Arturo Sánchez Esquivel

Expediente 1157/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 19 actuaciones registradas, la última del 7 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1157/2021
Año
2021
Actuaciones
19
Última actuación
07/03/2022

Partes del expediente

  • Arturo Sánchez Esquivel
  • Ministerio Público Investigador de la Unidad Especializad en Delitos de Violencia Familiar y Delitos Sexuales de la Fiscalía Regional de Zitácuaro, Michoacán

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    En atención al contenido del Acuerdo General 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por la enfermedad COVID-19, se provee lo siguiente: Desahogo de requerimiento. Visto lo de cuenta, se tiene al director de Amparos de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, remitiendo la constancia de notificación del oficio expedido en cumplimiento al acuerdo de veinticinco de febrero de dos mil veintidós, dirigido a la Unidad Especializada de Delitos Sexuales de la Fiscalía Regional de Zitácuaro, Michoacán.

  2. Principal

    treinta de noviembre de dos mil veintiuno SENTENCIA. VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 803/2020, promovido por Rodolfo Silva Granados, por alegada violación de los artículos 1o, 14 y 16 de la Constitución Federal, atribuida a la Fiscalía General del Estado de Michoacán y otras autoridades, este órgano jurisdiccional ha decidido. SOBRESEER EN EL JUICIO. Lo anterior al tenor de las siguientes: CONSIDERACIONES: PRIMERO. Precisión de la norma general, acto u omisión reclamada. La parte quejosa reclama de: 1) Fiscalía General; 2) Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Alto Impacto; y, 3) agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada contra Robo al Transporte, todas con residencia en Morelia, Michoacán. Detención ilegal del remolque marca Hércules, tipo caja seca, modelo dos mil cuatro, color blanco, número de serie 3C9E348294C090357, número de placas federales 339UJ8, realizada el ocho de enero de dos mil veinte. Omisión de dar respuesta a su solicitud de devolución del remolque descrito. Cobro de la pensión del corralón donde se encuentra el remolque. 4) Servigrúas Profesionales. El acto reclamado precisado en el inciso c). SEGUNDO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para resolver el juicio de amparo, en términos de los artículos 94, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o., 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 y 57, fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; dado que se reclama un acto ejecutado a la altura de la comunidad Epifanio C. Pérez, municipio de Cuitzeo, Michoacán, lugar en que este órgano ejerce jurisdicción; y el diverso acto, así como omisión reclamada, derivan de aquél. TERCERO. Antecedentes del acto reclamado. El ocho de enero de dos mil veinte, Diego Fernando Isol Bustos, elemento de la Policía Federal, presentó denuncia por el hecho con apariencia de delito que la ley señala como robo a transporte ante el agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Robo a Transporte, residente en la ciudad. Ello en virtud de que, al realizar servicios de inspección, verificación, control, seguridad y vigilancia, sobre el kilómetro 036 400, de la carretera Morelia, Salamanca, hicieron el alto a Juan Gabriel Reyes Marrufo, por no portar cinturón de seguridad, quién conducía un tractor con placas de circulación de servicio público federal 398AH5, el cual tenía acoplado un semirremolque marca Hércules, tipo caja seca, color blanco, modelo dos mil cuatro, color blanco, de placas federales 339UJ8. A lo que, al realizar una inspección física al semirremolque, los oficiales se percataron que la placa de producción metálica se encontraba manipulada en la estructura, con huellas de esmeril, así como alteraciones en su alineación, marcaje y secuencia de fábrica. El once de enero de dos mil veinte, Eduardo Piña Pérez, en su calidad de representante legal de Rodolfo Silva Granados, compareció a la Agencia del Ministerio Público, solicitando la devolución del tractor y la mercancía que portaba el semirremolque, lo que en la misma fecha le fue acordado y notificado de conformidad, pues exhibió la factura y tarjeta de circulación que acreditaron a su representado como propietario de dicha unidad, quedando en espera del esclarecimiento de los hechos en relación a la caja. CUARTO. Norma General, acto u omisión cuya existencia no quedó acreditada. 1) El fiscal general del Estado; 2) el fiscal especializado para la Atención de Delitos de Alto Impacto; y 3) Servigrúas Profesionales, al rendir su informe justificado negaron la existencia de los actos reclamados; por su parte, la quejosa no aportó pruebas tendientes a desvirtuar dicha negativa. Por su parte, el agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada contra Robo al Transporte, con residencia en Morelia, Michoacán, al rendir su informe justificado, no se pronunció sobre la existencia o inexistencia del cobro de la pensión del corralón donde se encuentra el remolque. Y respecto de la omisión de dar respuesta a la solicitud de devolución de la caja contenedora descrita, la autoridad manifestó en su informe justificado que el quince de enero de dos mil veinte, compareció ante él Eduardo Pérez, en su calidad de representante de Rodolfo Silva Granados, manifestando que había acreditado su personalidad, así como su interés por recuperar el remolque marca Hércules, número de serie 3C9E348294C090357, diciendo exhibir para tal efecto original y copia simple de las constancias del expediente que se integró en la agencia de Salvatierra, Guanajuato, respecto de que dicha unidad le fue retenida y devuelta, esperando sea afirmativa su solicitud. Dichas manifestaciones, adquieren valor en términos del artículo 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, el cual establece que los hechos propios de las partes, aseverados en la demanda, en la contestación o en cualquier otro acto del juicio, harán prueba plena en contra de quien los asevere, sin necesidad de ofrecerlos. Con ello no puede tenerse por cierta la existencia de la omisión de la autoridad responsable, en virtud de que cuando se reclame una omisión, si bien al quejoso no corresponde corroborar la conducta omisa de la responsable, si le corresponde acreditar que realizó la petición conducente, acorde a las formalidades previstas en el artículo 8o de la Constitución Federal, el cual atribuye cargas al peticionario y a la autoridad. Pues de inicio debe existir una petición, la cual debe formularse de manera escrita, pacífica y respetuosa; ser dirigida a una autoridad, y recabarse la constancia de que fue entregada; por su parte, la autoridad debe acordarla en breve término y realizar la notificación respectiva al peticionario en el domicilio que señaló para tales efectos. Sin embargo, de las constancias aportadas en copia certificada por dicha autoridad, no se advierte la existencia del acto y la omisión reclamada, por tanto, se tienen como inexistentes. Documental aportada por la responsable que adquiere valor probatorio pleno, al ser expedidas por funcionario público en ejercicio de sus funciones, de conformidad con los numerales 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. Y por su parte, la quejosa tampoco aportó la solicitud que refiere; es por ello, que no se tiene la certeza de que la omisión que refiere se hizo por escrito y las manifestaciones que dice la autoridad responsable, realizó la persona que se ostentó representante de la quejosa, hayan quedado plasmadas por escrito, pues no obran en autos. Sirve de sustento la tesis de registro digital 197269, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido: "ACTOS NEGATIVOS ATRIBUIDOS A UNA AUTORIDAD. SI SU EXISTENCIA REQUIERE DE PREVIA SOLICITUD, AL QUEJOSO CORRESPONDE DEMOSTRAR QUE LA FORMULÓ. La jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia, en cuyo sumario se dice: "ACTOS NEGATIVOS.- Tratándose de actos negativos, la prueba corresponde no a quien funda en ellos sus derechos, sino a su contendiente.", constituye una regla genérica que no es aplicable cuando la existencia de la conducta negativa de la autoridad responsable aplicadora requiere, necesariamente y de una manera previa, la existencia de una solicitud del particular -el quejoso- para que la autoridad ejerza la facultad prevista en la ley aplicable, lo cual implica que si bien al quejoso no corresponde probar la conducta omisa de la responsable, sí le toca, en cambio, acreditar que realizó los trámites conducentes para exigir la actuación de esta última". En consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el juicio, respecto de los actos aquí indicados, atribuidos a las citadas autoridades. QUINTO. Norma general, acto u omisión cuya existencia sí quedó acreditada. Es cierto el acto reclamado al agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada contra Robo al Transporte, con residencia en Morelia, Michoacán, precisado en el considerando primero, inciso a), pues así lo manifestó al rendir su informe justificado. Acto reclamado que se corrobora con las constancias que anexó al miso, las cuales fueron valoradas en el considerando que antecede. SEXTO. Análisis de causas de improcedencia. De conformidad con el estudio oficioso que exige realizar el artículo 62 de la Ley de Amparo, se estima actualizada la causa de improcedencia prevista en el diverso 61, fracción XIV, en relación con los dispositivos 17 y 18 del mismo ordenamiento. De los citados numerales se advierte la improcedencia del juicio de amparo contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por éstos aquellos contra los que no se promueve el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. Así pues, que el plazo genérico para promover el juicio de amparo es de quince días, salvo las excepciones ahí previstas, el cual se computará acorde con los siguientes supuestos: 1) El día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; 2) Aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución; y, 3) De la entrada en vigor de la ley autoaplicativa a que hace referencia el artículo 17 de la Ley de Amparo, en cuyo caso se hará a partir del día de su entrada en vigor. Precisado lo anterior es menester señalar que, a la parte quejosa le es aplicable el plazo genérico de quince días. Lo anterior es así, toda vez que el acto reclamado en esta instancia constitucional como ya quedó precisado es la detención ilegal del remolque marca Hércules, tipo caja seca, modelo dos mil cuatro, color blanco, número de serie 3C9E348294C090357, número de placas federales 339UJ8, realizada el ocho de enero de dos mil veinte. Por tanto, no encuadra en alguna de las hipótesis de excepción ya que no se reclama norma autoaplicativa alguna, sentencia condenatoria a pena de prisión, acto que pretenda privar en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, o algún acto de los previstos tanto en los numerales 22 de nuestra Constitución Federal, como en el 15 de la ley de la materia. Ahora bien, de las constancias aportadas por el agente del Ministerio Público responsable, las cuales fueron valoradas en el considerando que antecede, se advierte que: El ocho de enero de dos mil veinte, fue detenido un tractor de placas 398AH5, el cual tenía acoplado un semirremolque de placas federales 339UJ8. El once de enero de dos mil veinte, le fue devuelto el tractor y la mercancía que portaba el semirremolque a Eduardo Piña Pérez, en su calidad de representante legal de Rodolfo Silva Granados, al haber acreditado la propiedad en favor de su representado y haberlo solicitado, quedando en espera del esclarecimiento de los hechos en relación a la caja. Y de la demanda de amparo, el quejoso manifestó que el quince de enero de dos mil veinte, solicitó la devolución del semirremolque, por tanto, se advierte que cuando menos desde esa fecha, tuvo conocimiento de la detención de la caja de la cual se ostenta propietario. Las cuales hacen prueba plena en términos del artículo 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, el cual establece que los hechos propios de las partes, aseverados en la demanda, en la contestación o en cualquier otro acto del juicio, harán prueba plena en contra de quien los afirme, sin necesidad de ofrecerlos. En consecuencia, se tiene que desde el quince de enero de dos mil veinte, el quejoso tenía conocimiento del acto reclamado y de esa data al dieciocho de noviembre de dos mil veinte, en que presentó la demanda de amparo, ha transcurrido en demasía el término de quince días con que contaba para acudir a esta instancia constitucional. En esas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el juicio con apoyo en el numeral 63, fracción V, de la misma legislación. Sin que pasen inadvertidos los alegatos formulados por la parte quejosa y agente del Ministerio Público de la adscripción; sin embargo, este órgano de control constitucional se abstiene de realizar pronunciamiento al respecto, porque la litis en el juicio de amparo se constriñe a lo expuesto en la demanda de amparo, el informe justificado y los datos observados de las constancias del acto o procedimiento de origen; mayormente, que tienden a rebatir la fundamentación y motivación del mismo, es evidente que no es materia de este juicio, como se puso de manifiesto. Así pues, resulta innecesario el estudio de los conceptos de violación, pues al actualizarse dichas causas de improcedencia y decretarse el sobreseimiento del juicio, impide estudiar las cuestiones de fondo planteadas. Tiene aplicación la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." Por lo expuesto, se R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Rodolfo Silva Granados, en contra los actos y omisión reclamadas a las autoridades precisadas en el considerando primero, por los motivos indicados en los diversos cuarto y sexto.

  3. Principal

    En atención al contenido del Acuerdo General 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por la enfermedad COVID-19, se provee lo siguiente: Visto lo de cuenta, se tiene a la Jefa de la Oficina de Telégrafos informando la imposibilidad que tuvo para entregar el oficio destinado a emplazar a la autoridad responsable denominada Ministerio Público Investigador de la Unidad Especializada en Delitos de Violencia Familiar y Delitos Sexuales de la Fiscalía Regional de Zitácuaro, Michoacán; sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento al respecto, dado que dicha autoridad ya rindió informe justificado.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, veinticinco de enero de dos mil veintidós. En atención al contenido del Acuerdo General 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por la enfermedad COVID-19, se provee lo siguiente: Se reitera información. Visto lo de cuenta, se tiene a la Fiscalía General del Estado, reiterando la información remitida mediante su oficio recibido el trece de los corrientes, respecto a la cual se proveyó lo conducente el catorce de enero de dos mil veintidós. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, juez Cuarto de Distrito en el estado de Michoacán, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también la secretaria Citlali Linda Fraga Salcedo, quien da fe. xbrs 1157/2021 AMP OFICIO(S) xbrs

Quedan 15 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · 5,407 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano