Arturo Ríos Martínez

Expediente 759/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 29 actuaciones registradas, la última del 7 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
759/2020
Año
2020
Actuaciones
29
Última actuación
07/09/2021

Partes del expediente

  • Arturo Ríos Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 29.

  1. Incidental

    inc 759/2020 mesa 2º San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de septiembre de dos mil veintiuno. 1. Eficacia de la suspensión definitiva. Como se hizo constar en la certificación de cuenta, en auto de dos de septiembre del año en curso dictado en el juicio de amparo principal del que deriva este incidente, causó ejecutoria la sentencia de dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo. En virtud de la firmeza de la sentencia de amparo, dejó de surtir efectos la suspensión definitiva que se concedió a la parte quejosa en la resolución interlocutoria de seis de noviembre de dos mil veinte. 2. Archivo del original y duplicado del incidente de suspensión. Como no existe asunto pendiente por diligenciar, con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu), 20, 21 y 24, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, se ordena el archivo de este incidente como definitivamente concluido. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Destino (original depurable). Comuníquese a las partes que, por haberse concedido la suspensión definitiva a la parte quejosa, el expediente original de este incidente será DEPURABLE, en términos del artículo 18, fracción I, inciso a), del referido acuerdo general; conservándose en el archivo de este órgano jurisdiccional durante tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido; una vez fenecido ese plazo, dentro de los siguientes noventa días, el órgano jurisdiccional depurará el expediente y posteriormente se solicitará la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Destino del duplicado del expediente (destruible). En tanto que, con apoyo en el artículo 20, fracción II, inciso a), del mismo acuerdo general, transcurridos más de seis meses, contados a partir de la fecha en que se dicta este proveído, procédase a la destrucción del duplicado de este incidente de suspensión dentro de los treinta días siguientes. En el entendido que, en su oportunidad, deberá remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno impreso y electrónico. Instrucción (certificación). Se instruye al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente para que verifique que, previo al archivo del mismo, haga la revisión y verifique que, como se precisó en el auto inicial, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso se haya incorporada (o) cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente. Lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte. Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en las carátulas de los incidentes conste la leyenda que les corresponda. 3. Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en la carátula del original y duplicado de este incidente y en los libros de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Reyna Soledad Juárez Avendaño, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    PRAL 759/2020 MESA 4° San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dos de septiembre de dos mil veintiuno. I. Plazo para interposición de recurso. Vistos los autos y la certificación que antecede, se advierte que ha fenecido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia de dieciséis de agosto de dos mil veintiuno en la que se sobreseyó en el juicio de amparo; sin que lo hubiese hecho. II. Firmeza de la resolución. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la referida sentencia. III. Precisión. Resulta jurídicamente innecesario hacer pronunciamiento respecto al plazo de las autoridades, pues al haberse sobreseído en el juicio de amparo, ningún agravio les genera la sentencia dictada, en términos del artículo 87 de la Ley de Amparo. Se invoca como apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Nación, Quinta Época, tomo CXXX, página 676, registro 316096, con el siguiente rubro: "REVISIÓN INTERPUESTA POR LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE, EN CASOS DE SOBRESEIMIENTO". IV. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la sentencia ejecutoriada estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. V. Archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu), 21, inciso a) y 24, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. VI. Destino. Transcurrido el plazo de tres años, a partir de la fecha en que se dicta este proveído, procédase a su destrucción, conforme a los artículos 21 y 24 del referido acuerdo. VII. Archivo reciente. Conforme al artículo 21, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que una vez cumplido ese plazo, dentro de los treinta días siguientes será destruible, remitiendo el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. VIII. Instrucción (certificación). Se instruye al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente para que verifique que, previo al archivo del mismo, haga la revisión y verifique que, como se precisó en el auto inicial, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso se haya incorporada (o) cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente. Lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte. IX. Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste la leyenda que el mismo es destruible. X. Anotaciones. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Reyna Soledad Juárez Avendaño, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  3. Principal

    PRAL 759/2020-4 AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siendo las doce horas con cuarenta y cuatro minutos del dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, hora y fecha señaladas para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio de amparo, como se ordenó en acuerdo de veintiséis de julio del año en curso, Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, asistido de Reyna Soledad Juárez Avendaño, secretaria de juzgado que autoriza y da fe, procede a celebrarla, sin asistencia de las partes. Apertura de audiencia. Abierta la audiencia, la secretaria hizo relación de las constancias de autos, leyéndolas en su totalidad, entre las que se encuentran la demanda de amparo promovida por Arturo Ríos Martínez, por propio derecho e informes justificados rendidos por las autoridades responsables. Asimismo, hace constar que: - Las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales y que no existe documento con el que deba darse cuenta. Y, certifica: Que el plazo de veinte días que establece el artículo 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo, de la Ley de Amparo, otorgado en auto de dieciséis de junio del año en curso, para que la parte quejosa recogiera los edictos para su publicación en los términos precisados en dicho proveído, transcurrió del veinticuatro de junio al veintiuno de julio del año en curso, con exclusión de los sábados y domingos que intermediaron, por ser inhábiles en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo, toda vez que el quejoso quedó notificado el veintidós de junio de dos mil veintiuno, sin que los haya recogido. Asimismo, que el plazo de tres días, otorgado en diverso proveído de veintinueve de julio de dos mil veintiuno a la parte quejosa para que acreditara que realizó el pago de la publicación de los edictos que se ordenaron en este juicio, dentro del plazo otorgado en auto de dieciséis de junio del año en curso, trascurrió del seis al diez de agosto de dos mil veintiuno, sin que a la fecha haya realizado alguna manifestación al respecto. Enseguida, se acuerda: I. Téngase por hecha la relación de constancias que antecede, para los efectos legales conducentes. II. Por cuanto a que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, determínese lo conducente al dictarse sentencia. III. Respecto a que el quejoso no recogió los edictos dentro del plazo otorgado, se hace efectivo el apercibimiento que se efectuó en auto de dieciséis de junio de dos mil veintiuno y resuélvase lo procedente. Etapa probatoria. Acto continuo, abierta la fase probatoria en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo, se hace constar que la autoridad responsable, juez de Control del Distrito Judicial de la Región Cañada, sede Cuicatlán, Oaxaca, remitió un dvd certificado que contiene audio y video de la audiencia de solicitud de orden de aprehensión de treinta de julio de dos mil diecinueve en la causa penal 55/2019, de su índice. Enseguida, se acuerda: en términos del numeral 119 de la Ley de Amparo, se admite dicha videograbación y resolución, contenidas en el citado disco, como prueba documental; misma que se desahoga en razón de su propia y especial naturaleza, para ser considerada al resolver este juicio. Sirve de apoyo la jurisprudencia 43/2013, aprobada por la Primera Sala de la suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de fecha diecisiete de abril de dos mil trece, al resolver la contradicción de tesis 455/2012, cuyo rubro es el siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." No existiendo más pruebas que desahogar ni escrito de las partes que acordar, se cierra esta etapa. Fase de alegatos. Abierto el período de alegatos, se hace constar que las partes no los expresaron y que la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado no formuló pedimento; se cierra esta etapa y se da por concluida la audiencia constitucional, para dictar la siguiente: Reyna Soledad Juárez Avendaño Sentencia: Visto para resolver el juicio de amparo número 759/2020; y R e s u l t a n d o: Primero. Demanda de amparo y registro. 1.1. Mediante escrito presentado el catorce de octubre de dos mil veinte en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en este municipio y turnada en la misma fecha al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, Arturo Ríos Martínez, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la orden de aprehensión que atribuyó al 1) juez de Control del Distrito Judicial de la Región Cañada, sede Cuicatlán, Oaxaca, y su ejecución al 2) coordinador de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Agencia Estatal de Investigaciones del Estado. Narró los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes de los actos reclamados; invocó como derechos fundamentales vulnerados los contenidos en los artículos 1 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. Segundo. Separación de autos. En proveído de veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, el juez Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, ordenó la separación de autos, ya que del informe justificado rendido por la autoridad judicial responsable advirtió la existencia de dos causas penales instruidas contra el quejoso Arturo Ríos Martínez y determinó que en este nuevo juicio se conocería de la orden de aprehensión dictada en su contra en la causa penal 55/2019, que atribuyó al 1) juez de Control del Distrito Judicial de la Región Cañada, sede Cuicatlán, y su ejecución al 2) coordinador de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Agencia Estatal de Investigaciones del Estado. Tercero. Recepción, registro y admisión de demanda de amparo. En proveído de veintisiete de noviembre de dos mil veinte este órgano jurisdiccional se avocó al conocimiento del asunto, respecto del acto reclamado por el quejoso Arturo Ríos Martínez consistente en la orden de aprehensión dictada en su contra en la causa penal 55/2019, que atribuyó al 1) juez de Control del Distrito Judicial de la Región Cañada, sede Cuicatlán, Oaxaca, y su ejecución al 2) coordinador de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Agencia Estatal de Investigaciones del Estado, se convalidaron actuaciones; se dio la intervención que le asiste a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional; se ordenó el emplazamiento de una tercera interesada, agente del Ministerio Público adscrita a la Vicefiscalía de Control Regional; enseguida, previo los trámites relativos, se citó a las partes para la audiencia constitucional, la que se celebró al tenor del acta que antecede. C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, en términos de los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49 y 56 de la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse de un asunto de naturaleza penal, y el acto de ejecución se reclama a autoridades residentes en el lugar en los que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta. Segundo. Precisión del acto reclamado. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 76, de la Ley de Amparo, se determina que el acto reclamado por la parte quejosa y por el cual se realizará el análisis relativo, como se advierte de la demanda y constancias que aparecen en este juicio de amparo, es la orden de aprehensión dictada el treinta de julio de dos mil diecinueve en la causa penal 55/2019, que atribuyó al 1) juez de Control del Distrito Judicial de la Región Cañada, sede Cuicatlán, Oaxaca y su ejecución al 2) coordinador de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Agencia Estatal de Investigaciones del Estado. Tercero. Existencia de los actos reclamados. La autoridad responsable, la juez de Control del Distrito Judicial de la Región Cañada, sede Cuicatlán, Oaxaca, al rendir su informe justificado convino en la existencia del acto reclamado, toda vez que afirmó que el treinta de julio de dos mil diecinueve libró orden de aprehensión en contra del quejoso Arturo Ríos Mendoza, por el delito de desaparición forzada de personas, cometido por particulares, en la causa penal 55/2019. Cuarto. Causal de sobreseimiento. Previo al estudio de la cuestión planteada, en el caso, se estima que se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción II, en relación con el numeral 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 63.- El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: . II.- El quejoso no acredite sin causa razonable a juicio del órgano jurisdiccional de amparo haber entregado los edictos para su publicación en términos del artículo 27 de esta Ley una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento al órgano que los decretó. Artículo 27.- Las notificaciones personales se harán de acuerdo con las siguientes reglas: III.- Cuando no conste en autos domicilio para oír notificaciones, o el señalado resulte inexacto: b) Tratándose de la primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable, el órgano jurisdiccional dictará las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue su domicilio y podrá requerir a la autoridad responsable para que proporcione el que ante ella se hubiere señalado. Siempre que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial la notificación se hará en el último domicilio señalado para oír notificaciones en el juicio de origen. Si a pesar de lo anterior no pudiere efectuarse la notificación, se hará por edictos a costa del quejoso en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles. En caso de que el quejoso no acredite haber entregado para su publicación los edictos dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición, se sobreseerá el amparo". Toda vez que de las constancias remitidas por la autoridad responsable, en proveído de veintiocho de diciembre de dos mil veinte se advirtió que le resultaba el carácter de tercero interesado en este juicio de amparo a Juan Cerqueda Estrada, por lo cual se requirió información de su domicilio al juez responsable, a la diversa tercera interesada y demás dependencias públicas y privadas, a fin de emplazarlo a esta instancia constitucional, sin tener éxito. De autos se advierte que se llevó a cabo una exhaustiva investigación para dar con el domicilio del tercer interesado, sin que se lograra su localización; por ello, en auto de dieciséis de junio de dos mil veintiuno, con apoyo en el artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo y 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del precepto 2° de la ley invocada, ante la omisión del quejoso de manifestar y demostrar su insolvencia, se ordenó emplazar al tercer interesado Juan Cerqueda Estrada, por medio de edictos, a costa de la parte quejosa, los que debían publicarse por tres veces, de siete en siete días, en 1) el "Periódico Oficial del Gobierno del Estado" y 2) en uno de los diarios de mayor circulación en la República Mexicana. Dada la trascendencia de ese proveído, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, de aplicación supletoria, se precisó a la parte quejosa que se dejaba en la Secretaría de este órgano jurisdiccional a su disposición los edictos, que debía recoger y entregar para su publicación correspondiente dentro del plazo de veinte días siguientes al en que surtiera efectos la notificación de ese auto, apercibiéndola que, de no cumplir con lo anterior, se sobreseería en el juicio de amparo de conformidad con lo previsto en los artículos 63, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos dispositivos 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo, del mismo ordenamiento. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia del tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 27/2015 cuyos datos de localización, rubro y texto son: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO. EL PLAZO PARA QUE EL QUEJOSO ACREDITE ANTE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE LOS ENTREGÓ PARA SU PUBLICACIÓN, DEBE CONTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO POR EL QUE SE PONEN A SU DISPOSICIÓN. Conforme al artículo 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo, de la Ley de Amparo, cuando tenga que emplazarse al tercero interesado por edictos, el quejoso debe acreditar que los entregó para su publicación dentro del plazo de 20 días siguientes al en que se pongan a su disposición; ahora bien, dicho plazo, conforme al artículo 22 de la misma ley, debe computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del acuerdo que señale que los edictos se ponen a disposición del quejoso; de ahí que en el plazo referido, éste debe (i) recogerlos, (ii) entregarlos para su publicación, y (iii) acreditar ante el órgano jurisdiccional su entrega (esto es, que efectuó las gestiones tendientes para publicarlos); por lo que no procede la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles para establecer distintos plazos, ya que el relativo para acreditar la entrega para la publicación de los edictos se encuentra previsto expresamente en la Ley de Amparo." De la certificación de cuenta se advierte que dicho plazo transcurrió para la parte quejosa del veinticuatro de junio al veintiuno de julio del año en curso, toda vez que quedó notificado el veintidós de junio de dos mil veintiuno, sin que haya acudido al Juzgado a recoger para su publicación los edictos, tampoco que los haya pago en dicho plazo. Tampoco que en el plazo otorgado los haya pagado, pues la parte quejosa no hizo manifestación alguna, al requerimiento que se le efectuó en auto de veintinueve de julio de dos mil veintiuno, a efecto de acreditar que sí los pago. En esas condiciones, resulta evidente que la parte quejosa incumplió con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento, ya que precluyó su derecho para recoger los edictos y acreditar ante este Juzgado que realizó la publicación de los mismos en los términos ordenados en auto de dieciséis de junio de dos mil veintiuno. Sirve de apoyo por su contenido la tesis CXLVIII/2008 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "PRECLUSIÓN. SUPUESTOS EN LOS QUE OPERA. La mencionada institución jurídica procesal, consistente en la pérdida, extinción o consumación de una facultad procesal, contribuye a que el proceso en general, para cumplir sus fines, se tramite con la mayor celeridad posible, pues por virtud de la preclusión, las distintas etapas del procedimiento adquieren firmeza, dando sustento a las fases subsecuentes, de modo que el juicio se desarrolle ordenadamente y se establezca un límite a la posibilidad de discusión, en aras de que la controversia planteada se solucione en el menor tiempo posible, observando el principio de impartición de justicia pronta previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, la preclusión tiene lugar cuando: a) No se haya observado el orden u oportunidad establecido en la ley, para la realización del acto respectivo; b) Se haya realizado una actividad procesal incompatible con el ejercicio de otra; y, c) La facultad relativa se haya ejercido válidamente en una ocasión. Si bien el último de los supuestos referidos corresponde a la consumación propiamente dicha, indefectiblemente en todos ellos la preclusión conlleva la clausura definitiva de cada una de las etapas del proceso, lo que implica que, por regla general, una vez extinguida la oportunidad de ejercer el derecho correspondiente o habiéndolo ejercido en una ocasión, ya no puede hacerse valer en un momento posterior. En ese sentido, la figura procesal referida permite que las resoluciones judiciales susceptibles de ser revocadas, modificadas o nulificadas a través de los recursos y medios ordinarios de defensa que establezca la ley procesal atinente, adquieran firmeza cuando se emita la decisión que resuelva el medio impugnativo o, en su caso, cuando transcurra el plazo legal sin que el recurso o medio de defensa relativo se haya hecho valer." Lo anterior, evidencia la contumacia en que incurrió la parte quejosa, impidiendo con ello cumplir con un presupuesto procesal que motivó la paralización del juicio de amparo en contravención al artículo 17 constitucional, pues la administración de justicia pronta no puede quedar supeditada a la intención de las partes de que se dicte sentencia, lo que es imposible sin el emplazamiento del tercero interesado, siendo que no se puede sobreponer el interés de la parte quejosa al interés público de la sociedad la cual está interesada en que los juicios se resuelvan en los términos establecidos por la ley, lo que hace que este órgano jurisdiccional esté imposibilitado legalmente para pronunciarse sobre el fondo de la cuestión planteada en este juicio de amparo. Sirven de apoyo la jurisprudencia y tesis siguientes: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO. PROCEDE SOBRESEER EN ÉSTE ANTE LA OMISIÓN DEL QUEJOSO DE ACREDITAR QUE LOS PUBLICÓ, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE PRUEBE O NO QUE REQUIRIÓ SU ENTREGA AL ÓRGANO QUE LOS DECRETÓ [INTERPRETACIÓN CONFORME DE LOS ARTÍCULOS 63, FRACCIÓN II Y 27, FRACCIÓN III, INCISO B), PÁRRAFO SEGUNDO, AMBOS DE LA LEY DE LA MATERIA]. No basta tomar en cuenta la literalidad del artículo 63, fracción II, de la Ley de Amparo, que establece que se sobreseerá en el juicio cuando el quejoso no acredite que entregó los edictos para su publicación, a fin de emplazar al tercero interesado, cuyo domicilio se desconoce, una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento al órgano que los decretó, redacción de la que se deduce que se condiciona la actualización de la causa de sobreseimiento, a que el quejoso comparezca ante el órgano de amparo a solicitar la entrega de dichos edictos; sino que debe atenderse al numeral 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo, de dicha ley reglamentaria, que regula el mismo supuesto y que de forma puntual señala que si el impetrante de amparo no comprueba haber entregado para su publicación los edictos, dentro del término de veinte días siguientes a que se pongan a su disposición, se sobreseerá en el juicio, sin distinguir si el quejoso requirió o no su entrega al órgano de amparo. Por tanto, de una interpretación conforme de los citados preceptos, si el quejoso omite acreditar los extremos señalados en el artículo 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo, procede sobreseer en el juicio, aun cuando no se demuestre que dicho inconforme compareció al tribunal constitucional a requerir su entrega. Esta interpretación resulta acorde con el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece el derecho humano del debido proceso, así como con el diverso numeral 17 de tal Ordenamiento Supremo, que salvaguarda el derecho a que se administre justicia pronta y expedita, en los términos que establecen las leyes; preceptos constitucionales conforme a los cuales no puede quedar supeditada a la intención de las partes que se dicte sentencia en el juicio de amparo, la cual jurídicamente es imposible emitirse si no se constituye válidamente la relación jurídico procesal en el juicio, con el emplazamiento del tercero interesado. Ello, porque la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan en los términos establecidos por la ley; de ahí que no puede sobreponerse el interés del quejoso al interés público de la sociedad." (Jurisprudencia XVII.1o.C.T. J/14 (10a.) de los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 1859, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época). "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, TRAMITARLOS Y ENTREGARLOS AL ÓRGANO JURISDICCIONAL SIN CAUSA RAZONABLE, ACTUALIZA EL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO. La fracción II del artículo 63 de la Ley de Amparo dispone la posibilidad de decretar el sobreseimiento en el juicio cuando el quejoso incumple con los principios de prosecución judicial e interés procesal, al no entregar al órgano jurisdiccional los edictos para su publicación, cuando deban practicarse y no acredite la causa razonable de su omisión, en términos del artículo 27 de la propia ley. De esta forma, se advierte que el legislador determinó en ese sentido el sobreseimiento en el juicio directamente, pues para requerir al quejoso la entrega de esos edictos, éste debió haberlos recogido, tramitado y, en consecuencia, entregado al juzgado, quien ordenó su emisión; hipótesis que la anterior legislación de la materia no preveía; de ahí que respecto al tema, con antelación a esta nueva causa de sobreseimiento, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 64/2002, de rubro: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.", catalogó a dicha hipótesis, no como una causal autónoma de sobreseimiento, sino de improcedencia. Así, atento a que el sobreseimiento directo a que se refiere el numeral 63, fracción II, aludido, se incluyó con el propósito de subsanar la laguna existente en la ley abrogada, se considera adecuado aplicar esa causal ante el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que surgen para el quejoso cuando se ordena un emplazamiento por edictos (recoger y tramitar), y no solamente para el caso de que éstos no sean entregados para su publicación -que es la única acción establecida expresamente por la ley-, pues cualquier omisión del quejoso que impida efectuar la notificación a través de edictos, evidencia su falta de interés para la continuación del juicio." (Tesis aislada I.10o.P.1 K (10a.) de los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 2702, Libro 40, Marzo de 2017, Tomo IV, Décima Época). En tales condiciones, al actualizarse la causa de sobreseimiento prevista en la fracción II del artículo 63, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en este juicio. Quinto. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, la publicación de la misma se realizará en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Por lo expuesto y fundado, además en los artículos 1, 74 y 76 de la Ley de Amparo, se Resuelve: Primero. Se sobresee en este juicio de amparo promovido por Arturo Ríos Martínez, contra la orden de aprehensión dictada el treinta de julio de dos mil diecinueve en la causa penal 55/2019, que atribuyó al 1) juez de Control del Distrito Judicial de la Región Cañada, sede Cuicatlán, Oaxaca, y su ejecución al 2) coordinador de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Agencia Estatal de Investigaciones del Estado, en términos del considerando cuarto de esta sentencia. Segundo. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo y realícense las anotaciones en el libro de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese. Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Reyna Soledad Juárez Avendaño, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  4. Principal

    PRAL 759/2020 MESA 4° San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dos de julio de dos mil veintiuno. Estado de autos. Vistos los autos, se advierte que se encuentra pendiente el emplazamiento del tercero interesado *** por edictos a costa de la parte quejosa. Diferimiento de audiencia constitucional. En esas condiciones, no es posible llevar a cabo la audiencia constitucional señalada para esta fecha, por lo que se difiere y se fijan las diez horas con cuatro minutos del veintitrés de julio de dos mil veintiuno, para su desahogo. Notificación de este acuerdo. Con la precisión que la notificación de este proveído se realizará por medio de lista a las autoridades, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, sin necesidad de que se envíen oficios a las autoridades responsables, tomando en consideración que es una determinación de mero trámite. Y sin que ello implique dejar en estado de indefensión a dichas autoridades responsables, dado que la fecha inicial señalada para la audiencia constitucional ya les fue notificada mediante oficio, por lo cual están en aptitud de consultar la nueva fecha a través de la lista electrónica que se publica en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación y en los estrados del edificio sede. Apoya lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 2002576, de rubro siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS". Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Reyna Soledad Juárez Avendaño, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

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