Arturo Salgado Resendíz
Expediente 686/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 1 actuación registrada, la última del 18 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 686/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 18/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Arturo Salgado Resendíz
Actuaciones
- Principal
Visto el escrito firmado por Arturo Salgado Reséndiz, en su carácter de representante y albacea de la sucesión Testamentaria del cujus Jesús Salgado Rodríguez, en atención a su contenido téngasele desahogando la prevención formulada el nueve de noviembre de dos mil veinte. DESECHAMIENTO. Ahora bien, es importante precisar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el juzgador examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano sin suspender el acto reclamado. Por tanto, es dable transcribir el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto de mérito, se advierte la facultad del juzgador para desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En ese orden lógico, se tiene que en esencia la parte quejosa, reclama la falta de notificación de la sentencia de veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, dictada el en el expediente 38/2014-1, misma que por auto de veintiséis de abril de dos mil diecinueve, la autoridad responsable Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de los Bravo, declaró firme. Así, el que suscribe advierte que se actualiza una diversa causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, que obedece al principio de definitividad que rige en el juicio constitucional, al establecer que será improcedente cuando se reclamen actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal, mediante el cual los mismos puedan ser modificados, revocados o nulificados, y el accionante constitucional no los haya agotado; sin embargo, establece la salvedad de que el acto reclamado no carezca de fundamentación y que las mismas leyes suspendan los efectos de los actos combatidos, exigiendo mayores requisitos que los consignados en la Ley de Amparo para otorgar la suspensión definitiva, lo que significa que si la ley rectora del recurso, juicio o medio de defensa, señala iguales o menores requisitos que los previstos en la ley de la materia para conceder la suspensión, el principio de definitividad debe regir en ese caso concreto y, como consecuencia de ello, previamente al juicio de amparo, la parte quejosa deberá agotar esos medios ordinarios de impugnación. Lo anterior encuentra justificación en el hecho de que al tratarse el juicio de amparo en un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la parte quejosa debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que afirma le produce afectación a su esfera jurídica, salvo los casos de excepción previstos, legal y jurisprudencialmente y que se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Carta Magna. Luego, atendiendo a que el acto reclamado consiste en la falta de notificación de la sentencia de veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, dictada en el expediente 38/2014-1, misma que por auto de veintiséis de abril de dos mil diecinueve, la autoridad responsable Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de los Bravo, declaró firme, se estima que en su contra procede el incidente de nulidad de actuaciones, que prevé en el artículo 167, del Código Procesal Civil del Estado Libre y Soberano de Guerrero Número 364, que a la letra dice: ".Artículo 167.- Nulidad de las notificaciones. Las notificaciones serán nulas cuando no se hagan en la forma prevista en los artículos precedentes. Para resolver sobre las peticiones de nulidad, el tribunal observará las reglas siguientes: I. La nulidad sólo podrá ser invocada por la parte a quien perjudique o la que deje de recibir la notificación; II. La notificación surtirá sus efectos como si hubiere sido legalmente hecha, a partir de la fecha en que la parte se hubiere manifestado en cualquier forma sabedora de la resolución notificada, incluyéndose en esta regla el emplazamiento; III. La nulidad de notificación deberá reclamarse por la parte perjudicada en el primer escrito o en la actuación subsiguiente en que intervenga a contar de cuando hubiere manifestado ser sabedora de la resolución o se infiriera que la ha conocido, pues de lo contrario, queda revalidada aquélla, de pleno derecho; y IV. Los juzgadores pueden en cualquier tiempo, aunque no lo pidan las partes, mandar repetir las notificaciones irregulares o defectuosas, sin lesionar derechos legalmente adquiridos por las partes. La nulidad se tramitará en la vía incidental. En el incidente sólo podrá concederse término probatorio, cuando la irregularidad no se derive de datos que aparezcan en el expediente. El incidente sólo tendrá efectos suspensivos cuando se trate del emplazamiento. La sentencia que se dicte mandará reponer la notificación declarada nula y determinará el alcance de la nulidad respecto de las actuaciones del juicio conforme a las reglas anteriores. El juzgador puede sancionar con multa hasta de veinte salarios mínimos generales y el doble en caso de reincidencia, a los funcionarios o a las partes que aparezcan como culpables de la irregularidad. La resolución que decida el incidente de nulidad de notificación y el auto que la decrete de oficio, no serán recurribles. Sin embargo, si alguna de las partes considera que cualquiera de estas resoluciones le causa agravio, podrá hacerlo valer al interponer el recurso de apelación en contra de la sentencia definitiva.". Como se observa, la parte quejosa puede combatir la omisión reclamada a través del incidente de nulidad de notificaciones, lo que implica que antes de acudir al juicio de garantías debe agotar ese medio de defensa ordinario; puesto que, es precisamente a través de él que puede lograr la modificación, revocación o nulificación de la falta impugnada y sus consecuencias. En ese sentido, es inconcuso que el acto reclamado por la parte quejosa, encuadra dentro de aquellas que se consideran necesarias para la procedencia del incidente de nulidad de las notificaciones previsto en el artículo 167, del Código Procesal Civil del Estado Libre y Soberano de Guerrero Numero 364, y del cual es competente para su tramitación la propia autoridad que señaló como responsable antes de acudir a esta instancia constitucional. Es aplicable la jurisprudencia número 2a./J. 115/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página cuatrocientos cuarenta y ocho, Tomo X, Octubre de mil novecientos noventa y nueve, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO)." Por lo anterior, la parte quejosa tuvo a su alcance el medio de defensa legal ordinario por virtud del cual el acto reclamado puede ser modificado, revocado o nulificado, mismo que debió agotar previamente al acudir a la instancia constitucional, atendiendo al principio de definitividad que rige al juicio de amparo; ya que basta con que en alguna ley formal y material, se prevenga de manera directa e inmediata, la procedencia de algún recurso o medio de defensa que posibilite la modificación, revocación o nulificación del acto reclamado, que en el caso, existe el incidente de nulidad de actuaciones para que tenga que agotar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. En tales circunstancias, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia antes analizada, lo que procede es desechar de plano la demanda en estudio, atento a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo.
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