este órgano jurisdiccional ha decidido: Sobreseer el juicio de Amparo; Al tenor de las siguientes: CONSIDERACIONES PRIMERO Precisión del acto reclamado1 El quejoso hace consistir el acto reclamado en lo siguiente:  Pretender privarlo ilegalmente de la libertad personal con motivo de una orden de citación localización y presentación emitida por las autoridades responsables Agente del Ministerio Publico Investigador de la Fiscalía Especializada para la atención de los delitos de ViolenciaFamiliar y de Género (EXPEDIENTE MOR/053/34930/2021 NUC 10032021-33166) SEGUNDO Competencia Este Juzgado de Distrito es competente resolver el presente juicio de amparo en términos de los artículos 103 fracción I 107 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 49 50 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación 33 fracción IV 35 y 37 de la Ley de Amparo en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal2 toda vez que el acto reclamado tiene ejecución dentro del territorio en el que este Juzgado ejerce jurisdicción TERCERO Norma general acto u omisión cuya existencia no quedó acreditada Al rendir su informe con justificación el Fiscal General de Justicia del Estado de Michoacán negó la existencia del acto reclamado sin que la parte quejosa desvirtuara dicha negativa3 Por ende ante la inexistencia del acto reclamado a la citada autoridad se sobresee en el juicio en términos de la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo4 CUARTO Norma general acto u omisión cuya existencia sí quedó demostrada La Agente del Ministerio Público Investigador de la Fiscalía Especializada para la Atención de los delitos de Violencia Familiar y de Género manifestó que era cierto el acto reclamado consistente en la citación del quejoso pues el treinta y uno de agosto de dos mil veinte giró citatorio para que se presentara a dicha dependencia a fin de recabar su declaración ministerial en calidad de imputado Lo cual se corrobora con las constancias de la carpeta de investigación con número único de caso NUC 10032021- 33166 medio de convicción que adquiere valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2 al tratarse de actuaciones llevadas a cabo por autoridades en ejercicio de sus funciones QUINTO Improcedencia del juicio de Amparo De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo5 la procedencia del juicio es una cuestión de orden público analizable aun de oficio lo aleguen o no las partes y debe ocurrir previo al análisis de fondo del asunto porque de actualizarse alguna causal de improcedencia haría innecesario el estudio de la litis constitucional planteada6 En la especie se considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61 fracción XII en relación con el 5 fracción I de la Ley de Amparo que establecen: "Artículo 61 El juicio de amparo es improcedente: (.) XII Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia " Artículo 5o Son partes en el juicio de amparo: I El quejoso teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo siempre que alegue que la norma acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico En términos de los preceptos transcritos el juicio de amparo sólo es procedente cuando el acto reclamado afecte de manera real y positiva dichos intereses jurídicos los cuales se definen como el derecho que le asiste a un particular para reclamar en la vía de amparo algún acto violatorio de derechos fundamentales en su perjuicio; así el acto de autoridad que se reclame tendrá que incidir o relacionarse con la esfera jurídica de algún individuo en lo particular es decir ocasionar un perjuicio directo en su campo de derechos; entendiendo como perjuicio para la procedencia del amparo aquel acto que produce una lesión u ofensa material a los intereses o derechos de una persona legítimamente tutelados Ahora si bien es cierto que el artículo 61 fracción XII de la Ley de Amparo establece la figura del "interés legítimo" en el juicio de amparo a la par del "interés jurídico" cuyos contenidos y alcances son diversos de acuerdo con la jurisprudencia y doctrina no menos lo es también que la norma Constitucional refiere de manera expresa y clara que tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales administrativos o del trabajo la parte quejosa deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa esto es deberá acreditar su interés jurídico La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que para acreditar el interés jurídico el promovente del amparo debe ser titular del derecho que se aduce violado con el acto reclamado y que éste produzca una afectación a su esfera jurídica; asimismo que el interés jurídico es considerado por la doctrina como un derecho subjetivo que supone la facultad de exigir y una obligación correlativa que se traduce en el deber jurídico de cumplir dicha exigencia; lo anterior según lo establecido en la jurisprudencia número 1a /J 168/2007 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en la página 225 Tomo XXVII Enero de 2008 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta con número de registro 170500 que establece: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO ELEMENTOS CONSTITUTIVOS El artículo 4o de la Ley de Amparo contempla para la procedencia del juicio de garantías que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos en su persona o en su patrimonio y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional Así como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados" Conviene apuntar que el interés jurídico se vincula estrechamente con el concepto de perjuicio pues este último supone un derecho legítimamente tutelado ante cuya transgresión por una autoridad o por la ley se concede a su titular la facultad de acudir al órgano jurisdiccional correspondiente demandando el cese de esa transgresión Mientras que el interés legítimo no necesariamente ha de dar lugar a un derecho subjetivo ya que para que éste se actualice es suficiente una afectación a la esfera jurídica del quejoso en sentido amplio pues no requiere necesariamente la titularidad del derecho subjetivo como ocurre con el interés jurídico El perjuicio entendido como el menoscabo ocasionado sobre la persona o bienes del peticionario de amparo que afectan de manera inmediata sus derechos sustantivos y/o objetivos en forma tal que la afectación originada no puede ser reparada por un acto jurídico posterior Entonces si uno de los presupuestos para el ejercicio de la acción Constitucional es la existencia de un derecho legítimamente tutelado puede afirmarse que es obligación del promovente del amparo acreditar plenamente la titularidad de ese derecho ya que éste no puede inferirse o presumirse Ahora bien precisado el concepto de interés jurídico desde la perspectiva del juicio de amparo resulta trascendente precisar que de las constancias que integran la carpeta de investigación NUC 10032021-33166 que remitió el agente responsable se advierte que el treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno se citó al aquí quejoso a fin de que se presentara ante esa autoridad en compañía de las menores K V S J y A I S J en su calidad de probable responsable por el ilícito de Retención o Sustracción especifica de menor de edad o que no tenga capacidad para comprender el significado del hecho en compañía de su abogado defensor a efecto de recabar una entrevista en relación a los hechos denunciados; asimismo para realizar diversas diligencias de carácter ministerial con las menores Ahora bien cabe señalar que en el caso concreto el acto reclamado analizado en el presente considerando consistente en la emisión de dicho citatorio no transgrede los derechos sustantivos de la quejosa Lo anterior es así virtud a que la etapa de investigación inicial es decir la integración de la carpeta de investigación en el juicio penal acusatorio oral por regla general está exenta de control Constitucional debido a que no afecta el interés jurídico del gobernado En efecto en el nuevo sistema procesal penal adversarial se tiene que la investigación realizada por el agente del Ministerio Público está desformalizada pues en términos del artículo 217 en relación con el diverso 260 ambos del Código Nacional de Procedimientos Penales la Representación Social únicamente debe integrar una carpeta de investigación con el registro de aquellos actos que tengan el carácter de antecedentes de la investigación que son aquellos de los cuales se generan datos de prueba para establecer que se cometió un hecho que la ley señale como delito y la existencia de probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión de los cuales eventualmente se producirán pruebas en el juicio oral "Artículo 217 Registro de los actos de investigación El Ministerio Público y la Policía deberán dejar registro de todas las actuaciones que se realicen durante la investigación de los delitos utilizando al efecto cualquier medio que permita garantizar que la información recabada sea completa íntegra y exacta así como el acceso a la misma por parte de los sujetos que de acuerdo con la ley tuvieren derecho a exigirlo Cada acto de investigación se registrará por separado y será firmado por quienes hayan intervenido Si no quisieren o no pudieren firmar se imprimirá su huella digital En caso de que esto no sea posible o la persona se niegue a imprimir su huella se hará constar el motivo El registro de cada actuación deberá contener por lo menos la indicación de la fecha hora y lugar en que se haya efectuado identificación de los servidores públicos y demás personas que hayan intervenido y una breve descripción de la actuación y en su caso de sus resultados " "Artículo 260 Antecedente de investigación El antecedente de investigación es todo registro incorporado en la carpeta de investigación que sirve de sustento para aportar datos de prueba " Lo anterior se prevé además en los artículos 211 fracción I inciso a) 212 213 214 216 217 218 y 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales del contenido siguiente: "Artículo 211 Etapas del procedimiento penal El procedimiento penal comprende las siguientes etapas: I La de investigación que comprende las siguientes fases: a) Investigación inicial que comienza con la presentación de la denuncia querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de control para que se le formule imputación e (.)" "Artículo 212 Deber de investigación penal Cuando el Ministerio Público tenga conocimiento de la existencia de un hecho que la ley señale como delito dirigirá la investigación penal sin que pueda suspender interrumpir o hacer cesar su curso salvo en los casos autorizados en la misma La investigación deberá realizarse de manera inmediata eficiente exhaustiva profesional e imparcial libre de estereotipos y discriminación orientada a explorar todas las líneas de investigación posibles que permitan allegarse de datos para el esclarecimiento del hecho que la ley señala como delito así como la identificación de quien lo cometió o participó en su comisión " "Artículo 213 Objeto de la investigación La investigación tiene por objeto que el Ministerio Público reúna indicios para el esclarecimiento de los hechos y en su caso los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal la acusación contra el imputado y la reparación del daño " "Artículo 214 Principios que rigen a las autoridades de la investigación Las autoridades encargadas de desarrollar la investigación de los delitos se regirán por los principios de legalidad objetividad eficiencia profesionalismo honradez lealtad y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados " "Artículo 216 Proposición de actos de investigación Durante la investigación tanto el imputado cuando haya comparecido o haya sido entrevistado como su Defensor así como la víctima u ofendido podrán solicitar al Ministerio Público todos aquellos actos de investigación que consideraren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos El Ministerio Público ordenará que se lleven a cabo aquellos que sean conducentes La solicitud deberá resolverse en un plazo máximo de tres días siguientes a la fecha en que se haya formulado la petición al Ministerio Público " "Artículo 217 Registro de los actos de investigación El Ministerio Público y la Policía deberán dejar registro de todas las actuaciones que se realicen durante la investigación de los delitos utilizando al efecto cualquier medio que permita garantizar que la información recabada sea completa íntegra y exacta así como el acceso a la misma por parte de los sujetos que de acuerdo con la ley tuvieren derecho a exigirlo Cada acto de investigación se registrará por separado y será firmado por quienes hayan intervenido Si no quisieren o no pudieren firmar se imprimirá su huella digital En caso de que esto no sea posible o la persona se niegue a imprimir su huella se hará constar el motivo El registro de cada actuación deberá contener por lo menos la indicación de la fecha hora y lugar en que se haya efectuado identificación de los servidores públicos y demás personas que hayan intervenido y una breve descripción de la actuación y en su caso de sus resultados " "Artículo 218 Reserva de los actos de investigación En la investigación inicial los registros de ésta así como todos los documentos independientemente de su contenido o naturaleza los objetos los registros de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados son estrictamente reservados El imputado y su defensor podrán tener acceso a ellos cuando se encuentre detenido o sea citado para comparecer como imputado y se pretenda recibir su entrevista A partir de este momento ya no podrán mantenerse en reserva los registros para no afectar el derecho de defensa del imputado En ningún caso la reserva de los registros podrá hacerse valer una vez dictado el auto de vinculación a proceso salvo lo previsto en este Código o en las leyes especiales " "Artículo 251 Actuaciones en la investigación que no requieren autorización previa del Juez de control No requieren autorización del Juez de control los siguientes actos de investigación: I La inspección del lugar del hecho o del hallazgo; II La inspección de lugar distinto al de los hechos o del hallazgo; III La inspección de personas; IV La revisión corporal; V La inspección de vehículos; VI El levantamiento e identificaciónde cadáver; VII La aportación de comunicaciones entre particulares; VIII El reconocimiento de personas; IX La entrega vigilada y las operaciones encubiertas en el marco de una investigación y en los términos que establezcan los protocolos emitidos para tal efecto por el Procurador; X La entrevista a testigos y XI Las demás en las que expresamente no se prevea control judicial En los casos de la fracción IX dichas actuaciones deberán ser autorizadas por el Procurador o por el servidor público en quien éste delegue dicha facultad Para los efectos de la fracción X de este artículo cuando un testigo se niegue a ser entrevistado será citado por el Ministerio Público o en su caso por el Juez de control en los términos que prevé el presente Código " De la transcripción anterior se colige que en la etapa de investigación como una de las etapas del procedimiento penal acusatorio que a su vez comprende dos fases la inicial y la complementaria el Ministerio Público se erige como parte y entre sus obligaciones está las de recibir querellas y/o denuncias sobre hechos que pueden constituir un delito y dirigir la investigación sin que pueda suspender interrumpir o hacer cesar su curso salvo en los caos autorizados en el Código Nacional de Procedimientos Penales De esta manera si la integración de la carpeta de investigación es consecuencia directa de la noticia criminal cuyo objeto es que el Ministerio Público reúna indicios para el esclarecimiento de los hechos y en su caso los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal la acusación contra el imputado y la reparación del daño entonces por regla general su integración no causa una afectación real y actual a la esfera jurídica del aquí solicitante de la protección de la justicia federal Máxime que hasta cuando el agente del Ministerio Público se presenta ante el Juez de control y expone los datos de prueba que se allegó y solicita la conducción del imputado ante el Juez de control es en que se formaliza la investigación antes no Ahora bien en el presente asunto se advierte que el acto reclamado se ubica dentro de la etapa de investigación de una carpeta de investigación cuestión que no evidencia alguna violación a derechos sustantivos y por tanto se ubica en la regla general conforme a la cual contra actos relativos a la integración de una carpeta de investigación es improcedente el juicio de amparo virtud a que no se transgreden derechos sustantivos de la parte quejosa En efecto como se estableció previamente en el presente sumario Constitucional se reclaman actos emitidos por la autoridad que participa en la integración de la carpeta mencionada lo cual actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XII de la Ley de Amparo en relación con el diverso 5 fracción I del citado ordenamiento legal relativa a la falta de interés jurídico del quejoso pues no le causa una afectación real actual y directa ni derivada de su especial situación frente al orden jurídico Se afirma de esa manera toda vez que el acto dirigido a la parte quejosa derivado de dicha carpeta de investigación no constituye acto privativo ni restrictivo de libertad ya que se trata únicamente de sendas citaciones con el objeto de que en su carácter de imputado en el ilícito de retención o sustracción especifica de menor de edad o que no tenga capacidad para comprender el significado del hecho se recabe entrevista así como realizar diligencias ministeriales con las menores con asistencia de asesor jurídico De ahí que tales actos por sí solos no constituyen actos que afecten derecho sustantivo alguno del quejoso por tratarse de simples citaciones es decir dicho acto no es privativo ni restrictivo de ningún derecho pues se emitieron por el Representante Social para lograr la entrevista y diligencias ministeriales a fin de integrar debidamente la carpeta de investigación es decir están dictados en la etapa de investigación inicial del sistema penal acusatorio la cual tiene la característica de no ser formalizada pues es cuando el Ministerio Público tiene conocimiento de la existencia de un hecho que la ley señala como delito en la cual iniciará y dirigirá la investigación penal desformalizada De ahí que se estime que la citación por parte de la Agente del Ministerio Público responsable no es un acto que afecte algún derecho sustantivo del quejoso por tratarse de una simple comunicación que no incide en la esfera jurídica de la citada Apoya lo anterior la tesis número (X Región)2o 1 P (10a ) emitida por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región con residencia en Saltillo Coahuila visible en la página 2592 Libro 33 Agosto de 2016 Tomo IV de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época con número de registro 2012423 que a la letra dice: "INVESTIGACIÓN INICIAL LA INTEGRACIÓN DE LA CARPETA RESPECTIVA POR EL MINISTERIO PÚBLICO DURANTE ESTA ETAPA DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO ORAL POR REGLA GENERAL ESTÁ EXENTA DEL CONTROL CONSTITUCIONAL MEDIANTE LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO POR NO AFECTAR EL INTERÉS JURÍDICO NI LEGÍTIMO DEL GOBERNADO Conforme a los artículos 21 párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 211 fracción I inciso a) 212 213 214 216 217 218 y 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales la etapa de investigación inicial en el procedimiento penal acusatorio oral tiene por objeto que el Ministerio Público reúna los requisitos o datos de prueba necesarios para el ejercicio de la acción penal por lo cual dada su naturaleza jurídica no puede suspenderse interrumpirse o cesar en su curso En efecto el inicio y trámite de la investigación inicial a cargo del representante social por regla general están exentos de cualquier acción tendiente a su suspensión o paralización incluso del control constitucional mediante la promoción del juicio de amparo indirecto porque los actos verificados durante esta etapa como la integración de la carpeta respectiva por la autoridad ministerial no irrogan perjuicio al gobernado pues no trascienden irreparablemente en su esfera jurídica debido a que son susceptibles de anularse o contrarrestarse cuando el fiscal formule la imputación ante el Juez de control y se inicie la etapa de investigación complementaria o formalizada o bien en caso de que se determine el no ejercicio de la acción penal Se afirma lo anterior porque de considerar que los actos dictados durante la sustanciación de la investigación inicial afectan el interés jurídico o legítimo del gobernado y con ello la procedencia del juicio de amparo se obstaculizaría injustificadamente la potestad-deber del Ministerio Público de recabar los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión Así cuando en el juicio de amparo indirecto se reclama la integración de la carpeta mencionada se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XII de la Ley de Amparo en relación con los diversos 107 fracción I de la Constitución Federal y 5o fracción I de la ley de la materia relativa a la falta de interés jurídico y legítimo del quejoso ya que no le causa una afectación real y actual directa ni derivada de su especial situación frente al orden jurídico aunque esta regla general puede admitir excepciones que deben examinarse en lo particular " En efecto de las constancias derivadas de la carpeta de investigación no se advierte que el acto reclamado transgredan algún derecho fundamental del quejoso o que se intente la ejecución de alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional que en todo caso sería la excepción a la regla general prevista por la tesis en cita Por tanto atento a las razones expuestas es dable concluir que la citación formulada no genera afectación a algún derecho sustantivo del quejoso Apoya lo anterior la jurisprudencia número 1a /J 78/2018 (10a ) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en la página 239 Libro 61 Diciembre de 2018 Tomo I de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época con número de registro 2018828 que a la letra dice: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a /J 93/2013 (10a )] La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 97/2013 de la cual derivó la jurisprudencia 1a /J 93/2013 (10a ) interpretó las legislaciones adjetivas penales de los Estados de Chihuahua y Durango y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer transgrede el derecho a la libertad deambulatoria pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto Ahora bien de una nueva reflexión esta Primera Sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial y de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo mencionado se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra por sí sola no es un acto que afecte su libertad personal al tratarse de una simple comunicación del Juez a petición del Ministerio Público en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y en su caso sometido a una medida cautelar No obsta a lo anterior el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado en caso de no comparecer injustificadamente pueda ordenarse su comparecencia forzosa pues ello es un acto futuro de realización incierta al estar condicionado a que el citado no asista sin justificación y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública por lo que ese acto de comunicación como tal no incide en la libertad personal del citado De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso conforme al artículo 107 fracción IV de la Ley de Amparo " (Lo subrayado y resaltado es propio) No es obstáculo a lo anterior que en el citatorio reclamado también se hubiere ordenado al quejoso que presentara a las menores K V S J y A I S J pues del citatorio se advierte que la responsable no lo apercibió con la aplicación de algún medio de apremio para el caso de que no se presentara él o las menores y aun en el caso de que lo hubiere hecho ello sería un acto futuro de realización incierta al estar condicionado a que la persona citada no asista sin justificación y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública De ahí que al no haber demostrado el quejoso que el acto reclamado afecte algún derecho sustantivo de su esfera jurídica; entonces es evidente que carece del interés jurídico necesario para solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal En consecuencia al actualizarse la causal de improcedencia invocada respecto del acto reclamado por la quejosa procede sobreseer en el juicio de amparo en términos del artículo 63 fracción V de la Ley de la Materia Por lo expuesto y fundado se R E S U E L V E: ÚNICO Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Arturo Sánchez Jaramillo por los motivos expuestos en los considerandos tercero y quinto de esta resolución

  3. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA LA SIGUIENTE SENTENCIA: se R E S U E L V E: ÚNICO Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Arturo Sánchez Jaramillo por los motivos expuestos en los considerandos tercero y quinto de esta resolución

  4. Principal

    En Morelia, Michoacán, siendo las once horas con treinta y seis minutos del once de octubre de dos mil veintiuno, Sergio Santamaría Chamú, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de la secretaria Karla del Rosario Herrera Bacab, procede a celebrar la audiencia en el expediente electrónico del presente juicio 826/2021, de conformidad con lo dispuesto con el Acuerdo General 9/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. La Secretaria hace constar la inasistencia de las partes, precisando además que éstas, con anterioridad a este acto procesal, no solicitaron por escrito estar presentes en la audiencia ni acudieron físicamente al juzgado para anunciar que esa fuera su intención, no obstante que este órgano jurisdiccional ha reanudado los plazos conforme al citado Acuerdo General. La Secretaria relaciona como principales constancias del expediente la demanda de amparo, auto admisorio, informe justificado de la autoridad responsable, así como el emplazamiento de Brenda Guadalupe Jiménez Ramírez, madre de las menores ofendidas de iniciales K.V.S.J. y A.I.S.J. A lo anterior, el Juez acuerda: Ténganse por hecha la relación de constancias que antecede, para los efectos legales a que hubiere lugar. Acto seguido, el Juez declara abierto el período probatorio y el Secretario da cuenta con las documentales exhibidas por la autoridad responsable; y sobre el particular el Juez determina: Téngase por hecha la relación de las pruebas que, en su oportunidad, fueron admitidas y desahogadas conforme a su naturaleza. Enseguida, el Juez abre el periodo de alegatos y la Secretaria hace constar que la parte tercera interesada hizo manifestaciones en esta vía. A lo que el Juez acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por reiterado el proveído en el que se tuvo a la aludida parte formulando alegatos y por pedido el derecho de las demás, dada su omisión. Sin más alegatos por relacionar, se declara cerrada la presente fase. Con lo anterior, se dan por concluidas las etapas procesales y con fundamento en el artículo 124 de la ley de Amparo, sin más pruebas pendientes por desahogar o alegatos por relacionar, quedan los autos en estado de resolución.

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