Arturo Rangel García
Expediente 342/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 20 actuaciones registradas, la última del 2 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 342/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 02/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila · Coahuila
Partes del expediente
- Arturo Rangel García
- Juez de Control del Sistema Penal del Juzgado Especializado de Violencia Familiar del Distrito Judicial de Piedras Negras, Coahuila.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Incidental
1. Archivo de asunto. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que con esta fecha se remitió al archivo el juicio de amparo del que deriva el presente incidente de suspensión; además, en el cuaderno del incidente de suspensión no obra documento alguno considerado como original que las partes hayan exhibido, en términos de la fracción XVIII, del artículo 3° del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte; ni billete de depósito o garantía que devolver o remitir a la Tesorería de la Federación. Por tanto, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del citado Acuerdo General, archívese este asunto como concluido. 2. Valoración. Toda vez que en el asunto se negó la suspensión definitiva, quien esto provee considera que el presente incidente de suspensión de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se encuadra en la hipótesis prevista en el inciso c) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Además, que se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. 3. Destino. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción de este incidente de suspensión. 4. Entrega al archivo. Con fundamento en el artículo 35 del citado acuerdo general, el oficial judicial que corresponda deberá anotar en la carátula de este expediente y en la relación que se integre para efectos de destrucción o transferencia, la leyenda correspondiente. Recibido el expediente por el oficial judicial A, por parte de cada secretaría de trámite, contará con diez días hábiles para hacer las anotaciones en los libros electrónicos de control y remitir físicamente el expediente al archivo judicial.
- Principal
1. Causa ejecutoria. Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que dentro del plazo señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, la sentencia por la que se sobreseyó en el presente juicio de garantías, no fue recurrida por alguna de las partes; con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de amparo conforme a su artículo 2°, se declara que ha causado ejecutoria. Hágase las anotaciones en el libro respectivo. 1.1 Archivo del asunto. Ahora bien, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido. 1.2 Valoración. Toda vez que se sobreseyó en el juicio de amparo, se considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Además, que se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. 1.3 Destino. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. 1.4 Entrega al archivo. Con fundamento en el artículo 35 del citado acuerdo general, el oficial judicial que corresponda deberá anotar en la carátula de este expediente y en la relación que se integre para efectos de destrucción o transferencia, la leyenda correspondiente. Recibido el expediente por el oficial judicial A, por parte de cada secretaría de trámite, contará con diez días hábiles para hacer las anotaciones en los libros electrónicos de control y remitir físicamente el expediente al archivo judicial. 1.5 Incidente de suspensión. Toda vez que, en el presente se formó por separado incidente de suspensión, provéase lo conducente en éste. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
SENTENCIA DEFINITIVA Este Juzgado resuelve el juicio de amparo indirecto 342/2023, emitiendo la siguiente: DECISIÓN Única. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por *****************, contra las autoridades responsables Inspector de la Policía de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado Norte l (en atención al oficio 5376/2023), Administrador del Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Río Grande y Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Delitos Contra la Mujer del Centro de Empoderamiento para la Mujer, todas con sede en esta ciudad, respecto a los actos reclamados consistentes en los actos de molestia, orden de aprehensión y/o detención y/o privación de la libertad que se pretende ejecutar en su contra. ANTECEDENTES 1. Demanda. Mediante escrito presentado el diez de abril de dos mil veintitrés, ante la oficialía de partes de este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, **************, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y actos ahí precisados. 2. Trámite. Por auto de diez de abril del año en curso, se admitió a trámite la demanda de amparo. La audiencia constitucional tuvo verificativo el día de hoy. RAZONES Y FUNDAMENTOS 3. Competencia. Este órgano jurisdiccional es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de los artículos 103 y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 37 de la Ley de Amparo. 4. Precisión de los actos reclamados. Conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se puntualiza que la parte quejosa reclama: 4.1 Autoridades responsables. Inspector de la Policía de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado Norte l (en atención al oficio 5376/2023), Administrador del Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Río Grande y Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Delitos Contra la Mujer del Centro de Empoderamiento para la Mujer, todas con sede en esta ciudad. 4.2 Actos reclamados. Los actos de molestia, orden de aprehensión y/o detención y/o privación de la libertad que se pretende ejecutar en su contra. Es aplicable la tesis VI/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 5. Procedencia. En esta parte considerativa se estudiará la existencia de los actos y las causales de improcedencia alegada por las responsables, o bien, las que de oficio advierta este órgano de justicia. 5.1 Inexistencia de los actos reclamados. No son ciertos los actos que se atribuyen a las autoridades responsables, pues así lo manifestaron al rendir sus informes justificados, sin que la parte quejosa desvirtuara dichas negativas, es decir, no existe dato objetivo alguno que confirme los actos que se les reclaman; por tanto, lo conducente es sobreseer el presente juicio de amparo en torno a dichas autoridades, acorde a lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. En ese sentido, en virtud de la negativa de las autoridades responsables es evidente la inexistencia de los actos que se reclaman consistentes en los actos de molestia, orden de aprehensión y/o detención y/o privación de la libertad que se pretende ejecutar en su contra. Sobre el tema se emitió la tesis de jurisprudencia número 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como la diversa jurisprudencia 308. No pasa inadvertido que la autoridad responsable Inspector de la Policía de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado Norte l, con residencia en esta ciudad, refiera que el quejoso cuenta con una carpeta de investigación número 00289/PIN/ATCJEMP/2023, por el delito de violencia familiar; sin embargo, a la fecha no existe una orden de aprehensión, como lo aseguró el Administrador del Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Río Grande, con sede en esta ciudad. 6. Conclusión. La parte quejosa no aportó prueba alguna tendente a desvirtuar la negativa de las citadas autoridades, en relación con los actos reclamados consistentes en los actos de molestia, orden de aprehensión y/o detención y/o privación de la libertad que se pretende ejecutar en su contra, no obstante que en su oportunidad tuvo conocimiento de los informes con justificación, lo que no se desvirtúa ni siquiera de un análisis oficioso de las constancias de autos; en consecuencia, se tienen por inexistentes los actos motivo de la presente litis constitucional. En tales condiciones, ante la inexistencia de los actos reclamados, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo. 7. Notifíquese en términos de ley.8. Juez y Secretario que da fe. Así lo resolvió y firma Juan Marcos Dávila Rangel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Piedras Negras, asistido del Secretario Mario Alberto Nevárez Santana, quien certifica que esta resolución se encuentra debidamente incorporada al expediente electrónico. 9. Versión pública. El Secretario certifica que se integró la versión pública para cumplir lo establecido en el artículo 42 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, y el artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Certifico y doy fe.
- Principal
1. Estado procesal. Vista la certificación secretarial que antecede y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el día de hoy, surte efectos la notificación realizada a la parte quejosa el cuatro de mayo de dos mil veintitrés, respecto del auto de veintiséis de abril del año en curso, en el que no se acordó de conformidad llamar a juicio a la persona que el quejoso consideró le recae el carácter de tercero interesado, de conformidad con los artículos 97, fracción I, inciso d) y 98 de la Ley de Amparo. 1.1 Diferimiento de audiencia. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se fijan las DIEZ HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL DIECISÉIS DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS (HORARIO DE LA FRONTERA NORTE), para su celebración.
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