Arturo Rojas Lopez

Expediente 507/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 3 de julio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
507/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
03/07/2018

Partes del expediente

  • Arturo Rojas Lopez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, tres de julio de dos mil dieciocho. Como del estado procesal que guardan los autos, se advierte que a la fecha FENECIÓ el término de cinco días que la ley establece para que la parte interesada y facultada interpusiera el recurso de queja en contra del proveído de fecha dieciocho de junio pasado en el que se DESECHÓ la demanda de amparo promovida por -, sin que hiciera uso de tal derecho; consecuentemente, se declara que el proveído de mérito, HA CAUSADO ESTADO. Por otra parte, como no existe acuerdo pendiente por dictar ni diligencia por practicar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; haciéndose la observación de que es susceptible de DESTRUCCIÓN, en términos de lo dispuesto en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, pues, se desechó la demanda de amparo. Asimismo, se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse entre otros, en los supuestos previstos en el punto décimo sexto de la parte considerativa del acuerdo general conjunto en cita. Notifíquese.Así lo acordó y firma el licenciado Zirahuén Duarte Briz, Juez Segundo de Distrito en el Estado, quien actúa asistido del licenciado Rosa María Cortés Guzmán, Secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    .CON ESTA FECHA QUEDA LEGALMENTE NOTIFICADA MEDIANTE LISTA LA PARTE QUEJOSA., DEL AUTO DE DIECIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE:" Agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso -, a través del cual cumple con la prevención formulada en proveído del pasado doce de junio, asimismo anexa la documental que lo acredita como representante del partido político - Del análisis a la demanda de garantías, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado: ". IV. Norma General Acto reclamado: La negativa a proporcionar el jardín municipal para evento electoral del partido MORENA partido de regeneración nacional." Antes de proveer sobre la procedencia de la admisión de la demanda de garantías, es necesario seguir los lineamientos establecidos en la Ley de Amparo, uno de los cuales es el que marca su artículo 113, que es como sigue: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y sí existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El suscrito considera que debe desecharse por las razones que se exponen a continuación. En la especie se considera actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XV y XXIII, en relación con el numeral 1°, de la Ley de Amparo, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente [.] XV. Contra las resoluciones o declaraciones de las autoridades competentes en materia electoral." [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 1°. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I.- Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. [.]". Ahora, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sido consistente al sostener que la demanda de amparo debe interpretarse como un todo, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido a fin de impartir una recta administración de justicia, de tal manera que, al analizar la demanda de amparo, los juzgadores deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión, es decir, al fijar los actos reclamados, se deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo que habrá de resolverse. Sustenta lo considerado, en lo conducente, la jurisprudencia número 169, emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 207 del Tomo I, Materia Constitucional, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Ahora, se destaca que el juicio de amparo fue instituido en los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, como un medio extraordinario de control que tienen los gobernados para reclamar los actos de autoridad que estiman lesivos de sus derechos fundamentales y garantías para su protección, lo que pone de manifiesto que, por regla general, el juicio de amparo únicamente procede contra actos de autoridad que causen un menoscabo a esos derechos subjetivos públicos. Con independencia de lo anterior, en la actualidad, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé diversos procedimientos de tutela jurisdiccional para los asuntos en que se involucren tópicos de índole político, ya que en sus artículos 60 y 99 dispone que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es la máxima autoridad respecto de actos o resoluciones en la materia, en tanto que en su diverso numeral 105, fracciones I y II, instituye a las controversias constitucionales para preservar los principios que sustentan las relaciones jurídicas y políticas de los órdenes federal y estatal, así como a las acciones de inconstitucionalidad, como la única vía para plantear la no conformidad de leyes del orden electoral con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De ahí que, para decidir sobre la procedencia del juicio de amparo cuando en él se aleguen violaciones a derechos humanos, es aplicable el principio de especialización de las normas, pues las prerrogativas políticas cuentan con una amplia gama de medios de defensa constitucional, de tal suerte que el referido discernimiento debe partir, necesariamente, de la naturaleza jurídica de los actos reclamados y no de los planteamientos que se hagan valer, ya que en atención al tipo de acto reclamado podrá conocerse cuál es la vía constitucional especial procedente. Ahora, con relación a la causal de improcedencia que se analiza, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 61/2011, con registro 162431, localizable en la página trescientos veintitrés del tomo XXXIII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de dos mil once, Novena Época, de rubro "AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONTRA NORMAS, ACTOS O RESOLUCIONES DE CARÁCTER ELECTORAL." y en la tesis P.LX/2008, del Pleno del Máximo Tribunal del país, con registro 168997, publicada en la página cinco del tomo XXVIII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, septiembre de dos mil ocho, Novena Época de rubro "AMPARO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE IMPUGNAN NORMAS, ACTOS O RESOLUCIONES DE CONTENIDO MATERIALMENTE ELECTORAL O QUE VERSEN SOBRE DERECHOS POLÍTICOS", estableció que dicha causal no se actualiza por el solo hecho de que la norma reclamada (cuando se impugna una disposición) se contenga en un ordenamiento cuya denominación sea electoral; porque el acto o resolución controvertido provenga de una autoridad formalmente electoral, o bien, considerando lo que se argumente en los conceptos de violación de la demanda, sino que es propiamente el contenido material de la norma, del acto o de la resolución lo que invariablemente determinará la improcedencia del juicio de amparo. De tal suerte que nuestro máximo tribunal estableció que para la actualización de la causal de improcedencia sujeta a estudio, es necesario que el contenido de la norma, acto o resolución reclamados sean de naturaleza electoral, o bien, versen sobre derechos políticos, pues en estos supuestos, tales actos están sujetos al control constitucional, esto es, mediante la acción de inconstitucionalidad (si se trata de normas generales), o bien, a través de los medios de impugnación del conocimiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación o de la autoridad jurisdiccional electoral de la entidad federativa correspondiente (en el caso de actos o resoluciones de naturaleza electoral). Por ello, concluyó que acorde con el orden constitucional y atendiendo a la propia naturaleza y objeto del juicio de amparo, la improcedencia de este último surgirá, por este particular y preciso motivo, cuando se reclamen actos o resoluciones cuyo contenido material sea eminentemente electoral; por ello, estableció que sólo de manera excepcional podrán combatirse a través de ese juicio los actos de autoridad aludidos, cuando se vinculen en sentido estricto con la posible violación a los derechos fundamentales, siempre que no atañan estrictamente a la materia electoral, o bien, al ejercicio de derechos políticos. En esa tesitura, la Suprema Corte estableció que no basta que una norma se contenga en una ley o código cuya denominación o contenido sea electoral, o bien, que un acto o resolución provenga de una autoridad de naturaleza electoral, para que se produzca la improcedencia del juicio de amparo, sino que resulta necesario que los actos controvertidos atañan estrictamente a la materia electoral, esto es, que su contenido se vincule con procesos electorales o con el ejercicio de los derechos político-electorales, ya que como se destacó con antelación, el juicio de amparo procederá excepcionalmente contra normas contenidas en ordenamientos de carácter electoral o contra actos o resoluciones provenientes de autoridades electorales cuando se estimen violatorias de algún derecho fundamental, pero siempre que el examen a realizar se limite a esta cuestión. Es aplicable al caso la jurisprudencia P./J. 125/2007, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 170703, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta a página mil doscientos ochenta del tomo XXVI, diciembre de dos mil siete, titulada: "MATERIA ELECTORAL. DEFINICIÓN DE ÉSTA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. Para determinar cuándo la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene competencia para resolver una controversia por no inscribirse ésta en la "materia electoral" excluida por la fracción I del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe evitarse la automática traslación de las definiciones de lo electoral desarrolladas en otras sedes procesales y aplicar sucesivamente los siguientes criterios: 1) es necesario cerciorarse que en la demanda no se impugnen "leyes electorales" -normas generales en materia electoral-, porque la única vía para analizar su constitucionalidad es la acción de inconstitucionalidad; 2) debe comprobarse que no se combaten actos y resoluciones cuyo conocimiento es competencia de las autoridades de justicia electoral, esto es, que no sean actos en materia electoral directa, relacionada con los procesos relativos al sufragio ciudadano; 3) debe satisfacerse el resto de las condiciones que la Constitución y la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II de su artículo 105 establecen para que se surta la competencia del Máximo Tribunal del país -en particular, que se trate de conflictos entre los poderes públicos conforme a los incisos a) al k) de la fracción I del artículo 105 constitucional-. Así, la extensión de la "materia electoral" en sede de controversia constitucional, una vez considerados los elementos constitucionalmente relevantes, se sitúa en un punto intermedio entre la definición amplia que rige en las acciones de inconstitucionalidad, y la estricta aplicable en el juicio de amparo, resultando especialmente relevante la distinción entre la materia electoral "directa" y la "indirecta", siendo aquélla la asociada con el conjunto de reglas y procedimientos relacionados con la integración de los poderes públicos mediante el voto ciudadano, regidos por una normativa especializada, e impugnables en un contexto institucional también especializado; por la segunda -indirecta-, debe entenderse la relacionada con los mecanismos de nombramiento e integración de órganos mediante decisiones de otros poderes públicos los cuales, por regla general, involucran a sujetos muy distintos a los que se enfrentan en los litigios técnicamente electorales." Por tanto, como en la especie lo que se propone como objeto de la litis constitucional es la negativa a proporcionar la plaza principal de la población de Tuxpan, Michoacán para el evento electoral del partido político MORENA, es posible, desde ahora, establecer que todos los actos reclamados a las diversas autoridades están vinculados con la materia electoral. Luego, la vía del juicio de amparo no es procedente para impugnar los actos que se reclaman. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de garantías, al advertirse una causa manifiesta e indudable de improcedencia. Es aplicable con el carácter de orientadora, la tesis P.LX/2008, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, novena época, Tomo XXVIII, septiembre de 2008, visible a página 5, cuyo rubro y texto es: "AMPARO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE IMPUGNAN NORMAS, ACTOS O RESOLUCIONES DE CONTENIDO MATERIALMENTE ELECTORAL O QUE VERSEN SOBRE DERECHOS POLÍTICOS. De la interpretación de la fracción VII del artículo 73 de la Ley de Amparo, que establece la improcedencia del juicio de garantías contra resoluciones o declaraciones de los organismos y autoridades en materia electoral, así como de los artículos 41, 94, 99, 103 y 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que contienen, por un lado, el sistema integral de justicia en materia electoral, que permite impugnar leyes electorales vía acción de inconstitucionalidad, así como los actos o resoluciones en materia electoral ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y, por el otro, el juicio de amparo como una garantía constitucional procesal que tiene por objeto la protección o salvaguarda de los derechos fundamentales de los individuos frente a los actos de autoridad o las leyes, se concluye que la improcedencia del juicio de amparo no surge sólo por el hecho de que la norma reclamada se contenga en un ordenamiento cuya denominación sea electoral, o porque el acto o resolución provenga de una autoridad formalmente electoral, ni mucho menos de lo argumentado en los conceptos de violación de la demanda, sino por el contenido material de la norma, acto o resolución, es decir, es necesario que ese contenido sea electoral o verse sobre derechos políticos, pues en esos supuestos la norma, acto o resolución están sujetos al control constitucional, esto es, a la acción de inconstitucionalidad si se trata de normas generales, o a los medios de impugnación del conocimiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el caso de actos o resoluciones. Se exceptúan de lo anterior las resoluciones pronunciadas por el mencionado tribunal en los asuntos de su competencia, contra las cuales el juicio de amparo siempre es improcedente, independientemente del contenido material de dichas resoluciones, aun cuando no verse estrictamente sobre materia electoral, ya que en este caso la improcedencia deriva del artículo 99 constitucional, conforme al cual las resoluciones dictadas por el citado Tribunal en los asuntos de su competencia son definitivas e inatacables". Asimismo, por las razones que la informan, la tesis P.II/2007, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, novena época, Tomo XXV, enero de 2007, visible a página 103, cuyo rubro y texto es: "DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES. CUANDO SU EJERCICIO INCIDA TOTALMENTE SOBRE CUESTIONES RELACIONADAS CON EL PROCESO ELECTORAL, NO SE ACTUALIZA EL SUPUESTO DE EXCEPCIÓN PREVISTO PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, AUN CUANDO SE VINCULE CON LA VIOLACIÓN DE OTROS DERECHOS FUNDAMENTALES. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que, excepcionalmente, cuando junto con la violación de un derecho político se reclamen leyes o actos que entrañen la violación de otros derechos fundamentales, resulta procedente el juicio de garantías; sin embargo, dicha excepción no se actualiza cuando a través de ese medio de control se pretende combatir la violación de derechos políticos que, aun cuando pueden constituir un derecho fundamental, inciden totalmente sobre cuestiones electorales, esto es, sobre el proceso o contienda electoral, ya que cuando el ejercicio de las garantías y prerrogativas que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se encuentre estrechamente vinculado con el sistema de justicia electoral, su examen debe hacerse conforme a los artículos 41 y 116, fracción IV, constitucionales, que regulan los aspectos relacionados con la participación del pueblo en la vida democrática del país y el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público. Por consiguiente, el hecho de que en un juicio de amparo, el quejoso considere que el ordenamiento electoral impugnado viola el ejercicio de algún derecho político (como el de ser votado para un cargo de elección popular), además de otros derechos fundamentales, como el de igualdad, no discriminación, asociación política, libertad de trabajo, etcétera, no hace procedente tal medio de control constitucional, pues el análisis de dichas violaciones tendrá que realizarse de acuerdo con el sistema electoral mexicano, esto es, a través de la acción de inconstitucionalidad y del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano". En mérito de lo anterior, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XV, de la Ley de Amparo, razón por la cual, con fundamento en el precepto 113 de la invocada ley, SE DESECHA POR SU NOTORIA IMPROCEDENCIA la demanda de amparo. En otro aspecto, hágase del conocimiento de la parte quejosa, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del conocimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional; por lo que, una vez que cause estado el presente auto, de conformidad con lo establecido en el artículo 6° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en el precepto 8° de la Ley Federal en cita, la misma estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, sin que haya lugar a la supresión de sus datos personales, con la salvedad a que se refiere el párrafo segundo del artículo 8° del Reglamento en cita. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de que deseen recibir notificaciones vía electrónica, es necesario que primeramente realicen el trámite correspondiente en la página de internet http://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx/ a efecto de que se les otorgue el nombre de usuario respectivo, y una vez hecho lo anterior, deberán proporcionar a este juzgado dicho dato a fin de que se pueda autorizar la consulta respectiva, ello de conformidad con el artículo 94 del mismo Acuerdo General conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, pues dicha disposición establece que el otorgamiento de acceso a los expedientes electrónicos se realizará al asociar el "Nombre de Usuario" que el solicitante ingresó al registrarse en el portal respectivo. Se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX Marzo de 2009, visible a página 2847, del rubro y texto: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA.";...LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO

  3. Principal

    .CON ESTA FECHA QUEDA LEGALMENTE NOTIFICADA MEDIANTE LISTA LA PARTE QUEJOSA., DEL AUTO DE DOCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE:" Vista la demanda de amparo promovida por -, por propio derecho y en cuanto supuesto representante del partido político Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), en el Municipio de Tuxpan, Michoacán contra actos del Presidente del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Tuxpan, Michoacán; regístrese como prevención en el libro de juicios de amparo que se lleva de control en este Juzgado con el número III-507/2018-L, previo admitirla, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse cuando: Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y, No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda [.]". Atento a lo establecido en dicho precepto y a fin de estar en condiciones de acordar lo conducente en atención al principio de seguridad jurídica que rige el juicio de amparo, procurando la celeridad en el procedimiento en términos del artículo 17 constitucional con fundamento en los numerales 108, fracción IV, 112, 114, requiérase a la parte promovente para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir del siguiente en que surta efectos la notificación de este proveído, bajo protesta de decir verdad y apercibido de la responsabilidad en que incurre en caso de manifestar hechos falsos, precise lo siguiente: 1. Exhiba el documento idóneo a efecto de acreditar el carácter con que se ostenta, toda vez que, si bien en el proemio de la demanda de amparo, manifiesta que la promueve por propio derecho; no obstante, en el capítulo de antecedentes refiere que es representante del partido político Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), sin embargo, no adjunta documento para acreditar tal carácter; o en su caso manifieste si promueve por su propio derecho. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia número 23/2009, visible en la página número 7, Tomo XXIX, Abril de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y textos siguientes: "PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. EL ARTÍCULO 13 DE LA LEY RELATIVA REQUIERE QUE, PREVIAMENTE A LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA, EL PROMOVENTE EXHIBA LAS CONSTANCIAS QUE ACREDITEN EL RECONOCIMIENTO DE DICHO PRESUPUESTO PROCESAL ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. El artículo 13 de la Ley de Amparo dispone que cuando alguno de los interesados tenga reconocida su personalidad ante la autoridad responsable, tal personalidad será reconocida en el juicio de amparo para todos los efectos legales, siempre que compruebe tal circunstancia con las constancias respectivas. Del análisis de dicho precepto puede arribarse a la conclusión de que la exhibición de las referidas constancias debe realizarse al momento de presentar el escrito inicial de demanda, en el entendido de que, de no hacerlo así, el juez o tribunal del conocimiento deberán requerir al promovente en términos de lo dispuesto por el artículo 146 de la Ley de Amparo, para que en el plazo de tres días exhiba las constancias referidas, apercibido que de no hacerlo así, se tendrá por no interpuesta la demanda en aquellos casos en que se afecten únicamente intereses patrimoniales, o bien se dará vista al Ministerio Público en los demás casos. Lo anterior es así, pues las únicas excepciones a la regla de acreditar la personalidad previamente a la admisión de la demanda se encuentran referidas a las materias penal y agraria, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 215 de la Ley de Amparo, ya que en términos del primer numeral citado, bastará la simple manifestación del quejoso en el sentido de tener el carácter de defensor del quejoso para que se admita la demanda, sin perjuicio de que se solicite al juez o tribunal la certificación correspondiente; mientras que el segundo de los preceptos citados dispone que cuando no se hayan acompañado los documentos que justifiquen la personalidad, el juez o tribunal que conozca del juicio de amparo, con independencia del requerimiento que formule a los promoventes, solicitará por separado a las autoridades agrarias para que le informen si efectivamente cuentan con la personalidad con que se ostentaron, sin perjuicio de conceder la suspensión provisional de los actos reclamados. Sostener una interpretación distinta de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Amparo, esto es, que la exhibición de las constancias que acrediten el reconocimiento de la personalidad ante la autoridad responsable puede realizarse en cualquier etapa del procedimiento, podría generar la posibilidad de que se tramitara un juicio de amparo iniciado por quien carece de representación para promoverlo, lo que implicaría una labor estéril por parte del tribunal del conocimiento en la tramitación y decisión del asunto, además de que se causarían perjuicios a las partes del proceso, con el consecuente menoscabo de sus intereses, porque se ven sometidos no sólo a las molestias impuestas por los trámites, medios de apremio y diligencias de desahogo de pruebas, sino también a otros efectos, como los que derivan de la suspensión del acto reclamado, del otorgamiento de garantías para su ejecución e incluso de las sanciones en que puedan incurrir por su desacato." Además el quejoso deberá anexar las copias de su libelo aclaratorio para correr traslado con ellas a todas y cada una de las partes, dado que el mismo tiene el propósito de subsanar la omisión anotada, por lo que no puede desvincularse y analizarse o considerarse por separado, ya que ambos escritos integran la demanda de amparo y, consecuentemente, deben ser considerados indefectiblemente como un solo documento. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente y por las razones que contiene la tesis número P./J. 35/2001, sustentada por el Tribunal Pleno, Novena Época, Tomo XIII, Abril de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en la página 79, que dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. EL ESCRITO INICIAL Y SU ACLARACIÓN NO PUEDEN DESVINCULARSE NI ANALIZARSE POR SEPARADO, YA QUE AMBOS INTEGRAN AQUÉLLA.- Al tener el escrito aclaratorio de una demanda de amparo indirecto su origen en una irregularidad del escrito inicial, ya sea porque éste no cumplió con todos los requisitos previstos en el artículo 116 de la Ley de Amparo, o bien, porque con él no se exhibió el número de copias a que se refiere el artículo 120 de tal ordenamiento legal, y que su propósito es el de subsanar tales vicios, puede concluirse que no pueden desvincularse, analizarse o considerarse por separado, pues ambos escritos integran la demanda de amparo y, consecuentemente, deben ser considerados indefectiblemente como un solo documento." Apercibido que de no cumplir con la prevención realizada en el término concedido, SE TENDRÁ POR NO PRESENTADA su demanda, en términos del mencionado numeral 114 del ordenamiento legal invocado. Finalmente, se tiene a la parte quejosa señalado domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad, y por autorizada a la persona que refiere para oír y recibir notificaciones.";...LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciocho de junio de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso -, a través del cual cumple con la prevención formulada en proveído del pasado doce de junio, asimismo anexa la documental que lo acredita como representante del partido político - Del análisis a la demanda de garantías, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado: ". IV. Norma General Acto reclamado: La negativa a proporcionar el jardín municipal para evento electoral del partido MORENA partido de regeneración nacional." Antes de proveer sobre la procedencia de la admisión de la demanda de garantías, es necesario seguir los lineamientos establecidos en la Ley de Amparo, uno de los cuales es el que marca su artículo 113, que es como sigue: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y sí existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El suscrito considera que debe desecharse por las razones que se exponen a continuación. En la especie se considera actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XV y XXIII, en relación con el numeral 1°, de la Ley de Amparo, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente [.] XV. Contra las resoluciones o declaraciones de las autoridades competentes en materia electoral." [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 1°. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I.- Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. [.]". Ahora, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sido consistente al sostener que la demanda de amparo debe interpretarse como un todo, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido a fin de impartir una recta administración de justicia, de tal manera que, al analizar la demanda de amparo, los juzgadores deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión, es decir, al fijar los actos reclamados, se deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo que habrá de resolverse. Sustenta lo considerado, en lo conducente, la jurisprudencia número 169, emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 207 del Tomo I, Materia Constitucional, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Ahora, se destaca que el juicio de amparo fue instituido en los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, como un medio extraordinario de control que tienen los gobernados para reclamar los actos de autoridad que estiman lesivos de sus derechos fundamentales y garantías para su protección, lo que pone de manifiesto que, por regla general, el juicio de amparo únicamente procede contra actos de autoridad que causen un menoscabo a esos derechos subjetivos públicos. Con independencia de lo anterior, en la actualidad, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé diversos procedimientos de tutela jurisdiccional para los asuntos en que se involucren tópicos de índole político, ya que en sus artículos 60 y 99 dispone que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es la máxima autoridad respecto de actos o resoluciones en la materia, en tanto que en su diverso numeral 105, fracciones I y II, instituye a las controversias constitucionales para preservar los principios que sustentan las relaciones jurídicas y políticas de los órdenes federal y estatal, así como a las acciones de inconstitucionalidad, como la única vía para plantear la no conformidad de leyes del orden electoral con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De ahí que, para decidir sobre la procedencia del juicio de amparo cuando en él se aleguen violaciones a derechos humanos, es aplicable el principio de especialización de las normas, pues las prerrogativas políticas cuentan con una amplia gama de medios de defensa constitucional, de tal suerte que el referido discernimiento debe partir, necesariamente, de la naturaleza jurídica de los actos reclamados y no de los planteamientos que se hagan valer, ya que en atención al tipo de acto reclamado podrá conocerse cuál es la vía constitucional especial procedente. Ahora, con relación a la causal de improcedencia que se analiza, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 61/2011, con registro 162431, localizable en la página trescientos veintitrés del tomo XXXIII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de dos mil once, Novena Época, de rubro "AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONTRA NORMAS, ACTOS O RESOLUCIONES DE CARÁCTER ELECTORAL." y en la tesis P.LX/2008, del Pleno del Máximo Tribunal del país, con registro 168997, publicada en la página cinco del tomo XXVIII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, septiembre de dos mil ocho, Novena Época de rubro "AMPARO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE IMPUGNAN NORMAS, ACTOS O RESOLUCIONES DE CONTENIDO MATERIALMENTE ELECTORAL O QUE VERSEN SOBRE DERECHOS POLÍTICOS", estableció que dicha causal no se actualiza por el solo hecho de que la norma reclamada (cuando se impugna una disposición) se contenga en un ordenamiento cuya denominación sea electoral; porque el acto o resolución controvertido provenga de una autoridad formalmente electoral, o bien, considerando lo que se argumente en los conceptos de violación de la demanda, sino que es propiamente el contenido material de la norma, del acto o de la resolución lo que invariablemente determinará la improcedencia del juicio de amparo. De tal suerte que nuestro máximo tribunal estableció que para la actualización de la causal de improcedencia sujeta a estudio, es necesario que el contenido de la norma, acto o resolución reclamados sean de naturaleza electoral, o bien, versen sobre derechos políticos, pues en estos supuestos, tales actos están sujetos al control constitucional, esto es, mediante la acción de inconstitucionalidad (si se trata de normas generales), o bien, a través de los medios de impugnación del conocimiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación o de la autoridad jurisdiccional electoral de la entidad federativa correspondiente (en el caso de actos o resoluciones de naturaleza electoral). Por ello, concluyó que acorde con el orden constitucional y atendiendo a la propia naturaleza y objeto del juicio de amparo, la improcedencia de este último surgirá, por este particular y preciso motivo, cuando se reclamen actos o resoluciones cuyo contenido material sea eminentemente electoral; por ello, estableció que sólo de manera excepcional podrán combatirse a través de ese juicio los actos de autoridad aludidos, cuando se vinculen en sentido estricto con la posible violación a los derechos fundamentales, siempre que no atañan estrictamente a la materia electoral, o bien, al ejercicio de derechos políticos. En esa tesitura, la Suprema Corte estableció que no basta que una norma se contenga en una ley o código cuya denominación o contenido sea electoral, o bien, que un acto o resolución provenga de una autoridad de naturaleza electoral, para que se produzca la improcedencia del juicio de amparo, sino que resulta necesario que los actos controvertidos atañan estrictamente a la materia electoral, esto es, que su contenido se vincule con procesos electorales o con el ejercicio de los derechos político-electorales, ya que como se destacó con antelación, el juicio de amparo procederá excepcionalmente contra normas contenidas en ordenamientos de carácter electoral o contra actos o resoluciones provenientes de autoridades electorales cuando se estimen violatorias de algún derecho fundamental, pero siempre que el examen a realizar se limite a esta cuestión. Es aplicable al caso la jurisprudencia P./J. 125/2007, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 170703, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta a página mil doscientos ochenta del tomo XXVI, diciembre de dos mil siete, titulada: "MATERIA ELECTORAL. DEFINICIÓN DE ÉSTA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. Para determinar cuándo la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene competencia para resolver una controversia por no inscribirse ésta en la "materia electoral" excluida por la fracción I del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe evitarse la automática traslación de las definiciones de lo electoral desarrolladas en otras sedes procesales y aplicar sucesivamente los siguientes criterios: 1) es necesario cerciorarse que en la demanda no se impugnen "leyes electorales" -normas generales en materia electoral-, porque la única vía para analizar su constitucionalidad es la acción de inconstitucionalidad; 2) debe comprobarse que no se combaten actos y resoluciones cuyo conocimiento es competencia de las autoridades de justicia electoral, esto es, que no sean actos en materia electoral directa, relacionada con los procesos relativos al sufragio ciudadano; 3) debe satisfacerse el resto de las condiciones que la Constitución y la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II de su artículo 105 establecen para que se surta la competencia del Máximo Tribunal del país -en particular, que se trate de conflictos entre los poderes públicos conforme a los incisos a) al k) de la fracción I del artículo 105 constitucional-. Así, la extensión de la "materia electoral" en sede de controversia constitucional, una vez considerados los elementos constitucionalmente relevantes, se sitúa en un punto intermedio entre la definición amplia que rige en las acciones de inconstitucionalidad, y la estricta aplicable en el juicio de amparo, resultando especialmente relevante la distinción entre la materia electoral "directa" y la "indirecta", siendo aquélla la asociada con el conjunto de reglas y procedimientos relacionados con la integración de los poderes públicos mediante el voto ciudadano, regidos por una normativa especializada, e impugnables en un contexto institucional también especializado; por la segunda -indirecta-, debe entenderse la relacionada con los mecanismos de nombramiento e integración de órganos mediante decisiones de otros poderes públicos los cuales, por regla general, involucran a sujetos muy distintos a los que se enfrentan en los litigios técnicamente electorales." Por tanto, como en la especie lo que se propone como objeto de la litis constitucional es la negativa a proporcionar la plaza principal de la población de Tuxpan, Michoacán para el evento electoral del partido político MORENA, es posible, desde ahora, establecer que todos los actos reclamados a las diversas autoridades están vinculados con la materia electoral. Luego, la vía del juicio de amparo no es procedente para impugnar los actos que se reclaman. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de garantías, al advertirse una causa manifiesta e indudable de improcedencia. Es aplicable con el carácter de orientadora, la tesis P.LX/2008, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, novena época, Tomo XXVIII, septiembre de 2008, visible a página 5, cuyo rubro y texto es: "AMPARO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE IMPUGNAN NORMAS, ACTOS O RESOLUCIONES DE CONTENIDO MATERIALMENTE ELECTORAL O QUE VERSEN SOBRE DERECHOS POLÍTICOS. De la interpretación de la fracción VII del artículo 73 de la Ley de Amparo, que establece la improcedencia del juicio de garantías contra resoluciones o declaraciones de los organismos y autoridades en materia electoral, así como de los artículos 41, 94, 99, 103 y 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que contienen, por un lado, el sistema integral de justicia en materia electoral, que permite impugnar leyes electorales vía acción de inconstitucionalidad, así como los actos o resoluciones en materia electoral ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y, por el otro, el juicio de amparo como una garantía constitucional procesal que tiene por objeto la protección o salvaguarda de los derechos fundamentales de los individuos frente a los actos de autoridad o las leyes, se concluye que la improcedencia del juicio de amparo no surge sólo por el hecho de que la norma reclamada se contenga en un ordenamiento cuya denominación sea electoral, o porque el acto o resolución provenga de una autoridad formalmente electoral, ni mucho menos de lo argumentado en los conceptos de violación de la demanda, sino por el contenido material de la norma, acto o resolución, es decir, es necesario que ese contenido sea electoral o verse sobre derechos políticos, pues en esos supuestos la norma, acto o resolución están sujetos al control constitucional, esto es, a la acción de inconstitucionalidad si se trata de normas generales, o a los medios de impugnación del conocimiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el caso de actos o resoluciones. Se exceptúan de lo anterior las resoluciones pronunciadas por el mencionado tribunal en los asuntos de su competencia, contra las cuales el juicio de amparo siempre es improcedente, independientemente del contenido material de dichas resoluciones, aun cuando no verse estrictamente sobre materia electoral, ya que en este caso la improcedencia deriva del artículo 99 constitucional, conforme al cual las resoluciones dictadas por el citado Tribunal en los asuntos de su competencia son definitivas e inatacables". Asimismo, por las razones que la informan, la tesis P.II/2007, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, novena época, Tomo XXV, enero de 2007, visible a página 103, cuyo rubro y texto es: "DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES. CUANDO SU EJERCICIO INCIDA TOTALMENTE SOBRE CUESTIONES RELACIONADAS CON EL PROCESO ELECTORAL, NO SE ACTUALIZA EL SUPUESTO DE EXCEPCIÓN PREVISTO PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, AUN CUANDO SE VINCULE CON LA VIOLACIÓN DE OTROS DERECHOS FUNDAMENTALES. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que, excepcionalmente, cuando junto con la violación de un derecho político se reclamen leyes o actos que entrañen la violación de otros derechos fundamentales, resulta procedente el juicio de garantías; sin embargo, dicha excepción no se actualiza cuando a través de ese medio de control se pretende combatir la violación de derechos políticos que, aun cuando pueden constituir un derecho fundamental, inciden totalmente sobre cuestiones electorales, esto es, sobre el proceso o contienda electoral, ya que cuando el ejercicio de las garantías y prerrogativas que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se encuentre estrechamente vinculado con el sistema de justicia electoral, su examen debe hacerse conforme a los artículos 41 y 116, fracción IV, constitucionales, que regulan los aspectos relacionados con la participación del pueblo en la vida democrática del país y el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público. Por consiguiente, el hecho de que en un juicio de amparo, el quejoso considere que el ordenamiento electoral impugnado viola el ejercicio de algún derecho político (como el de ser votado para un cargo de elección popular), además de otros derechos fundamentales, como el de igualdad, no discriminación, asociación política, libertad de trabajo, etcétera, no hace procedente tal medio de control constitucional, pues el análisis de dichas violaciones tendrá que realizarse de acuerdo con el sistema electoral mexicano, esto es, a través de la acción de inconstitucionalidad y del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano". En mérito de lo anterior, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XV, de la Ley de Amparo, razón por la cual, con fundamento en el precepto 113 de la invocada ley, SE DESECHA POR SU NOTORIA IMPROCEDENCIA la demanda de amparo. En otro aspecto, hágase del conocimiento de la parte quejosa, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del conocimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional; por lo que, una vez que cause estado el presente auto, de conformidad con lo establecido en el artículo 6° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en el precepto 8° de la Ley Federal en cita, la misma estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, sin que haya lugar a la supresión de sus datos personales, con la salvedad a que se refiere el párrafo segundo del artículo 8° del Reglamento en cita. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de que deseen recibir notificaciones vía electrónica, es necesario que primeramente realicen el trámite correspondiente en la página de internet http://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx/ a efecto de que se les otorgue el nombre de usuario respectivo, y una vez hecho lo anterior, deberán proporcionar a este juzgado dicho dato a fin de que se pueda autorizar la consulta respectiva, ello de conformidad con el artículo 94 del mismo Acuerdo General conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, pues dicha disposición establece que el otorgamiento de acceso a los expedientes electrónicos se realizará al asociar el "Nombre de Usuario" que el solicitante ingresó al registrarse en el portal respectivo. Se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX Marzo de 2009, visible a página 2847, del rubro y texto: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. ". Notifíquese personalmente.

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