Arturo Miguel Mendoza

Expediente 605/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 26 actuaciones registradas, la última del 5 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
605/2020
Año
2020
Actuaciones
26
Última actuación
05/07/2022

Partes del expediente

  • Arturo Miguel Mendoza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 26.

  1. Principal

    PRAL.605/2020.MESA-6 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cinco de julio de dos mil veintidós. 1. Colegiado acusa recibo. Agréguese el oficio firmado por la actuaria Judicial del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, con sede en este municipio; atento a su contenido, téngasele acusando recibo del diverso oficio por el que se le remitieron 1) los autos originales de este expediente, 2) el original del escrito de interposición del recurso de revisión contra la sentencia dictada en este juicio de amparo y un 3) tomo de pruebas; lo anterior, para los efectos legales procedentes. Además, informa que dicho tribunal admitió a trámite ese medio de impugnación y lo radicó con el amparo en revisión 204/2022. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Teresa Silvia Hernández Ferrer, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    PRAL.605/2020.MESA-6 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de junio de dos mil veintidós. 1. Estado de autos. Vistos los autos y la certificación que antecede, se advierte que las partes en este juicio de amparo quedaron notificadas de la a) sentencia engrosada el treinta y uno de mayo del año en curso en la que se sobreseyó en el juicio amparo, así como del b) acuerdo de diecisiete de junio de este año, por el que se tuvo por interpuesto el recurso de revisión contra la sentencia de referencia. 2. Remisión al Tribunal de Alzada. Por tanto, queda integrado el expediente y, en cumplimiento con lo ordenado en proveído de diecisiete de junio de este año, realícese la remisión respectiva al Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, en turno, residente en este municipio, para la substanciación del recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa. 3. Cuaderno de antecedentes. Fórmese cuaderno de antecedentes, con las constancias respectivas; asimismo, se instruye a la analista jurídica de esta adscripción haga disponible el expediente electrónico de este juicio de amparo a través de la plataforma del Sistema Integral de Seguimiento de Expediente, a fin de que el Tribunal de Alzada pueda consultar este expediente a través de esa vía. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Teresa Silvia Hernández Ferrer, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  3. Principal

    PRAL.605/2020.MESA-6 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de junio de dos mil veintidós. 1. Se agrega escrito. Agréguese el escrito firmado por el quejoso Arturo Miguel Mendoza, por el cual interpone recurso de revisión y anexa el diverso escrito por el que expresa agravios; en esas condiciones, se provee: 2. Interpone recurso de revisión. Con fundamento en los artículos 81, 86, 87, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se tiene a la referida parte quejosa expresando agravios e interponiendo recurso de revisión contra la sentencia engrosada el treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó en el juicio amparo. Por tanto, distribúyanse entre las demás partes copia del escrito de agravios; y, en su oportunidad, remítase el a) original de este expediente, b) un tomo de pruebas y c) el original del escrito de expresión de agravios al Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, en turno, residente en este municipio, para la substanciación del recurso de que se trata. 2.1. Cuaderno de antecedentes y/o remisión del expediente. Asimismo, una vez que este expediente se encuentre integrado para su envío al Tribunal de Alzada, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo y remítase el original a la superioridad para el trámite respectivo. Notifíquese; por lista a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Teresa Silvia Hernández Ferrer, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  4. Principal

    PRAL.605/2020.MESA-6 Vistos para resolver el juicio de amparo 605/2020, de este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca; y, RESULTANDO: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el dieciséis de octubre de dos mil veinte en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, y turnado en este Juzgado en la misma fecha, Arturo Miguel Mendoza, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del fiscal General del Estado de Oaxaca y de otra autoridad; que se precisarán en el considerando segundo de esta sentencia. SEGUNDO. Trámite de la demanda de amparo. En proveído de veintiuno de octubre de dos mil veinte se registró la demanda de amparo con el expediente 605/2020 y se previno a la parte quejosa en los términos ahí indicados. Mediante auto de diez de noviembre de dos mil veinte se tuvo a dicho quejoso dando cumplimiento a la prevención efectuada, por lo cual, en la misma data se admitió a trámite la demanda, se dio intervención a la agente del Ministerio Público adscrita a este juzgado y se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables. Mediante sentencia de veintinueve de enero de dos mil veintiuno, por una parte, se sobreseyó en el juicio de amparo y, por otra, se concedió la protección constitucional a la parte quejosa. Inconforme con dicha sentencia, la parte quejosa interpuso recurso de revisión, mismo que conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, con sede en este municipio, registrándolo con el expediente 70/2021, en el que por ejecutoria emitida el tres de febrero de dos mil veintidós revocó la sentencia recurrida y ordenó la reposición del procedimiento, para los efectos siguientes: "(...) Por consiguiente, con fundamento en el artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede revocar la sentencia recurrida y ordenar que se reponga el procedimiento en el juicio de amparo indirecto, a efecto de que el juez de Distrito: A) Deje insubsistente la audiencia constitucional de veintinueve de enero de dos mil veintiuno, que celebró en el juicio de amparo indirecto 605/2020, así como la sentencia firmada en la misma fecha. B) Dicte un nuevo proveído, en el que proceda como sigue: b.1) deje sin efecto el de veintiséis de noviembre de dos mil veinte; b.2) ordene notificar personalmente al quejoso del contenido del informe justificado rendido por el agente ministerial; y b.3) lo prevenga para que precise, si es su deseo ampliar su demanda de amparo indirecto, en relación con la determinación de nueve de septiembre de ese año, con base en la cual el agente ministerial responsable, dijo que le dio respuesta a sus escritos de dos de mayo y uno de julio de dos mil veinte, y C) Continúe con el procedimiento respectivo. (.)". (Transcripción) En cumplimiento con esa ejecutoria, mediante acuerdo de veintiuno de febrero de dos mil veintidós, se requirió a la parte quejosa, para que, en el término legal (quince días), manifestara si era su deseo ampliar la demanda de amparo respecto a la respuesta dada mediante determinación de nueve de septiembre de dos mil veinte a sus escritos de petición de dos de mayo y uno de julio de dos mil veinte. Atendiendo a la prevención formulada, mediante escrito recibido en este juzgado el catorce de marzo de este año se tuvo a la parte quejosa ampliando la demanda de amparo respecto a la respuesta dada el nueve de septiembre de dos mil veinte por el agente del Ministerio Público de la Mesa Dos de Robo de Vehículos de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca a sus escritos de petición de dos de mayo y uno de julio de dos mil veinte; en consecuencia, por auto de quince de marzo del año en curso se tuvo por ampliada la demanda de amparo, se solicitó a dicha responsable el informe justificado; comunicándole la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional y se corrió traslado a la agente del Ministerio Público adscrita a este juzgado con el escrito de ampliación de demanda. Mediante auto de uno de abril de dos mil veintidós se agregó el oficio firmado por la autoridad responsable, agente del Ministerio Público de la Mesa Dos de Robo de Vehículos de la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos de Alto Impacto de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, por el cual informó la imposibilidad que tenía para rendir el informe justificado solicitado, con motivo que, por instrucciones de su superioridad, la carpeta de investigación 6540/FDAI/UERV/2020 fue remitida a la mesa siete de Robo de Vehículos de la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos de Alto Impacto de esa misma Fiscalía, para que este último siguiera conociendo de su integración; por lo cual, se previno a la parte quejosa para que manifestara si ampliaba la demanda de amparo respecto a la autoridad, agente del Ministerio Publico de la mesa siete de Robo de Vehículos de la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos de Alto Impacto. En acuerdo de dos de mayo de dos mil veintidós se tuvo por no ampliada la demanda de amparo, por lo que se hizo efectivo el apercibimiento y se precisó que este juicio será resuelto contra los actos y autoridades señalados en el escrito inicial de demanda; escrito aclaratorio de cinco de noviembre de dos mil veinte y en el diverso escrito de ampliación de catorce de marzo de dos mil veintidós. Previo los trámites respectivos, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y 48, 49 y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 45/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el diverso 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en el que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta; en el caso, se trata de un asunto de naturaleza penal. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Con base en lo anterior, se arriba a la conclusión que, de la lectura integral efectuada a la demanda de amparo, del escrito aclaratorio, y escrito de ampliación de la demanda de amparo; así como de las constancias que integran el juicio, se advierte que la parte quejosa reclama: Del 1) agente del Ministerio Público de la Mesa Dos de Robo de Vehículos de la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos de Alto Impacto de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca: La negativa de proveer las peticiones formuladas mediante escritos de dos de mayo y uno de julio de dos mil veinte, dirigidas a la carpeta de investigación 6540/FDAI/UERV/2020. La determinación de nueve de septiembre de dos mil veinte, por el cual se dio contestación a las peticiones formuladas en escritos de dos de mayo y uno de julio de dos mil veinte. La omisión de realizar actos de investigación en la carpeta de investigación 6540/FDAI/UERV/2020. Del 2) fiscal General del Estado de Oaxaca: La negativa de proveer las peticiones formuladas mediante escritos de dos de mayo y uno de julio de dos mil veinte, dirigidas a la carpeta de investigación 6540/FDAI/UERV/2020. La omisión de realizar actos de investigación en la carpeta de investigación 6540/FDAI/UERV/2020. Lo anterior, acorde con la jurisprudencia 1347 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice 1917-Septiembre 2011 del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte -SCJN (Suprema Corte de Justicia de la Nación) Décima Primera Sección- Sentencias de amparo y sus efectos, Materia Común, registro 1003226, página 1511, del rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados identificados en los incisos a) y b) del considerando segundo de esta sentencia. Se procede analizar lo relativo a la existencia o inexistencia de los actos reclamados a la autoridad responsable, fiscal General del Estado de Oaxaca, para estar en condiciones de estudiar las causas de improcedencia o en su caso, ingresar al estudio de su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sobre ese aspecto se cita la jurisprudencia XVII.2o. J/10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, página 68, tomo 76, abril de 1994, registro 212775, del rubro: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO". Así, se tiene que la autoridad responsable, fiscal General del Estado de Oaxaca, fue omisa en rendir el informe justificado, a pesar de haber quedado notificada de su petición el dieciocho de noviembre de dos mil veinte; lo que, en términos del artículo 117, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo, haría presumir ciertos los actos que se le reclaman; empero, en el caso, se desvirtúa esa presunción de certeza, dado que de las constancias que se citarán a continuación, se desprende que no existen los actos que se le atribuyen. En principio, a manera de antecedentes y para mejor comprensión del asunto, conviene mencionar que, conforme a las constancias de autos y de las remitidas por la autoridad responsable; documentales a la que se le concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, toda vez que fueron remitidas por un servidor público en el ejercicio de sus funciones, se pueden advertir, en lo que interesa, lo siguiente: El veintitrés de febrero de dos mil veinte el representante social, agente del Ministerio Público adscrito a la Coordinación de Robo de Vehículos de la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos de Alto Impacto de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, inició la carpeta de investigación 6540/FDAI-UERV/2020, contra quien resulte responsable del hecho que la ley señala como delito de Robo específico (vehículo de motor), cometido en perjuicio de Arturo Miguel Mendoza y dio aviso a su superioridad (fojas 1 a 3 del tomo anexo I). En esa misma fecha envió oficio al coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, para que ordenara a elementos a su mando se avocaran a la investigación de los hechos delictivos y se practicaran diversas probanzas para la comprobación del referido hecho, mismo que recibió el veinticuatro de febrero de dos mil veinte (foja 6 del tomo anexo I). El veintitrés de febrero de dos mil veinte se recibió la comparecencia del testigo Lino Mateo Agustín (fojas 17 a 19 del tomo anexo I). El tres de marzo de dos mil veinte se practicó la inspección ocular del lugar de los hechos (foja 9 del tomo anexo I). El diez de marzo de dos mil veinte compareció Arturo Miguel Mendoza, con la finalidad de ampliar su declaración respecto a los hechos (fojas 13 y 14, del tomo anexo I). El doce de marzo de dos mil veinte el agente del Ministerio Público de la Mesa Dos de Robo de Vehículos de la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos de Alto Impacto de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca giró oficio recordatorio al coordinador de la Agencia Estatal de Investigaciones del Estado de Oaxaca, a fin de que le remitiera copia del retrato hablado que elaboró el perito del Instituto de Servicios Periciales, mismo que recibió el dieciocho de marzo de ese año (foja 21 del tomo anexo I). En auto de nueve de septiembre de dos mil veinte se agregaron los escritos originales de dos de mayo y uno de julio de dos mil veinte, dirigidos al agente del Ministerio Público de la Mesa Dos de Robo de Vehículos de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. En ese mismo auto, la autoridad ministerial ordenó girar oficio recordatorio al coordinador de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado, para que ordenara a quien corresponda rindiera el informe correspondiente a la investigación ministerial relativa a la carpeta de investigación 6540/FDAI/UERV/2020, mismo que recibió el catorce de octubre de dos mil veinte (foja 29 del anexo I). Como se ve, de las actuaciones que envió, en su momento, el agente del Ministerio Público de la Mesa Dos de Robo de Vehículos de la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos de Alto Impacto de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, quien conoció primeramente de la indagatoria, se aprecia que la autoridad responsable fiscal General del Estado de Oaxaca no tuvo participación en los actos reclamados. Se afirma lo anterior, pues de las constancias que integran la carpeta de investigación 6540/FDAI/UERV/2020 no se advierte que 1) las peticiones de dos de mayo y uno de julio de dos mil veinte firmados por el quejoso Arturo Miguel Mendoza hayan sido dirigidos también al fiscal General del Estado de Oaxaca; o bien, en diverso ocurso se le haya hecho de su conocimiento respecto a la omisión incurrida por él y/o su inferior, agente del Ministerio Público de la Mesa Dos de Robo de Vehículos de la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos de Alto Impacto de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, en la indagatoria ya mencionada; lo anterior, a fin de que como máxima autoridad y superior jerárquico en las labores de investigación ordenara al agente del Ministerio Público conocedor de la carpeta de investigación 6540/FDAI/UERV/2020 que practicara y agotara, a la brevedad, todas las diligencias que permitieran la emisión de determinaciones de manera pronta para la impartición de justicia. Se precisa que las peticiones formuladas mediante escritos de dos de mayo y uno de julio de dos mil veinte, dirigidas a la carpeta de investigación 6540/FDAI/UERV/2020 únicamente fueron presentadas ante el agente del Ministerio Público de la Mesa Dos de Robo de Vehículos de la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos de Alto Impacto de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca; no así para el fiscal General del Estado de Oaxaca; lo anterior, a efecto de que tuviera conocimiento de la omisión en que su inferior estaba incurriendo en omisiones en la integración de la carpeta de investigación 6540/FDAI/UERV/2020. No pasa desapercibido que el veintitrés de febrero de dos mil veinte, el representante social, agente del Ministerio Público adscrito a la Coordinación de Robo de Vehículos de la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos de Alto Impacto de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, al iniciar la carpeta de investigación 6540/FDAI-UERV/2020 haya dado aviso a su superioridad (fiscal General del Estado de Oaxaca); sin embargo, como lo señaló en ese proveído, su aviso fue con motivo del inicio de esa indagatoria; no así que el Ministerio Público encargado de esa carpeta de investigación o, en su caso, la parte quejosa, le hayan 1) dirigido algún oficio o escrito relativo a las peticiones en comento y 2) se le haya comunicado las omisiones o deficiencias en la integración de la carpeta de investigación. De ahí que como no tuvo conocimiento oportuno respecto a las peticiones de la parte quejosa; así como las omisiones derivadas de la carpeta de investigación 6540/FDAI-UERV/2020 que se reclaman, se estima que no existe la omisión atribuida al fiscal General del Estado de Oaxaca de 1) dar contestación a las peticiones hechas mediante escritos de dos de mayo y uno de julio de dos mil veinte, dirigidas a la carpeta de investigación 6540/FDAI/UERV/2020 y respecto a 2) la omisión de realizar actos de investigación en esa indagatoria. En esas condiciones, se insiste, no existe la omisión que se reclama del fiscal General del Estado de Oaxaca, pues no obra prueba en autos que acredite que dicha autoridad haya sido sujeto de algún requerimiento en el que se le haya hecho de su conocimiento de las omisiones reclamadas o que se le dirigiera algún escrito de petición, por el que se le obligara a dar respuesta. Por tanto, aunque la referida autoridad responsable haya omitido rendir informe justificado, no impide decretar el sobreseimiento en este juicio de amparo, dado que de las constancias procesales aquí indicadas se desprende su inexistencia; por tanto, se tiene por no ciertos los actos que le reclama la parte quejosa. En ese contexto, conforme a lo previsto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley Amparo, se sobresee en el juicio de amparo por lo que hace a los actos reclamados al fiscal General del Estado de Oaxaca, con motivo de su inexistencia. Es aplicable la jurisprudencia 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 236, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Registro 1002350, cuyo rubro y texto son: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Así como la diversa tesis III.2o.A.221 A, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito de rubro siguiente: "DERECHO DE PETICIÓN. NO PUEDE RECLAMARSE VIOLACIÓN A DICHA GARANTÍA MEDIANTE LA VÍA CONSTITUCIONAL, POR LA CIRCUNSTANCIA DE QUE UNA AUTORIDAD DIVERSA A LA QUE SE ELEVÓ EL ESCRITO Y A LA QUE SÓLO SE LE HIZO LLEGAR COPIA DE ÉSTE, NO HAYA DADO RESPUESTA." CUARTO. Existencia de los actos reclamados. La autoridad responsable, agente del Ministerio Público de la Mesa Dos de Robo de Vehículos de la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos de Alto Impacto de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, al rendir el informe justificado, negó la existencia del acto que se le reclama. Sin embargo, más adelante realizó manifestaciones que desvirtúan dicha negativa, pues dijo que si bien existían los escritos de petición de dos de mayo y uno de julio de dos mil veinte, también obraba la constancia de doce de octubre de ese año, en la que constaba que el quejoso quedó notificado del acuerdo de nueve de septiembre de dos mil veinte (quedando enterado de su contenido, sin firmar, por no querer hacerlo). Ahora, si bien es cierto que la demanda de amparo fue presentada el dieciséis de octubre de dos mil veinte, con lo que se pudiera presumir que al momento de su presentación ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, no existía el acto reclamado; sin embargo, la parte quejosa, para desvirtuar esa negativa, ofreció la prueba documental consistente en la copia de la ruta trazada por el celular de su propiedad, a través de la aplicación GPS, relativo a los lugares que visitó el doce de octubre de dos mil veinte; en la que, por lo menos, indiciariamente, no se advierte que hubiera acudido en las oficinas de la Agencia del Ministerio Público de la Mesa Dos de Robo de Vehículos de la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos de Alto Impacto de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, para notificarse del acuerdo. Además, esa probanza no fue objetada por alguna de las partes, ni obra prueba en contrario; por ello, para efectos del juicio de amparo, adquiere el carácter de una prueba documental privada, con valor de indicio, en términos de lo dispuesto en los artículos 133, 203 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2°, ya que no fue objetada; de ahí que se presuma la existencia de los actos que le fueron atribuibles. Certeza que también queda acreditada con las constancias que anexó y a las cuales se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2º de la Ley de Amparo. Es aplicable al respecto la tesis aislada sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 391, Tomo XIV, Julio de 1994, Octava Época, Registro 211004, del contenido siguiente: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Por otro lado, al rendir el diverso informe justificado relativo a la ampliación de la demanda de amparo, señaló la imposibilidad para rendirlo, pues refirió que, por instrucciones de su superioridad, la carpeta de investigación 6540/FDAI/UERV/2020 que inicialmente conoció fue remitida a la mesa siete de Robo de Vehículos de la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos de Alto Impacto de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, para que este último siguiera conociendo de su integración. Sin embargo, de las constancias que obran en la carpeta de investigación antes señalada, se advierte que el nueve de septiembre de dos mil veinte dio respuesta a los escritos de petición de dos de mayo y uno de julio de dos mil veinte; de ahí que se tenga por cierto el acto que se le reclama. QUINTO. Causal de improcedencia respecto al acto reclamado identificado con el punto I del considerando segundo de esta sentencia. Sea que las partes lo aleguen o no, en el caso, se examinará si opera alguna causal de improcedencia, por mediar el orden público en dicha cuestión, de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo. Del análisis de las constancias que integran el juicio se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)." De la interpretación del citado precepto se puede advertir que la cesación de los efectos del acto reclamado implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido la situación jurídica que originó el juicio de amparo y, por tanto, desaparecido los efectos de dicha actuación de la autoridad, esto es, retornan las cosas al estado que guardaban antes de la existencia de aquél, como si éste, con independencia de que haya sido o no violatorio de los derechos fundamentales, nunca se hubiese realizado. Así, al cesar los efectos del acto reclamado, se restituye a la parte quejosa en el pleno goce del derecho fundamental violado, retornando las cosas al estado que guardaban antes de la violación, como si ésta nunca se hubiera realizado, trayendo consigo la improcedencia del juicio, debido a que éste no seguirá trastocando la esfera jurídica del quejoso, haciendo innecesario entrar al examen de la constitucionalidad del mismo. Ahora, la parte quejosa señaló como acto reclamado la negativa de proveer las peticiones formuladas mediante escritos de dos de mayo y uno de julio de dos mil veinte, dirigidas a la carpeta de investigación 6540/FDAI/UERV/2020. Y, de la copia certificada de las constancias remitidas por la autoridad responsable, agente del Ministerio Público de la Mesa Dos de Robo de Vehículos de la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos de Alto Impacto de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, se advierte que el nueve de septiembre de dos mil veinte acordó los escritos de dos de mayo y uno de julio, ambos de dos mil veinte, por medio del cual el quejoso solicitó fueran recabadas diversas pruebas para esclarecer el robo del vehículo de su propiedad. Determinación que el representante social dijo haber notificado, pero que la parte quejosa no quiso firmar, sólo lo leyó y tomó fotografías. Aunado a ello, la autoridad responsable remitió copia certificada del auto de nueve de septiembre de dos mil veinte, en el cual, en suma, ordenó girar oficio al coordinador de la Agencia Estatal de Investigaciones, para que rindiera el informe correspondiente a la investigación ministerial ordenada en la carpeta de investigación 6540/FDAI/UERV/2020. En ese contexto, es claro que el acto reclamado que fue identificado con antelación, consistente en la falta de contestación formuladas en escritos de dos de mayo y uno de julio de dos mil veinte, cesó en sus efectos, independientemente si fueron o no favorables a sus intereses. Además, si bien no obra constancia fehaciente que corrobore que la autoridad responsable hubiera notificado el auto de nueve de septiembre de dos mil veinte, la parte quejosa, para desvirtuar esa negativa, ofreció la prueba documental consistente en la copia de la ruta trazada por el celular de su propiedad, a través de la aplicación GPS, relativo a los lugares que visitó el doce de octubre de dos mil veinte; en la que, por lo menos, indiciariamente, no se advierte que hubiera acudido en las oficinas de la Agencia del Ministerio Público de la Mesa Dos de Robo de Vehículos de la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos de Alto Impacto, para notificarse del acuerdo en mención. Empero, resultaría ocioso entrar al fondo del estudio respecto a la notificación de esa determinación, pues el quejoso tuvo conocimiento de dicho proveído a través de este órgano jurisdiccional, cuando en auto de veintiséis de noviembre de dos mil veinte se le dio vista con el informe justificado; el cual le fue notificado legalmente el veintisiete de noviembre siguiente. Por tanto, lo procedente es sobreseer en este juicio de amparo, conforme al artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis CL/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VI, noviembre de 1997, página 71, con registro 197367, del rubro siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL". De igual forma, la jurisprudencia 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo IX, junio de 1999, página 38, con registro 193758, del rubro siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL". SEXTO. Causal de improcedencia respecto al acto reclamado identificado con el punto II del considerando segundo de esta sentencia. Del análisis de las constancias que integran el juicio se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos artículos 5, fracción II, y 108, fracción III, de la Ley de Amparo, por los motivos que a continuación se verán. Al respecto, los artículos 5, fracción II, 61, fracción XXIII, y 108, fracción III, de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.). II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general". "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. (.). XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.). III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; (.)". (Transcripción) De la interpretación armonizada de los numerales transcritos se colige que, para los efectos del juicio de amparo, el concepto de autoridad responsable converge en establecer que es aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que, de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, siendo obligación de la parte quejosa señalar con precisión en su demanda de amparo la autoridad o autoridades responsables. Esto es, dichos preceptos permiten establecer que la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada a que los actos que se reclamen provengan, precisamente, de una autoridad, entendiéndose por tal, aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que, de realizarse, crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; de igual manera, en el caso de que se atribuyan a un particular, éste podrá tener ese carácter, cuando se conduce como autoridad o su equivalente, al grado de afectar derechos en los términos indicados con antelación, bajo la condición de que esas funciones como tales, estén así determinadas por una norma general, o dicho de otra manera, cuando el particular ejerza facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que, por tanto, se traducirían en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, puesto que sus funciones se encuentran determinadas por una norma general. En este juicio la parte quejosa reclama del agente del Ministerio Público de la Mesa Dos de Robo de Vehículos de la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos de Alto Impacto de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca: La determinación de nueve de septiembre de dos mil veinte, por el cual se dio contestación a las peticiones formuladas en escritos de dos de mayo y uno de julio de dos mil veinte. La omisión de realizar actos de investigación en la carpeta de investigación 6540/FDAI/UERV/2020. Sin embargo, dicha autoridad responsable, al rendir el informe justificado relativo a la ampliación a la demanda de amparo refirió su imposibilidad que tenía para rendir tal informe justificado solicitado, con motivo que, por instrucciones de su superioridad, la carpeta de investigación 6540/FDAI/UERV/2020 fue remitida a la Mesa Siete de Robo de Vehículos de la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos de Alto Impacto de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, para que el agente del Ministerio Público llevador de esa mesa siguiera conociendo de su integración. Para acreditar su dicho, ofreció como prueba la copia certificada del oficio sin número de quince de diciembre de dos mil veintiuno que dirigió a su homóloga, agente del Ministerio Público de la Mesa Siete de Robo de Vehículos de la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos de Alto Impacto de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, por el cual le remitió la carpeta de investigación antes señalada. Por ello, en auto de uno de abril de dos mil veintidós se requirió a la parte quejosa para que manifestara si deseaba señalar como nueva autoridad responsable a la agente del Ministerio Público de la Mesa Siete de Robo de Vehículos de la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos de Alto Impacto; empero, toda vez que no amplió la demanda de amparo dentro del término legal, en auto de dos de mayo de dos mil veintidós se hizo efectivo el apercibimiento decretado en auto de uno de abril de este año y se determinó que este asunto se resolvería con base en los actos reclamados y autoridades responsables señalados en el escrito de demanda, escrito aclaratorio y ampliación de demanda de catorce de marzo del año en curso. Ahora, toda vez que el artículo 108 de la Ley de Amparo impone como obligación a la parte quejosa de expresar en su demanda de amparo indirecto, entre otras, la autoridad responsable y la norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; precisiones que son de la sola incumbencia de la parte quejosa para una correcta integración de la litis, no siendo dable que sea el juzgador el que realice las enmiendas correspondientes, al ser una carga procesal exclusiva de la parte quejosa. En ese sentido, la parte quejosa debió señalar como autoridad responsable a la agente del Ministerio Público de la Mesa Siete de Robo de Vehículos de la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos de Alto Impacto, pues pese a que de la copia certificada de la carpeta de investigación 6540/FDAI/UERV/2020 se desprende que ante el agente del Ministerio Público de la Mesa Dos de Robo de Vehículos de la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos de Alto Impacto de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca se tramitó la citada indagatoria e incluso fue esa la autoridad quien emitió la determinación de nueve de septiembre de dos mil veinte, por el cual se dio contestación a las peticiones formuladas en escritos de dos de mayo y uno de julio de dos mil veinte; asimismo, se le reclama la omisión de realizar actos de investigación en esa indagatoria; sin embargo, dicha autoridad desde el quince de diciembre de dos mil veintiuno ya no conoce de la carpeta de investigación 6540/FDAI/UERV/2020, puesto que en esta última data el agente del Ministerio Público de la Mesa Siete de Robo de Vehículos de la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos de Alto Impacto de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca se avocó al conocimiento del asunto. Por lo que deviene innegable que se reclama un acto y omisión que, efectivamente, fueron realizados por el agente del Ministerio Público de la Mesa Dos de Robo de Vehículos de la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos de Alto Impacto de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, pero en una indagatoria respecto de la cual ya no tiene injerencia, ya que una diversa autoridad ministerial es la que tramita ahora el asunto. Por ende, si la parte quejosa, a pesar de que por auto de uno de abril de dos mil veintidós se le requirió para que manifestara si deseaba señalar como autoridad responsable a la Mesa Siete de Robo de Vehículos de la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos de Alto Impacto, sin que lo hubiere hecho, es claro que la autoridad facultada para cumplir con los efectos de la concesión de amparo en caso de otorgase la protección constitucional respecto al acto y omisión reclamadas, no fue llamada en este juicio y, por tanto, no podrá defender la constitucionalidad del acto y omisión reclamadas; lo que hace imposible que pueda entrarse al estudio de fondo del asunto, ya que se le vulneraría el derecho que tiene de acreditar la constitucionalidad de tales reclamaciones, ya que las mismas ya no le son atribuibles al diverso agente del Ministerio Público de la Mesa Dos de Robo de Vehículos de la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos de Alto Impacto de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, quien inicialmente conoció del trámite de esa investigación. En esas condiciones, es inconcuso que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos artículos 5, fracción II, y 108, fracción III de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia VI. 3o. J/44, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Núm. 74, febrero de 1994, registro 213345, página 67, del texto siguiente: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS, SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO DE AMPARO. Si el quejoso no señaló como autoridades responsables a quienes suscribieron el acuerdo que constituye el acto reclamado en el juicio de amparo, no es posible examinar la constitucionalidad del mismo, puesto que tales autoridades no fueron llamadas a juicio, incumpliendo el quejoso con lo previsto por el artículo 116 fracción III de la Ley de Amparo, debiendo sobreseer el juicio de garantías conforme a lo dispuesto por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los artículos 11 y 116, fracción III, del mismo ordenamiento legal. Además, la jurisprudencia VI.2o. J/205, pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, octubre de 1995, Materia Común, registro 208065, página 468, del texto siguiente: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS. Si en la demanda de amparo no se señala a una autoridad como responsable, jurídicamente no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se llamó a juicio ni fue oída; por lo tanto, se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 73 fracción XVIII de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 5o., fracción II y 116, fracción III del mismo ordenamiento legal". Consecuentemente, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, procede sobreseer en el juicio, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo. SÉPTIMO. Petición realizada por la parte quejosa para dar vista al Ministerio Público. En el escrito de demanda, la parte quejosa solicitó se diera vista al agente del Ministerio Público Federal a efecto de que se avocara al asunto, esto, en caso de existir delincuencia organizada; al respecto, conforme al estudio realizado en los considerandos anteriores, se estima que no ha lugar a ordenar la vista solicitada, pues de las constancias que integra este expediente no se advierten elementos a efecto de demostrar que la conducta que refiere la parte quejosa se haya llevado a cabo por las autoridades responsables; o algún diverso que la ley señale como delito para que sea procedente la vista solicitada al representante social. OCTAVO. Publicación de datos personales. Como la parte quejosa se opuso a la publicación de sus datos personales; en tanto que las diversas partes en este juicio de amparo no se hicieron manifestación, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágasele de su conocimiento que esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Por lo expuesto y fundado se: RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Arturo Miguel Mendoza, contra las autoridades responsables y actos precisados en el considerando segundo, por los motivos y fundamentos expuestos en los diversos considerandos tercero, quinto y sexto de esta sentencia. SEGUNDO. En su oportunidad dése cumplimiento al considerando último de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Teresa Silvia Hernández Ferrer, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe; hasta hoy, treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores de este Juzgado.

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