Arturo Rodríguez Corrales
Expediente 556/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 32 actuaciones registradas, la última del 19 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 556/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 32
- Última actuación
- 19/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Arturo Rodríguez Corrales
Actuaciones
Las 4 más recientes de 32.
- Principal
Visto el estado de autos, se advierte que en proveído de ocho de julio de dos mil veintiuno, se decretó el archivo definitivo del presente asunto; sin que se haya ordenado la devolución de los tomos de pruebas que allegó el Juez Primero Penal de Partido de Celaya, Guanajuato, para la sustanciación del expediente en que se actúa; por lo que, al ser innecesaria su retención devuélvanse a la autoridad citada.
- Principal
Agréguese sin mayor proveído el oficio de cuenta suscrito electrónicamente por la secretaria de acuerdos del Juzgado Tercero de Distrito en el estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún, en virtud de que ya fue acordado en auto de dieciséis de abril de dos mil veintiuno. Máxime que en auto de ocho de julio de dos mil veintiuno, se ordenó el archivo del presente asunto, al haber causado firmeza el sobreseimiento fuera de audiencia.
- Principal
Vista la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa recurriera el auto por el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, según su artículo 2do., se declara que dicho auto, ha causado ESTADO para todos los efectos legales conducentes. No obsta a lo anterior, el hecho de que este juzgado desconozca si ya trascurrió el término a la totalidad de las partes para la interposición del recurso de revisión; en atención a que se determinó sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; de ahí que la resolución no les irroga perjuicio. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Valoración de archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual carece de relevancia documental, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 18, fracción I, inciso a) y artículo 21, inciso a), del citado acuerdo, el presente expediente es susceptible de destrucción y el original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que en el expediente principal se dictó resolución en la que se sobreseyó en el presente juicio y en el incidental se concedió la suspensión provisional, debiendo conservarse en los incidentes las resoluciones de su otorgamiento o violación. Glósese el original del cuaderno incidental y, según lo dispone el artículo 20, fracción II, incisos a), del acuerdo en cita, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo de seis meses a que alude el propio acuerdo; consérvese por separado el cuaderno de mención. Oficios registrados 5462, 5463 y 5464 Finalmente, agréguese sin mayor proveído los oficios de cuenta, suscritos por el Vocal de Registro Federal de Electores, con sede en Guanajuato, capital, en el que informa los domicilios de los terceros interesados; en virtud, de lo resuelto en párrafos precedentes.
- Principal
Vista la certificación que antecede, y el estado de autos, se advierte que ha transcurrido el término de veinte días concedido a la parte quejosa en proveído de treinta de abril de dos mil veintiuno, notificado el siete de mayo de dos mil veintiuno, para que compareciera a este juzgado a recibir los edictos y demostrar dentro del mismo plazo que los presentó para su publicación, a fin de emplazar a los terceros interesados *** y ***, sin que haya acreditado la difusión de dichos edictos. Consecuentemente, se hace efectivo el apercibimiento contenido en dicho proveído, y con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII y 63, fracción II, en relación con los diversos 5°, fracción III y 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento del presente juicio fuera de audiencia constitucional. Lo anterior es así, puesto que de los numerales invocados se colige que si una vez ordenado el emplazamiento a juicio de los terceros interesados por medio de edictos a costa de la parte quejosa, ésta no los recoge, paga su publicación, y no exhibe las órdenes de pago y las publicaciones correspondientes, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, en razón de que se incumple con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional. Esto es, resulta evidente que ante la falta de publicación de los edictos a costa de la parte accionante, para lograr el emplazamiento de los terceros interesados *** y ****, ha quedado paralizado el juicio constitucional, y por tanto se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que se entorpece la administración de justicia por retardarse la solución del conflicto, sin que esto sea atribuible al órgano jurisdiccional, sino a la propia parte quejosa, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público que tutela dicho precepto constitucional, pues la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y que no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso de la quejosa, ya que con su omisión impide que se constituya válidamente la relación jurídica procesal, contraviniéndose con ello el interés común de la sociedad, razones estas que llevan a determinar el sobreseimiento en el juicio constitucional. Cobra aplicación al respecto el criterio del tenor siguiente: 'SOBRESEIMIENTO POR OMISIÓN DE RECOGER EDICTOS CON EL FIN DE EMPLAZAR A LA PARTE TERCERA PERJUDICADA. ANTE LA AUSENCIA DE NORMA QUE ESTABLEZCA TAL HIPÓTESIS, ES CORRECTA LA APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA RELATIVA. Si bien es exacto que inexiste precepto que establezca como causal de sobreseimiento el no recoger los edictos para que se emplace a la tercera perjudicada, no obstante, existe una jurisprudencia obligatoria ineludible, cuyo rubro es: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO."; luego, atento al criterio jurisprudencial en cita, establecido por contradicción de tesis, ello autoriza al Juez de Distrito al respecto, por contener la interpretación jurídica y armónica de esa situación fáctica y procesal, según lo estimó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cuanto al alcance de los preceptos 14, párrafo II y 17 constitucionales; 73, fracción XVIII, en relación con el 30, fracción II y 5o., fracción III, de la Ley de Amparo, precisamente en razón a la falta de norma que motivó la integración de tal laguna de ley para actualizar la referida causa de sobreseimiento del juicio de garantías, dada la evidente omisión y desinterés del quejoso de recoger los edictos para emplazar al tercero o terceros perjudicados.' Además de que la parte quejosa, no manifestó ni acreditó tener alguna imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza en el término que se le concedió para tal efecto, esto es, para efectuar el pago de la publicación de los edictos, así como la difusión de estos, lo que hace que quede paralizado el juicio de amparo al arbitrio de la parte quejosa. Sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO. EL ARTÍCULO 30, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, QUE PREVÉ SU NOTIFICACIÓN POR EDICTOS A COSTA DEL QUEJOSO, NO CONTRAVIENE EL DERECHO DE GRATUIDAD EN LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. En relación con la carga procesal contenida en el precepto citado, el juzgador de amparo debe ponderar las particularidades del caso para que, si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir el costo de los edictos, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes para demostrar que no tiene la capacidad económica para sufragarlos, entonces pueda determinarse que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, los publique para emplazar al tercero perjudicado. Sin embargo, ante la ausencia de manifestaciones o elementos sobre su falta de capacidad económica para sufragarlos, subsiste esa carga procesal para el quejoso, sin que ello implique una transgresión al derecho de gratuidad en la administración de justicia impartida por el Estado ni a la prohibición de costas judiciales, pues lo que se busca es impedir que el gobernado pague directamente a quienes intervienen en dicha administración una contraprestación por la actividad jurisdiccional, ya que la retribución por la labor de quienes integran los tribunales debe cubrirla el Estado. En efecto, acorde con el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, en relación con el numeral 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, la publicación de los edictos "a costa del quejoso" corresponde únicamente al importe de la publicación en: a) El Diario Oficial de la Federación; y, b) Uno de los periódicos diarios de mayor circulación en la República Mexicana; así, si las erogaciones derivadas de los actos procesales realizados por las partes para satisfacer las cargas procesales, lejos de importar un costo por la administración de justicia, constituyen el importe que cada litigante asume cubrir (o no) como necesario durante su intervención en el proceso, a fin de obtener una sentencia favorable a sus intereses, entonces la eventual erogación del quejoso por publicar los edictos para continuar el juicio de amparo no contraviene el principio de justicia gratuita, porque no constituye una costa judicial de las prohibidas por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que el acto de publicación en los indicados medios de difusión masiva no implica una actuación judicial, sino únicamente un acto material por el cual una entidad ajena al tribunal da publicidad a una determinación judicial con el objetivo de cumplir con una formalidad para continuar con el trámite del juicio de amparo." De igual modo, no pasa inadvertida la jurisprudencia 2a./J. 108/2010 (registro 164074) de la Segunda Sala en la que modificó el criterio contenido en la tesis 2a./J. 64/2002, de rubro: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.", para quedar de la siguiente forma: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. Una nueva reflexión lleva a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a modificar el criterio contenido en su jurisprudencia 2a./J. 64/2002, de rubro: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.", pues si bien es cierto que conforme al artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, agotado el procedimiento de investigación para conocer el domicilio del tercero perjudicado sin resultado alguno, debe ordenarse su emplazamiento por edictos a costa del quejoso, requiriéndolo para que los recoja en el local del órgano jurisdiccional con el apercibimiento de aplicarle las medidas de apremio pertinentes en caso de no acatar tal decisión, también lo es que ese incumplimiento no conduce necesariamente al sobreseimiento en el juicio de garantías, pues en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es preciso respetar el derecho de toda persona a que se le administre justicia gratuita, pronta, completa e imparcial; por consiguiente, el juzgador debe ponderar las particularidades del caso, de manera que si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes que demuestren que no tiene la capacidad económica para sufragar un pago semejante, sólo entonces el juzgador podrá determinar que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, publique los edictos para emplazar al tercero perjudicado, pues de lo contrario se dejaría en estado de indefensión al promovente del juicio de amparo." Dicho criterio establece que no necesariamente conduce al sobreseimiento del juicio de amparo la omisión de la parte quejosa para recoger los edictos para emplazar a la tercera interesada; sin embargo, para ello debe satisfacer ciertas circunstancias, en las que prevalecen la manifestación de la parte quejosa de su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza, y de las particulares del caso que demuestren la incapacidad para pagar las publicaciones en cuestión; ahora bien, contrario a ello, como se asentó, de autos se advierte que la parte quejosa no expresó ni demostró que se encuentra en alguno de los supuestos a que alude la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para exentarle de su obligación, es decir, que no tiene la capacidad económica para sufragar el pago de la publicación de los edictos. En razón de lo anterior, resulta innecesaria la celebración de la audiencia constitucional señalada para las trece horas con treinta y siete minutos del dieciséis de junio de dos mil veintiuno Háganse las anotaciones de rigor en el libro y sistema electrónico correspondientes.
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