Arturo Rodríguez Azueta

Expediente 521/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de mayo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
521/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
09/05/2017

Partes del expediente

  • Arturo Rodríguez Azueta

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, nueve de mayo de dos mil diecisiete. Agréguese el oficio del Actuario Judicial del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito y sus anexos, consistentes en los autos del juicio de amparo 1277/2014 y testimonio de la ejecutoria emitida en el amparo en revisión 142/2016, cuyos puntos resolutivos son los siguientes: ".PRIMERO. En la materia de la Revisión, se revoca la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a Bayer de México, sociedad anónima de capital variable, contra los actos y autoridades que quedaron precisados en el resultando primero de la presente ejecutoria; y para los efectos precisados en la parte final del último considerando". En consecuencia, agréguense las actuaciones relevantes del cuaderno de antecedentes, acúsese recibo y háganse las anotaciones respectivas. Asimismo, se solicita al tribunal en comento que, de no existir inconveniente lega alguno, remita a este juzgado el cuaderno original del incidente de suspensión deducido del juicio en que se actúa, toda vez que mediante oficio 7757/2017 de catorce de marzo del año en curso, se remitió el cuadernillo mencionado para que ese tribunal contara con más elementos para la substanciación del recurso de revisión 142/2016. En tal virtud, con fundamento en los artículos 192 y 258 de la Ley de amparo, se requiere a las autoridades responsables para que en el término de tres días, contados a partir de que cuente con la presente determinación, acaten en sus términos la ejecutoria de amparo; bajo apercibimiento que de no hacerlo, se les impondrá, a cada una, multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, para tal efecto se le adjunta copia certificada de la ejecutoria de alzada. En el entendido de que la tutela protectora si bien alcanza a las autoridades responsables que concurrieron en el proceso legislativo y/o promulgación, no implica por parte de éstas la realización de algún acto concreto en cumplimiento al fallo protector. Para ello, se le informa que a través de correo electrónico institucional ejecución@correo.cjf.gob.mx podrá remitir lo que se le exige (confirmando al teléfono 7222360500, extensión 3267). Notifíquese.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, diecisiete de abril de dos mil diecisiete. DESAHOGA PREVENCIÓN. Agréguese el escrito del quejoso *****, por el cual desahoga la prevención realizada en proveído de tres de los cursantes. DESECHAMIENTO Del escrito de demanda, así como del ocurso que se acuerda, se advierte que el quejoso reclama lo siguiente: "La negativa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en dar atención al escrito presentado ante esta el veintiocho de febrero de dos mil diecisiete, a través del cual hace del conocimiento el amparo en revisión ****, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito.". Ahora, del estudio integral del escrito de demanda de amparo, así como del desahogo, se advierte actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción II, de la Ley de Amparo, por tanto, conforme al numeral 113 de la referida legislación, se indica lo siguiente. En mérito de lo expuesto, se advierte que se actualizan las causales de improcedencia previstas en las fracciones II y VI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] II. Contra actos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; Lo anterior es así, toda vez que la Ley de la materia prevé en su numeral 61, que las causales de improcedencia operan siempre de manera absoluta y también en atención a la índole de la autoridad contra la cual pretendiera intentarse el juicio, o bien a la naturaleza jurídica del acto reclamado. En ese sentido, el artículo en comento dispone la improcedencia del juicio de amparo contra actos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo entenderse dicho precepto en un sentido amplio; esto es, cualquiera de las determinaciones. Lo anterior, ya que la improcedencia considerada en esa fracción, atiende a la naturaleza y categoría de la autoridad a quien se pretende señalar como responsable de los actos conculcatorios de derechos públicos subjetivos del particular, esto es, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual conforme al sistema constitucional mexicano, es el más Alto Tribunal del país, en virtud de que sus resoluciones, o en su caso, las omisiones en que incurra, son inatacables, pues el orden jurídico vigente no contempla medio alguno de defensa o mecanismo para que aquéllas puedan ser revisadas, es decir, no existe otra instancia jurisdiccional superior a ella, aunado a que no puede atribuírsele violación de garantías al ejercer su función dado que es la encargada de tutelar los derechos humanos reconocidos por la Constitución. Orienta el anterior criterio, la tesis: 2a. CLXXIV/2002 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, Diciembre de 2002, Pág. 291, que es del tenor siguiente: "SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. SUS FALLOS SON INATACABLES. Conforme al sistema constitucional mexicano, la Suprema Corte de Justicia de la Nación es el más Alto Tribunal del país, en virtud de que sus resoluciones son inatacables, pues el orden jurídico vigente no contempla medio alguno de defensa o mecanismo para que aquéllas puedan ser revisadas, es decir, no existe otra instancia jurisdiccional superior a ella. La veracidad del enunciado anterior queda de manifiesto nítidamente en los siguientes ejemplos: el juicio de amparo es improcedente contra sus actos, según lo dispone expresamente el artículo 73, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en materia laboral, los conflictos que se susciten entre ese órgano supremo y sus empleados, serán resueltos por él mismo, tal como lo establece el artículo 123, apartado B, fracción XII, párrafo segundo, de la Constitución Federal; tratándose de las sanciones previstas en la fracción XVI del artículo 107 de la Ley Fundamental, una vez que el Máximo Tribunal de la República determina su aplicación a las autoridades responsables, debe consignarlas directamente ante el Juez de Distrito, es decir, que no condiciona su proceder a la consideración del Ministerio Público. En el caso en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece que una sentencia de amparo ya se encuentra cumplida, resulta evidente que dicha determinación es irrecurrible y, por ende, ya no puede ser materia de análisis a través de medio alguno de impugnación o mecanismo de defensa." Así como la tesis aislada, de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXVI, Página: 2359, del tenor siguiente: "SUPREMA CORTE. El amparo contra los actos de la Suprema Corte es improcedente, pues de lo contrario se llegaría a la inestabilidad de sus resoluciones, lo que sería más peligroso que sostenerlas, cualesquiera que sean." Ahora bien, el juicio de amparo es improcedente contra actos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues ello surge en virtud de que sus actos son inatacables, dado que en el orden jurídico no se contempla medio alguno de defensa o mecanismo para que sus actos puedan ser revisados porque no existe otra instancia jurisdiccional superior a ella, como lo concluyó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dado que la transcrita causa de improcedencia tiene como finalidad la estabilidad o seguridad jurídica, al ser el órgano de mayor jerarquía dentro del Poder Judicial de la Federación; por tal razón, es inadmisible que un Juez de Distrito conozca de un juicio de garantías en contra de actos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en virtud de que no existe autoridad que tenga jurisdicción sobre la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues resultaría ilógico que la propia Corte conociera de sus actos, ya que de hacerlo, se constituiría en Juez y parte, lo que es un absurdo jurídico. Sirve de apoyo a lo anterior, por el criterio que contiene, la tesis XII.2o.A.3A, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito, visible a página 2524, tomo III, Marzo de 2015, en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, localizable con el número de registro 2008704, Décima Época con el rubro y texto siguiente: "SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. LOS ACTOS Y OMISIONES MATERIALMENTE ADMINISTRATIVOS ATRIBUIDOS A SUS ÓRGANOS DE APOYO SON INIMPUGNABLES EN AMPARO. El artículo 61, fracción II, de la Ley de Amparo establece la improcedencia del juicio de amparo contra actos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta imposibilidad de controvertirlos se justifica por la posición jerárquica del Máximo Tribunal, al no preverse en el orden jurídico nacional ningún recurso o medio de impugnación por el que puedan ser revisados. En este sentido, no solamente los actos jurisdiccionales que emita ese órgano son inimpugnables en dicha vía, sino también los actos y omisiones materialmente administrativos atribuidos a sus órganos de apoyo establecidos en el Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues al ser aquéllos parte integrante de ésta, no pueden considerarse como autoridades autónomas.". En tales condiciones, con base en los razonamientos expuestos, preceptos legales y tesis jurisprudenciales invocadas, y además, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO, la demanda de garantías promovida por ****, por propio derecho Lo anterior guarda congruencia al considerar que admitir y dar trámite al juicio a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que el promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de garantías y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional, lo que incluso permite que el peticionario de garantías promueva oportunamente los medios ordinarios para defender sus derechos. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia VII.2o.C. J/23 de la Novena Época, con número de registro 174737, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Julio de 2006, Materia Común, página 921, con número de registro 174737, de rubro y texto siguiente: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico. Por otro lado, con fundamento en el artículo 26 fracción IV de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el usuario arroaz, con las reglas que se establecen en el diverso 30 fracción II. Lo anterior, hágase del conocimiento del Secretario General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó Alberto Roldán Olvera, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, asistido del secretario Erik Roberto Frías Guerrero, que da fe.

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