Arturo Morales Rojas

Expediente 1024/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1024/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
09/10/2023

Partes del expediente

  • Arturo Morales Rojas

Actuaciones

  1. Principal

    1. Declara firme. Visto el cómputo que antecede realizado por la secretaría de trámite, se advierte que ha transcurrido el plazo que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto recurso de queja contra el auto veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda de amparo. En consecuencia, con apoyo en dicho precepto legal, se declara firme el mencionado proveído, para todos los efectos legales consiguientes. Hágase las anotaciones en el libro de gobierno. 2. Archivo del asunto. En cumplimiento a lo señalado en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Destrucción, Digitalización, Transferencia, Resguardo y Destino Final de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, decrétese el valor correspondiente de este expediente judicial, y archívese este asunto como concluido. 3. Valoración. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3, fracción XX, del aludido Acuerdo General, y atendiendo a que se tuvo por no presentada la demanda de amparo, de acuerdo a los criterios de valoración, encuadra en el supuesto previsto en la fracción II del numeral 20 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Además, se estima que el acto reclamado carece de relevancia documental, ya que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del referido Acuerdo General; asimismo, este Juzgador atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional, no estima que debe ser considerado como tal. 4. Destino. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, procédase a la destrucción de este asunto. 5. Entrega al archivo. Con fundamento en el artículo 34 del citado acuerdo general, el oficial judicial que corresponda deberá plasmar mediante sello en la carátula de este expediente y en la relación que se integre para efectos de destrucción o transferencia, la leyenda correspondiente. Recibido el expediente por el oficial judicial A, por parte de cada secretaría de trámite, contará con diez días hábiles para hacer las anotaciones en los libros electrónicos de control y remitir físicamente el expediente al archivo judicial.

  2. Principal

    1. Desahoga prevención. Agréguese a los autos el escrito signado por ., por medio del cual desahoga la prevención realizada en proveído de veinticinco de septiembre del año en curso. 2. Desechamiento. A efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo.1 De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de garantías, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; en ese sentido, se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ha sido explicado en la jurisprudencia I.1º.A. J/4.2 Esencialmente la jurisprudencia en cuestión refiere que para el desechamiento de plano de una demanda de garantías, es necesario que se advierta un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando deviene en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. 2.1 Caso concreto. La parte quejosa, por sus propios derechos, reclama del Director de Aduanas de Piedras Negras Coahuila: i) La retención y/o aseguramiento del vehículo Ford Escape 2009, color blanco, que bajo protesta de decir verdad manifiesta que pertenece a Karina Rubí Huerta Vera. 2.2 Improcedencia manifiesta de la demanda de amparo. Este órgano jurisdiccional considera que la demanda de amparo es notoriamente improcedente, porque respecto del acto reclamado, de acuerdo a lo expresado por el promovente, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XII y XX, de la Ley de Amparo3 . 2.3 Interés jurídico. Conforme a lo establecido en la invocada fracción XII del numeral 61 de la ley de la materia, el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos de la parte quejosa. En el caso, se considera que inobjetablemente se surte esta causa de improcedencia, en atención a que la titularidad del derecho sobre el vehículo relacionado con la demanda de amparo, recae en una persona distinta al promovente del amparo tal y como lo manifestó bajo protesta de decir verdad, lo que evidencia sin lugar a dudad que la afectación a ese derecho permea en otra persona que no es el quejoso. De lo que se puede sostener que el acto reclamado no le genera ninguna afectación personal y directa. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad que lo emite, la parte quejosa en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés jurídico o legítimo que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en acreditar: i) La existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, ii) Que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por tanto, para que el juicio de amparo sea procedente, se requiere que quien lo promueva demuestre la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente, lo que en el caso no acontece. El artículo 107, fracción I, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos4 , establece que el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. En ese orden de ideas, se sigue que la acción de amparo en contra de actos provenientes de una autoridad administrativa, como sucede en el caso, presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado por la ley, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad faculta a su titular para acudir ante el órgano federal demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es el que constituye el interés jurídico que la Ley de Amparo toma en cuenta para la procedencia del juicio constitucional, el cual debe acreditarse de manera fehaciente, sin que pueda inferirse con base en presunciones. Aunado a que del contenido del artículo 5, fracción I5 , se desprende que es parte en el juicio de amparo el quejoso que aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo, individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viole en sus derechos y produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Es por ello, que se considera que.., al instar este juicio de amparo, no acredita una afectación directa por la existencia del acto que reclama, porque la retención y/o aseguramiento del vehículo .., color blanco, no invade a su esfera jurídica dado que no es titular del mencionado vehículo, sino que es propietaria Karina Rubí Huerta Vera, quien es su esposa. Por tanto, sin prejuzgar sobre la acreditación de su parentesco, no se puede tener promoviendo contra la autoridad citada, pues se estima que en el caso, tal petición debe estar en relación con la afectación que reclama recae en un bien mueble del cual no es titular, por lo que no existe interés legítimo y por ende no hay una afectación en su esfera jurídica. 2.4 Definitividad. Adicionalmente, se considera que también se actualiza de manera manifiesta e indudable la diversa causal de improcedencia relativa prevista en la fracción XX6 del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que antes de acudir al juicio de amparo, el titular del derecho que se reclama debe agotar el medio ordinario de defensa respectivo, de conformidad con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Como se señaló, el promovente del amparo hace consistir el acto reclamado a la autoridad aduanera, en la retención y/o aseguramiento del vehículo Ford .., color blanco, que bajo protesta de decir verdad manifiesta que pertenece a Karina Rubí Huerta Vera. Lo que manifiesta tiene su origen en el Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera con número de expediente AVM27023116. A efecto de explicar la causa de improcedencia aludida, resulta pertinente citar el contenido del precepto legal arriba invocado, así como del artículo 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos7 . De la cita que antecede, se tiene que cuando exista un medio ordinario de defensa por virtud del cual pueda modificarse, revocarse o nulificarse el acto que se reclama y que conforme a las leyes que lo rijan proceda la suspensión de sus efectos, sin exigir mayores requisitos que los requeridos por la Ley de Amparo, el juicio de amparo será improcedente. Lo anterior configura lo que se conoce como el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Además, el citado principio encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse el juicio de amparo de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la parte quejosa debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos en la ley, los que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Federal. Los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. En cambio, si pasando por alto estas consideraciones, las partes afectadas por actos administrativos no tuvieran la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad primaria competente, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de amparo suplantaría las facultades de control de legalidad que corresponden en un primer momento a la potestad ordinaria. Es oportuno precisar que si de acuerdo a la fracción XX, del artículo 61, de la ley de la materia, el amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo que deban ser revisados de oficio conforme a las "leyes que los rijan". Entonces es necesario determinar el alcance de tal expresión, la cual debe entenderse como todos aquellos ordenamientos legales que guardan estrecha relación con tales actos, ya sea por haber establecido su nacimiento o instauración, su regulación, efectos, o bien, sus formas de impugnación, debiéndose tomar en consideración que no siempre tales actos serán normados por un solo cuerpo legal, sino que puede darse el caso de que lo sea por varios, e incluso sólo en uno se prevenga lo relativo al recurso, juicio o medio de impugnación que proceda contra ellos, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. Orienta lo anterior la jurisprudencia P./J. 3/2001, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.8 Precisado lo anterior se tiene que los artículos 2 y 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo9 , disponen que el juicio contencioso administrativo procede, entre otros, contra los actos administrativos; en el segundo de los numerales se prevé la suspensión de la ejecución del acto administrativo que se impugne y las reglas para su procedencia. El diverso artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa10, dispone que el Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos, entre otros, las dictadas por autoridades fiscales federales y organismos fiscales autónomos, en que se determine la existencia de una obligación fiscal, se fije en cantidad líquida o se den las bases para su liquidación y las que causen un agravio en materia fiscal distinto al que se refieren las fracciones anteriores. Sobre las bases legales anteriores, se puede concluir que la retención, aseguramiento y/o embargo precautorio que se reclama en la demanda de amparo, el cual tiene su origen en el acuerdo de inicio relativo al Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera con número de expediente AVM27023116 el acuerdo de inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera AFD400210859, iniciado por la Aduana de Piedras Negras, Coahuila, puede y debe ser impugnado en forma optativa a través del recurso de revocación, o bien, del juicio contencioso administrativo, conforme al artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, así como los numerales 203 de la Ley Aduanera11, y 116, 117, 120, 121 y 128 del Código Fiscal de la Federación12 . Lo anterior es así, en principio, porque el acto reclamado en esta instancia consiste precisamente en un acto administrativo atribuido a la Aduana de Piedras Negras, del Servicio de Administración Tributaria, con sede en esta ciudad, a partir del cual el promovente considera que se afectan sus derechos fundamentales; condiciones que se ajustan a la hipótesis de procedencia del recurso de revocación, o en su caso, el juicio contencioso administrativo, dado que la interposición del primero resulta optativa para el interesado. Por lo que ante la existencia de dos medios ordinarios de defensa adecuados y eficaces con los que se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado resulta obligatorio que, previo a promover el juicio de amparo, la parte quejosa agote dichos medios ordinarios de defensa a su alcance, pues de actuar de modo diverso como lo hizo, torna improcedente el juicio de derechos fundamentales. En otro aspecto, debe precisarse que en el caso no se actualiza alguna hipótesis de excepción al principio de definitividad. Lo anterior es así, porque a través de la promoción del juicio contencioso administrativo federal pueden suspenderse los efectos del acto combatido, ya que la ley que lo rige prevé dicha medida cautelar sin exigir mayores requisitos que la Ley de Amparo. Así lo acotó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J.130/2013.13 También es aplicable la de jurisprudencia 2a/J.19/2015 3 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.14 En efecto, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, prevé la suspensión de los efectos del acto reclamado, en términos delartículo 28, sin exigir mayores requisitos que los establecidos en los artículos 128, 132 y 135 de la Ley de Amparo, para conceder la suspensión del acto reclamado. De tal suerte, que los requisitos vigentes previstos para otorgar la medida cautelar en el juicio contencioso administrativo no rebasan los contemplados al respecto en la Ley de Amparo para conceder dicha medida cautelar, por lo que, previo a la promoción del amparo indirecto, debe agotarse aquél, en acatamiento al principio de definitividad. Consecuentemente, al no verificarse excepción alguna al principio de definitividad, debe concluirse que la parte quejosa debe agotar de manera optativa el recurso de revocación, o bien, el juicio contencioso administrativo antes de acudir a esta instancia constitucional. Por último, debe establecerse que la parte promovente está obligada a observar el principio de definitividad que rige la materia aun cuando el acto reclamado pueda obtener la cualidad de ser irreparable, pues la definitividad se refiere fundamentalmente al alcance de los medios de defensa y no a la naturaleza de los actos impugnados. 3. Desechamiento. En mérito de lo expuesto, con fundamento en lo previsto por los artículos antes mencionados y en el diverso 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de garantías que se estudia, por actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia antes invocada. 4. Número telefónico y correo electrónico. Se tiene a la parte quejosa señalando como número telefónico y correo electrónico los que menciona en su escrito de cuenta, en el entendido de que se establecerán para comunicaciones no procesales.

  3. Principal

    1. Recepción. Agréguese a los autos el escrito de demanda que promueve ********************, contra actos del Director de Aduanas de Piedras Negras Coahuila. 2. Registro. Se ordena integrar el expediente y registrar la demanda con el número progresivo 1024/2023, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). 3. Solicitud de teléfono celular y correo electrónico. Asimismo, se requiere a las partes para que proporcionen un número de teléfono celular y una dirección de correo electrónico, a fin de que se puedan entablar comunicaciones no procesales, lo anterior conforme a lo previsto por el artículo 257, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. 4. Prevención. A efecto de estar en condiciones de acordar lo conducente respecto a su admisión; con fundamento en el artículo 114, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 108, fracción V, de la citada legislación, se requiere al promovente del amparo, para que en el acto de la notificación o dentro del plazo de cinco días contado a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación del acuerdo, bajo protesta de decir verdad, aclare lo siguiente: i) El nombre de la persona en quien recae la titularidad del vehículo relacionado con el acto reclamado. ii) Si existe algún procedimiento administrativo del que derive el acto que se reclama. iii) Si al momento de que se realizó la verificación aduanera que dice culminó con la retención y/o aseguramiento del vehículo, fue notificado por parte de los funcionarios que llevaron a cabo la misma, algún Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera. iv) Si previamente a la interposición de esta demanda de amparo promovió algún recurso ordinario contra el acto aquí reclamado, y de ser así, informe la fecha y la denominación de la autoridad ante quien lo presentó. Con el apercibimiento que de no hacerlo así en el plazo indicado, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, en los términos del citado numeral 114 de la ley de la materia, en su penúltimo párrafo. Además, en términos del artículo 110 de la Ley de Amparo, de presentar su escrito de cumplimiento por escrito físico, deberá anexar una copia para cada una de las partes. 5. Domicilio para notificaciones y autorizado. Ahora bien, toda vez que el promovente señala domicilio para oír y recibir notificaciones fuera de esta jurisdicción con fundamento en el artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo, se ordena la notificación de este proveído, así como los subsecuentes de carácter personal, por medio de lista de acuerdos que se fije en lugar visible de este Juzgado. Asimismo, se tiene como autorizada para oír y recibir notificaciones y/o documentos en términos restringidos del numeral 12 de la Ley de Amparo a ********************, por así haberse solicitado. 6. Consulta expediente electrónico. Se autoriza la consulta a la parte quejosa, del presente expediente vía electrónica al nombre de usuario "********************". En el entendido de que el acceso al expediente electrónico estará condicionado a que se encuentre vigente la firma electrónica; lo anterior, en términos del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. 6.1 Instrucción a la Oficial Judicial "A". Se instruye a la Oficial Judicial "A", para que bajo su más estricta responsabilidad, vincule al usuario antes señalado con este expediente.

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