Arturo Ruiz Soto

Expediente 753/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 18 actuaciones registradas, la última del 3 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
753/2019
Año
2019
Actuaciones
18
Última actuación
03/04/2023

Partes del expediente

  • Arturo Ruiz Soto

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, tres de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte la existencia del billete número N 854662, por la cantidad de $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 Moneda Nacional), que exhibió el quejoso Arturo Ruiz Soto, para garantizar la suspensión definitiva; por tanto, al no existir motivo alguno para hacer efectivo el importe que ampara dichos documentos devuélvanse y entréguense previa razón que por su recibo se deje en autos a la parte quejosa Arturo Ruiz Soto, quien deberá comparecer a este Órgano Jurisdiccional, debidamente identificada con credencial vigente, para la entrega de los documentos señalados, únicamente los días miércoles de cada semana, en horario de nueve a doce horas; en el entendido que a partir de la legal notificación de este proveído tiene el término de dos años para tal efecto, y en caso de no hacerlo en ese plazo, la suma que ampara el mismo se hará efectiva a favor del Fisco Federal, atento a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley de Tesorería de la Federación.

  2. Principal

    SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE TRES DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS, QUE DICE: Los Mochis, Sinaloa, tres de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte la existencia del billete número N 854662, por la cantidad de $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 Moneda Nacional), que exhibió el quejoso Arturo Ruiz Soto, para garantizar la suspensión definitiva; por tanto, al no existir motivo alguno para hacer efectivo el importe que ampara dichos documentos devuélvanse y entréguense previa razón que por su recibo se deje en autos a la parte quejosa Arturo Ruiz Soto, quien deberá comparecer a este Órgano Jurisdiccional, debidamente identificada con credencial vigente, para la entrega de los documentos señalados, únicamente los días miércoles de cada semana, en horario de nueve a doce horas; en el entendido que a partir de la legal notificación de este proveído tiene el término de dos años para tal efecto, y en caso de no hacerlo en ese plazo, la suma que ampara el mismo se hará efectiva a favor del Fisco Federal, atento a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley de Tesorería de la Federación.

  3. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, se advierte que en nueve de diciembre de dos mil veintiuno, este Juzgado Federal declaró cumplida la ejecutoria de amparo, sin que la parte quejosa, a la fecha, hubiere interpuesto el recurso de inconformidad previsto en el artículo 201 de la Ley de Amparo; consecuentemente, con fundamento en el precepto 214 de la ley de la materia, archívese el presente como asunto concluido. Ahora bien, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, este asunto es susceptible de depuración, dado que en sentencia de treinta de enero de dos mil veinte, se sobreseyó y se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa al archivo reciente. Por tanto, de conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se precisa que el original del cuaderno de suspensión es susceptible de depuración, motivo por el cual deberá conservarse el proveído mediante el cual se concedió la suspensión provisional y definitiva del acto reclamado, y se retirarán las demás actuaciones del expediente para proceder a su destrucción; en la inteligencia de que el duplicado del incidente de suspensión relativo es susceptible de destrucción una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la interlocutoria respectiva, acorde al artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General reseñado. Asimismo, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no se trata de expediente con relevancia documental, puesto que no encuadra en ninguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del referido Acuerdo General; es decir no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni es relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni materia agraria. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, con apoyo en los artículos 18, 27, 28 y 29, del Acuerdo General Conjunto citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional acompañando copia digitalizada debidamente certificada de la demanda y de la sentencia respectivas; transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este Juzgado. Finalmente, de autos se advierte la existencia del billete número N 854662, por la cantidad de $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 Moneda Nacional), que exhibo la parte quejosa Arturo Ruiz Soto, para que surtiera efectos la suspensión definitiva de los actos reclamados que le fue concedida. Por tanto, infórmese a la parte quejosa que una vez que transcurra el término de seis meses contado a partir de esta fecha en que causa ejecutoria la sentencia constitucional, se estará en aptitud de devolver el billete de depósito exhibido; dada la existencia de tercero interesado en el presente juicio de amparo, en la inteligencia que deberá comparecer ante este Órgano Jurisdiccional, debidamente identificado con credencial vigente, para la entrega del documento señalado; asimismo tiene el término de dos años para tal efecto, y en caso de no hacerlo en ese plazo, la suma que ampara el mismo se hará efectiva a favor del Fisco Federal, atento a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley de la Tesorería de la Federación.

  4. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, nueve de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que la parte quejosa no desahogó la vista que se le hizo en proveído de diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, del oficio suscrito por la autoridad responsable el Juez Primero del Ramo Civil, con residencia en esta, inherente al cumplimiento de la sentencia emitida en este juicio; por tanto, este Juzgado de Distrito analiza si se dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por la citada autoridad. Es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2000, Novena Época, Materia Común, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". En ese sentido, debe decirse que la resolución emitida el treinta de enero de dos mil veinte, se sobreseyó y se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para el efecto de que la autoridad responsable Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en esta ciudad, deberá realizar lo siguiente: Deje insubsistentes el acuerdo de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, en la parte relativa al apercibimiento de arresto hasta por treinta y seis horas, en el expediente ejecutivo mercantil número 418/2019-1; Hecho lo anterior emita otro, sin perjuicio de que pueda reiterar el sentido, si lo considera necesario, o provea lo conducente respecto a una diversa medida de apremio, pero subsanando los vicios formales que han quedado precisados, esto es: Exponga las razones por las cuales determina apercibir como medida de apremio el arresto y no una diversa; argumente porqué considera pertinente apercibir hasta treinta y seis horas; la naturaleza, consecuencias, gravedad del asunto y condiciones personales del quejoso por las que debe actuar en el sentido que pretende la autoridad. Norma el criterio la Tesis 2a. CV/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 732 del Tomo I del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 1, Diciembre de 2013, Materia Común, Décima Época, que dice: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013.". Seguidamente, mediante oficio número 1770/2021, suscrito por el Juez Primero del Ramo Civil, con residencia en esta ciudad, recibido en la oficialía de partes de este juzgado el diecisiete de noviembre del presente año, remitió copia certificada de los proveídos de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, y dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, en el cual deja sin efecto el auto de fecha veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, consistente en un arresto de hasta por el termino de treinta y seis horas en contra del aquí quejoso, para el caso de que no indica, dentro del término de tres días, donde se encontraban los bienes muebles embargados en el juicio natural 418/2019-1. Por tanto, si la concesión del amparo lo fue para el efecto de que se "Deje insubsistentes el acuerdo de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, en la parte relativa al apercibimiento de arresto hasta por treinta y seis horas, en el expediente ejecutivo mercantil número 418/2019-1, hecho lo anterior emita otro, sin perjuicio de que pueda reiterar el sentido, si lo considera necesario, o provea lo conducente respecto a una diversa medida de apremio, pero subsanando los vicios formales que han quedado precisados, esto es, exponga las razones por las cuales determina apercibir como medida de apremio el arresto y no una diversa; argumente porqué considera pertinente apercibir hasta treinta y seis horas; la naturaleza, consecuencias, gravedad del asunto y condiciones personales del quejoso por las que debe actuar en el sentido que pretende la autoridad". Lo cual ya aconteció; toda vez que el diecisiete de noviembre del presente año, remitió copia certificada de los proveídos de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, y dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, en el cual deja sin efecto el auto de fecha veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, consistente en un arresto de hasta por el termino de treinta y seis horas en contra del aquí quejoso, para el caso de que no indica, dentro del término de tres días, donde se encontraban los bienes muebles embargados en el juicio natural 418/2019-1; y en diverso proveído de dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, proveyó lo siguiente: ".Por otro lado, y en cumplimiento a la Ejecutoriada de amparo de fecha TREINTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO, dictada en el recurso de inconformidad 6/2020, derivado del juicio de amparo indirecto número 753/2019, en el que se le concedió al quejoso ARTURO RUIZ SOTO, el amparo y protección de la justicia federal, para efectos de que este juzgador, indique el porqué del apercibimiento de aplicar al demandado -quejoso en el amparo- cualquiera de los medios de apremio previstos por el artículo 1067 Bis del Código de Comercio, en el caso de no dar cumplimiento al requerimiento ordenado en autos, para que indique el lugar donde se encuentran los bienes muebles que le fueron embargado en este juicio."; ".".Así, el apercibimiento que se mandó correr al demandado -quejoso en el amparo-, es congruente con lo preconizado por el Articulo 17 de la Constitución Federal, en cuanto a que la justicia debe de ser pronta y expedita, lo cual no podría lograrse con actitudes contumaces y elusivas en quienes tienen la obligación de ceñirse a un mandamiento judicial pronunciado en un juicio, sustanciado ante autoridad competente, en el que se satisfagan la 6 formalidades esenciales del procedimiento, y con base en las normas jurídicas vigentes, como es el caso de la presente causa. En ese tenor, el apercibimiento de que trata -de ser partícipe de cualquier medio de apremio previsto por la ley-, no es más que el conducto por el que el particular se conmina al accionado, a cumplir con un mandamiento que es congruente con el secuestro de los bienes que le fueron embargados, dada la negativa de éste para realizar la entrega voluntaria de ellos, lo cual se patentiza - de inicio- de la diligencia actuarial de fecha 21 veintiuno de octubre 2019 dos mil diecinueve, pues no debe de perderse de vista que, a la fecha de esta resolución, han trascurrido más de dos años sin que el reo amparista haya cumplido con hacer entrega de lo embargado.". Con lo anterior se dio vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días, contados a partir de la legal notificación manifestara lo que a su interés convenga, apercibida que de no hacer manifestación alguna, este Juzgado Federal resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las autoridades responsables; sin que el amparista haya hecho manifestación alguna al respecto. Por tanto, de acuerdo a los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se concluye, que se ha restituido al peticionario del amparo, en el pleno goce de los derechos fundamentales violados, en términos de lo que establece el numeral antes citado; en consecuencia, se declara que el fallo protector ha quedado cumplido, en su totalidad, sin haber incurrido la autoridad responsable en exceso o defectos.

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