Arturo Salgado Reséndiz y Otros.
Expediente 1367/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1367/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 18/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Arturo Salgado Reséndiz y Otros.
Actuaciones
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, dieciocho de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación de cuenta, se aprecia que ha fenecido el término que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el auto de cuatro de octubre de dos mil veintitrés, mediante el cual se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, se declara que dicho auto ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese como asunto concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, en el Diario Oficial de la Federación se determina: De acuerdo con el supuesto que prevé el artículo 20, fracción IV, el expediente principal transcurrido el plazo de tres años contado a partir de la presente determinación, será DESTRUIBLE en su totalidad, porque se desechó la demanda de amparo. Aunado a que este juicio no encuadra en alguno de los supuestos de relevancia documental previstos por el Acuerdo de mérito y no contiene documentos que se hayan determinado como información reservada con motivo de una solicitud de acceso a la información. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Maribel Castillo Moreno, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, asistida del Secretario Alfonso Ruiz Quintana, que da fe.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, cuatro de octubre de dos mil veintitrés. Visto el escrito de demanda presentado por ********************por propio derecho y en su carácter de albacea de la sucesión a bienes de ********************, personalidad que se le reconoce en términos de lo previsto en el artículo 11 de la Ley de Amparo, con las documentales que anexa al escrito de demanda, contra actos del Sala Familiar del Tribunal Superior del Estado de Guerrero. Registro demanda, tramitación e integración del expediente electrónico y físico. Anótese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE de registro de juicios de amparo con el número 1367/2023-D que le corresponde. En términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con el numeral SEXTO transitorio del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, fórmese expediente electrónico y físico. Con apoyo en los preceptos legales 24, 251, 252, 253 y 263 del referido acuerdo general, se ordena a la persona oficial judicial "C" la digitalización diaria de todas las promociones, documentos que presenten las partes, comparecencias, certificaciones devolución de documentos, títulos de crédito, entre otros, audiencias, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias que elaboran, y toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; a las personas actuarias, se ordena la digitalización y vinculación al expediente electrónico diariamente de todas las constancias de notificaciones personales y de oficios, actas, citatorios y razones de notificación o de imposibilidad que elaboren, sellos de lista, así como de todo lo correspondiente al área de actuaría; y a las personas secretarias se ordena cerciorarse de la debida integración del expediente correspondiente. DESECHAMIENTO. De conformidad con el artículo 112, en relación con el 113, ambos de la Ley de Amparo, este juzgado procede a examinar la demanda de amparo a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio. Los citados artículos 112 y 113 de la Ley de la Materia, establecen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo antes expuesto se advierte la facultad de las personas juzgadoras para desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontraren algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen. Por su parte, lo indudable se traduce en que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista de la persona juzgadora y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta aplicable la jurisprudencia I.6o.C. J/19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo X, página 730, número de registro 193379: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." Lo anterior es así, dado que del capítulo del acto reclamado señalado en la demanda de amparo, la peticionaria del amparo aduce como tal lo siguiente: ".IV.-ACTOS RECLAMADOS: Lo hago consistir en la resolución de fecha DIECIOCHO de SEPTIEMBRE del año dos mil veintitrés dictada por la H. Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Guerrero, recaída en el Toca Familiar Numero ********************, con motivo del Recurso de Apelación interpuesto por el aquí quejoso, en contra de la SENTENCIA INTERLOCUTORIA, recaída en el INCIDENTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS, dentro del Juicio Natural ******************** relativo al Juicio Intestamentario a bienes de ********************, seguido en el índice del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de los Bravos." Así, tenemos que este órgano de control constitucional advierte, de oficio, que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso artículo 107, fracción V, de la invocada ley, este último aplicado a contrario sensu, dado que el citado acto reclamado se trata de un acto intraprocesal que no tiene una ejecución de imposible reparación. Al respecto, se considera necesario citar el contenido de los referidos artículos, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: - - - XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. . Artículo 107. El amparo indirecto procede:- - - V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." De los numerales antes transcritos se obtiene, en primer lugar, que además de los supuestos concretos previstos por el artículo 61, en las fracciones I a XXII, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es improcedente cuando de algún precepto diverso se advierta la causal para ello. Asimismo, el restante artículo 107, fracción V, dispone que el juicio de amparo solo proceda contra actos dictados dentro de juicio, cuando sus efectos sean de imposible reparación. Ahora, es dable precisar de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado tiene su origen en un juicio sucesorio intestamentario; por lo tanto, es importante mencionar que éste constituye un juicio de carácter universal y de naturaleza peculiar, puesto que su objeto principal es liquidar un patrimonio y adjudicarlo a una o más personas determinadas. El juicio sucesorio se compone de cuatro etapas: I. La de sucesión (que en su caso comprende la declaración de validez del testamento, reconocimiento de derechos hereditarios o declaratoria de herederos, y el nombramiento y remoción de albacea e interventores, así como de tutores, incluidas las resoluciones sobre la validez del testamento, la capacidad legal para heredar y la preferencia de derechos). II. La de inventarios y avalúos; III. La de administración; y IV. La de partición y adjudicación, con la que el juicio finaliza. Conforme al principio de preclusión inherente a todo proceso judicial, al aprobarse la partición y declararse la adjudicación ya no es posible volver a analizar la totalidad de las actuaciones efectuadas dentro del juicio, Entonces, cada una de las secciones que lo componen se decide por separado mediante la resolución especial correspondiente, que adquiere firmeza para quienes son llamados al juicio sucesorio y tuvieron intervención como herederos. En ese orden de ideas, las violaciones procesales habidas durante cada sección son impugnables en el juicio de amparo indirecto que se promueva contra la resolución que decide el fondo de esa sección o representa un obstáculo para su conclusión, y excepcionalmente procederá contra resoluciones que guarden autonomía o independencia de la resolución que ponga fin a la sección correspondiente. En el caso, se advierte que el acto reclamado se emitió dentro de la tercera etapa, la de administración del juicio sucesorio de origen. De lo anterior es claro que la decisión que concluye esa tercera sección es la relativa a la aprobación de las cuentas de administración. Siendo así, la decisión que concluye esa tercera sección es la relativa a la aprobación de las cuentas de administración, tal como se desprende de la tesis aislada sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo LXXXIII, página 1487, número de registro 349139, de rubro siguiente: "SUCESIONES, LA RESOLUCIÓN QUE APRUEBA LAS CUENTAS DE ADMINISTRACIÓN EN LOS JUICIOS SUCESORIOS, PRODUCE COSA JUZGADA." Ahora, si el acto reclamado consiste en la resolución de dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés, dictada dentro del toca número ********************, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia interlocutoria de treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, dentro del incidente de rendición de cuentas derivado del expediente sucesorio ********************, relativo al juicio sucesorio a bienes de ********************, en el que se determinó que confirmó la resolución dictada por el juez primario, debe decirse, en primer lugar que ese acto, no es la resolución que pone fin a esa etapa del juicio sucesorio, pues en ésta no se aprobaron las cuentas de administración, sino que se condenó al albacea a que deberá formular la rendición de cuentas del ejercicio de administración de los meses de octubre y noviembre de dos mil diecinueve. Además, no se advierte que tal determinación afecte materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, como la vida, la libertad, la propiedad, entre otros, porque, en todo caso, ese acto se trataría únicamente de una violación de carácter formal que solo afecta en el trámite de esta tercera etapa del juicio natural, por lo cual, contra dicha violación resulta improcedente el juicio de amparo indirecto. En esas condiciones, es dable determinar que el juicio de amparo indirecto promovido contra la resolución reclamada resulta improcedente, ya que se trata de un acto emitido dentro de un procedimiento judicial -la tercera etapa del juicio sucesorio- y no es susceptible de afectar materialmente derechos sustantivos. Tampoco se trata de una determinación que guarde autonomía con la etapa de administración, debido a que ese acto precisamente versa sobre la rendición de cuentas de administración, a que está obligado el aquí quejoso y su efecto se limita a ordenar que realice los ajustes correspondientes, y una vez aprobada por el juez de origen, entonces podrá o no tener ejecución de imposible reparación. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia VI.2o.C. J/316, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, página 1311, número de registro 165770, de rubro siguiente: "JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO. LAS VIOLACIONES PROCESALES OCURRIDAS DURANTE LA SUSTANCIACIÓN DE LAS TRES PRIMERAS SECCIONES PREVISTAS EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE PUEBLA ABROGADO SON RECLAMABLES EN EL AMPARO INDIRECTO QUE SE PROMUEVA CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LES PONGA FIN." Así como la diversa tesis I.3o.C.439 C, dictada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, página 1546, número de registro 182385, de rubro siguiente: "JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO. ES DE CARÁCTER UNIVERSAL Y PROCEDE AMPARO INDIRECTO CONTRA LAS RESOLUCIONES QUE DECIDEN EL FONDO DE LAS TRES PRIMERAS ETAPAS DE DECLARACIÓN DE HEREDEROS, INVENTARIOS Y AVALÚOS Y DE ADMINISTRACIÓN, O QUE SEAN UN OBSTÁCULO PARA SU CONCLUSIÓN. En virtud de lo anterior, procede desechar de plano la demanda de amparo que nos ocupa promovida por ********************por propio derecho y en su carácter de albacea de la sucesión a bienes de ********************, contra actos de la Sala Familiar del Tribunal Superior del Estado de Guerrero; al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, este último aplicado a contrario sensu. DOMICILIO. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte quejosa en su escrito de demanda. Asimismo, se tiene a la parte quejosa proponiendo el correo electrónico y número telefónico que indica en su demanda, como forma especial y expedita de contacto, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. AUTORIZADOS. Se tiene como su autorizada en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************y********************toda vez que de acuerdo a la certificación secretarial de cuenta se aprecia que cuentan con registro de cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. TRANSPARENCIA Y DATOS PERSONALES. El presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el cuatro de mayo de dos mil quince, así como en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, también divulgada en dicho medio de comunicación oficial, el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el entendido que, conforme a sus artículos segundo y tercero transitorios, del último cuerpo legal, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo regulado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que contempla las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el diario supracitado, el seis de febrero de dos mil catorce. Igualmente, que la sentencia que se dicte en el presente asunto es pública; que les asiste el derecho para oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales y, en caso de allegar constancias que estimen son de considerarse reservadas y confidenciales, deberán expresar la norma jurídica que les atribuye tal carácter; en la inteligencia que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique con dichos datos. En ese sentido, con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley y su publicación, conforme a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el que establece las disposiciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el Consejo, en relación con la publicación de la totalidad de las sentencias, así como la implementación del buscador de sentencias especializado en el Sistema de Justicia Penal Adversarial, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de marzo de dos mil veinte. Asimismo, de conformidad con el artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. JUICIO EN LÍNEA. Conforme lo establece el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se invita a las partes a que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, además, propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. HABILITACIÓN. Asimismo, con apoyo en el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejado constancia en autos. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Maribel Castillo Moreno, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, asistida del Secretario Alfonso Ruiz Quintana, que da fe.
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