Arturo Morales Villegas

Expediente 1015/2015 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de diciembre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
1015/2015
Año
2015
Actuaciones
2
Última actuación
09/12/2015

Partes del expediente

  • Arturo Morales Villegas

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que ya trascurrió el término para interponer recurso de queja contra el auto de veintiséis de noviembre de dos mil quince, en el que este Juzgado desechó la demanda de amparo intentada por *********, sin que haya hecho uso de tal derecho; en consecuencia con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 97, fracción I, inciso a) y 98, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicable supletoriamente a la ley reglamentaria en cita se declara que ha quedado firme el auto en mención. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el expediente como totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión. Finalmente, acorde con lo previsto en el punto décimo primero, último párrafo, del multicitado Acuerdo General Conjunto, prevéngase a la parte quejosa para que dentro del plazo de noventa días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, acuda a este juzgado a recoger los documentos que exhibió como anexos a su escrito de demanda; apercibida que de no hacerlo, estos podrán ser destruidos junto con el expediente.

  2. Principal

    Por recibida la demanda constitucional de cuenta suscrita por ********, contra el acto del Titular de la Subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social, en esta ciudad de Celaya, por violación a los artículos 8, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmese expediente y regístrese con el número 1015/2015. Con relación al libelo constitucional, se provee: Una vez analizado el escrito de demanda, este Juzgador Federal estima que la misma debe desecharse por su notoria e indudable improcedencia, en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, en virtud de que frente al acto reclamado, se configura una causal de improcedencia. De la lectura integral de la demanda de garantías, emerge que el impetrante reclama el oficio número 119103910100 de quince de octubre de dos mil quince (exhibido como anexo a la demanda), firmado por el Subdelegado del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta localidad, a través del cual dio contestación a la petición que el quejoso formuló al referido subdelegado el catorce de octubre pasado. El suscrito juzgador estima que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los numerales 1, fracción I, y 5, fracción II de la Ley de Amparo, toda vez que el oficio reclamado al subdelegado en comento no puede considerarse como un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Con el objeto de sostener dicha afirmación, es necesario partir del texto de los artículos 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 1, fracción I, y 5, fracción II, del mismo ordenamiento legal, que en su orden establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (.)". De las normas trascritas, se desprende que la acción de amparo procede única y exclusivamente contra normas generales, actos u omisiones de autoridad que vulneren los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; es decir, no es suficiente que se reclame una violación a los derechos fundamentales para que el juicio de amparo sea procedente, sino que es menester que la contravención se atribuya a una autoridad, pues no todos los hechos que el particular estime contrarios a su interés son susceptibles de impugnarse a través del juicio de amparo, sino únicamente los "actos de autoridad". Ahora, el artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, indica que en el juicio constitucional, es autoridad responsable la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Así también, señala que para efectos de la Ley de Amparo, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad que afecten derechos en los términos antes señalados, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Debe ponerse de manifiesto que, para que un particular adquiera calidad de autoridad responsable en el juicio de amparo en términos de la legislación de la materia se requiere: 1. Que realice actos equivalentes a los de autoridad, esto es, que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar algún acto en forma unilateral y obligatoria, o bien, que omita actuar en determinado sentido. 2. Que afecte derechos creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas. 3. Que sus funciones estén determinadas en una norma general. En la exposición de motivos que dio origen a la Ley de Amparo que entró en vigor a partir del dos de abril del dos mil trece, las Comisiones Unidas de Justicia; de Gobernación y de Estudios Legislativos, establecieron que la introducción de la posibilidad de solicitar amparo contra actos de particulares obedeció a que quedó superada la teoría que asumía que los derechos fundamentales sólo podían ser afectados por las autoridades o los miembros del Estado. Sostuvieron que esa teoría tenía razón de ser en el hecho de que tradicionalmente se habían aceptado relaciones de verticalidad o supra-subordinación en que sólo el Estado podía afectar la esfera jurídica de los gobernados, lo que hacía necesario el reconocimiento de garantías individuales que limitaran su actuación, situación que cambió a partir del reconocimiento de los derechos fundamentales. Además se precisó que esa modificación fue realizada principalmente por tres razones: el reconocimiento de los derechos económicos, sociales y culturales; porque hoy en día la vulneración de los derechos fundamentales no proviene de autoridades sino de la actuación de particulares en determinadas circunstancias, por ejemplo, las afectaciones al medio ambiente y las prácticas de discriminación social y, finalmente, porque la protección procesal para prevenir o reparar violaciones a los derechos humanos cometidas por particulares, era prácticamente nula o de una eficacia muy limitada. Finalmente, concluyeron que, como en muchas ocasiones ha existido violación a derechos humanos por parte de particulares, resultaba conveniente adoptar un modelo de protección horizontal que garantizara un resguardo más eficaz y justo, razón por la cual se proponía tener a los particulares como autoridades responsables cuando actuaran con ese carácter afectando derechos fundamentales, siempre que su función derive de una norma general y abstracta, pues en otros casos la protección contra ese tipo de actos se deberá realizar mediante la tramitación de medios ordinarios de defensa. De lo anterior se desprende que el legislador, al incorporar al texto de la Ley de Amparo la posibilidad de tener a los particulares como autoridades responsables en el juicio de amparo, pretendió proteger a los gobernados de la vulneración a sus derechos con independencia del carácter de quien emita el acto o cometa la omisión. Esa es la razón por la que limitó la posibilidad de que los particulares acudan al juicio de amparo a los casos en que conforme a sus funciones puedan dictar, ordenar, ejecutar, tratar de ejecutar u omitir algún acto en forma unilateral y obligatoria que conlleve a la creación, modificación o extinción de situaciones jurídicas que afecten derechos. En otras palabras, para que un particular sea llamado al juicio de amparo como autoridad responsable se requiere que dentro del cúmulo de funciones que les otorga la norma general y abstracta que los regula se encuentre prevista la de dictar, ordenar, ejecutar, tratar de ejecutar u omitir algún acto en forma unilateral y obligatoria que conlleve a la creación, modificación o extinción de situaciones jurídicas que afecten derechos. En el caso concreto, se reitera que el impetrante reclama el oficio número 119103910100 de quince de octubre de dos mil quince (exhibido como anexo a la demanda), firmado por el Subdelegado del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta localidad, por medio del cual contestó la petición que el propio quejoso le formuló el catorce de octubre pasado. Se estima que, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, al referido Subdelegado del Instituto Mexicano del Seguro Social no le asiste el carácter de autoridad para los efectos del juicio de amparo, por cuanto a que su actuación fue desprovista de las características que tienen los actos de una autoridad, ya que en este caso la autoridad señalada como responsable no actúa con una potestad de imperio, sino en un plano coordinado, como a continuación se demostrará. Los artículos 2º, 5º, 8º, 270 y 271 de la Ley del Seguro Social ordenan: "Artículo 2. La seguridad social tiene por finalidad garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión que, en su caso y previo cumplimiento de los requisitos legales, será garantizada por el Estado". "Artículo 5. La organización y administración del Seguro Social, en los términos consignados en esta Ley, están a cargo del organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, de integración operativa tripartita, en razón de que a la misma concurren los sectores público, social y privado, denominado Instituto Mexicano del Seguro Social, el cual tiene también el carácter de organismo fiscal autónomo". "Artículo 8. Los derechohabientes para recibir o, en su caso, seguir disfrutando de las prestaciones que esta Ley otorga, deberán cumplir con los requisitos establecidos en la misma y en sus reglamentos". "Artículo 270. El Instituto, en su carácter de organismo fiscal autónomo, se sujetará al régimen establecido en esta Ley, ejerciendo las atribuciones que la misma le confiere de manera ejecutiva, con autonomía de gestión y técnica, en los ámbitos regulados en la presente Ley"; "Artículo 271. En materia de recaudación y administración de las contribuciones que conforme a esta Ley le corresponden, que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2o., fracción II y penúltimo párrafo, del Código, tienen la naturaleza de aportaciones de seguridad social, el Instituto recaudará, administrará y, en su caso, determinará y liquidará, las cuotas correspondientes a los seguros establecidos en esta Ley, aplicando al efecto lo dispuesto en la misma y en lo no previsto expresamente en ella, el Código, contando respecto de ambas disposiciones con todas las facultades que ese Código confiere a las autoridades fiscales en él previstas, las que serán ejercidas de manera ejecutiva por el Instituto, sin la participación de ninguna otra autoridad fiscal". El contenido de los precitados numerales, permiten establecer que el Instituto Mexicano del Seguro Social es el organismo público descentralizado encargado de administrar el seguro social, como instrumento básico de la seguridad social, cuya finalidad es garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo. Asimismo, la seguridad social prevista en la Ley del Seguro Social, y que se encuentra a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social, se encuentra dirigida, en un primer nivel, a la protección de los trabajadores, y en un nivel ulterior a sus beneficiarios, quienes para ser acreedores a las prestaciones de seguridad social deberán satisfacer los requisitos previstos por la misma ley y sus reglamentos. En esas condiciones, cuando un asegurado o su beneficiario solicita al Instituto Mexicano del Seguro Social cualquier prestación de seguridad social prevista en la ley, dicho instituto se encuentra en la relación jurídica como ente asegurador, porque al resolver cualquier petición sobre ese particular, no hace sino cumplir con su obligación de garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, de forma que está sometido al imperio de la ley, a favor del asegurado. Además, el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene un doble carácter, como organismo fiscal autónomo frente a los patrones y sujetos obligados, conforme a lo dispuesto en los artículos 5º, 270 y 271 de la Ley del Seguro Social; y como órgano asegurador, equiparado al patrón. Ahora bien, el oficio reclamado en forma destacada a través del cual el Subdelegado del instituto en comento dio contestación a una petición del quejoso, lo hizo no como organismo fiscal autónomo, porque la relación que surge entre el peticionario y el instituto de mérito gira en un plano de igualdad (coordinación), debido a que el instituto actúa en sustitución del patrón. Por lo que tampoco se puede determinar que al emitir la respuesta a la petición formulada, actuó como particular y que por ello deba concluirse que sí adquirió el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo; toda vez que al producir la respuesta contenida en el oficio reclamado, lo hizo en un plano de igualdad; no como autoridad, sino en su carácter de órgano asegurador equiparado al patrón. De manera que, si tal respuesta no fue emitida por autoridad para efectos del juicio de amparo, el juicio constitucional resulta improcedente. Es aplicable al particular, por identidad de razón jurídica y en lo conducente, la tesis jurisprudencial 2ª./J. 211/2009 legible en la página 303 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Diciembre de 2009, Materia Administrativa, Novena Época, de rubro y texto: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. NO TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO, CUANDO SE RECLAMA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN QUE DEBE RESPONDERSE EN SU CARÁCTER DE ENTE ASEGURADOR. El Instituto Mexicano del Seguro Social es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio que cumple con la función del Estado de prestar el servicio público de seguridad social, y que además de tener la función de autoridad fiscal autónoma tiene el carácter de ente asegurador. Ahora bien, contra la omisión atribuida al Instituto Mexicano del Seguro Social, de responder a una solicitud formulada en ejercicio del derecho de petición, en su carácter de asegurador, no procede el juicio de garantías pues no se está en presencia de un acto de autoridad para efectos del amparo, pues la relación que existe entre el asegurado y el Instituto en comento en dicho supuesto es de coordinación, entablada entre particulares, en las que actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que en esta hipótesis, el juicio de amparo será improcedente." Así como la diversa tesis jurisprudencial 2a./J. 134/2011, por contemplar un caso análogo, publicada en la página 1511, del Tomo XXXIV, correspondiente al mes de septiembre de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, del rubro y texto: "SEGURO SOCIAL. EL INSTITUTO RELATIVO NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, AL RESOLVER EL RECURSO DE INCONFORMIDAD EN EL QUE SE RECLAMAN PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, BASTANDO ESE MOTIVO PARA LA IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL. El Instituto Mexicano del Seguro Social tiene un doble carácter: a) De organismo fiscal autónomo cuando actúa frente a patrones y sujetos obligados, ejerciendo sus facultades de recaudación, administración, determinación y liquidación de las cuotas obrero patronales; y, b) De ente asegurador, cuando lo hace frente a los asegurados y sus beneficiarios, respecto de las prestaciones en especie y en dinero otorgadas por la Ley del Seguro Social. Bajo esas premisas, la resolución emitida por el Instituto, al decidir el recurso de inconformidad interpuesto, optativamente, por los asegurados o por sus beneficiarios, respecto de las prestaciones de seguridad social otorgadas por la citada Ley, no tiene el carácter de acto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, por una parte, porque si bien dicho Instituto puede determinar sobre la procedencia de las prestaciones solicitadas no está investido de facultades de imperio que caracterizan a las autoridades, porque la relación entre ambos es de igualdad (coordinación), y al resolver sólo verifica el cumplimiento de los requisitos para otorgar una prestación; y, por otra, debido a que el artículo 295 de la Ley del Seguro Social prevé que las controversias entre el Instituto y los asegurados o sus beneficiarios serán resueltas por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, juicio en el que el Instituto no acude como autoridad. En consecuencia, si no se está en presencia de un acto de autoridad el juicio de amparo promovido contra la referida resolución resulta improcedente, lo que hace inconducente examinar si se agotaron con anterioridad recursos, juicios o medios de defensa ordinarios, porque basta que quede evidenciada la señalada causa de improcedencia". No es obstáculo a lo que precede los principios pro persona y el recurso efectivo inmersos en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues al respecto la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que aun tratándose de los referidos principios, el quejoso debe respetar los requisitos de procedencia del juicio constitucional, en tanto que aquellos resultan insuficientes para declarar procedente lo improcedente, tal como se advierte de la tesis LXXXIV/2013 (10ª), visible en la página 890, Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 1, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente". También resulta aplicable al tema la jurisprudencia 2a./J. 56/2014 (10a.), sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 772, del Libro 6, correspondiente al mes de mayo de 2014, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Materia Constitucional, Décima Época, del rubro y contenido siguiente: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio pro persona o pro homine-, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de ejercer sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica analizada, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función". En este orden ideas, al actualizarse de manera clara e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, con relación con los numerales 1 y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, lo conducente es desechar la demanda de garantías, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. Como el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dispone que el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales; prevéngase a éstas para que manifiesten si se oponen a ello; en la inteligencia que de no hacerlo, se entenderá que aceptan la publicación de la sentencia respectiva con dichos datos. Por último, toda vez que el promovente fue omiso en señalar domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, con sustento en lo dispuesto por el numeral 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo se tiene como tal los estrados de este órgano jurisdiccional; y como autorizado en términos amplios del numeral 12 de la Ley de Amparo a ********** toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que sí tiene inscrita su cédula profesional federal en el sistema computarizado del registro único de profesionales del derecho ante los tribunales de circuito y juzgados de distrito; mientras que en términos restringidos del invocado numeral a ********** por así haberlo solicitado expresamente.

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