Arturo Perez Negron Paredes

Expediente 903/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 24 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
903/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
24/10/2022

Partes del expediente

  • Aurora Lemus Garcia
  • Alfredo Reyes Calderon
  • Arturo Perez Negron Paredes
  • Erika Rubi Zaragoza Graciano

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, a veinticuatro de octubre de dos mil veintidós. Como de la certificación que antecede, se desprende que ha transcurrido el término previsto por el artículo 86, de la Ley de la Materia, para que las partes legitimadas recurrieran el auto de veintidós de septiembre de mil veintidós, en la que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. Sin que se haga referencia al cómputo respecto de las autoridades responsables, en virtud de que no están legitimadas para interponer el recurso de revisión. Sirve de sustento a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia número 22/2003, visible en la página 23, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de la Novena Época, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, del rubro siguiente: "REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO. LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y JURISDICCIONALES, INCLUSIVE LOS DEL ORDEN PENAL, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA. Por regla general, la autoridad responsable en el juicio de amparo tiene legitimación para interponer la revisión con el propósito de que subsista el acto que de ella hubiera emanado, cuya inconstitucionalidad se cuestiona, lo cual es particularmente notorio tratándose de autoridades administrativas, que propugnan por el predominio de su pretensión en aras de la finalidad de orden público que persiguen; sin embargo, esto no sucede tratándose de las atribuciones que corresponden a las autoridades judiciales o jurisdiccionales, en virtud de que la característica fundamental de su función, conforme lo establece el artículo 17 constitucional, es la completa y absoluta imparcialidad, el total desapego al interés de las partes, sean privadas o públicas, ya que sus resoluciones deben ser dictadas conforme a derecho y su actividad primordial se agota en el pronunciamiento de la sentencia. La imparcialidad del órgano jurisdiccional o judicial es una característica aceptada en el orden jurídico mexicano, aun tratándose del Juez Penal, puesto que conforme al artículo 102-A constitucional, la persecución de los delitos le corresponde al Ministerio Público -órgano administrativo- ante los tribunales; éstos tienen la función de decir el derecho entre partes contendientes de modo imparcial, y si bien es cierto que una de las funciones del Juez Penal, como la de cualquier otro juzgador, es la de velar por el interés público, esa tutela se encuentra limitada a su actuación como rector del proceso, sin que ese interés trascienda al juicio de amparo, pues en esa instancia corresponde a los órganos judiciales competentes la salvaguarda de las garantías individuales. Por otra parte, la existencia de algunos tipos penales establecidos en los artículos 215 y 225 del Código Penal Federal, como abuso de autoridad y delitos contra la administración de justicia no justifican la legitimación de los tribunales penales para interponer el recurso de revisión en contra de las sentencias que concedan el amparo respecto de sus resoluciones, ya que éstos no se configuran por el hecho de que un Juez Penal dicte resolución o sentencia, aparte de que la misma supuesta legitimación tendrían no sólo los Jueces Penales, sino los de todas las materias; con la salvedad de que si el titular -persona física- del órgano de autoridad es afectado en lo personal en la sentencia de amparo, como cuando en ella se le impone una multa, por tales afectaciones personales sí tiene legitimación para recurrir." Ahora bien, como de la misma constancia secretarial que antecede, se obtiene que no existe acuerdo pendiente por dictar, ni diligencia por practicar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido; se hace la observación de que el juicio en que se actúa, es susceptible de DESTRUCCIÓN, dado que se sobreseyó; lo anterior, de conformidad con los artículos 12, 14, y 21 fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, que disponen lo siguiente: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los Órganos Jurisdiccionales: En los Juzgados de Distrito: Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados; Expedientes en los que se haya dictado una resolución, que sin decidir el juicio en lo principal, lo den por concluido; El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión en amparo, siempre que la medida cautelar se haya negado respecto de todos los actos reclamados; Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado Además, se precisa que no se ordenó la apertura del incidente de suspensión; asimismo, se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos previstos en el punto décimo sexto de la parte considerativa del acuerdo general conjunto en cita. Finalmente, háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado. Notifíquese.

  2. Principal

    CON ESTA FECHA QUEDA NOTIFICADA POR LISTA LA PARTE QUEJOSA DEL AUTO DE FECHA veintidós de septiembre de dos mil veintidós, QUE EN LO CONDUCENTE SE ACORDO "... Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la autoridad en cita, mediante el cual rinde su informe justificado, al cual adjunta el auto de veinte de septiembre del año en curso, mediante el cual ordenó el auto de ejecución y acordó los escrito de once y diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno; documental que goza de valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2. Luego, como en el juicio en que se actúa, el acto reclamado se hizo consistir en la omisión de la responsable de dictar el auto de ejecución de laudo de veintidós de noviembre de dos mil dieciocho, así como la omisión de acordar los escritos presentados el once y diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno; y, como de las constancias que la responsable remitió junto a su informe de ley se advierte que el veinte de septiembre del año en curso, dio cuenta en autos con los escritos de la parte actora en el juicio laboral, entre otros el de once y diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno; además, despacho auto de ejecución del laudo emitido en el juicio laboral -; entonces, se pone de manifiesto que han cesado los efectos de los actos reclamados, al actualizarse la causal de improcedencia establecida en el artículo 61 fracción XXI, de la Ley de Amparo, que se cita al pie de página. De ahí que, si en el particular han cesado los efectos del acto reclamado, lo procedente es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio, al actualizarse la causa de improcedencia, prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo. Además, se estima válido concluir en la forma apuntada, sin necesidad de esperar el desarrollo de la audiencia constitucional, hasta el veintinueve de septiembre del año en curso, porque ningún medio de prueba podría desvirtuar tan notables circunstancias, con relación al sobreseimiento; por lo tanto se deja sin efectos la fecha de la referida audiencia. Notifíquese personalmente...." LO ANTERIOR, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, a veintidós de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la autoridad en cita, mediante el cual rinde su informe justificado, al cual adjunta el auto de veinte de septiembre del año en curso, mediante el cual ordenó el auto de ejecución y acordó los escrito de once y diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno; documental que goza de valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2. Luego, como en el juicio en que se actúa, el acto reclamado se hizo consistir en la omisión de la responsable de dictar el auto de ejecución de laudo de veintidós de noviembre de dos mil dieciocho, así como la omisión de acordar los escritos presentados el once y diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno; y, como de las constancias que la responsable remitió junto a su informe de ley se advierte que el veinte de septiembre del año en curso, dio cuenta en autos con los escritos de la parte actora en el juicio laboral, entre otros el de once y diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno; además, despacho auto de ejecución del laudo emitido en el juicio laboral -; entonces, se pone de manifiesto que han cesado los efectos de los actos reclamados, al actualizarse la causal de improcedencia establecida en el artículo 61 fracción XXI, de la Ley de Amparo, que se cita al pie de página. De ahí que, si en el particular han cesado los efectos del acto reclamado, lo procedente es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio, al actualizarse la causa de improcedencia, prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo. Además, se estima válido concluir en la forma apuntada, sin necesidad de esperar el desarrollo de la audiencia constitucional, hasta el veintinueve de septiembre del año en curso, porque ningún medio de prueba podría desvirtuar tan notables circunstancias, con relación al sobreseimiento; por lo tanto se deja sin efectos la fecha de la referida audiencia. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    CON ESTA FECHA QUEDA NOTIFICADA POR LISTA LA PARTE QUEJOSA DEL AUTO DE FECHA VEINTINUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDOS QUE EN LO CONDUCENTE SE ACORDO "... Vista la demanda de amparo promovida por ... en contra del acto reclamado al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, que precisaron en libelo constitucional; anótese su ingreso en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado, bajo el número V-903/2022-2. El suscrito estima que procede desechar la presenta demanda por ser notoriamente improcedente únicamente de los citados quejosos, conforme a lo que dispone el artículo 113 de la Ley de Amparo, al surtirse la causa de improcedencia prevista por el precepto legal 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 6º, ambos de la Ley de Amparo, según la rezones que a continuación se expresan. El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El citado precepto legal, autoriza al suscrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla, encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable, debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista de la juzgadora y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Por su parte, el precepto 61, fracción XXIII, del mismo ordenamiento legal, textualmente señala: "ARTICULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." El diverso numeral 6° de la ley de la materia, establece: "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." Del último artículo transcrito se desprende el principio de instancia de parte agraviada, relativo a que el juicio de derechos fundamentales sólo puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que reclama, y que en tal sentido, la firma o huella dactilar del promovente es una formalidad indispensable para dar curso a cualquier escrito en el procedimiento judicial, ya que la firma sirve para dar autenticidad al mismo, puesto que es la manifestación de la voluntad del promovente. En el caso, de la constancia de cuenta se advierte que la demanda en cita no fue firmada por ... por tanto, debe considerarse que la misma carece de la firma respectiva y la cual constituye una formalidad esencial que denota la voluntad de quien ha sido afectado en sus intereses jurídicos, de promover ese medio de defensa que se rige por el principio de instancia de parte agraviada. De ahí la exigencia de que el particular a quien se afecte en su esfera de derechos por un acto de autoridad, sea quien presente el escrito de demanda de amparo en calidad de promovente, debidamente firmada, o bien, en caso de no saber hacerlo, estampando su huella digital, pues de no hacerlo así, no se insta al órgano jurisdiccional para que conozca de la contienda constitucional, porque un escrito de demanda de amparo, cualquiera que sea la naturaleza del acto reclamado, sin firma o huella digital, es un simple papel en que no se incorpora la voluntad de quien la presenta. También, la tesis aislada, Materia Común, publicada en la Octava Época, al Semanario Judicial de la Federación, Tribunales Colegiados de Circuito, Tomo X, Octubre de 1992, página 315, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. PROCEDE SU DESECHAMIENTO CUANDO CARECE DE FIRMA AUTOGRAFA. Si un escrito de demanda carece de firma autógrafa del quejoso procede su desechamiento, pues sin ella no puede considerarse ejercida la acción constitucional conforme a lo dispuesto en los artículos 4º. Y 166 de la Ley de Amparo, por ser la firma una formalidad esencial que denota la voluntad de quien ha sido afectado en sus intereses jurídicos, de promover ese medio de defensa que se rige por el principio de instancia de parte agraviada". Así como la diversa tesis aislada Materia Común, Octava Época, Tribunales Colegiados de Circuito del Semanario Judicial de la Federación, Página 303 del tenor literal siguiente: "DEMANDA DE AMPARO SIN FIRMA O HUELLA DEL PROMOVENTE. ES CORRECTO DESECHARLA. El juicio de garantías se rige por el principio de instancia de parte agraviada, conforme al artículo 4o de la Ley de Amparo, de ahí la exigencia de que el particular a quien se afecte en su esfera de derechos por un acto de autoridad, sea quien presente el escrito de demanda de amparo en calidad de promovente, debidamente firmada, o bien, en caso de no saber hacerlo, estampando su huella digital, pues de no hacerlo así, no se insta al órgano jurisdiccional para que conozca de la contienda constitucional, porque un escrito de demanda de amparo, cualquiera que sea la naturaleza del acto reclamado, sin firma o huella digital, es un simple papel en que no se incorpora la voluntad del actor de presentarlo, y por ello tal deficiencia no puede ser corregida a instancia del juez, mediante una prevención, por no ser de las irregularidades a que se refiere el artículo 146 de la citada ley, ni tratarse de la omisión de alguno de los requisitos señalados por el artículo 116 del mismo ordenamiento legal." Y la diversa tesis aislada, Materia Común, Octava Época, Tribunales Colegiados de Circuito del Semanario Judicial de la Federación, Página cuatrocientos treinta y cinco del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. NO FIRMADA POR EL DIRECTAMENTE INTERESADO. En el procedimiento escrito, la voluntad de las partes en el ejercicio de un derecho, se manifiesta a través de su firma, y cuando no saben, o no pueden firmar, lo hará otra persona a su ruego pero imprimir su huella digital, pues de lo contrario no existe manifestación de voluntad del interesado en el ejercicio de ese derecho. Por tanto, si la demanda de garantías no fue firmada por el quejoso ni por su representante, debe estimarse que no existe instancia de parte agraviada, dado que no se encuentra exteriorizada la voluntad del directamente interesado en la promoción del juicio de garantías, por lo que, se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 73 fracción XVIII de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 4o del mismo ordenamiento legal, máxime que de admitir y tramitar esa promoción, se fomentaría la práctica viciosa de que cualquier persona, con cualquier firma o sin ella, presentara escritos en forma oportuna, para que después, en cualquier tiempo, el directamente interesado pretendiera subsanar la omisión de expresión de voluntad de promover, mediante una simple aceptación de que esa firma, que no corresponde a su puño y letra, es suya, lo cual evidentemente iría en perjuicio de las demás partes." En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso 6º, ambos de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO, por notoria e indudable improcedencia la demanda por no contener la firma de.... Por otra parte, vista la demanda promovida por ..., por propio derecho; consecuencia, con fundamento en los artículos 5°, 33 fracción IV, 35, 37, 108, 110, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, SE ADMITE a trámite la demanda de amparo planteada, en contra de del acto reclamado al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, por los actos que fueron preciados en su escrito inicial de demanda. Dése al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete. Sin formar por separado los cuadernillos incidentales, por no haber sido solicitado. Con apoyo en el artículo 117 de la Ley en cita, requiérase a la autoridad señalada como responsable, su informe justificado, el que deberá rendir dentro del término de quince días contado a partir del que reciba el oficio en el que se le solicita, el que podrán hacerlo por escrito, y en el cual deberán exponer las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener, en su caso, la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad de su acto; asimismo, deberá acompañar las constancias en que se basó para emitir el acto, o copia certificada de las mismas, apercibida que de no hacerlo se le impondrá una multa de cien días de la unidad de medida y actualización, en términos del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de desindexación del salario mínimo, de conformidad con el numeral 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Se señalan las DOCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para la celebración de la AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En términos del artículo 5, fracción II, del referido Acuerdo General 21/2020, la audiencia constitucional se llevará a cabo a partir de los escritos presentados física o electrónicamente por las partes, para lo cual se hace de su conocimiento que en caso de ofrecer pruebas o formular alegatos, para ser considerados en la audiencia, resulta necesario que presenten de manera física los escritos correspondiente ante la Oficialía de Partes Común hasta un día antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, lo anterior tomando en consideración que ante la pandemia el personal de este Juzgado sólo puede recoger las promociones presentadas hasta el final del día, por lo que si la presentan en ese lugar el día de la audiencia sería extemporáneo porque se acordaría hasta el día siguiente cuando ya se habrá celebrado la audiencia constitucional; sin embargo, tales promociones, con la finalidad de que puedan ser consideradas en la audiencia podrán ser presentadas de manera electrónica si desean hacerlo el mismo día de la audiencia siempre y cuando sea previo a la hora señalada para su verificativo, apercibidas que de no hacerlo en los términos precisados, la promoción relativa se acordará con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional. Ahora, en términos del artículo 5°, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, se les reconoce el carácter de terceros interesados a: PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, CON SEDE EN ESTA CIUDAD. SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, CON SEDE EN ESTA CIUDAD Ahora, el emplazamiento de mérito se realizara por medio de oficio, conforme a lo establecido por el artículo 26 fracción II inciso b), de la Ley de Amparo. En el entendido de que los hechos que narra la parte quejosa en su demanda, son bajo protesta de decir verdad, y por tanto, en el caso de que afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, podría ser constitutivo de un delito de conformidad al artículo 261 de la Ley de la Materia, en relación con los diversos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En términos de los artículos 64 y 251 de la Ley de Amparo, requiérase a las partes para que en el supuesto de que tengan conocimiento que se actualice alguna causa notoria de sobreseimiento, lo hagan saber a éste Juzgado, apercibidas que de no hacerlo se les impondrá una multa de cincuenta días en los términos precisados en párrafos que antecede. Por otra parte, en términos de los artículos 28, fracción I y 30 Fracción I, de la Ley en cita, se hace saber a la autoridad señalada como responsable, y a las que en su caso les revista el carácter de terceros interesados, que las determinaciones que se emitan en el presente juicio y que por su trascendencia se estime necesario su puntual conocimiento, les serán notificadas a través de oficio, en tanto que los acuerdos de trámite y menor trascendencia, se notificarán por lista; en la inteligencia que, de manera enunciativa, más no limitativa, se comunicarán por oficio, en su caso, las resoluciones concernientes a los siguientes aspectos: a) admisión de demanda; b) suspensión provisional o definitiva; c) sentencia de fondo; d) admisión de recursos de revisión y queja; y, e) las que a criterio del suscrito se estimen relevantes. En apoyo a lo anterior, es de invocar por similitud, la jurisprudencia 176/2012, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, materia común, del Semanario Judicial y su Gaceta, Décima Época, consultable en la página 1253, del rubro y texto siguientes: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción 1, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar". Hágase del conocimiento de las partes, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del conocimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. En términos del precepto 28, fracción I, de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de la autoridad responsable que está obligada a recibir los oficios que en materia de amparo se le dirijan, y que desde el momento de su recepción, la notificación surte sus efectos legales; si se niega a recibir tales oficios, se tendrá por realizada la notificación y será responsable de la falta de cumplimiento de la determinación que contenga, por lo que, en ese supuesto, el actuario de este juzgado hará constar en autos el nombre de la autoridad o empleado con quien se entienda la diligencia y, en su caso, si se niega a firmarla o a recibir el oficio; todo lo anterior sin perjuicio de imponer la multa correspondiente al dictar sentencia, a la autoridad responsable que por sí, o por conducto de alguno de sus empleados se niegue a recibir el oficio respectivo, lo anterior en estricto acatamiento a lo previsto en el artículo 245 de la Ley de Amparo en vigor. De acuerdo con el artículo 21, párrafo tercero de la propia ley, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en días y horas inhábiles. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos del artículo 27 fracción III, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para recibir notificaciones, o el señalado resulte inexacto, sin previo acuerdo, practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de Amparo, hecha excepción de la diligencia de emplazamiento al tercero interesado y al particular que en su caso se hubiere señalado como autoridad responsable. Hágase saber a la autoridad responsable, que para rendir su informe, deberá hacerlo por una sola vía, es decir, si lo rinde vía fax o telegrama, ya no es necesario rendirlo vía postal (salvo el caso de remisión de constancias que hayan servido de sustento para la emisión del acto reclamado), y en ese caso, podrá hacerlo al número telefónico 01 (443) 3 22 69 60, extensión 1192; asimismo, no es indispensable que la autoridad responsable acuse recibo de los autos que se le notifique, salvo manifestación expresa de este Órgano Jurisdiccional. Y, para el caso de que la autoridad responsable lo consideren conveniente, proporcionen su correo electrónico oficial a fin de que les sean remitidas las notificaciones que sean de naturaleza urgente inherentes al presente asunto, de igual manera se proporciona el correo oficial de este Órgano Jurisdiccional para que en esos casos remitan los acuses de notificación respectivas (el cual es 2jdo11cto@correo.cjf.gob.mx), ello sin perjuicio de hacerlo por la vía postal. En términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, se instruye al secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Asimismo, hágase saber a la autoridad responsable que, para rendir su informe, deberá hacerlo al correo oficial de este órgano jurisdiccional (2jdo11cto@correo.cjf.gob.mx), ello sin perjuicio de hacerlo a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, para lo cual es menester que realicen el trámite correspondiente en la página de internet del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación http://www.serviciosenlínea.pjf.gob.mx/juicioenlinea a efecto de que generen un nombre de usuario, de conformidad con los artículos 3, fracción I, 6, 16 y 18 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. En otro aspecto, con fundamento en los dispositivos 22, 28 y 29 del Acuerdo 21/2020, ante la necesaria e idónea continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible y de estimarlo pertinente, transiten al esquema de juicios en línea que promueven desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; para lo cual, las partes, sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, deberán solicitar -a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea- la consulta del expediente electrónico relativo al presente juicio y la práctica de notificaciones electrónicas, para lo cual se requiere también de la utilización de una firma electrónica vigente (FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal), de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020 que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Además, se invita a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, de cuyo contenido se ordena su registro y, de ser necesario, su incorporación al expediente previa la certificación correspondiente, con fundamento en la fracción II del artículo 22 del citado Acuerdo General 21/2020. Finalmente, se tiene a la parte quejosa señalando domicilio para oír y recibir notificaciones personales el que precisa en su libelo constitucional, y por autorizando a la persona que indica para los fines precisados al inicio de este párrafo. Notifíquese y personalmente..." LO ANTERIOR, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO

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