Arturo Rodríguez Azueta

Expediente 1700/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 9 actuaciones registradas, la última del 6 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1700/2018
Año
2018
Actuaciones
9
Última actuación
06/06/2019

Partes del expediente

  • Arturo Rodríguez Azueta

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, seis de junio de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy la parte quejosa no interpuso revisión, dentro del término legal, contra el auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que el mismo ha causado estado. Dicho cómputo sólo se realiza respecto a la parte quejosa, ya que fue a ésta a quien únicamente afectó el sobreseimiento. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción, ya que se sobreseyó fuera de audiencia el juicio y carece de relevancia documental.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, diez de mayo de dos mil diecinueve. Intégrese el oficio signado por el Actuario Judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, por medio del cual remite el cuaderno original del juicio de amparo indirecto 1700/2018-III-D y copia certificada del testimonio de la resolución dictada en el recurso de revisión número 19/2019 cuyos puntos resolutivos son los siguientes: "PRIMERO. Se revoca la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se ordena la reposición del procedimiento en el juicio de amparo 1700/2018-III-d del índice del Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México con residencia en Toluca, promovido por Arturo Rodríguez Azueta, para los efectos precisados en el último considerando de la presente ejecutoria.". En consecuencia, acúsese recibo; háganse las anotaciones respectivas, glósense las actuaciones originales que obren en el cuaderno de antecedentes y, dado el sentido de la resolución emitida en el recurso de revisión 19/2019, se deja insubsistente el auto de veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho (fojas 27 y 28). IMPOSIBILIDAD PARA ACATAR LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL DE ALZADA. Sin que haya lugar a realizar lo ordenado por el tribunal de alzada, consistente en dar vista a la parte quejosa, a efecto de que manifieste si es su deseo ampliar la demanda respecto a la contestación contenida en el oficio número SAP/CJ/976/2018 signado por el Titular de la Secretaría Técnica de la Junta de Coordinación Política de la LX Legislatura del Estado de México, y su notificación de veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho, ello es así, pues existe imposibilidad jurídica que impide ese pronunciamiento, por las razones que en seguida se expondrán: Es un hecho notorio que el quejoso interpuso diversa demanda de amparo la cual se registró con el número 1916/2018-III-B, señalando como responsables y el acto reclamado los siguientes: "III.- ACTO RECLAMADO Y AUTORIDAD RESPONSABLE: 1. Inconstitucionalidad del oficio SAP/CJ/976/2018 emitido por Cipriano Gutiérrez Vázquez en su carácter de Secretario Técnico de la Junta de Coordinación Política, el cual fue notificado como presunta respuesta al escrito de petición del 11 de octubre de 2018 presentado a Maurilio Hernández González en su carácter de Presidente de la Junta de Coordinación Política del Poder Legislativo del Estado de México. Maurilio Hernández González en su carácter de Gobernador Constitucional del Estado de México, como autoridad responsable del escrito de petición que le fue presentado el 11 de octubre de 2018, con domicilio en Plaza Hidalgo s/n, Col. Centro, Toluca, Estado de México, C.P. 50000. Cipriano Gutierez (sic) Vázquez en su carácter de Secretario Técnico de la Junta de Coordinación Política, con domicilio en Plaza Hidalgo s/n, Col. Centro, Toluca, Estado de México, C.P. 50000." Como consecuencia de lo anterior, en fecha cinco de marzo de dos mil diecinueve, se envió el oficio 6019/2019 al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, para su conocimiento de esa circunstancia, como se advierte del acuse de recibo. En ese contexto, resulta improcedente el juicio de amparo en que se actúa, en atención a que se actualiza la causa prevista en el numeral 61 fracciones IX y X, de la ley de la materia que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas; X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; (.)" Del precepto legal en estudio, se advierte que la causa de improcedencia del juicio de amparo se sustenta en la institución de litispendencia, pues parte del supuesto de que existen dos juicios de amparo con identidad de quejoso, autoridades responsables y de actos reclamados, lo cual impide que prospere el asunto promovido con posterioridad y refleja la clara intención del legislador de evitar el trámite simultáneo de dos instancias en contra de un mismo acto, voluntad que resulta acorde con el principio de seguridad jurídica, pues tiende a evitar el dictado de dos resoluciones en un mismo asunto y que pudieran resultar contradictorias. Se dice que hay litispendencia, conforme a la doctrina, cuando un juicio es promovido ante un órgano jurisdiccional y no ha sido resuelto por sentencia ejecutoria, es el litigio pendiente de resolución por el Juzgador. Cuando un litigio está pendiente de solución no puede ser objeto de conocimiento en otro proceso por el mismo o diverso juzgador, porque, como ya se dijo, se podrían dictar sentencias contradictorias, pues dicha circunstancia atentará contra el principio de seguridad jurídica al no justificarse dos procesos sobre el mismo litigio. Al respecto, por identidad de razones, se invoca la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, de rubro y texto siguientes: "LITISPENDENCIA EN MATERIA DE AMPARO. Por imperativo de la fracción III, del artículo 73, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, debe entenderse que la litispendencia en materia de amparo es formal y no material; de ahí, que resulta irrelevante el hecho de que en las demandas de amparo se pudieran haber planteado violaciones constitucionales diferentes, ya que ello no impide la configuración de la causal de improcedencia prevista en la fracción y precepto inicialmente citados, la cual sólo amerita la valoración de la identidad de los elementos formales: quejoso, acto reclamado y autoridad responsable.". Entonces, el juicio de amparo resulta improcedente de acuerdo con la institución de litispendencia, siempre que se actualicen las siguientes hipótesis: a) La norma general o acto que se reclamen sean materia de otro juicio de amparo; b) Ese juicio esté pendiente de resolución; y, c) Ambos juicios de amparo sean promovidos por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Resulta aplicable por identidad de razones, la tesis del entonces Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, cuyo rubro y texto son: "LITISPENDENCIA, INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN III DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Es improcedente, en términos de lo preceptuado por el artículo 73, fracción III, de la Ley de Amparo, el juicio de garantías que se promueve en contra de un acto que fue materia de un diverso juicio de amparo que se encuentra pendiente de resolución en primera o única instancia, o en revisión, si éste se interpone por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, con independencia de las fechas que ostenten las resoluciones tachadas de inconstitucionales, si en ambos casos existe identidad en el fondo sustancial u objeto materia del juicio.". Ahora bien, en el caso, conviene recordar que el tribunal de alzada ordenó reponer procedimiento a efecto de que se le diera vista a la parte quejosa, para que manifestara si era su deseo ampliar la demanda respecto a la contestación contenida en el oficio número SAP/CJ/976/2018 signado por el Titular de la Secretaría Técnica de la Junta de Coordinación Política de la LX Legislatura del Estado de México, y su notificación de veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho. Luego entonces, del índice de este órgano jurisdiccional se advierte la existencia del diverso juicio de amparo 1916/2018-III-B, el cual resulta hecho notorio para este órgano jurisdiccional, de conformidad con lo establecido en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 181729, con el rubro y texto siguientes: "HECHOS NOTORIOS. LOS MINISTROS PUEDEN INVOCAR COMO TALES, LOS EXPEDIENTES Y LAS EJECUTORIAS TANTO DEL PLENO COMO DE LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. De conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispuesto por el artículo 2o. de este ordenamiento, resulta válida la invocación de hechos notorios, aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. En ese sentido, es indudable que como los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación integran tanto el Pleno como las Salas de este Alto Tribunal, al resolver los juicios que a cada órgano corresponda, pueden válidamente invocar oficiosamente, como hechos notorios, los expedientes y las ejecutorias de aquéllos, como medios de prueba aptos para fundar una sentencia, sin que sea necesaria la certificación de sus datos o el anexo de tales elementos al sumario, bastando con tenerlos a la vista, pues se trata de una facultad emanada de la ley que puede ser ejercida para resolver la contienda judicial.". De las constancias que integran el referido juicio constitucional, se advierte lo siguiente: Parte quejosa es: Arturo Rodríguez Azueta por propio derecho. III.- ACTO RECLAMADO Y AUTORIDAD RESPONSABLE: 1. Inconstitucionalidad del oficio SAP/CJ/976/2018 emitido por Cipriano Gutiérrez Vázquez en su carácter de Secretario Técnico de la Junta de Coordinación Política, el cual fue notificado como presunta respuesta al escrito de petición del 11 de octubre de 2018 presentado a Maurilio Hernández González en su carácter de Presidente de la Junta de Coordinación Política del Poder Legislativo del Estado de México. Maurilio Hernández González en su carácter de Gobernador Constitucional del Estado de México, como autoridad responsable del escrito de petición que le fue presentado el 11 de octubre de 2018, con domicilio en Plaza Hidalgo s/n, Col. Centro, Toluca, Estado de México, C.P. 50000. Cipriano Gutierez (sic) Vázquez en su carácter de Secretario Técnico de la Junta de Coordinación Política, con domicilio en Plaza Hidalgo s/n, Col. Centro, Toluca, Estado de México, C.P. 50000. Ante esa precisión, es evidente que en el citado juicio de amparo número 1916/2018-III-B del índice de este juzgado de Distrito existe identidad en cuanto a la parte quejosa, autoridades responsables y actos reclamado. De ese modo, se encuentra plenamente demostrada la causal de improcedencia a de estudio; por tanto, toda vez que el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo es categórico en disponer que procede el sobreseimiento del amparo cuando durante el juicio apareciere o sobreviniese alguna de las causas de improcedencia a que se refiere aquél, y a su vez, este Juzgado Federal ha advertido que se actualizó la relativa a la fracción X del mismo; lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo 1700/2018-III-d, en cumplimiento del deber que impone la Ley de Amparo de estudiar con un orden preferente las causales de improcedencia por ser las mismas de orden público. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 2833, Tomo CXXV, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que indica: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. El sobreseimiento puede dictarlo el juez en cualquier momento en que proceda, sin importar que se haya o no celebrado la audiencia, y eso no significa la indefensión del quejoso, porque se le dio entrada a la demanda." En el entendido que la parte quejosa sigue teniendo vigente su derecho de defensa respecto de los actos tildados de inconstitucionales, pues precisamente al haber sido controvertidos también en el diverso sumario precitado, es evidente que como se aprecia de ese juicio mediante sentencia de treinta de abril de dos mil diecinueve, se concedió la protección constitucional al impetrante sobre ese acto reclamado. Tiene aplicación, en lo conducente, la jurisprudencia P./J. 24/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "LITISPENDENCIA. PARA QUE SE ACTUALICE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, ES NECESARIO QUE SE HAYAN ADMITIDO LAS DEMANDAS RESPECTIVAS. La causal de improcedencia por litispendencia prevista en el precepto citado, encuentra explicación lógica en la ociosidad que supone tramitar un segundo juicio de amparo cuando el quejoso ya tuvo la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus intereses en uno previo y, por añadidura, en evitar la posibilidad de que se emitan sentencias contradictorias. Consecuentemente, si una de las finalidades de la causal de improcedencia referida es impedir que los Jueces de Distrito se pronuncien en dos ocasiones sobre el mismo problema jurídico, para que se actualice dicha causal es necesario que se hayan admitido las demandas respectivas; de ahí que esos juzgadores deben asegurarse de que, de actualizarse aquélla, el quejoso conserve la oportunidad de defenderse del acto de autoridad a través de alguna de las dos demandas de contenido coincidente, de manera que no se le deje en estado de indefensión por la aplicación recíproca del mismo motivo de improcedencia en uno y otro juicios. Para este fin, la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013 disponía, en su artículo 51, un procedimiento conforme al cual un solo Juez de Distrito debe conocer de los asuntos en cuestión, analizar y valorar con precisión en cuál de los dos expedientes idénticos deba sobreseerse por litispendencia, y a cuál le corresponde superar esta causal para pronunciarse sobre el fondo del asunto e incluso, llegado el caso, también sobreseerlo, pero por motivo legal distinto, así como decidir sobre la imposición de las sanciones que procedan a los responsables de la promoción injustificada de dos juicios, en los casos que así lo ameriten.". COPIA CERTIFICADA DE LA DEMANDA RELATIVA AL JUICIO 1916/2018-III-B Para dar certeza a lo anterior, se ordena glosar copia certificada de la demanda relativa al juicio de amparo 1916/2018-III-B, del índice de este órgano jurisdiccional.

  3. Principal

    SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE DIEZ DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE POR MEDIO DE LISTA: "Intégrese el oficio signado por el Actuario Judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, por medio del cual remite el cuaderno original del juicio de amparo indirecto 1700/2018-III-D y copia certificada del testimonio de la resolución dictada en el recurso de revisión número 19/2019 cuyos puntos resolutivos son los siguientes: "PRIMERO. Se revoca la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se ordena la reposición del procedimiento en el juicio de amparo 1700/2018-III-d del índice del Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México con residencia en Toluca, promovido por Arturo Rodríguez Azueta, para los efectos precisados en el último considerando de la presente ejecutoria.". En consecuencia, acúsese recibo; háganse las anotaciones respectivas, glósense las actuaciones originales que obren en el cuaderno de antecedentes y, dado el sentido de la resolución emitida en el recurso de revisión 19/2019, se deja insubsistente el auto de veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho (fojas 27 y 28). IMPOSIBILIDAD PARA ACATAR LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL DE ALZADA. Sin que haya lugar a realizar lo ordenado por el tribunal de alzada, consistente en dar vista a la parte quejosa, a efecto de que manifieste si es su deseo ampliar la demanda respecto a la contestación contenida en el oficio número SAP/CJ/976/2018 signado por el Titular de la Secretaría Técnica de la Junta de Coordinación Política de la LX Legislatura del Estado de México, y su notificación de veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho, ello es así, pues existe imposibilidad jurídica que impide ese pronunciamiento, por las razones que en seguida se expondrán: Es un hecho notorio que el quejoso interpuso diversa demanda de amparo la cual se registró con el número 1916/2018-III-B, señalando como responsables y el acto reclamado los siguientes: "III.- ACTO RECLAMADO Y AUTORIDAD RESPONSABLE: 1. Inconstitucionalidad del oficio SAP/CJ/976/2018 emitido por Cipriano Gutiérrez Vázquez en su carácter de Secretario Técnico de la Junta de Coordinación Política, el cual fue notificado como presunta respuesta al escrito de petición del 11 de octubre de 2018 presentado a Maurilio Hernández González en su carácter de Presidente de la Junta de Coordinación Política del Poder Legislativo del Estado de México. Maurilio Hernández González en su carácter de Gobernador Constitucional del Estado de México, como autoridad responsable del escrito de petición que le fue presentado el 11 de octubre de 2018, con domicilio en Plaza Hidalgo s/n, Col. Centro, Toluca, Estado de México, C.P. 50000. Cipriano Gutierez (sic) Vázquez en su carácter de Secretario Técnico de la Junta de Coordinación Política, con domicilio en Plaza Hidalgo s/n, Col. Centro, Toluca, Estado de México, C.P. 50000." Como consecuencia de lo anterior, en fecha cinco de marzo de dos mil diecinueve, se envió el oficio 6019/2019 al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, para su conocimiento de esa circunstancia, como se advierte del acuse de recibo. En ese contexto, resulta improcedente el juicio de amparo en que se actúa, en atención a que se actualiza la causa prevista en el numeral 61 fracciones IX y X, de la ley de la materia que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas; X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; (.)" Del precepto legal en estudio, se advierte que la causa de improcedencia del juicio de amparo se sustenta en la institución de litispendencia, pues parte del supuesto de que existen dos juicios de amparo con identidad de quejoso, autoridades responsables y de actos reclamados, lo cual impide que prospere el asunto promovido con posterioridad y refleja la clara intención del legislador de evitar el trámite simultáneo de dos instancias en contra de un mismo acto, voluntad que resulta acorde con el principio de seguridad jurídica, pues tiende a evitar el dictado de dos resoluciones en un mismo asunto y que pudieran resultar contradictorias. Se dice que hay litispendencia, conforme a la doctrina, cuando un juicio es promovido ante un órgano jurisdiccional y no ha sido resuelto por sentencia ejecutoria, es el litigio pendiente de resolución por el Juzgador. Cuando un litigio está pendiente de solución no puede ser objeto de conocimiento en otro proceso por el mismo o diverso juzgador, porque, como ya se dijo, se podrían dictar sentencias contradictorias, pues dicha circunstancia atentará contra el principio de seguridad jurídica al no justificarse dos procesos sobre el mismo litigio. Al respecto, por identidad de razones, se invoca la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, de rubro y texto siguientes: "LITISPENDENCIA EN MATERIA DE AMPARO. Por imperativo de la fracción III, del artículo 73, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, debe entenderse que la litispendencia en materia de amparo es formal y no material; de ahí, que resulta irrelevante el hecho de que en las demandas de amparo se pudieran haber planteado violaciones constitucionales diferentes, ya que ello no impide la configuración de la causal de improcedencia prevista en la fracción y precepto inicialmente citados, la cual sólo amerita la valoración de la identidad de los elementos formales: quejoso, acto reclamado y autoridad responsable.". Entonces, el juicio de amparo resulta improcedente de acuerdo con la institución de litispendencia, siempre que se actualicen las siguientes hipótesis: a) La norma general o acto que se reclamen sean materia de otro juicio de amparo; b) Ese juicio esté pendiente de resolución; y, c) Ambos juicios de amparo sean promovidos por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Resulta aplicable por identidad de razones, la tesis del entonces Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, cuyo rubro y texto son: "LITISPENDENCIA, INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN III DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Es improcedente, en términos de lo preceptuado por el artículo 73, fracción III, de la Ley de Amparo, el juicio de garantías que se promueve en contra de un acto que fue materia de un diverso juicio de amparo que se encuentra pendiente de resolución en primera o única instancia, o en revisión, si éste se interpone por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, con independencia de las fechas que ostenten las resoluciones tachadas de inconstitucionales, si en ambos casos existe identidad en el fondo sustancial u objeto materia del juicio.". Ahora bien, en el caso, conviene recordar que el tribunal de alzada ordenó reponer procedimiento a efecto de que se le diera vista a la parte quejosa, para que manifestara si era su deseo ampliar la demanda respecto a la contestación contenida en el oficio número SAP/CJ/976/2018 signado por el Titular de la Secretaría Técnica de la Junta de Coordinación Política de la LX Legislatura del Estado de México, y su notificación de veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho. Luego entonces, del índice de este órgano jurisdiccional se advierte la existencia del diverso juicio de amparo 1916/2018-III-B, el cual resulta hecho notorio para este órgano jurisdiccional, de conformidad con lo establecido en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 181729, con el rubro y texto siguientes: "HECHOS NOTORIOS. LOS MINISTROS PUEDEN INVOCAR COMO TALES, LOS EXPEDIENTES Y LAS EJECUTORIAS TANTO DEL PLENO COMO DE LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. De conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispuesto por el artículo 2o. de este ordenamiento, resulta válida la invocación de hechos notorios, aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. En ese sentido, es indudable que como los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación integran tanto el Pleno como las Salas de este Alto Tribunal, al resolver los juicios que a cada órgano corresponda, pueden válidamente invocar oficiosamente, como hechos notorios, los expedientes y las ejecutorias de aquéllos, como medios de prueba aptos para fundar una sentencia, sin que sea necesaria la certificación de sus datos o el anexo de tales elementos al sumario, bastando con tenerlos a la vista, pues se trata de una facultad emanada de la ley que puede ser ejercida para resolver la contienda judicial.". De las constancias que integran el referido juicio constitucional, se advierte lo siguiente: Parte quejosa es: Arturo Rodríguez Azueta por propio derecho. III.- ACTO RECLAMADO Y AUTORIDAD RESPONSABLE: 1. Inconstitucionalidad del oficio SAP/CJ/976/2018 emitido por Cipriano Gutiérrez Vázquez en su carácter de Secretario Técnico de la Junta de Coordinación Política, el cual fue notificado como presunta respuesta al escrito de petición del 11 de octubre de 2018 presentado a Maurilio Hernández González en su carácter de Presidente de la Junta de Coordinación Política del Poder Legislativo del Estado de México. Maurilio Hernández González en su carácter de Gobernador Constitucional del Estado de México, como autoridad responsable del escrito de petición que le fue presentado el 11 de octubre de 2018, con domicilio en Plaza Hidalgo s/n, Col. Centro, Toluca, Estado de México, C.P. 50000. Cipriano Gutierez (sic) Vázquez en su carácter de Secretario Técnico de la Junta de Coordinación Política, con domicilio en Plaza Hidalgo s/n, Col. Centro, Toluca, Estado de México, C.P. 50000. Ante esa precisión, es evidente que en el citado juicio de amparo número 1916/2018-III-B del índice de este juzgado de Distrito existe identidad en cuanto a la parte quejosa, autoridades responsables y actos reclamado. De ese modo, se encuentra plenamente demostrada la causal de improcedencia a de estudio; por tanto, toda vez que el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo es categórico en disponer que procede el sobreseimiento del amparo cuando durante el juicio apareciere o sobreviniese alguna de las causas de improcedencia a que se refiere aquél, y a su vez, este Juzgado Federal ha advertido que se actualizó la relativa a la fracción X del mismo; lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo 1700/2018-III-d, en cumplimiento del deber que impone la Ley de Amparo de estudiar con un orden preferente las causales de improcedencia por ser las mismas de orden público. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 2833, Tomo CXXV, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que indica: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. El sobreseimiento puede dictarlo el juez en cualquier momento en que proceda, sin importar que se haya o no celebrado la audiencia, y eso no significa la indefensión del quejoso, porque se le dio entrada a la demanda." En el entendido que la parte quejosa sigue teniendo vigente su derecho de defensa respecto de los actos tildados de inconstitucionales, pues precisamente al haber sido controvertidos también en el diverso sumario precitado, es evidente que como se aprecia de ese juicio mediante sentencia de treinta de abril de dos mil diecinueve, se concedió la protección constitucional al impetrante sobre ese acto reclamado. Tiene aplicación, en lo conducente, la jurisprudencia P./J. 24/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "LITISPENDENCIA. PARA QUE SE ACTUALICE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, ES NECESARIO QUE SE HAYAN ADMITIDO LAS DEMANDAS RESPECTIVAS. La causal de improcedencia por litispendencia prevista en el precepto citado, encuentra explicación lógica en la ociosidad que supone tramitar un segundo juicio de amparo cuando el quejoso ya tuvo la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus intereses en uno previo y, por añadidura, en evitar la posibilidad de que se emitan sentencias contradictorias. Consecuentemente, si una de las finalidades de la causal de improcedencia referida es impedir que los Jueces de Distrito se pronuncien en dos ocasiones sobre el mismo problema jurídico, para que se actualice dicha causal es necesario que se hayan admitido las demandas respectivas; de ahí que esos juzgadores deben asegurarse de que, de actualizarse aquélla, el quejoso conserve la oportunidad de defenderse del acto de autoridad a través de alguna de las dos demandas de contenido coincidente, de manera que no se le deje en estado de indefensión por la aplicación recíproca del mismo motivo de improcedencia en uno y otro juicios. Para este fin, la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013 disponía, en su artículo 51, un procedimiento conforme al cual un solo Juez de Distrito debe conocer de los asuntos en cuestión, analizar y valorar con precisión en cuál de los dos expedientes idénticos deba sobreseerse por litispendencia, y a cuál le corresponde superar esta causal para pronunciarse sobre el fondo del asunto e incluso, llegado el caso, también sobreseerlo, pero por motivo legal distinto, así como decidir sobre la imposición de las sanciones que procedan a los responsables de la promoción injustificada de dos juicios, en los casos que así lo ameriten.". COPIA CERTIFICADA DE LA DEMANDA RELATIVA AL JUICIO 1916/2018-III-B Para dar certeza a lo anterior, se ordena glosar copia certificada de la demanda relativa al juicio de amparo 1916/2018-III-B, del índice de este órgano jurisdiccional."

  4. Principal

    Toluca, Estado de México, veinticuatro de enero de dos mil diecinueve. Intégrese el acuerdo remitido por la Actuaria adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, por el que acusa recibo del oficio 673/2019, e informa que se admitió el recurso de revisión con el número 19/2019.

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