Arturo Perez Martinez

Expediente 1063/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1063/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
19/09/2022

Partes del expediente

  • Arturo Perez Martinez

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a diecinueve de septiembre de dos mil veintidós Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales a que haya lugar, el oficio signado por la del Secretaria del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, por el que devuelve el juicio de amparo 736/2022 y remite testimonio de la resolución dictada el dos de septiembre de dos mil veintidós, en el amparo en revisión, en la que se resolvió: "PRIMERO. En la materia de la revisión SE CONFIRMA la sentencia recurrida. "SEGUNDO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y PROTEGE A ´NUEVA WAL-MART DE MÉXICO´, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, contra los actos reclamados y autoridad responsable que quedaron precisados en el resultando primero de esta ejecutoria." Sin que sea el caso de acusar de recibo a la superioridad por así indicarlos; lo anterior comuníquese a las partes y glósese el cuaderno de antecedentes respectivo. Con fundamento en los artículos 192 y 258 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables municipales, para que dentro del plazo de tres días, cumplan con la ejecutoria en los términos precisados, para lo cual deberán informar en ese lapso sobre su cumplimiento, apercibidas que de no hacerlo así en el término que se les concede, el siguiente requerimiento se le hará por conducto de su superior jerárquico, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 194, de la Ley de Amparo, y en su caso se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito en Turno o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso; por tal motivo, se le hace del conocimiento que dichos órganos al momento de resolver el incidente de inejecución de sentencia que en su caso se formule, están en aptitud de determinar si las autoridades actuaron o no de manera evasiva o a través del uso de procedimientos ilegales que hubieren generado el retardo en el cumplimiento de la sentencia de amparo, es decir, no solo verifican el cabal cumplimiento de la ejecutoria dictada, sino, también si hubo retardo en el cumplimiento de la misma, aplicando a las autoridades responsables las sanciones previstas en el artículo 107, Constitucional, ya que el cumplimiento extemporáneo no exime a las autoridades responsables de su responsabilidad, ni se decretará sin materia el incidente, puesto que en esa etapa se determina si hubo responsabilidad o no en el cumplimiento. En apoyo a lo anterior se cita la jurisprudencia cuyos datos de identificación y rubro, son los siguientes: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LOS CASOS EN QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y/O VINCULADAS AL CUMPLIMIENTO LO REALICEN DE MANERA EXTEMPORÁNEA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Con independencia de lo anterior, se hará efectiva una medida de apremio en lo individual, equivalente a cien días el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos 192 y 258, ambos de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traducirá en una falta grave, esto es, en su desacato a un mandamiento judicial y que además, retrasa la impartición de justicia de manera trascendente para las partes en el presente juicio de amparo; sin perjuicio de que, una vez que este órgano jurisdiccional agote las etapas del procedimiento de ejecución, se remita al Tribunal Colegiado de este circuito, para la continuación del procedimiento de ejecución respectivo. Cabe destacar que en el presente juicio no se ordenó la apertura del incidente de suspensión por no haber sido solicitado. Notifíquese Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante María del Rosario García Jiménez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Hago constar que notifico la determinación de fecha diecinueve de agosto de dos mil veintidós, a la parte quejosa Arturo Pérez Martínez, por propio derecho y en su carácter de Regidor de Educación, Cultura y Recreación, Protección Aduanal y Desarrollo Sustentable, Turismo, Protección del Patrimonio Cultural y Asuntos Migratorios, del Municipio de Ocuituco, Morelos; por la situación de la pandemia Covid-19 que se vive en la actualidad; así como en la lista electrónica publicada en el portal de internet del Poder Judicial de La Federación; lo anterior, con fundamento en la fracción III inciso a) del artículo 27 y 29 de la Ley de Amparo, en cumplimiento a lo ordenado en proveído de diecinueve de agosto de dos mil veintidós: Cuernavaca, Morelos, diecinueve de agosto de dos mil veintidós. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Arturo Pérez Martínez, por propio derecho y en su carácter de Regidor de Educación, Cultura y Recreación, Protección Aduanal y Desarrollo Sustentable, Turismo, Protección del Patrimonio Cultural y Asuntos Migratorios, del Municipio de Ocuituco, Morelos, contra actos del Magistrado de la Quinta Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y otras autoridades. Registro de la demanda: Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1063/2022, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este Juzgado, de conformidad con lo dispuesto por el punto segundo del Acuerdo General 28/2001 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Desechamiento de la demanda: Ahora, de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano. Esta hipótesis normativa guarda armonía con el principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Para efectuar ese examen preliminar deben considerarse únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable la jurisprudencia I.13°A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, tomo XX, septiembre de 2004, novena época, del Semanario Judicial y su Gaceta: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." Este lineamiento normativo tiene como base constitucional lo preceptuado en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Atento a lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda, toda vez que, de su estudio integral, se advierten motivos manifiestos e indudables de improcedencia, atendiendo a las siguientes consideraciones: La parte quejosa en lo conducente señala como acto reclamado el auto dictado el siete de junio de dos mil veintidós, dentro del expediente administrativo TJA/5ªSERA/004/18-JDN, por el cual se le hace efectivo un apercibimiento de multa por sesenta unidades de medida y actualización, dictado por la Quinta Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Por lo anterior, este órgano de control constitucional estima que se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo en relación con el ordinal 105 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, que es del contenido siguiente: El referido artículo de la ley de la materia, establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativas o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual pueden ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;.". La disposición transcrita, establece lo que se conoce como principio de definitividad en el juicio de amparo, consistente en que el quejoso, previamente al ejercicio de la acción constitucional, debe agotar los medios ordinarios de defensa que establecen los preceptos aplicables, en el entendido que de no hacerlo así, el amparo será improcedente o inoperante el concepto de violación. Este principio, aunque tiene varias excepciones, es indicativo de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa a través de la protección de los derechos, de modo que para acudir a él, es necesario promover en la vía ordinaria conducente, los recursos que procedan. Para explicar los alcances de dicha disposición resulta aplicable en lo conducente el criterio establecido en la Jurisprudencia I.6o.C. J/37, publicada en la página 902, Tomo XV, mayo de 2002, Materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra indica: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías.". De la simple lectura de la fracción transcrita, así como del criterio jurisprudencial citado, se desprende que el legislador exige como requisitos para que se actualice la causal de improcedencia a que se ha hecho referencia los siguientes: Que el acto reclamado sea una resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; a) Que la ley ordinaria conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; b) Que ese recurso o medio de defensa, se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; c) Que por virtud de dicho medio ordinario de defensa, la resolución o acto judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada; y, d) Que no se surta en la especie una de las excepciones al principio de definitividad, establecidas en el mismo precepto legal. De lo anterior se colige que, el recurso que debe tener a su alcance la parte quejosa para impugnar la resolución del tribunal judicial, administrativo o del trabajo, es el que se otorga dentro del procedimiento del que proviene el acto reclamado, es decir, un recurso ordinario, por virtud del cual se pueda revocar, nulificar o modificar la resolución impugnada. El principio de definitividad encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, por lo que los quejosos deben, previamente a su promoción, acudir a las instancias para obtener la modificación, revocación o nulificación del acto reclamado, salvo los casos de excepción previstos en la ley y la jurisprudencia. Luego, para que el juicio constitucional sea procedente, es necesario que el inconforme, previo al ejercicio de su derecho de tutela, interponga el recurso o medio de defensa previsto en la ley que regula el acto reclamado, por virtud del cual éste pueda ser modificado, revocado o nulificado, tal como lo indica el precitado artículo 61, fracción XVIII. El principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, está condicionado a que se agote, sin distinción alguna, el recurso o medio de defensa que la ley que rija el acto establezca en contra del acto de autoridad que se estime lesivo a las garantías individuales o derechos humanos del impetrante, consagrados en la Constitución y en los Tratados Internacionales en los que el Estado mexicano sea parte. En efecto, los artículos 98, 104 y 105 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos indican: "Artículo 98. Se establecen los recursos de queja, reconsideración y excitativa". "Artículo 104. El recurso de reconsideración procede en contra de las providencias o acuerdos que dicte la propia Sala". "Artículo 105. El recurso de reconsideración deberá interponerse por escrito dentro del término de tres días contados a partir de la fecha de notificación de la actuación impugnada, expresando los agravios que dicha actuación cause al recurrente". De los preceptos transcritos, se desprende que en contra de los acuerdos o providencias dictadas por las Salas, el interesado podrá interponer en su contra el recurso de reconsideración, el cual presentará por escrito dentro del término de tres días contados a partir de la fecha en que se haya hecho la notificación de la actuación impugnada al recurrente para que exprese los agravios que estime pertinentes. En esas condiciones, en contra del acto reclamado consistente en el auto dictado el siete de junio de dos mil veintidós, dentro del expediente administrativo TJA/5ªSERA/004/18-JDN, por el cual se le hace efectivo un apercibimiento de multa por sesenta unidades de medida y actualización, dictado por la Quinta Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, procedía previamente a la interposición del juicio de amparo, agotar el recurso de reconsideración que establece la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, aplicable, en acatamiento al principio de definitividad que rige para la procedencia del juicio de biinstancial, en razón de que con la interposición del recurso previamente indicado, la quejosa tiene la oportunidad de modificar, revocar o nulificar el acto aquí reclamado. Sin que en el caso concreto se justifique alguno de los supuestos de excepción al principio de definitividad, en virtud de que la determinación reclamada deriva de un controvertido jurisdiccional de naturaleza administrativa, en el cual la inconforme no se ubica en alguna de las excepciones que se indican en la fracción XVIII del numeral 61 de la Ley de Amparo. En consecuencia, se desecha la demanda, al actualizarse la causal de improcedencia contenida en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Apoya a la anterior determinación, el criterio contenido en la tesis de jurisprudencia 986, publicada en la página seiscientos setenta y ocho, Tomo VI, Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, relativo a los años mil novecientos diecisiete a mil novecientos noventa y cinco que dice: "RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO.- Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emanan los actos reclamados, el recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos, y no agotó ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir el juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículo 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.". No es óbice a lo anterior, las excepciones al principio de definitividad contempladas en los incisos a), b), c) y d) de la porción legal antes invocada, en el sentido de que, no es obligatorio agotar el medio de impugnación previsto en la ley aplicable, en los casos, entre otros, que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, o bien, tratándose de personas extrañas al procedimiento y/o auto de vinculación a proceso, pues como se ha visto, el acto de molestia, se refiere a la imposición de una multa en contra de la parte quejosa. Consecuentemente, al actualizarse la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo en relación con el ordinal 105 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, procede DESECHAR la demanda de amparo intentada por motivos manifiestos e indudables de improcedencia. Sin que obste a lo anterior, que en el caso, el acto reclamado pudiera considerarse como de imposible reparación, ya que dicha circunstancia no exime a la quejosa de agotar los recursos ordinarios de defensa y así cumplir con el principio de definitividad. Es así, porque la irreparabilidad de los efectos que en su caso pudiera producir el acto reclamado y la obligación que tiene la quejosa de agotar los medios ordinarios de defensa (principio de definitividad), son conceptos autónomos que no se excluyen entre sí; así que el hecho de que se reclamen actos que produzcan sobre las personas efectos de imposible reparación, no dispensa a la quejosa de cumplir con el deber de agotar los medios ordinarios de defensa antes de promover el juicio de amparo. Apoya a lo anterior, la siguiente jurisprudencia: Registro digital: 2017117 Instancia: Pleno Décima Época Materia(s): Común Tesis: P./J. 11/2018 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación.Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, página 8 Tipo: Jurisprudencia DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo. Domicilio y autorizados: Se tiene como domicilio para recibir notificaciones el que refiere la parte quejosa en su escrito de demanda para los efectos que indica. Asimismo, se tienen por autorizados a los profesionistas que propone, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan registradas sus cedulas profesionales en el sistema computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales. En otro orden de ideas, con el objeto de evitar dilaciones en el trámite de esta instancia constitucional, con apoyo en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se habilita al actuario adscrito para que las notificaciones que surjan en este juicio de amparo, sean practicadas incluso en horas y días inhábiles, previa constancia que asiente para que quede justificado el motivo de esa actuación. Lo anterior, en términos de la tesis I.6o.C.365 C, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 887, Tomo XXII, Noviembre de 2005, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "NOTIFICACIÓN PERSONAL EN EL AMPARO. SI EL ACTUARIO JUDICIAL, NO OBSTANTE HABERSE PRESENTADO EN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN DISTINTOS HORARIOS Y DÍAS HÁBILES, NO LOGRA LOCALIZAR AL INTERESADO PARA HACER DE SU CONOCIMIENTO EL AUTO DE REQUERIMIENTO, PREVENCIÓN O ACTUACIONES QUE EL TRIBUNAL ESTIME CONVENIENTE, DEBEN HABILITARSE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA REALIZAR AQUELLA DILIGENCIA COMO LO PREVÉ EL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, SUPLETORIO DE LA LEY DE LA MATERIA. De los artículos 27, 28, fracciones II y III, y 29 de la Ley de Amparo, se advierte que en el juicio de garantías es obligación del juzgador, ordenar notificar personalmente a los interesados, aquellas providencias en las que se les formulen requerimientos o prevenciones, y sólo por exclusión, les serán notificadas por lista las demás resoluciones. Por su parte, el artículo 30 de la ley de la materia precisa ciertos casos en los cuales una notificación que deba hacerse en forma personal, ya sea por prescripción de la ley o por mandato judicial, finalmente se ordenará practicar por lista, cuando el quejoso, tercero perjudicado o persona extraña al juicio, con domicilio o casa señalados para oír y recibir notificaciones, no esperen al actuario judicial, una vez que, con anterioridad ha dejado citatorio previo, al no encontrárseles en la primera búsqueda y cuando no conste en autos domicilio, ni designación de casa o despacho para oír y recibir notificaciones. Finalmente, el artículo 281 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, señala que las actuaciones judiciales tienen lugar en días y horas hábiles, que comprenderán, entre las ocho y las diecinueve horas de días hábiles y el artículo 282 del mismo ordenamiento establece que el tribunal respectivo puede habilitar días y horas inhábiles, cuando hubiere causa urgente que así lo amerite, expresando ésta y la diligencia que deba practicarse. Ahora bien, si de autos se advierte que el actuario judicial, no obstante haberse presentado en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones, en distintos horarios y días hábiles, no logra localizar a la parte interesada, a efecto de dar cumplimiento al artículo 28 citado, deben habilitarse días y horas inhábiles para realizar la diligencia de notificación personal a la quejosa, tercera perjudicada o persona extraña al juicio, en el domicilio designado para tal efecto y hacer de su conocimiento el auto de requerimiento, prevención o actuaciones que el tribunal estime pertinente, como cuando se requiere a la quejosa para que comparezca a reconocer como suya la firma que obra en la demanda de amparo, en la inteligencia que de no hacerlo se le tendrá por no interpuesta. Con esa actuación se crea en las partes la confianza de que en cualquiera de los casos mencionados, serán notificadas personalmente y no por lista, pues de hacerlo de esta manera, se les dejaría en total estado de indefensión.". En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de la Materia, desde este momento se faculta al actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa: no conozcan a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectúe (previa razón asentada como soporte), por medio de la lista que se fija en los estrados de este Tribunal Federal; en la inteligencia de que, dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo inmueble para tal efecto. Consulta del expediente vía internet: Se hace saber a las partes que pueden consultar el presente juicio de amparo en la página de internet www.cjf.gob.mx. Finalmente, se conmina a las partes para que en caso de realizar manifestación alguna respecto al presente proveído, lo haga mediante el esquema de "Juicio en línea", por lo que, en caso de optar por este medio a través de su usuario, las subsecuentes notificaciones, incluso las de carácter personal, se les efectuaran por dicha vía en términos de los artículos 26, fracción IV, y 30 de la Ley de Amparo. Lo anterior, tiene como finalidad privilegiar la administración pronta y expedita en los juicios constitucionales, derivado del fenómeno de salud social por el virus Covid-19 que enfrenta el país. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Jaime César Pereyra Román, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones del Titular, que comprenden del diecisiete al treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, autorizado por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el seis de junio del presente año, en términos del artículo 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995 realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia publicada en la página 716 del Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, notificado a este Juzgado mediante oficio número CCJ/ST/2215/2022, asistido de Julián Pantaleón Suárez, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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