Arturo Sabinas Alonso
Expediente 6/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 9 actuaciones registradas, la última del 7 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 6/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 07/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Arturo Sabinas Alonso
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal de los autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202, en relación con el diverso 201, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa interpusiera recurso de inconformidad contra el acuerdo de treinta de marzo de dos mil veintiuno, mediante la cual, se tuvo por cumplida la sentencia de amparo dictada en el presente juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo una vez notificado del presente acuerdo, sin necesidad de nuevo auto, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. En ese sentido, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se precisa que este asunto es susceptible de depuración, dado que en sentencia de diecisiete de marzo de dos mil veinte, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo judicial por tratarse de un asunto similar al indicado en la fracción I del artículo octavo, de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General Conjunto. Asimismo, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original por no haberlo exhibido las partes, no se trata de expediente de relevancia documental, puesto que no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental, así como tampoco se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, ni tampoco generados por los Plenos de Circuito, que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativo a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, con apoyo en el artículo 21, penúltimo párrafo, del Acuerdo General citado, este órgano jurisdiccional procederá a la destrucción del presente juicio de amparo, y ordenará la remisión del acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la parte quejosa no desahogó la vista que se le hizo en proveído de diecisiete de noviembre de dos mil veinte, del oficio suscrito por el licenciado Juan Manuel Medina Corral, Juez de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, con sede en Angostura, inherente al cumplimiento de la sentencia emitida en este juicio; por tanto, este Juzgado de Distrito analiza si se dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por la citada autoridad. Es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2000, Novena Época, Materia Común, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". Es necesario precisar que la audiencia fue emitida el diecisiete de marzo de dos mil veinte, en el sentido que concedía el Amparo y Protección de la Justicia Federal a Arturo Sabinas Alonso, misma que el veinte de octubre de dos mil veinte, causa ejecutoria y se requirió a la autoridad responsable, licenciado Juan Manuel Medina Corral, Juez de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, con sede en Angostura, por el cumplimiento de ejecutoria de amparo. En ese sentido, debe decirse que en la audiencia fue emitida el diecisiete de marzo de dos mil veinte, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para el efecto de que: Deje insubsistente el auto de vinculación a proceso dictado en la continuación de la audiencia inicial de dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve, dictada en la causa penal 570/2019, de su índice. Con libertad de jurisdicción dicte otro en el cual valore todos y cada uno de los datos de pruebas aportados por el imputado. Norma el criterio la Tesis 2a. CV/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 732 del Tomo I del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 1, Diciembre de 2013, Materia Común, Décima Época, que dice: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013.". Seguidamente, mediante oficio 2162/2020, recibido en la oficialía de partes de este juzgado el once de noviembre de dos mil veinte, el licenciado Juan Manuel Medina Corral, Juez de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, con sede en Angostura, remitió copia de la constancia escrita, y audiovisual, anexando un dvd de la audiencia de cinco de noviembre de octubre de dos mil veinte, en el cual, el Juez de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, con sede en Angostura, valora todas y cada una de las pruebas de descargo, dictando un nuevo auto de vinculación a proceso, al imputado, Arturo Sabinas Alonso, por el hecho que la ley señala como delito de Estupro, que se dice cometido en contra del normal desarrollo de la menor de iniciales Y.G.L.B., respecto de los hechos ocurridos entre los días 24 veinticuatro al 28 veintiocho de abril del 2017 dos mil diecisiete, 25 veinticinco de julio del 2017 dos mil diecisiete, 27 veintisiete de julio del 2017 dos mil diecisiete y 26 veintiséis de septiembre de 2019 dos mil diecinueve y se dictó Auto de No Vinculación a Proceso primero por el delito de Estupro, en virtud que esta autoridad referente a los hechos ocurridos en fecha 6 seis de marzo de 2017 dos mil diecisiete, considero que no hay ningún dato que nos indique razonablemente la existencia de un hecho y los días primero al 16 dieciséis de julio de 2017 dos mil diecisiete no se aporta ningún dato que corrobore indiscretamente y razonablemente lo que resulta ambigua en el sentido que señala una etapa de tiempo que pondría en estado de indefensión al imputado, el segundo por el delio de Violación Equiparada, ocurrido entre los días 11 al 18 de diciembre del dos mil dieciocho, en virtud de que no existen datos. En consecuencia de lo anterior, se revocó la medida cautelar de Prisión Preventiva Oficiosa que en su momento había sido impuesta al imputado Arturo Sabinas Alonso, en virtud de la imposición de medidas cautelares no restrictivas de libertad, consistentes en las fracciones I, V, VII y VIII, del artículo 155, del Código Nacional de Procedimientos Penales, con una duración por el tiempo que dure el proceso, sin que excedan de los plazos de juzgamiento establecidos por la ley. Por ende, se ordenó la libertad inmediata del lugar donde se encontraba recluido el mismo, única y exclusivamente por lo que a estos hechos y causa penal se refiere. Ahora bien, si la concesión del amparo lo fue para el efecto de que ".dejara insubsistente el auto de vinculación a proceso dictado en la continuación de la audiencia inicial de dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve, dictada en la causa penal 570/2019, de su índice; y con libertad de jurisdicción dictara otro en el cual valore todos y cada uno de los datos de pruebas aportados por el imputado.". Lo cual ya aconteció. Por tanto, de acuerdo a los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se concluye, que se ha restituido al peticionario del amparo, en el pleno goce de los derechos fundamentales violados, en términos de lo que establece el numeral antes citado; en consecuencia, se declara que el fallo protector ha quedado cumplido, en su totalidad, sin haber incurrido la autoridad responsable en exceso o defectos.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA: LIC. ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM, EN SU CARACTER DE DEFENSOR PARTICULAR DE ARTURO SABINAS ALONSO, EL ACUERDO DE TREINTA DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE DICE: Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la parte quejosa no desahogó la vista que se le hizo en proveído de diecisiete de noviembre de dos mil veinte, del oficio suscrito por el licenciado Juan Manuel Medina Corral, Juez de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, con sede en Angostura, inherente al cumplimiento de la sentencia emitida en este juicio; por tanto, este Juzgado de Distrito analiza si se dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por la citada autoridad. Es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2000, Novena Época, Materia Común, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.".??????????????? Es necesario precisar que la audiencia fue emitida el diecisiete de marzo de dos mil veinte, en el sentido que concedía el Amparo y Protección de la Justicia Federal a Arturo Sabinas Alonso, misma que el veinte de octubre de dos mil veinte, causa ejecutoria y se requirió a la autoridad responsable, licenciado Juan Manuel Medina Corral, Juez de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, con sede en Angostura, por el cumplimiento de ejecutoria de amparo. En ese sentido, debe decirse que en la audiencia fue emitida el diecisiete de marzo de dos mil veinte, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para el efecto de que: ? Deje insubsistente el auto de vinculación a proceso dictado en la continuación de la audiencia inicial de dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve, dictada en la causa penal 570/2019, de su índice. ? Con libertad de jurisdicción dicte otro en el cual valore todos y cada uno de los datos de pruebas aportados por el imputado. Norma el criterio la Tesis 2a. CV/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 732 del Tomo I del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 1, Diciembre de 2013, Materia Común, Décima Época, que dice: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013.". Seguidamente, mediante oficio 2162/2020, recibido en la oficialía de partes de este juzgado el once de noviembre de dos mil veinte, el licenciado Juan Manuel Medina Corral, Juez de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, con sede en Angostura, remitió copia de la constancia escrita, y audiovisual, anexando un dvd de la audiencia de cinco de noviembre de octubre de dos mil veinte, en el cual, el Juez de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, con sede en Angostura, valora todas y cada una de las pruebas de descargo, dictando un nuevo auto de vinculación a proceso, al imputado, Arturo Sabinas Alonso, por el hecho que la ley señala como delito de Estupro, que se dice cometido en contra del normal desarrollo de la menor de iniciales Y.G.L.B., respecto de los hechos ocurridos entre los días 24 veinticuatro al 28 veintiocho de abril del 2017 dos mil diecisiete, 25 veinticinco de julio del 2017 dos mil diecisiete, 27 veintisiete de julio del 2017 dos mil diecisiete y 26 veintiséis de septiembre de 2019 dos mil diecinueve y se dictó Auto de No Vinculación a Proceso primero por el delito de Estupro, en virtud que esta autoridad referente a los hechos ocurridos en fecha 6 seis de marzo de 2017 dos mil diecisiete, considero que no hay ningún dato que nos indique razonablemente la existencia de un hecho y los días primero al 16 dieciséis de julio de 2017 dos mil diecisiete no se aporta ningún dato que corrobore indiscretamente y razonablemente lo que resulta ambigua en el sentido que señala una etapa de tiempo que pondría en estado de indefensión al imputado, el segundo por el delio de Violación Equiparada, ocurrido entre los días 11 al 18 de diciembre del dos mil dieciocho, en virtud de que no existen datos. En consecuencia de lo anterior, se revocó la medida cautelar de Prisión Preventiva Oficiosa que en su momento había sido impuesta al imputado Arturo Sabinas Alonso, en virtud de la imposición de medidas cautelares no restrictivas de libertad, consistentes en las fracciones I, V, VII y VIII, del artículo 155, del Código Nacional de Procedimientos Penales, con una duración por el tiempo que dure el proceso, sin que excedan de los plazos de juzgamiento establecidos por la ley. Por ende, se ordenó la libertad inmediata del lugar donde se encontraba recluido el mismo, única y exclusivamente por lo que a estos hechos y causa penal se refiere. Ahora bien, si la concesión del amparo lo fue para el efecto de que ".dejara insubsistente el auto de vinculación a proceso dictado en la continuación de la audiencia inicial de dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve, dictada en la causa penal 570/2019, de su índice; y con libertad de jurisdicción dictara otro en el cual valore todos y cada uno de los datos de pruebas aportados por el imputado.". Lo cual ya aconteció. Por tanto, de acuerdo a los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se concluye, que se ha restituido al peticionario del amparo, en el pleno goce de los derechos fundamentales violados, en términos de lo que establece el numeral antes citado; en consecuencia, se declara que el fallo protector ha quedado cumplido, en su totalidad, sin haber incurrido la autoridad responsable en exceso o defectos.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la autoridad responsable no ha otorgado cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo, dado que a la fecha no ha informado a este juzgado el cumplimiento a la misma o el impedimento legal o material que tuviere para no dar cumplimiento a la misma. En esa virtud, con apoyo en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la responsable Juez de Primera Instancia adscrito al Juzgado de Control y Enjuiciamiento Penal del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, actuando en Región Centro-Norte del Estado, con sede en Angostura, para que dentro del plazo de tres días, siguientes al en que reciba el oficio en el que se les comunique el presente acuerdo, cumpla con la ejecutoria de amparo y remita las constancias certificadas respectivas o en su caso, manifieste el impedimento legal o material que para ello tuviere. En el entendido de que la concesión de la protección constitucional se realizó para el efecto de que: 1. Deje insubsistente el auto de vinculación a proceso dictado en la continuación de la audiencia inicial de dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve, dictada en la causa penal 570/2019, de su índice. 2. Con libertad de jurisdicción dicte otro en el cual valore todos y cada uno de los datos de pruebas aportados el imputado. Por último, se apercibe a la citada autoridad responsable, que de no otorgar cumplimiento a la ejecutoria en el plazo indicado, se le impondrá a la omisa una multa por el equivalente de cien valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización (la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), en términos de los numerales 192, 238 y 258 de la Ley de Amparo, en relación con lo establecido por los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto de veintiséis de enero de dos mil dieciséis, publicado el veintisiete siguiente en el Diario Oficial de la Federación, que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo; y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación.
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